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NACIÓN,

CIUDADANO
Y SOBERANO
María Teresa Uribe de Hincapié

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SERIE PENSAMIENTOS
Nación, Ciudadano y Soberano
Primera edición
Junio del 2001
Medellín, Colombia

ISBN: 958813406-4

Edita:
CORPORACIÓN REGIÓN
Calle 55 Nº 41-10
Teléfono: (57-4) 2166822
Fax: (57-4) 2395544
Medellín, Colombia
E-mail: coregion@epm.net.co
Pág. Web: www.region.org.co

Editora
Luz Elly Carvajal G.

Carátula
Carlos Sánchez E.

Diseño e impresión: Pregón Ltda

Para esta publicación la Corporación Región recibe el apoyo de


Diakonia. Agro Acción Alemana y la Unión Europea.

2 Impreso en papel ecológico fabricado con fibra de caña de azúcar.


A Guillermo más que nunca

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CONTENIDO

Capítulo I: NACIÓN, TERRITORIOS Y CONFLICTOS ...................... 17


– Los destiempos y los desencuentros: Una perspectiva
para mirar la violencia en Colombia ....................................................... 19
– Legitimidad y violencia:
Una dimensión de la crisis política colombiana ...................................... 37
– Las clases y los partidos ante lo regional y lo nacional
en la Colombia decimonónica ................................................................. 79
– La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia ......... 95
Capítulo II: EL CIUDADANO Y LA POLÍTICA .................................... 127
– La política en tiempos de incertidumbre ................................................. 129
– El malestar con la representación política en la Colombia de hoy ......... 143
– De la ética en los tiempos modernos
o del retorno a las virtudes públicas ........................................................ 159
– Comunidades, ciudadanos y derechos ..................................................... 179
– Órdenes complejos y ciudadanías mestizas:
Una mirada al caso colombiano ............................................................... 195
Capítulo III: LOS TIEMPOS DE LA GUERRA:
GOBERNABILIDAD, NEGOCIACIÓN Y SOBERANÍAS .................... 215
– Crisis política y gobernabilidad en Colombia 1980-1995....................... 217
– La negociación de los conflictos
en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades ....................................... 237
– Las soberanías en disputa: ¿Conflicto de identidades o de derechos?.... 249
– Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz ........................... 271
– Antioquia: entre la guerra y la paz en la década de los 90. .................... 295

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PRESENTACIÓN

Quienquiera que tenga este texto hoy en sus manos, deberá saber que la Cor-
poración Región, editora del mismo, pronunció para sí misma, tres palabras fun-
damentales durante el proceso de llevar a cabo los textos de María Teresa Uribe al
papel.
Respeto. Por la tarea académica persistente, comprometida y honrada de una
intelectual de la tierra, quien a lo largo de los años ha cumplido su labor de fecun-
dar con ideas juiciosas, esa faena de sobrevivientes que acompaña a quienes aspi-
ramos a que nuestro paisaje social incluya, amablemente, a todas las personas.
Admiración. Por la hondura del argumento; por habernos recordado que Aris-
tóteles también lo dijo; por no abandonar el escritorio a pesar de los amigos caí-
dos, de las picotas públicas o de los anónimos amenazantes; por la sencillez, esa
que brota de la sabiduría.
Amor. Por la apertura generosa a todos y a todas; por su pluma lista, tanto para
el folleto de barrio, como para el texto de pasta dura; por su lugar universitario y
por haber sido desde allí, nuestra socia de jornadas.
Mucho más que el honor y la satisfacción, que también nos acompañan, cree-
mos haber cumplido un deber, al poner en muchas manos, compilada, una labor
de producción intelectual, académica y política de dimensiones colosales.
Rubén Fernández
Director General Corporación Región
Medellín, mayo de 2001

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UNA PRESENTACIÓN PERTINENTE
Los textos aquí reunidos fueron escritos entre finales de los años ochenta y
los comienzos del nuevo milenio; obedecieron a diferentes propósitos, se enmar-
caron en coyunturas distintas y son muy diversos en sus tonalidades, en los len-
guajes políticos que los expresan, en las imágenes que evocan, en los sueños que
abrigan y en los fantasmas y los miedos que los rondan. Empero, comparten más
cosas de las que imaginé cuando los amigos de la Corporación Región me propu-
sieron la idea de reunirlos para su publicación como libro; además, pienso que a
su manera, esta colección de artículos devela un itinerario intelectual que, sin
obedecer a un plan previamente establecido, fue hilvanando los temas referidos a
un asunto central: la pregunta por el proceso de construcción del Estado Nacional
en Colombia.
Itinerario tortuoso, incierto, de búsquedas múltiples, con frecuentes cambios
de rumbo y amplias diferencias en las maneras de pensar, de ver, de relatar y de
interpretar la política y también la vida histórica, en un país como Colombia que
siempre constituye un desafío para el quehacer de las disciplinas sociales; no
obstante, ya casi al final de mi jornada, descubro que siempre estuve en pos de los
mismos temas aunque me aproximé a ellos por caminos muy diversos y a veces
por los más largos y tediosos.
Estos textos fragmentarios, dispersos en varias publicaciones periódicas y
libros colectivos, no fueron el fruto de un trabajo intelectual sereno, pausado, ela-

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borado de acuerdo con un plan previamente establecido y que se desenvuelve sin
zozobras ni sobresaltos bajo la sombra protectora de una institución académica
respetada por todos, como puede ser la atmósfera en la que escriben y publican los
colegas de otros países; por el contrario, estos artículos —sin excepción— fueron
elaborados en un ambiente de altísima turbulencia social, de agudización del con-
flicto armado, de deterioro de la vida urbana y académica, de la irrupción de for-
mas delincuenciales y prácticas terroristas desconocidas hasta entonces de cuyas
manifestaciones no estuvo exenta la Universidad de Antioquia.
A su vez, los textos aquí sumados significan respuestas parciales e inacaba-
das a las demandas intelectuales de estos tiempos oscuros, pero ante todo, consti-
tuyen maneras de afrontar los retos políticos y vitales ante la pérdida paulatina de
confianza en la capacidad explicativa de lo que hasta entonces teníamos como pa-
trimonio teórico y analítico para interpretar la realidad del entorno. Por estas ra-
zones, ese trabajo de artesanía intelectual que me proponía hacer desde la docen-
cia y la investigación, lento, acumulativo, preciosista y sistemático, se veía inte-
rrumpido y cruzado abruptamente por los avatares del conflicto, por las tragedias
nacionales, por las muertes de los amigos y los colegas, por la sangre derramada
en la ciudad y por el dolor de un país asolado por la guerra.
Frente a estas situaciones tan agobiantes, las preguntas se multiplicaban y se
hacía perentorio abandonar los recintos protectores de la academia y los temas
intelectuales de mi predilección para incursionar, insegura, en un espacio público
que se tornaba cada vez más opaco con alguna interpretación inteligible y cohe-
rente sobre la violencia y los conflictos; a ese sentimiento de obligación ciudada-
na se sumaban las demandas de instituciones gubernamentales y sociales, que ante
la pérdida de referentes para la acción política y la gestión pública, se volcaban
como último recurso sobre la universidad y sus académicos para demandar de
nosotros explicaciones y mínimas pautas para buscarle alternativas de salida a los
grandes problemas del momento.
De allí que los artículos reunidos que hacen este libro sean en buena parte el
resultado de ese contrapunto desigual entre el quehacer intelectual en el campo de
la Ciencia política y los retos de interpretación de realidades contrastantes, móvi-
les y elusivas de las que se hacía necesario hablar y escribir en público, así resul-
tase aventurado pronunciarse sobre asuntos coyunturales sujetos a cambios y trans-
formaciones permanentes y también riesgoso por el develamiento de realidades dra-
máticas que casi todos preferían ignorar.
Por estas razones, los textos que componen este libro son, a su manera, un
testimonio de los tiempos vividos, fueron escritos con dificultad, con dolor y con
miedo; existen entre ellos no sólo diferencias de matiz sino también repeticiones
y contradicciones; algunas debidas a mis propias limitaciones o a los cambios en

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los enfoques y las perspectivas teóricas y metodológicas, pero otras son el resul-
tado de los giros inesperados y los cambios sucesivos ocurridos en casi dos déca-
das de violencia y conflicto, cambios y situaciones novedosas e inéditas que de-
jaban sin piso interpretaciones anteriores que gozaban de algún consenso acadé-
mico, haciendo necesario, como en el mito de Sísifo, recomenzar la tarea de as-
cender a la montaña con un pesado fardo sobre la espalda.
Estos textos están cargados de huellas, de marcas, de voces, de memorias y de
historias; constatarlo me indujo a tomar la decisión de no hacerles mayores modi-
ficaciones y dejarlos como fueron publicados en su momento; pues al fin de cuen-
tas, este libro más que un manual de ciencia política es un ejercicio de memoria
colectiva.
Sin embargo, las discontinuidades y las fragmentaciones aparecen misterio-
samente unidas por un hilo grueso en torno al cual se anudaron las búsquedas y las
preocupaciones analíticas expresadas en los diferentes artículos; hilo que le otor-
ga alguna organicidad y complementariedad a los temas tratados, haciéndolos ver
como caras de un mismo poliedro y ofreciéndoles un sentido a las diversas aproxi-
maciones analíticas que se formulan aquí.
El eje en torno al cual se van tejiendo las diferentes temáticas tratadas, no está
referido —como lo parecería a primera vista— a los asuntos de las violencias en-
trecruzadas en el país; existe una intencionalidad más clara y de mayor permanen-
cia y es la que tiene que ver con los problemas históricos concernientes a la for-
mación del Estado Nacional o Estado Moderno en Colombia, pues a lo largo de
estos años, y sin que existiera plena conciencia de ello, fueron emergiendo, una
tras otra, las tres figuras que le sirven de soporte a la modernidad: La Nación, El
Ciudadano y El Soberano, figuras en torno a las cuales se desenvuelve el espacio
de la política: es decir, el de la acción y del discurso. Por esta razón, cada una de
estas figuras conforman las tres partes en las que está divido este libro.
Sin embargo, para que estas tres figuras desafiantes de la modernidad pudie-
sen hacerse visibles ante mis ojos y convertirse en objetos de indagación académi-
ca y preocupación política, fue necesario asumir el reto que significaba abordar el
tema de las violencias y de la guerra, y en ese empeño ir descubriendo la signifi-
cación de otras posturas teóricas y metodológicas que parecían más adecuadas para
dar cuenta de realidades tan complejas y desbordantes. Esto quiere decir que las
preguntas por las figuras de la política moderna vinieron de la mano de la guerra
y la violencia, y significaron un giro teórico y una ardua búsqueda intelectual.
En este giro analítico, en este cambio de perspectiva y de punto de mirada sobre
los entornos nacionales, fue de trascendental importancia la lectura de Antonio
Gramsci; en el horizonte abierto por este autor redescubrí la política como acción
intelectual de colectividades específicas con intereses propios y contradictorios,

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con pretensiones hegemónicas que van más allá de la dominación y de la fuerza,
y cuyas manifestaciones pueden rastrearse en las diversas esferas de la vida en co-
mún; en el campo económico, claro está, pero también en el de la lucha propia-
mente política, en los dominios de la moral y de la ética, y en el vasto campo de
la cultura, entendida como construcción colectiva de larga duración, cruzada por
tensiones, a veces contradictoria y siempre cambiante, mediante la cual se iban
perfilando y redefiniendo las condiciones específicas del ser y el deber ser de las
Naciones y las sociedades.
Este giro gramsciano permitió un desplazamiento paulatino, imperceptible a
veces pero permanente, de los enfoques estructurales hacia las dimensiones sub-
jetivas que ponían su acento en los actores sociales, en sus prácticas y sus discur-
sos; significó un tránsito de las metodologías cuantitativas a las cualitativas; el en-
cuentro con la historia mediante la idea, cada vez confirmada, de que si se la sabía
interrogar, ella podría brindar muchas de las claves para orientarse en la indaga-
ción sobre el presente, e indujo las búsquedas en la cultura, esa dimensión esqui-
va, huidiza, hecha de apariencias y representaciones, de imaginarios y máscaras
que muestran y ocultan al mismo tiempo, en un juego de espejos, a veces fasci-
nante, pero del cual nunca se logran las certezas de los mundos empíricos y de las
demostraciones matemáticas.
Pero quizá lo más importante de este cambio de rumbo en el itinerario inte-
lectual abierto por Gramsci, fue el librarme de la dogmática, de las fórmulas sa-
cramentales, de las palabras sagradas y de esos rituales propios de la academia que
a veces se convierten en verdaderos frenos al pensamiento; en ese clima de salu-
dable incertidumbre, abierto a muchas búsquedas y sin temas o campos vedados,
fui reencontrándome con los clásicos de la Sociología, Weber, Durkheim y Simmel;
con la filosofía política: Bobbio y Arendt; con Maquiavelo y Hobbes; con los teó-
ricos de la historia, Dubby y Tilly, y metida de lleno en la tarea artesanal de inves-
tigar, fueron delineándose en el horizonte las tres figuras de la modernidad cuyo
conjunto constituye el tema de este libro.
La primera figura que convocó mi interés fue la Nación, cuando comprendí
que la mera existencia del Estado no era suficiente para darle vida y que ella se iba
formando por voluntad de los actores sociales en un contrapunto bastante desigual
con las regiones y las localidades y en un contexto de mixturas culturales, deter-
minaciones económicas y proyectos políticos que era preciso conocer al menos en
sus grandes líneas.
El referente de lo Nacional, visto a veces desde lo regional —Antioquia prin-
cipalmente— y otras desde perspectivas más generales, donde categorías como las
de legitimidad y violencia eran los hilos conductores del análisis, implicó abordar
temáticas tales como las de territorio, clases y partidos, orden social, exclusión-

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inclusión, proyectos políticos y ético-culturales, entre otros. Algunos de los artí-
culos que se ocupan de estos asuntos están recogidos bajo el título Nación, terri-
torios y conflictos; en ellos se perciben las huellas de Gramsci y de Weber, así como
una idea muy imprecisa todavía sobre la significación de las violencias y los con-
flictos en la configuración de espacios territoriales diferenciados y sus fronteras.
Las indagaciones en torno a la Nación y las regiones fueron conduciendo de
manera paulatina al encuentro con el Ciudadano; o en otras palabras, lo convoca-
ron, lo conjuraron para que se hiciese presente como figura relevante en el esce-
nario de la política; no obstante su llegada obedeció también a los climas cultura-
les que dominaban el país para la época y, por qué no decirlo, a una suerte de
cansancio y agotamiento personal con los temas de la violencia y la muerte.
El debate y la agitación política convocada por la citación a la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, los procesos de paz llevados a cabo con algunas
organizaciones guerrilleras y con grupos de milicias en la ciudad de Medellín, los
pactos sociales: las esperanzas puestas en los procesos de participación política y
esa desazón por el incremento en la violación de los derechos humanos, contribu-
yeron a situar la democracia y sus derechos en el centro articulador del debate
intelectual y político en Colombia; preocupaciones similares pero inducidas por
otras razones se vivían en el subcontinente y en algunos países europeos, de allí
que temas como los de la representación política, la ética pública, el ciudadano,
sus derechos y sus virtudes, la sociedad civil y los movimientos sociales, se pusie-
sen a la orden del día.
Estas categorías y otras afines se recogen en la segunda parte de este libro que
tiene por título El Ciudadano y la Política; sin embargo, cuando se abordan estos
temas, a veces queda un mal sabor pues se constata claramente que en términos de
Democracia, Colombia y América Latina terminan definiéndose por lo que no son;
por lo que les hace falta para llegar a ser; por sus carencias y sus faltantes; movi-
miento que al mismo tiempo oculta las realidades históricas sobre el tipo especí-
fico de democracia, de ciudadanía y de derechos que se han configurado a lo largo
de la historia, pues es desde allí, desde esas instituciones realmente existentes,
alejadas de los modelos clásicos y quizá poco éticas, sin estética y sin fuerza ins-
titucional suficiente para sostener un orden político consensualmente aceptado,
donde se desarrolla la acción pública y se desenvuelven las prácticas socio-políti-
cas, armadas y desarmadas.
Los artículos recogidos en esta sección del libro develan ese malestar y tratan
de indagar por el ser de la política desde la historia y la cultura, y aunque la pre-
ocupación por el ciudadano significaba en mi caso una huida de los temas de la
guerra y la violencia, ellas siguieron rondando los textos como una experiencia in-
eludible de la cual todo pareciese derivar.

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Los temas de la Democracia y la ciudadanía convocaron otros, como los de la
dicotomía público-privado, los asuntos referidos a la gobernabilidad, los nuevos
patrones de politización, y sobre todo, la significación de la aparición en la escena
pública de nuevos ciudadanos, portadores de demandas sociales y culturales dife-
renciadas, anudadas en torno a la lucha por el reconocimiento y por el resarcimiento
de sus múltiples heridas morales; en estos textos se percibe claramente la huella
de Anna Arendt, de Francisco Colom González, y de todo el debate sobre libera-
lismo y multiculturalismo desarrollado en los últimos años.
El ciudadano y la Nación convocaban teórica y metodológicamente la reflexión
sobre el soberano; sin soberanía el ciudadano no puede exigir derechos ni partici-
par activamente en los asuntos públicos y la Nación termina por convertirse en una
ficción, en una forma agónica y vacía que ya no representa a las comunidades
nacionales ni al corpus político de los ciudadanos.
No obstante, la reflexión sobre la soberanía que se incluye en la última parte
de este texto no llegó, como pudiera pensarse, por la senda de la política ni se derivó
de los análisis sobre la Nación; el soberano como figura central de la modernidad
se hizo visible por su declive, por su colapso parcial, como resultado de la inten-
sificación del conflicto armado en el país; esto quiere decir que vino de la mano
de la guerra, configurándose de esta manera un nuevo giro en el itinerario intelec-
tual que paradójicamente y por caminos indirectos me condujo de nuevo al punto
de partida; a la Nación, pero vista en otro registro, como la guerra por la construc-
ción nacional y ciudadana, entendida ésta como un estado o una situación de hos-
tilidad que mantenida en arcos prolongados de tiempo no sólo logra poner en vilo
al soberano representado en el Estado sino que va configurando ordenes políticos
de hecho con pretensión de dominio territorial y legitimidad social.
Los tiempos de la guerra: gobernabilidad, negociación y soberanía, es el
título que lleva la tercera parte de este libro, y en los artículos aquí reunidos se intenta
dar cuenta de la intensificación y la generalización del conflicto armado durante
el último quinquenio del siglo XX con los giros lingüísticos pertinentes; ya no se
habla de violencias sino de guerra; la crisis política se volvió un concepto tan manido
que fue necesario abordarlo desde el declive del orden institucional, y los temas
de la legitimidad y la hegemonía no lograban describir o explicar situaciones donde
lo que estaba en riesgo era la esencia misma del Estado, su razón de ser, sus atri-
butos sustanciales (poder último, total, indivisible y exclusivo), lo que hacía nece-
sario preguntarse por el tema de las soberanías.
Sin embargo, este acápite no se ocupa solamente de la guerra como acción; de
las batallas y las confrontaciones bélicas; de la sangre derramada y la destrucción
que la acompaña; de las muertes y de los éxodos; se ocupa también de la negocia-
ción; de los tratos y de los acuerdos transitorios y restringidos; de los pactos so-

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ciales en los contextos urbanos; de la diplomacia pública que desde hace casi quince
años se viene realizando entre gobierno y actores armados, y de esa infinidad de
transacciones, semipúblicas-semiprivadas, a través de las cuales grupos muy di-
versos de la sociedad tratan de encontrar algún acomodo en un entorno turbulento
que pareciera carecer de referentes institucionales para la acción. “El orden dentro
del desorden”; “la negociación de la desobediencia” y todas esas estrategias ima-
ginativas que, si bien tienen un claro sentido de resistencia y supervivencia social,
están creando y recreando las formas de hacer política, de vivir la ciudadanía y de
construir la Nación.
La pregunta por la soberanía, puesta en vilo por la guerra pero también por la
negociación de la desobediencia, y la constatación histórica de la hostilidad y el
“animus belli” como ejes de pervivencia histórica en el país, me condujeron de
nuevo a Hobbes, a Carl Schmitt, a Clausewits y a los polemólogos, pues aunque
parezca paradójico, desde la gramática de la guerra y del significado de la hosti-
lidad y del miedo, puede hacerse, para el caso colombiano, una lectura más acer-
tada de la política; a su vez, fue el acercamiento a la soberanía, este concepto agó-
nico y para muchos absolutamente irrelevante en tiempos de globalización y neo-
liberalismo, el que me permitió encontrar ese hilo misterioso y oculto que había
venido anudando los fragmentos de una producción dispersa y ampliamente dife-
renciada, develando al mismo tiempo los caminos tortuosos y difíciles de mi iti-
nerario intelectual.
No obstante, el descubrimiento de ese itinerario intelectual sólo se hizo posi-
ble cuando alguien preguntó por él; es lo que ocurre con “las historias de vida” tan
socorridas en los enfoques de las metodologías cualitativas y la vida, intelectual o
no, que sólo se convierten en historia, en itinerario, en trayectoria, cuando otro in-
terroga por su transcurrir, por los eventos importantes que la definieron, por el
significado de sucesos aparentemente aislados y sin conexión entre sí; es decir,
cuando el interrogado se ve en la necesidad de tejer un argumento, una trama que
le otorgue sentido y dirección a su quehacer.
De allí mi agradecimiento con los amigos de la Corporación Región, no sólo
por el honor que me hacen incluyendo este libro en sus colecciones, sino porque
preguntaron por la razón de ser, el sentido y la organización que debería tener este
texto, obligándome a interrogarme sobre cosas que uno no se pregunta habitual-
mente, de las que no tenía plena conciencia y que fui descubriendo en la medida
en que releía los artículos y pensaba en los momentos en los que fueron escritos,
en los propósitos que los guiaron, en la manera en que fueron abordados y en las
preocupaciones que los guiaron.
Pero las “historias de vida”, así revelen la trayectoria de una persona, poseen
un amplio contenido social y cultural; pueden ser al mismo tiempo, la historia de

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una generación, o de un grupo humano en un momento determinado de la vida de
un país o de una región y si bien es mía toda la responsabilidad sobre lo que está
escrito aquí, estos artículos recogen el eco polifónico de muchas voces que desde
diversos lugares contribuyeron al desentrañamiento de los asuntos aquí tratados.
Aquí están presentes las voces de mis colegas del Instituto de Estudios Regio-
nales —Iner— y del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia,
destinatarios iniciales de mis textos, y que contribuyeron con sus apuntes y sus
críticas a un mejor desarrollo de los temas tratados; las de la comunidad académi-
ca nacional e internacional de quienes recibí aportes muy significativos y enseñanzas
muy valiosas; las de mis estudiantes que me interpelaron en los cursos y en los
debates públicos; las de los amigos de las ONG que me mostraron todos los ma-
tices y las aristas de esa realidad que no se ve desde la academia, contribuyendo
de esta manera a la percepción de la complejidad y la riqueza de la sociedad co-
lombiana y la de muchos actores sociales, urbanos y rurales, gentes del común
interrogados por mí en los trabajos de campo, que me fueron contando, a veces en
susurros y otras de manera altisonante e incluso desafiante, las otras historias de
esa Colombia desconocida y oculta que no transita por los espacios públicos ni por
los foros de especialistas. A todos ellos muchas gracias porque hicieron posible
este trabajo de muchos años.
María Teresa Uribe de H.
Marzo, 2001

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Capítulo I

NACIÓN, TERRITORIOS
Y CONFLICTOS

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Los destiempos y los desencuentros:
Una perspectiva para mirar
la violencia en Colombia*

Los fenómenos de la violencia en Colombia son algo más que coyunturales;


constituyen un eje perviviente en la historia del país. De allí la necesidad de abor-
darlos no sólo a la luz de la crisis actual sino también en la larga duración, en la
perspectiva de la diacronía, pues es allí donde puede encontrarse una alternativa
interpretativa que dé cuenta de la especificidad del fenómeno en Colombia sin caer
en los lugares comunes que nada explican o, en su defecto, en el fraccionamiento
empírico de la realidad violenta (la violencia política, delincuencial, oficial, étni-
ca, etc.) lo que se queda en la mera clasificación de los fenómenos, aportando pocas
luces a su comprensión.
La alternativa interpretativa (entre otras posibles) que traemos para la discu-
sión, parte de la enunciación de unos presupuestos generales o asertos, desde los
cuales se aborda el fenómeno múltiple, polifacético y omnipresente de la violen-
cia, para señalar luego cómo los destiempos y los desencuentros en la constitución
de la trama histórica del país les marcan a los hechos de la coyuntura una dinámi-
ca particular que no se agota en ella misma y que trasciende con mucho el ámbito
de lo actual.
En el análisis de los destiempos y los desencuentros se hará un énfasis espe-
cial en la órbita de lo público; es decir, en el contexto social en el cual desarrollan

* Publicado en: Revista Universidad de Antioquia Vol. 59 Nº 220. Universidad de Antioquia. Me-
dellín, abril-junio de 1990.

19
su quehacer todos aquellos que tienen como tarea informar sobre la realidad vi-
gente.

La perspectiva analítica de la violencia


La violencia no constituye un evento patológico, exógeno o ajeno al devenir
de las sociedades o a su existencia colectiva; por el contrario, es un fenómeno que
acompaña el desenvolvimiento de las relaciones en su más amplio espectro, tanto
en la órbita de lo privado como en la de lo público; la violencia es un Universal de
la historia, un constante hilo de pervivencia social en torno al cual se destruye y
se construye la vida de los grupos, de las etnias, de las clases, de los pueblos, de
los Estados y de las naciones.
Sin embargo, la violencia no siempre se expresa de la misma manera o con
iguales intensidades; cambia, se transforma, se intensifica, se multiplica, se encausa
o se desborda; asume manifestaciones múltiples y diversas como múltiples y di-
versas son las realidades socioculturales y políticas.
Dentro de la amplísima gama de las variaciones de la violencia podemos señalar
las siguientes: varía la percepción que los sujetos sociales y los pueblos tienen de
ella; es decir, pasa por el tamiz de la cultura, de los referentes de identidad, de los
sistemas simbólicos, de los mecanismos de cohesión y de consenso.
Varía según la posición de los sujetos o del grupo social en los eventos vio-
lentos; si se es víctima o victimario o simplemente observador o testigo.
Varían las justificaciones o los discurso legitimantes; siempre hay un sistema
justificativo, valorativo o político en los agentes de los hechos violentos; justifi-
caciones que siempre están referidas a la violencia “del otro”. La violencia propia
se mira como una respuesta a una violencia anterior y así, por encadenamiento de
los argumentos se llega a la violencia original, primigenia, que legitimaría a todas
las demás. La violencia de la guerrilla se justifica por la injusticia social del régi-
men burgués, la de los paramilitares por la violencia guerrillera, la del Estado como
una respuesta a la turbación del orden público de los otros, la de los narcotrafican-
tes como una manera de defenderse del Estado represor; siempre existe un refe-
rente anterior sobre el cual descansa el sistema de legitimaciones de los violentos
en el contexto social.
Las variaciones remiten también a lo que hemos llamado los umbrales de la
tolerancia a la violencia. Toda sociedad o agrupación humana tiene un umbral
dentro de cuyos límites se tolera un cierto nivel de violencia y se convive con ella
sin que esto produzca efectos traumáticos sobre el conjunto, ponga en peligro la
estabilidad de un régimen político o genere algún proceso de deslegitimación del
poder institucional. Pero cuando la violencia desborda esos umbrales o cuando éstos

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cambian como consecuencia de transformaciones políticos-sociales o ético-cultu-
rales, la violencia empieza a manifestarse como “problema”, como amenaza real
o potencial contra la colectividad, aparece en el escenario de lo público, de lo
político y por tanto entra en la dinámica de las acciones y las reacciones, poniendo
a prueba la solidez del aparato jurídico administrativo, su capacidad para manejar
los conflictos mediante vías institucionales (referidas al Estado de derecho) para
mantener el monopolio de las armas y ejercer la represión de acuerdo con normas
y leyes preestablecidas (referidas al Estado como pura potencia), así como la ca-
pacidad que ofrezca el ordenamiento político vigente para manejar los disentimien-
tos, la oposición, las divergencias y expresiones contrarias a la política oficial
(referidas al Estado democrático).
Independientemente del origen de los hechos violentos, de la causa o causas
que los produzcan, del sistema valorativo o de legitimaciones en los cuales ella se
apoye, cuando desbordan los umbrales de la tolerancia, que son históricos y cul-
turales, la violencia se vuelve pública, se politiza en tanto que se convierte en objeto
de propuestas, de planes, de proyectos que involucran los estamentos sociales, los
partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Cuando ello ocurre, la violencia
entra también en la órbita de interés de los medios de comunicación de masas, los
que a través de su ejercicio, informan, desinforman u ocultan los hechos de vio-
lencia incidiendo en la modificación, a veces arbitraria, de los umbrales de tole-
rancia, o fijando nuevos umbrales artificiales, por lo demás, nacidos en el pequeño
mundo de las rotativas pero que no se corresponden con las realidades cotidianas
del hombre del común.
Los umbrales de tolerancia a la violencia se expresan también en el ámbito de
las distancias sociales y en el de los contextos territoriales.
Siempre se admite con más facilidad la violencia en el “afuera”, la violencia
contra el otro, el que no participa de los mismos referentes de identidad, el que no
hace parte del conglomerado social cohesionado por un núcleo de valores, creen-
cias y normas a través de las cuales los miembros del grupo se hacen uno. En
sociedades tan fragmentadas y tan polarizadas como la colombiana son muy altos
los umbrales de tolerancia a la violencia dirigida hacia los otros y muy estrechos
los ámbitos donde operan identidades colectivas. Estas quedan restringidas a sus
formas más simples, la familia, el vecindario, las asociaciones primarias, las rela-
ciones cara a cara, de allí que las distancias sociales y culturales se profundicen
cada vez más y sea menor el impacto social de la violencia sobre los otros, así vivan
en la misma ciudad, compartan el mismo territorio nacional y sean ciudadanos del
mismo Estado.
La dimensión territorial de los umbrales de tolerancia a la violencia es otra
manera de expresar las distancias y las diferenciaciones socioculturales; éstas tie-

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nen su correlato en las fronteras históricas que separan unos territorios relativa-
mente integrados y cohesionados alrededor de la institucionalidad vigente que
podríamos llamar “la sociedad mayor”, de otros territorios tradicionalmente ex-
cluidos y sin mayores ligazones con la vida sociocultural y política.
En estos espacios los pobladores desarrollan su vida en común bajo referentes
colectivos y sistemas simbólicos distintos y a veces enfrentados con los primeros.
Colombia convivió con la violencia de las zonas de colonización y de los
territorios vastos durante varias décadas sin que ello implicase ningún reto real-
mente serio para la estabilidad del régimen político, y convivió también con la
violencia implícita y explícita que significó el asentamiento de los nuevos pobla-
dores urbanos; durante muchos años esa violencia no entró en el escenario de lo
público, no fue considerada como problema; empezó a serlo, cuando el movimiento
guerrillero irrumpió con fuerza en la sociedad mayor o cuando los jóvenes naci-
dos en los barrios marginales empezaron a matar “por encargo” a los líderes po-
líticos del país. Algo similar puede decirse de la violencia agenciada por el narco-
tráfico; mientras las muertes ocasionadas por éste no desbordaron los “ajustes de
cuentas”, la significación de estos hechos fue de bajo perfil, mas la situación cam-
bió radicalmente cuando empezaron a golpear a personajes destacados de la vida
nacional.
Las formas de violencia privada, la intrafamiliar por ejemplo o aquella que
ocurre allende las fronteras histórico-culturales, presentan por lo general umbra-
les de tolerancia muy altos; por contrario, en la violencia política o en la de la
delincuencia organizada, los niveles de tolerancia son más bajos y sus desborda-
mientos más desestabilizantes.
Estas consideraciones preliminares y que de hecho ameritan una discusión más
amplia, remiten a un asunto del mayor interés para este debate. Para abordar los
eventos de la violencia es preciso situarse en el contexto de la historia colectiva-
mente vivida, de los procesos de formación-disolución de las identidades, de los
sentidos comunes, de las prácticas sociales, de las redes y dispositivos de poder,
de los proyectos políticos y ético-culturales; tanto los institucionalizados como los
que pretenden sustituir el ordenamiento vigente; procesos muy complejos y muy
amplios pero que remiten a un punto central: el concepto de legitimidad, entendi-
da como la capacidad que tiene un régimen para contar con apoyo y obediencia a
sus leyes y sus mandatos específicos.
La legitimidad de un gobierno se apoya en la creencia en el derecho de los que
han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, esperar
obediencia y hacerlas cumplir, si es necesario utilizando la fuerza... Esta creen-
cia no requiere estar de acuerdo con el contenido de la norma, ni apoyar a un

22
gobierno en particular, sino el aceptar su carácter vinculante y su derecho a
mandar hasta que se produzca un cambio de acuerdo con los procedimientos
del régimen1 .

Este concepto tiene para nuestra postura analítica una gran virtualidad; si bien
hace parte del acervo conceptual de la ciencia política, está, por decirlo de alguna
manera, en la frontera de las ciencias sociales y humanas, remite a asuntos histó-
ricos, sociológicos, económicos, antropológicos, sicológicos, filosóficos; es un
concepto que podríamos llamar interdisciplinario, tiene la virtualidad de vincular
y unir lo que las disciplinas académicas han fragmentado y separado.
En este orden de ideas podríamos planear a manera de hipótesis que lo con-
trario de la violencia no es la paz sino la legitimidad. La paz es un absoluto, un
fin en sí misma, un ideal o más bien una utopía, ya que la violencia es una cons-
tante en el devenir de las sociedades, o como decía Hegel, “la Historia es el gran
matadera de la Humanidad”2 .
Lo contrario de la violencia sería entonces la legitimidad; en tanto que existan
niveles más o menos sólidos de legitimidad, el Estado logrará mayor consenso. Más
eficientes resultarán los sistemas simbólicos (la ley, la normatividad, las identida-
des nacionales), mas cuando la legitimidad es precaria lo que se pone en cuestión
es el poder
Poder y violencia están en proporción inversa; el Estado más débil es preci-
samente el más violento o el que coexiste con umbrales más altos de tolerancia a
la violencia. Esta es la indicación más clara y evidente de la pérdida de poder, de
capacidad para ejercer el control social. El dominio por la pura violencia entra en
juego allí donde se ha perdido consenso, legitimidad y poder.
Cuando esto ocurre, los sistemas simbólicos dejan de ser referentes colecti-
vos, elementos mediadores, y como dice Hanna Arendt, “se sueltan todos los de-
monios de la sociedad”3 , la violencia se generaliza y penetra a todos los ámbitos
de la vida social.
La situación se agrava si ante la crisis de legitimidad no surge un proyecto
político sustitutivo que logre formar un nuevo consenso y se plantee como alter-
nativa de dirección y conducción del Estado, o cuando aquellos que surgen en el
panorama político no concitan el consenso, el apoyo social de las masas y carentes
de poder real apelan a las medios de la fuerza y de la violencia para hacerse obe-
decer.

1. LINZ, J. Juan. La quiebra de las democracias. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1987. Pág. 38.
2. Citado por BOBBIO, Norberto. El fin de los medios. En: Las ideologías y el poder en crisis. Edi-
torial Ariel S.A. Barcelona, 1988. Pág. 88.
3. ARENDT, Hanna. La crisis de la república. Taurus Ediciones S.A. 1975.

23
Estas situaciones con frecuencia desembocan en el terror, cuya eficacia de-
pende casi siempre del grado de atomización social, de las restricciones en los
sentidos de identidad y de pertenencia, de los altos umbrales de tolerancia a la
violencia.
Esta atomización, palabra demasiado académica y vergonzosamente aséptica
para el horror que supone, implica la descomposición del tejido social, la desapa-
rición de los sistemas simbólicos, la multipolaridad de los focos de violencia, y
ésta como la práctica socialmente aceptada y legitimada para resolver disentimientos
y conflictos colectivos o individuales; en otras palabras, la situación hobbesiana
de guerra de todos contra todos.
La violencia es pues como una medusa; puede tener muchas cabezas, múlti-
ples rostros, pero un solo cuerpo: la pérdida de legitimidad, la carencia de poder.

Lo destiempos y los desencuentros


en la constitución de la trama histórica del país
En Colombia, como en el resto de América Latina, las deslegitimidades del
Estado Nacional no se refieren únicamente a situaciones de crisis, a coyunturas en
las cuales se pierde la credibilidad en el orden político, se pierde el monopolio de
las armas y se precipita la violencia en forma generalizada; por el contrario, las
deslegitimidades en esta parte del mundo están asociadas también a fenómenos
diacrónicos, a procesos de larga duración que están en la raíz misma de nuestro
devenir como pueblos y como naciones; en las dificultades para instaurar un or-
den político que logre cohesionar las diversidades socioculturales, las fragmenta-
ciones económicas, las divergencias políticas, o que si no lo logra, al menos las
reconozca para integrarlas en un modelo democrático realmente representativo de
esas múltiples diferencias.
Estas deslegitimaciones históricas remiten a lo que aquí hemos llamado los
destiempos y los desencuentros en la constitución de la trama histórica, proceso
largo y complejo que vamos a sintetizar en sus puntos básicos.

Los destiempos
En Colombia, la nación antes que una realidad histórica y cultural, antes que
una dimensión territorial o que un espacio económico o político integrado, fue una
creación intelectual de los gestores de la Independencia, plasmada en un sistema
jurídico consagrado en la carta constitucional del país. Estado y Nación modernos
(formales, retóricos y legales) surgieron al mismo tiempo pero en un destiempo
histórico pues ni el uno ni la otra contaron con soportes materiales, con referentes
concretos para su sustentación y legitimación; además, ambos fueron el resultado

24
de un cambio súbito, de una ruptura radical con el orden socio histórico colonial;
en suma, fueron la creación de un hecho revolucionario que le dio existencia al Estado
“tout court”4 , el Estado como pura potencia, pero que estaba lejos de representar
la nación o de expresar en la vida real, prácticas concretas referidas al Estado de
derecho o al Estado democrático.
Los referentes simbólicos consagrados en la constitución apelaban a la Nación,
a la Razón, a la Ley, al Derecho, a la secularización, a los principios de libertad e
igualdad, adoptados de la Revolución Francesa, a la Soberanía y a la Ciudadanía
como puntales del ejercicio del poder; en fin, a un orden discursivo de legitimacio-
nes que en nada se correspondía con los referentes sociales y de la vida en común.
La patria que se funda es la patria del criollo cuyos elementos nacionales de
identificación (la lengua, la religión, las costumbres y el derecho) provenían del
tronco étnico blanco; los “otros” fueron excluidos del pacto fundacional y su per-
tenencia al corpus social, al Pueblo-Nación, sobre el cual descansaba la soberanía
del Estado, estuvo mediada por su “civilización”, es decir, por la renuncia y la
negación de sus sentidos ancestrales de identificación, de sus nociones de pertenencia
social y la adopción de las creencias, los valores, la historia y el orden normativo
de su dominador; sólo “blanqueándose” era posible llegar a formar parte del Pue-
blo-Nación.
Esta exclusión tuvo un referente territorial; el territorio de la nación, aún en
construcción, no se correspondía con las fronteras jurídico políticas que aparecían
en los mapas y que consagraba la constitución; el territorio ha tenido siempre fron-
teras internas histórico-culturales y políticas, allende las cuales se extienden unos
espacios vastos, extensos y no integrados con la sociedad mayor (el Estado y la
nación), espacios de exclusión donde esta sociedad restringida y bloqueada ha venido
lanzando pobladores de todas las condiciones sociales.
Primero a las etnias dominadas y no integrados; aquellos que no quisieron o
no pudieron “blanquearse”: los indios, los negros, los mulatos, los mestizos “in-
dómitos, perezosos, incivilizados e incultos” además de violentos; así los pensó la
sociedad mayor y así terminaron por pensarse ellos, que mantuvieron y reprodu-
jeron la exclusión como manera de sobrevivir y de subsistir.
Allí llegaron también los derrotados en las guerras civiles, los perseguidos por
la justicia, los que tenían maneras de vivir y de pensar sancionadas por la ley o las
costumbres; en fin, los derrotados y los rechazados por la sociedad mayor.
No es extraño que esos territorios vastos sean hoy los espacios controlados por
los contrapoderes (las guerrillas), los parapoderes (autodefensas y paramilitares),

4. BOBBIO, Norberto. La crisis de la democracia y la lección de los clásicos. En: Crisis de la de-
mocracia. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985. Págs. 5-27.

25
y los de la negación de toda forma de poder (el narcotráfico); espacios definidos
como de ausencia institucional, lo que no significa que el Estado carezca de pre-
sencia física; de hecho está y no sólo como pura potencia a través de las fuerzas
militares sino también mediante su rama ejecutiva y judicial, a más de algunas
entidades descentralizadas que desarrollan la política social del gobierno; mas la
presencia física del Estado no quiere decir que los pobladores se enmarquen en
relaciones sociales institucionalizadas, que se acojan a ese poder formal así sea
pasivamente o por costumbre; la ausencia alude más bien a que los referentes sim-
bólicos de la sociedad mayor no operan, no funcionan y los pobladores asumen su
vida a través de referentes diferentes, de prácticas sociales y sistemas de cohesión
que están aún por estudiar.
Así, tanto en la base social, el pueblo-nación, como en el espacio territorial,
la soberanía se limitaba a un ámbito restringido que excluía de su control y de su
dominación gran parte del espacio territorial (todas las zonas de nueva coloniza-
ción) y buena parte de los pobladores que no han sido nunca, en el real sentido de
la palabra, ciudadanos, sujetos de derechos y deberes e inscritos en la trama de
relaciones sociales mediadas por los referentes simbólicos consagrados en la cons-
titución y la ley.
En este contexto la legitimidad era algo menos que una aspiración, el poder
consensualmente aceptado una utopía, y la violencia una manera de resolver las
divergencias y las fracturas de esa multiplicidad de espacios socioeconómicos y
político-culturales a los cuales se les daba el pomposo nombre de Estado nacional
colombiano.
Colombia tiene una especie de columna vertebral conformada por los territo-
rios incluidos en lo que se llama el centro del país; allí se asienta el poder institu-
cional y funcionan mal que bien los referentes simbólicos, las formas de represen-
tación, las identidades colectivas; en suma ésta es la base de sustentación del poder.
El resto está por fuera de su control y son otros los procesos que se tejen y se
destejen, otros los agentes del poder, otros los mecanismos de la dominación, otras
las identidades, otros los sentidos de pertenencia... otros los países.
Los destiempos históricos expresados en fracturas, en rupturas, en fronteras
internas que reflejan ese proceso dialéctico y contradictorio de la exclusión-inclu-
sión, ampliaron los umbrales de tolerancia a la violencia y han permitido la exis-
tencia de una paradoja bien difícil de explicar. Colombia ha sido en América La-
tina el país con una mayor estabilidad institucional, con un número insignificante
de golpes de estado, con la mayor cantidad de mandatarios elegidos por el voto
popular, con un congreso que muy pocas veces ha cerrado sus puertas, con una pren-
sa libre y, sin embargo, con uno de los más altos índices de violencia en Latino-
américa y quizás en el mundo.

26
En este contexto fragmentado de destiempos y desencuentros históricos sólo
existió un referente que trascendiera por sobre las identidades locales y parenta-
les. Fue el referente de los partidos, o mejor aún; del bipartidismo.
Ser liberal o conservador, pertenecer a una colectividad que iba más allá de
los altos campanarios parroquiales, fue la única manera de saber que se pertenecía
a una entidad mayor, que se era parte de algo que se llamaba Colombia, que no
existía como espacio económicamente integrado ni como espacio cultural o ética-
mente cohesionado, pero que la vía de la política estaba formando.
En la formación de este espacio nacional jugaron un papel determinante las
publicaciones periódicas, la prensa, que fue el principal mecanismo de divulga-
ción de los partidos y sus ejecutorias y se encargó de darle ámbito nacional a la
vida política. Llama mucho la atención que regiones muy alejadas entre sí y que
no tenían mayores intercambios mercantiles o de otro tipo, intercambiasen perió-
dicos y publicaciones, entablasen enconados debates y discutiesen en forma por
lo demás acalorada sobre la vida política del país; si los partidos fueron el referen-
te nacional por excelencia, el vehículo para agenciar este proceso fue la prensa.
La manera de ser nacional se constituyó en Colombia por el tortuoso camino
del bipartidismo, en el espacio político, en el campo privilegiado del Estado, don-
de los partidos tuvieron su origen y se reprodujeron, identificándose y confundién-
dose con él, adoptando como referentes las mismas figuras míticas fundacionales
—Bolívar y Santander— y trenzándose en una lucha cruenta y violenta por el
control institucional del aparato.
La sucesión de guerras civiles antes que desintegrar ese sentido primigenio
de identidad nacional lo fortaleció, pues el sectarismo, los muertos de lado y lad,o
y la tragedia de la violencia política terminaron por reforzar el sentido de perte-
nencia y de diferencia que constituyen los fundamentos de cualquier proceso de
identificación; este referente partidista donde la violencia juega un papel más in-
tegrador que desintegrador, no se fundamentaba necesariamente en el acuerdo
frente a proyectos políticos o ideologías de las colectividades enfrentadas; los
partidos fueron nacionales sólo de nombre, de banderas, de símbolos y de odios;
pero en la práctica estuvieron tan fragmentados y tan escindidos como lo estaba el
resto del país.
En el contexto de lo real los partidos fueron y siguen siendo aparatos regio-
nales; existían más identidades ideológicas entre un radical bogotano y un conser-
vador antioqueño que entre cualquiera de éstos y sus copartidarios costeños o cau-
canos; no obstante, el referente imaginario de los partidos funcionó y no sólo prestó
alguna legitimidad al orden institucional sino que mantuvo unidos los pedazos e
impidió que ocurriese lo que en Centroamérica, la formación de una sumatoria de
pequeñas repúblicas con dificultades reales para subsistir autónomamente.

27
Este referente más imaginario que real y construido sobre el eje de la violen-
cia y la exclusión, trajo más problemas que los que resolvió:
– La existencia del espacio político bipartidista, como único espacio nacional,
terminó confundiendo en una sola y única cosa Estado, partidos y sociedad civil,
con lo cual esta última se debilitó aún más; ha sido y sigue siendo gelatinosa,
laxa y con poca autonomía con relación al Estado.
– Contra lo que pudiera pensarse, este proceso debilitó al Estado, pues éste, aco-
tado por los partidos y confundido con ellos sin autonomía relativa, terminó
produciendo el fenómeno de “privatización de lo público”, que consiste, se-
gún Norberto Bobbio5 , en que las relaciones políticas, es decir, aquellas que
se establecen entre individuos o grupos sociales y Estado, se desarrollen como
si fuesen relaciones privadas entre un individuo y otro, donde el primero es
demandante de un servicio público y el segundo responde a esa demanda en
tanto que puede hacer uso privado de los recursos estatales orientados hacia su
interés particular; o también cuando la cosa pública se maneja con criterios
particulares o privados.
Las consecuencias están a la vista; en tanto que se privatice lo público, este
espacio que es el de los referentes simbólicos, se va diluyendo, desdibujando y va
perdiendo sus contornos, acentuando la pérdida de poder y por ende las deslegi-
timidades históricas.
La privatización de lo público no sólo expresa la debilidad del poder sino que
también se manifiesta en otras esferas como la de la justicia, mediante el reempla-
zo de la justicia por la venganza; la justicia por mano propia, la alternativa privada
individual con prescindencia de lo público representado por el juez y de espaldas
a la ley para resolver las tensiones y los conflictos entre sujetos, entre grupos, entre
clases, entre partidos cuyo correlato necesariamente es la generalización de la
violencia y la descomposición del tejido social.
Los efectos de la vía partidista en la constitución de la identidad nacional, tienen
otras manifestaciones deslegitimantes. El bipartidismo no sólo acotó el Estado, le
definió su perfil y sus laxas fronteras, sino que también acotó la nación; se perte-
necía a la nación en tanto que se perteneciese al partido, lo que no quedase inclui-
do en esas laxas fronteras pasaba a la categoría de lo no nacional, de lo antinacio-
nal, de lo extranjero y por este camino se pasaba a ser el “enemigo”.
Así, las alternativas políticas terceristas no sólo han tenido una vigencia co-
yuntural y fugaz sino que en muchas oportunidades no han sido percibidas como
contradictores políticos, como una amenaza peligrosa para la propia identidad; para
la razón de ser, para la existencia social; de allí que se legitimen discursos y prác-

5. BOBBIO, Norberto. Op. cit.

28
ticas excluyentes del contrario político en tanto que éste está poniendo en peligro
con su mera existencia, la razón de ser de la nación.
Ha sido tan fuerte el bipartidismo como referente de identidad nacional que
Colombia es el único país de América Latina donde aún persiste este modelo; en
los demás, el advenimiento de la sociedad moderna trajo aparejada la aparición en
el escenario político de nuevos partidos con opción de poder; partidos comunistas,
socialistas, demócrata-cristianos o populismos de diferentes matices que inscribie-
ron las masas en nuevos sistemas políticos y en otros esquemas de pertenencia
social; en cambio en Colombia el pluripartidismo sigue siendo una utopía.
Este referente de identidad se expresa también en el campo de los contrapo-
deres; la izquierda colombiana planteó durante mucho tiempo su lucha en contra
el sistema desde afuera, desde lo externo, desde lo no nacional, y han pesado más
en la definición de sus principios ideológicos, de sus prácticas políticas y de sus
proyectos alternativos, los referentes externos que aquellos devenidos de la reali-
dad que habitan; sólo en los últimos tiempos le han debatido al bipartidismo en su
propio terreno el derecho a formar parte de la nación; proceso costoso y doloroso
que se ahoga en un mar de sangre.
A su manera, la izquierda colombiana ha reproducido los destiempos históri-
cos; mientras unos grupos se reincorporan a la vida política otros son sacados de
ella por medio de la violencia y el exterminio selectivo; los ritmos y los tiempos
no concuerdan, no se corresponden. Análisis similares podrían hacerse con rela-
ción a los movimientos cívicos, campesinos, sindicales, etc., marcados por una
profunda diversidad regional y con tiempos de surgimiento, evolución, consolida-
ción o crisis que no coinciden e incluso a veces se oponen dramáticamente.

Los desencuentros
Los referentes más imaginarios que reales de cohesión y unificación nacio-
nal, contrastaban de manera bien significativa con los espacios reales en los cuales
se gestaban y se formaban las identidades colectivas; éstas, se anudaban en torno
a los espacios locales y regionales; espacios en los cuales los pobladores desarro-
llaban su vida material y su quehacer cotidiano; los vecindarios, las parentelas, los
cabildos, los grupos de “notables” fundadores de pueblos y dirigentes de la vida
local, las sociedades de negocios, las redes mercantiles, las haciendas, las explo-
taciones mineras grandes y pequeñas.
En estos espacios fragmentados, dispersos y discontinuos, en estos desencuen-
tros, se anudaban solidaridades y se gestaban diferenciaciones; surgían y se con-
solidaban sentidos de pertenencia y relaciones de autoridad-sujeción; control-
dominación; mando-obediencia; paternidad-filiación.

29
Esos espacios se correspondían con dispositivos de poder, donde la legitimi-
dad encontraba su real sentido; mas el horizonte y el ámbito de los poderes y por
tanto de las legitimidades era multipolar, diferenciado, referido al espacio de lo
vivido pero totalmente alejado de los referentes de identidad de corte moderno que
sólo se expresaban por el sentido de pertenencia a los partidos.
Los desencuentros entre lo imaginario de ámbito nacional y lo vivido de ámbito
local y regional; el contrapunto entre legitimidades concretas y legitimaciones
formales y discursivas, tuvo su expresión más importante en el constitucionalismo
y el legalismo.
La constitución se convirtió en el centro del debate e interés para los partidos
trenzados en una larga lucha por el control del aparato estatal; todas las declara-
ciones de guerra en el siglo XIX se hicieron en nombre de la constitución; bien
porque el partido en el poder la estaba incumpliendo, bien porque la que estaba
rigiendo se consideraba inadecuada y se buscaba cambiarla por otra; la guerra en
Colombia se ha hecho en nombre de la ley aunque la operatividad misma de esa
ley no haya pasado de los esquematismos y los formalismos y no sea un referente
interiorizado por los pobladores ni un aparato de mediación a través del cual éstos
orienten sus prácticas sociales.
Según Hernando Valencia Villa6 la historia del constitucionalismo colombia-
no es una larga sucesión de “batallas por la carta” y las cartas constitucionales, más
que normas generales para institucionalizar las relaciones sociales y políticas han
sido “cartas de batalla” o itinerarios para la continuación de la guerra.
Quizá por eso, siempre que se agudizan los conflictos en Colombia se apela
a la reforma de la constitución como instrumento mágico para cambiar las situa-
ciones objetivas de tensión y desequilibrio social sin reformar las condiciones que
los posibilitan.
Por contraste, las identidades y los sentidos de pertenencia, gestados en lo
vivido y reproducidos por mucho tiempo en esos ámbitos restringidos y localistas,
fueron generando unas formas culturales muy particulares, cuya pervivencia es
constatable todavía hoy en Colombia; culturas campesinas y pueblerinas, valores
tradicionales asociados al localismo como forma primigenia de identidad social
que se siguen reproduciendo en otros ámbitos diferentes como el de las ciudades,
por ejemplo, y que mantienen su pervivencia aunque los referentes que les otorga-
ron algún sentido hayan desaparecido o estén en franca disolución.
Los desencuentros entre lo imaginario y lo real, entre el poder formal, lega-
lista y discursivo representado en el Estado y el poder real, fragmentado, disperso

6. VALENCIA Villa, Hernando. Cartas de batalla. Editorial Presencia Ltda. Bogotá, 1987.

30
y anudado en torno a muchos y muy variados dispositivos de orden local y regio-
nal, acentúan la dimensión de la llamada “privatización de lo público”, con lo cual
las deslegitimaciones históricas se amplían, se profundizan y cada vez se hacen ma-
yores las distancias entre la vida colectiva de los pobladores y la institucionalidad
del orden jurídico legal.
Estos dispositivos reales de poder, fragmentados y dispersos, lograron man-
tener un relativo control social, sustentado en el respeto, la obediencia y los lazos
solidarios nacidos de la vida en común, y les otorgaron algún grado de legitimi-
dad, así fuese precaria y tradicional, a los poderes locales y regionales articulados
en forma desigual a los partidos tradicionales y por ende al Estado.
Mientras la sociedad fue predominantemente rural, tradicional, pueblerina y
campesina, se mantuvo un relativo control social, un cierto orden; mas procesos
como los de la industrialización, la urbanización, la aparición, como fenómeno
totalmente nuevo, de la masas en el escenario de la vida económica y política del
país, así como el surgimiento de formas organizativas propias de la sociedad civil
moderna como los sindicatos, los gremios, las asociaciones, los nuevos partidos
de orientación clasista, erosionaron la bases constitutivas de los dispositivos loca-
les y regionales de poder, cambiaron los referentes concretos de la vida en común,
de las solidaridades y los controles sociales ejercidos desde la cultura pueblerina
y campesina, llevándose de paso las formas tradicionales pero operantes de legi-
timidad asociadas con ellas.
El paso a la modernidad desbordó la acotación que el bipartidismo había hecho
del Estado y la Nación; los pobladores desarraigados y desvertebrados de sus
encuadramientos originales, convertidos en masas sociales, no encontraron alter-
nativas organizativas coherentes con la nueva situación del país que se integraba
en su vida económica, se relacionaba a través de un sistema vial que dejó de mirar
exclusivamente al mar para poner en contacto mercados y productores, y se enca-
minaba por la vía del crecimiento económico como propuesta política y del desa-
rrollo, como proyecto ideológico.
La prensa, el periodismo que había sido el vehículo agenciador de la identi-
dad nacional por la vía del bipartidismo, dejó de constituir el medio de comunica-
ción por excelencia, y las cadenas radiales (después la televisión), más accesibles
a las grandes masas, cumplieron la función de mostrar, a su manera, “lo público al
público”, gestando los fenómenos de opinión de masas cuyas particularidades están
por estudiarse en Colombia.
Los medios de comunicación mediadores entre las masas y el público, en un
contexto donde las primeras sólo son un agregado inorgánico y lo público un sec-
tor desdibujado, confundido y prácticamente disuelto en lo privado, reprodujeron
a su manera las deslegitimidades históricas, los destiempos y los desencuentros sin

31
lograr presentar una visión coherente y articulada, donde fuese posible la forma-
ción de una verdadera opinión pública.
El agotamiento de los viejos modelos y la ausencia de propuestas alternativas
que contasen con consensos amplios, multiplican los fenómenos de exclusión y
restringen cada vez más la base sustentativa de la legitimidad del Estado, configu-
rándose una crisis orgánica cuya resolución ha sido pospuesta, congelada, lo que
ha conducido a la situación actual: la descomposición del tejido social y la multi-
polaridad del poder.
En este aspecto también podemos evidenciar una diferencia con el resto de
América Latina; mientras en algunos países del área se plantea una polarización
clara entre grupos sociales que se disputan el control del aparato estatal, en Co-
lombia no existen mecanismos articuladores que permitan plantear una bipolari-
dad del poder; se trata por el contrario de múltiples focos que se enfrentan o se alían
de muy diversa manera, de acuerdo con la particularidad regional.
En lugar de un frente guerrillero, existen cuatro grandes agrupaciones atrave-
sadas por diferencias muy amplias y a veces enfrentadas por el control territorial;
una contrarrevolución de derecha diferenciada en autodefensas campesinas (loca-
les y regionales) y grupos paramilitares de diversos tipos y de dimensión nacional;
varios carteles de la droga trenzados en guerras de exterminio de una gran feroci-
dad; delincuencia organizada que actúa a veces por cuenta propia, a veces apoyan-
do el terrorismo del narcotráfico o a la violencia de los actores armados en con-
flicto; bandas juveniles que se disputan el control territorial de los barrios en las
grandes ciudades y un Estado desvertebrado, permeado por las diversas formas de
la delincuencia, que sólo es uno entre los muchos factores de poder y de violencia
que se enfrentan en el territorio nacional.
Los destiempos y los desencuentros en la constitución de la trama histórica
del país son la expresión de diacronías, de procesos deslegitimantes de larga du-
ración que si bien no explican todas las dimensiones de la crisis actual sí abren un
horizonte interpretativo con muchas posibilidades para entender el estado de vio-
lencia generalizada, informe y desagregada que vive el país.
En este contexto de viejos y nuevos problemas, es importante rescatar dos
aspectos de la crisis que resultan de la mayor importancia, ya que atañen directa-
mente al quehacer de los medios de comunicación: la ingobernabilidad y la invi-
sibilidad del poder.

La ingobernabilidad
No se trata de la gobernabilidad a la colombiana, o sea, en el sentido de bus-
car mecanismos de distribución del poder institucional entre los diversos grupos y

32
fracciones con el objeto de buscar la llamada “paz política”; gobernabilidad que
en Colombia ha tenido varias modalidades, desde el “frente nacional” pasando por
la milimetría, por las coaliciones interpartido e intergrupo, hasta llegar al modelo
gobierno-oposición; no se trata pues de esa modalidad a la colombiana.
Se trata de la ingobernabilidad entendida como consecuencia del desfase o del
desencuentro entre las demandas por servicios y recursos que vienen cada vez en
mayor número de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político para
responder a las mismas.
Estas demandas están asociadas a la modernidad y a la emergencia de las masas
en la vida política y económica del país; mientras la sociedad fue predominante-
mente campesina y pueblerina, cuando aún no existían sindicatos y asociaciones
de carácter gremial y sólo había partidos de élite, los asuntos de la gobernabilidad
eran prácticamente irrelevantes pues rara vez lograban insertarse en la órbita de lo
público. Pero el cambio de referentes concretos de la vida social hizo públicas esas
demandas y, además, las multiplicó convirtiéndolas en problemas de dimensión
política que un gobierno no puede ignorar por mucho tiempo si quiere sobrevivir.
Si se analiza la historia reciente del país, los últimos cuarenta años, nos en-
contramos frente a una brecha cada vez más grande entre las demandas sociales y
las respuestas políticas. Recuérdese nada más el cúmulo de reformas abortadas,
pospuestas o abandonadas; el retraso con que los órganos del Estado responden a
una sociedad que ya no puede esperar más y las inercias administrativas y buro-
cráticas.
Ante estas diferencias, destiempos y desencuentros entre demanda y respues-
ta, se plantea el problema del orden público, bien paradójico por lo demás, pues
las alternativas para enfrentar estos problemas combinan de una manera muy es-
pecial el poder autoritario con la ausencia de poder.
Si no se puede ampliar la capacidad de respuesta gubernamental a las crecientes
demandas sociales, el Estado está fallando, no por excederse en el uso del poder
sino por lo contrario; por ausencia de poder, por incapacidad, ineficiencia e inefi-
cacia; lo que se reclama aquí es que el Estado actúe y lo que se resiente es su de-
bilidad, su ausencia o su distancia; mas cuando las exigencias sociales no pue-
den ser respondidas, se pasa a la disminución forzada de ellas mediante la combi-
nación del uso de la fuerza pública contra los desbordamientos sociales y la res-
tricción de dichas demandas, suprimiendo la capacidad de los ciudadanos para
expresarlas a través de la limitación de aquellas instituciones que caracterizan una
democracia activa, como los derechos civiles y ciudadanos, las libertades públi-
cas, las movilizaciones colectivas, la información, etc.
Mediante esta combinación de poder autoritario y ausencia de poder que ca-
racteriza la ingobernabilidad, también se está restringiendo el espacio de lo públi-

33
co porque se le asigna a esta órbita una sola dimensión, la del control del orden
público; así eventos que no tienen en principio una connotación subversiva y que
sólo están expresando la carencia de soluciones políticas a problemas públicos,
terminan adquiriéndola y convirtiéndose en amenazas reales para la estabilidad
institucional.
Es necesario recordar que el orden público que le reclaman los ciudadanos al
Estado no se agota en el control de los desórdenes sino también en el cumplimien-
to de sus deberes para con ellos; le exigen que además de reinar gobierne, y la
ausencia de poder en este campo puede ser también generadora de desorden, pro-
veniente del mismo Estado y no de los ciudadanos.
El orden público que se le exige al Estado tiene pues varias dimensiones y no
una sola; entenderlo resulta de la mayor la importancia para aquellos medios de
comunicación interesados en favorecer con su ejercicio procesos de relegitimidad
social.
La combinación de poder autoritario y ausencia de poder que se expresa en la
ingobernabilidad, también conduce a una suerte de ilegalidad muy peligrosa, lo que
restringe aún más la órbita de lo público.
Cuando los recursos institucionales de fuerza no son suficientes para el con-
trol del orden social y las limitaciones ciudadanas se han convertido en una prác-
tica del Estado como ocurre en Colombia con la aplicación prolongada del Estado
de Sitio, se llega al uso de prácticas abiertamente ilegales para el mantenimiento
del orden, como son la violación de los derechos humanos, las desapariciones, las
ejecuciones sumarias y todo tipo de abusos con la población civil; en suma, la
aplicación del desorden para controlar otro desorden; aquí se invierte la situación;
el Estado ya no protege sino que se convierte en un enemigo real o potencial dan-
do paso no sólo a la desinstitucionalidad propiciada por los recortes sistemáticos
a las instituciones de la democracia activa, sino también a la parainstitucionalidad,
a un doble poder en el Estado, el legal y el ilegal, coexistiendo y confundiéndose
sin que sea posible saber dónde empieza el uno y termina el otro.

La ocultación del poder


La ocultación del poder es otro aspecto que conlleva a la crisis actual y que
remite también a la disgregación del espacio público.
Los actos del Estado democrático son por naturaleza públicos. Este ente no
puede tener formas privadas de ejercicio de poder porque ello iría precisamente contra
los fundamentos éticos de su legitimidad; el hecho de ser públicos los actos del Estado
implica que sean visibles, constatables, observables, como si estuviesen en una caja
de cristal, expuestos en todo momento a los ojos de los ciudadanos.

34
Los actos del Estado son para el público (no cabrían pues los intereses priva-
dos) y en público, delante de todos; lo contrario de los gobiernos autocráticos y
autoritarios que ven todo lo que hace el pueblo pero el pueblo no ve lo que ellos
hacen.
La visibilidad de los actos y los actores del Gobierno es condición necesaria
para ganar respeto, credibilidad, obediencia y por lo tanto legitimidad; no obstan-
te el poder público se ha hecho cada vez más oculto tanto por parte del Estado como
del contraestado. Servicios secretos por una parte y terrorismo por otra son caras
de una misma medalla. Poderes que actúan en nombre de la sociedad pero de
espaldas a ella, que ocultan la verdad con interés de dominio, pueden ganar en fuerza
pero pierden en consenso y en legitimidad.
El poder oculto no es únicamente aquel que se hace invisible, el que esconde
sus actos detrás de una cortina de humo, el que simula, sino también el que hace
aparecer, es decir, visibiliza lo que no es; el que disimula.
La ocultación del poder está en proporción directa con la legitimidad; a ma-
yor transparencia más legitimidad; a menor legitimidad más ocultación.
La ocultación del poder significa que los actos del Estado o del contraestado
dejan de ser públicos y por ende políticos para convertirse en actos privados que,
bien o mal intencionados, terminan por hacer desaparecer del horizonte de la vida
social las mediaciones simbólicas que existen en tanto que exista la esfera de la
público con relativa autonomía de la sociedad civil.
La opinión pública es el único control efectivo para la develación de los actos
del poder y para una real injerencia en los actos del Estado; de allí el papel prota-
gónico que los medios de comunicación pueden cumplir en situaciones de crisis;
mas la existencia de la opinión pública no es algo que se da por sentado, su forma-
ción también es histórica y puede estar atravesada por las mismas fracturas que se
presentan en el tejido social.
Si la esfera de lo público es restringida por deslegitimaciones históricas seve-
ras, como en nuestro caso, y además de eso se privatiza lo público y se oculta el
poder en un contexto de descomposición del tejido social y de violencia multipo-
lar, la opinión pública no puede existir, se emitirán opiniones privadas, persona-
les, de grupo, de gremio que sólo se manifiestan en el campo de los medios, la
fragmentación, la dispersión, las fracturas, los desencuentros y los destiempos de
la trama histórico social del país.
Los medios a su vez, reproducen esa fragmentación y esa dispersión del po-
der, inscribiéndose, aún contra su voluntad y sin proponérselo, en la dinámica de
las acciones y las reacciones producidas por una multiplicación de focos de vio-
lencia, induciéndola algunas veces y otras sufriéndola directamente como doloro-
samente viene ocurriendo de tiempo atrás en Colombia.

35
Sin espacio público amplio y sólido no puede haber opinión pública, ni poder
real, ni legitimidad; mas en tanto que exista alguna forma de expresión colectiva
y mínimas libertades de información así sean formales, subsiste la esperanza de
reconstruir la trama social, de relegitimar el poder y de disminuir los hechos de
violencia a umbrales más tolerables y manejables.

36
Legitimidad y violencia: Una dimensión
de la crisis política colombiana*

Pretendo establecer una alternativa analítica que permita interpretar el fenó-


meno de la violencia colombiana múltiple, polifacética y omnipresente. Con ello
se busca una puerta de salida que no implique el fraccionamiento empírico de la
realidad en pequeños compartimientos —violencia política, delincuencial, estatal,
étnica—, pero sí que permita una aproximación a sus formas específicas de mani-
festación en el país, sin caer en la tesis según la cual la violencia es un rasgo único
y propio de la sociedad colombiana; el propósito, en últimas, es el de buscar co-
nexiones con procesos más globales y miradas que superen tanto lo casuístico como
lo coyuntural.
Para lograr lo anterior se examinarán los fenómenos de la violencia en Co-
lombia a la luz del concepto de legitimidad, cuestión que no es nueva pues de al-
guna manera existe un consenso relativo, entre los analistas políticos, en conside-
rar la crisis actual como una crisis de legitimidad; sin embargo, las diferencias em-
piezan precisamente cuando se identifican las deslegitimaciones1 , sus ámbitos, sus

* Publicado en: Rasgando velos: ensayos sobre la violencia en Medellín. Editorial Universidad de
Antioquia. Medellín, noviembre de 1993.
1. Las nociones de deslegitimidad, deslegitimación, relegitimación y otras derivadas del concepto
de legitimidad, tienen que ver con la reactivación de un debate sobre las particularidades de la
crisis del Estado en diversas partes del mundo: esto ha conducido a formular términos que aún los
diccionarios no consignan; sin embargo, son usados por teóricos tan importantes como Jürgen
Habermas, Norberto Bobbio y Juan J. Linz. Al respecto pueden verse: HABERMAS, Jürgen.

37
tiempos y sus alcances; se trata, pues, de un problema enunciado pero que está lejos
de resolverse, por ello resulta pertinente preguntarse por el campo teórico y ana-
lítico de la legitimidad y por los problemas concretos de su aplicación.
El concepto de legitimidad ofrece, además, amplias posibilidades para mirar
de nuevo los fenómenos de la violencia ya que, si bien originalmente corresponde
al acervo teórico de la ciencia política, desborda, con mucho, los asuntos referidos
al Estado, al poder, o la dominación y a la ley para situarse en una especie de fronte-
ra entre las ciencias sociales y humanas pues remite a los problemas de la identi-
dad, el sentido de pertenencia, la ética, el discurso, el derecho, la historia, la subjetivi-
dad; en suma, ofrece un horizonte abierto para pensar de nuevo los problemas de
la violencia en Colombia. Se trata aquí de interrogar el concepto de legitimidad,
explorar las posibilidades que ofrece y rastrear algunas claves que puedan conducir
a caminos nuevos en la comprensión del fenómeno de la violencia.

Hacia una perspectiva teórica

Legitimidad
Si bien el concepto de legitimidad ha ocupado el interés de los teóricos desde
hace tiempo, éste no ha sido identificado ni compartido de igual forma por quie-
nes lo utilizan; sin embargo, el asunto de referencia de todos los que se han ocu-
pado del asunto, ha sido la obra weberiana, bien para desarrollar sus tesis, bien para
debatirlas; por ello, vale la pena recordarla.
La preocupación del teórico alemán apuntaba a la identificación de los dife-
rentes tipos de dominación en la historia; para él, la dominación consistía en:
La probabilidad de encontrar obediencia de un grupo determinado para manda-
tos específicos (o para toda clase de mandatos); no es, por tanto, toda especie de
probabilidad de ejercer el poder o influjo sobre otros hombres. En este caso con-
creto esta dominación, (autoridad) en el sentido indicado, puede descansar en los
más diversos motivos de sumisión; desde la habituación inconsciente hasta lo que
son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado
mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés (externo o interno) en obe-
decer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad [...], toda dominación
sobre una pluralidad de hombres requiere un modo normal (no absolutamente
siempre) de un cuadro administrativo; es decir, la probabilidad en la que se pue-

Problemas de legitimación en el Estado moderno. En: La reconstrucción del materialismo histó-


rico. Taurus. Madrid, 1983. Págs. 243-303; BOBBIO, Norberto. Estado, gobierno y sociedad.
Fondo de Cultura Económica. México, 1985. Págs. 117-127. LINZ, Juan J. La quiebra de las
democracias. Alianza Editorial. Madrid, 1978. Págs. 32-87.

38
de confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenacio-
nes generales y mandatos concretos por parte de un grupo de hombres cuya obe-
diencia se espera [...], la naturaleza de estos motivos determina en gran parte el
tipo de dominación [...]2 .

Lo que plantea Weber en este texto es bien sugerente; la dominación requiere,


para su ejercicio, no sólo del monopolio de la violencia, como él mismo lo había
dicho en otro lugar, sino también de la probabilidad de ser obedecido por el grupo
social y de encontrar respuesta efectiva a sus mandatos y ordenaciones, incluido
aquí el ejercicio de la fuerza si fuese necesaria. Cuando estas situaciones ocurren,
los tipos de dominaciones se vuelven legítimos, aunque la naturaleza de las legi-
timaciones se deba a procesos distintos; ya sea a motivos ideales (con arreglo a
valores); a motivos materiales y racionales (con arreglo a fines), o de un modo
puramente afectivo, a la costumbre, a identidades parentales o a solidaridades
primarias, entre otros3 .
Para Weber —quien concebía el Estado como una relación de poder— exis-
tía, pues, una especie de polaridad entre legitimidad y violencia; así, tanto más se
fuese perdiendo la primera, la violencia se convertiría en el fundamento de la
dominación, perdiendo, así, el carácter de legitimidad los órdenes políticos.
Desde el marxismo, perspectiva teórica totalmente distinta con la cual Weber
estuvo en debate permanente, se llega a la misma conclusión. Antonio Gramsci4
es el primero en plantearse los problemas del consenso frente a la dominación
política.
El poder, dice, no es únicamente coercitivo, represivo, coactivo; es también
consensual pues supone un relativo acuerdo de las masas con el grupo dominante,
o mejor aún, con el proyecto político de la clase en el poder; cuando esto ocurre
se está frente a una verdadera hegemonía política: la clase dominante es, a la vez,
dirigente; mas cuando el consenso empieza a descomponerse, bien porque ha
surgido una clase alternativa que propugna por un Estado de nuevo tipo o por crisis
en la cumbre, la clase que controla el poder pierde su capacidad de dirección y,
por tanto, hegemónica, y sólo logra ser dominante apoyándose cada vez más en el
uso de la violencia, con lo cual se precipitan las crisis de los sistemas políticos.
Para Gramsci, como para Weber, la violencia y el consenso están polarizados: a
menor consenso más violencia y el ideal del poder sería el relativo equilibrio entre

2. WEBER, Max. Economía y sociedad. Vol. 1. Fondo de Cultura Económica. México 1984. Pág.
17.
3. Op. cit.
4. GRAMSCI, Antonio. Los cuadernos de la cárcel Nº 7. En: SACRISTÁN, Manuel. Compilador.
Antonio Gramsci. Antología. Siglo Veintiuno Editores. México. Págs. 274-327.

39
ambos. La figura mítica del centauro mitad hombre mitad bestia, que le sirvió a
Maquiavelo para describir el poder en los albores de la sociedad moderna, fue
retomada por Gramsci para explicar su concepto de hegemonía.
La propuesta gramsciana sobre el consenso y la hegemonía no se corres-
ponde con las nociones de determinación económica o de ideología dominante,
manejadas por el marxismo ortodoxo o el marxismo oficial; por el contrario,
está más cercana a Weber que a Stalin; así, legitimidad y hegemonía apuntan a
un mismo orden de asuntos, donde la violencia es la consecuencia de la pérdida
de la primera.
Puesta en cuestión la legitimidad de un sistema político y perdido el monopo-
lio de la coerción por parte del Estado, la violencia, en sus diferentes manifesta-
ciones y concreciones, entraría en escena desatando todos los lazos orgánicos que
conectan la sociedad.
Desde este punto de vista, lo contrario de la violencia no es la paz sino el poder
legítimo; mientras éste exista es posible contar con mecanismos para controlar la
violencia, con canales específicos para la solución de los conflictos sociales y con
un cierto grado de consentimiento en la aplicación de las fuerzas represivas del orden
político; pues la violencia que ejerce el Estado es legítima no porque provenga de
esta institución sino porque existe un consenso social que admite su uso por parte
del Estado, de acuerdo con unos parámetros normativos que lo obligan a respetar
ciertos procedimientos y principios básicos; de esta manera, y siguiendo a Weber,
la violencia que proviene del Estado puede también ser ilegítima, bien porque éste
ha perdido su legitimidad, bien porque no usa sus recursos de violencia de acuer-
do con la normatividad refrendada por el consenso social, como sucede en las lla-
madas guerras sucias, de baja intensidad, las reiteradas violaciones a los derechos
humanos, etc.
La Escuela de Francfurt, y especialmente Jürgen Habermas, retomó el viejo
debate sobre la legitimidad, interrogándose por sus procesos constitutivos o diso-
lutivos, por las razones de validez que puede aducir un régimen para conseguir
legitimarse ante grupos sociales determinados, por los mecanismos mediante los
cuales se gana o se pierde consenso y por el ámbito de aplicación del concepto. Su
análisis se resume de la siguiente manera.
Por legitimidad entiendo el hecho de que un orden político es merecedor de re-
conocimiento. La pretensión de legitimidad hace referencia a la garantía —en el
plano de la integración social— de una identidad social determinada por vías
normativas: las legitimaciones sirven para hacer efectiva esa pretensión, esto es,
para mostrar cómo y por qué las instituciones existentes —o las recomendadas—
son adecuadas para emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizar-
se los valores constitutivos de la identidad en la sociedad.

40
El que las legitimaciones sean convincentes o que la gente crea en ellas es algo
que depende de motivos empíricos [...], mas estos motivos no se forman con in-
dependencia de la fuerza justificativa de las legitimaciones que se ha de analizar
[...] con independencia del potencial de la legitimación de las razones que se
puedan movilizar [...], lo que se acepta como razón depende del nivel de justifi-
cación exigida respectivamente5 .

Habermas distingue claramente entre legitimidad, que es el reconocimiento


de un orden político, y legitimaciones, que tienen que ver con la demostración de
cómo un orden político es el adecuado para realizar los valores constitutivos de la
identidad social, de su fuerza justificativa, de las razones que se movilizan para que
ello se logre, de su validez en un contexto determinado.
La órbita de la legitimidad propiamente dicha se diferencia de la órbita de la
legitimación; en esto radican, para Habermas, los problemas teóricos del concepto
y las vertientes en las que él divide a los estudiosos que se han ocupado del asunto:
los empiristas y los normativos.
Para los empiristas, que siguen la estela de Max Weber, la legitimidad de un
orden de dominación se juzga por la creencia en la legitimidad, por ello se ocupan
de los mecanismos mediante los cuales los sistemas políticos se pueden procurar
una dosis suficiente de legitimidad, pero no tienen en cuenta las razones justifica-
torias o las pretensiones de validez en las cuales esa creencia se sustenta:
La permuta empirista de la legitimidad por aquello que se tiene por tal permite,
pues, investigaciones sociológicas plenas de sentido [...] pero se excluye una
valoración de las razones, de la justeza de ellas6 .

En el otro extremo del hilo argumentativo, Habermas coloca la vertiente de


los normativos, o de aquellos que ubican los procesos legitimantes en las razones
últimas; estas teorías disponen de un concepto sustantivo de la eticidad y de con-
ceptos normativos de lo bueno, lo virtuoso, el bien común, adheridas a pretensio-
nes universales de validez, lo que resulta, para el autor, “insostenible a causa del
contexto metafísico en el que se encuentran enmarcados”7 .
Con base en estas dificultades teórico-prácticas, Habermas propone una ter-
cera alternativa a la que denomina reconstructiva; según ésta, las justificaciones
en que se asientan las legitimaciones constituyen un asunto imprescindible para el
tratamiento del concepto:

5. HABERMAS, Jürgen. La reconstrucción del materialismo histórico. Taurus. Madrid, 1983. Pág.
249.
6. Op. cit. Pág. 267.
7. Loc. cit.

41
Para evitar las abstracciones que conlleva toda teoría general y la arbitrariedad
de la nueva comprensión histórica por otra, propone, entonces, como único pro-
grama con perspectivas, una teoría que aclare estructuralmente la sucesión histó-
ricamente observable de niveles de justificación y las reconstruya como contexto
lógico evolutivo8 .

Lejos está de mis intenciones y posibilidades tratar una tarea de tal naturale-
za; lo que sí resulta prometedor para los objetivos que me propongo, y es abrir
nuevos horizontes a una interpretación sobre la violencia vista a la luz del concep-
to, por construir, de legitimidad, es mantener en el análisis, tal como lo propone
Habermas, la diferencia entre procesos de legitimidad, esencialmente políticos y
referidos al grado de autoridad y reconocimiento que un Estado puede esperar, y
los procesos de legitimación, o pretensiones de legitimidad que sirven para mos-
trar cómo y por qué las instituciones existentes, o aquellas que las reemplazarían,
son adecuadas o válidas para emplear el poder político de forma tal que logre realizar
los valores constitutivos de la identidad social y cultural; o en otras palabras, que
logre generar consensos amplios.
La órbita de las legitimaciones desborda el ámbito político y remite al campo
de la sociedad civil, de la formación de las identidades, de los sentidos comunes,
de la vigencia o no de varios órdenes valorativos, de los grados y niveles de jus-
tificación que son esencialmente históricos y referidos a los tipos de dominación,
legitimidad, legitimación e historia, son los tres elementos que constituyen la al-
ternativa analítica para mirar la particularidad de la violencia colombiana.

Identidades y legitimaciones
Los problemas de la legitimidad no se circunscriben a los problemas del Es-
tado moderno, del Estado que se corresponde con la sociedad capitalista, sino que
es, como lo decía Weber y lo reiteraba Habermas, un asunto circunscrito también
a otras formas de dominación de tipo tradicional o precapitalista; mas los proce-
sos de legitimación o las razones justificatorias de cada orden de dominación son
esencialmente distintas.
En las sociedades tradicionales, los dominadores se han legitimado con la ayuda
de mitos fundacionales que le han dado un carácter divino al origen del domina-
dor, o con base en sistemas cosmológicos que diseñan imágenes del mundo fun-
damentadas en las religiones con pretensión universalista. Para estos tipos de
dominación, la identidad colectiva —reguladora de la pertenencia de un sujeto a
una sociedad o grupo estamental dado, así como de su diferenciación respecto de
los otros— viene garantizada, bien porque los miembros remontan su procedencia

8. Op. cit. Pág. 270

42
a la figura de un antecesor común, o bien por la pertenencia compartida a una
organización vinculada a lo parental, a un territorio, a una comunidad de creencia,
de lengua o a una tradición histórica común, elementos nacionalitarios de que
hablaba Edelberto Torres Rivas9.
En estos tipos de dominación, los sujetos pueden otorgar reconocimiento a sus
señores y al orden por ellos representado, en la medida en que estos puedan jus-
tificar ese orden como expresión mundana de lo trascendental; se trata, por lo
general, de grupos concretos y poco complejos que comparten un núcleo funda-
mental de valores y creencias cuya disolución, destrucción o transgresión es vista
como una amenaza a su identidad; “sólo sobre la base de semejantes núcleos nor-
mativos, en cuyo interior los diversos miembros se saben uno, resulta posible colegir
las distintas formas de la identidad colectiva”10.
En las formas modernas de la dominación, ligadas a la lógica del capital y al
espacio de la modernidad, las relaciones sociales de corte tradicional se disuelven
y se desarticulan para anudarse de diferente manera a través de relaciones de in-
tercambio. Este ámbito de decisiones individuales, descentralizadas y regidas por
las leyes del mercado, es el terreno para el surgimiento de principios universalis-
tas y absolutos como los de la igualdad, la libertad, y también para la aparición, en
la historia, del individuo desnudo, sujeto portador de mercancías, cargado de una
serie de derechos y de deberes que rige sus relaciones sociales de acuerdo con una
normatividad formal. El principio de organización propio del capitalismo signifi-
ca la separación relativa entre el Estado y la sociedad civil; entre lo político y lo
económico; entro lo público y lo privado; entre el propietario de mercancías y el
ciudadano.
Las sociedades modernas tienen que forjar pues, unas legitimaciones esencial-
mente diferentes, acordes con la especificidad de un Estado de nuevo tipo y con la
formación de la sociedad civil; legitimaciones que ya no pueden sustentarse en un
ancestro común o en el derecho divino de los reyes sino, más bien, en razones de
orden racional abstracto, ligadas a un consenso formal en torno a unos principios
básicos que están en la raíz de la teoría iusnaturalista y del contrato social.
La idea del pacto social que se realiza entre todas las personas sin exclusión
en su condición de libres e iguales, define el tipo de legitimidad en el Estado
moderno; los miembros de la sociedad burguesa redefinen, pues, su identidad
colectiva bajo una nueva forma, la del ciudadano, y por su pertenencia a una co-
munidad de nuevo tipo, al pueblo Nación. Dice Habermas, y con razón, que la

9. TORRES Rivas, Edelberto. La nación: problemas teóricos e históricos. En: LECHNER, Norbert.
Compilador. América Latina. Siglo veintiuno Editores. México, 1981. Pág. 104.
10. HABERMAS, Jürgen. Op. cit. Pág. 26.

43
nación es la forma de identidad en la modernidad, es el espacio político del Esta-
do, el lugar para la formación11 de los consensos y las legitimaciones. El Estado
representa a la nación y en ella reside su soberanía; por ello, la legitimidad del Estado
capitalista, es decir, el reconocimiento que la dominación moderna puede esperar,
está definido en lo fundamental por la identidad nacional y por el consenso, for-
mado a propósito de los principios filosóficos que rigen el Estado de derecho. Si
la identidad nacional es débil, es decir, si se encuentra fracturada o constituida por
una gran heterogeneidad sociocultural, más difícil será para el Estado ganar legi-
timidad, justificar sus sistemas legitimatorios, mantener su poder y mayores serán
también las manifestaciones de todas las formas de violencia.
La identidad nacional no supone, de manera automática, la supresión de otras
identidades: locales, regionales, parentales o míticas; éstas, que se refieren más a
prácticas culturales y formas primigenias de organización social, a la historia
particular, a lo vivido, pueden coexistir, contraponerse, enfrentarse o subsumirse
en identidades de corte más global como es la identidad propia de la nación y del
Estado moderno, las cuales remiten a procesos de racionalización, a lo pensado.
Estas últimas son identidades que articulan a los miembros de una sociedad a un
proyecto político —que para serlo requiere de una propuesta ética y cultural— y
una voluntad de ejercicio del poder y la dominación; se trata, pues, de identidades
mediadas por la política, cuya posibilidad de legitimar un régimen está en estre-
cha relación con la manera como esas identidades, gestadas a través de lo vivido,
encuentran expresión en la identidad de lo nacional estatal; o sea, encuentran su
correspondencia con los valores, las tradiciones, los órdenes normativos y la cul-
tura del pueblo nación.
Estas consideraciones permiten afirmar que existen niveles y grados de iden-
tidad, enmarcados en lo que aquí hemos llamado lo vivido y lo pensado, y muy
frecuentemente en una combinación de asuntos que se corresponden con lo que
llama Gramsci el sentido común12 .
Cuanto más logren superar, los proyectos políticos, las particularidades expre-
sadas en las identidades de lo vivido e integrarlas en la conciencia de lo nacional,
mayores serán las posibilidades de la legitimación del Estado, de controlar los
conflictos y de disminuir las distintas manifestaciones de la violencia; por tanto,
las identidades juegan un papel fundamental en la conformación de las legitima-
ciones y éstas, como ya se sabe, sirven para hacer efectiva la pretensión de legiti-
midad; para mostrar por qué el proyecto político dominante, o el que pretende serlo,
es el adecuado para realizar los valores y las instituciones de la identidad nacio-

11. Op. cit. Pág. 29.


12. GRAMSCI, Antonio. Op. cit.

44
nal; por eso el contenido ético y cultural de los proyectos políticos resulta de pri-
mordial importancia en los procesos de legitimación.

La nación y el Estado
Si la nación es la forma de identidad en la modernidad y la particularidad del
Estado burgués es precisamente la de tener un referente nacional, resulta absolu-
tamente necesario mirar de nuevo el proceso histórico a través del cual se ha cons-
tituido el Estado nacional, pues es precisamente allí donde pueden encontrarse
algunas claves interpretativas de la violencia múltiple, polifacética y omnipresen-
te de la sociedad actual.
La nación, en el sentido moderno, se corresponde con una nueva manera de
organización socioestatal y económica que integra las múltiples particularidades
parentales, regionales, locales y étnicas, y que articula, de distinta forma, las tam-
bién particularizadas expresiones de lo económico corporativo.
Esto implica que la nación no es cualquier forma de comunidad territorializa-
da —no puede confundirse con la noción de etnia—, es, ante todo, una comunidad
política, un pueblo cuya unidad se encuentra no sólo en el mercado interior sino
también en la existencia de una identidad nacional y de un tipo de dominación: el
racional-normativo. Se exige, pues, una clase dirigente capaz de dar expresión
nacional a sus intereses mediante proyectos políticos y ético-culturales que con-
citen el consenso activo de los gobernados (una socionacionalidad); una fuerza
político-militar que garantice la autodeterminación de la nación —o sea, la posi-
bilidad de contar con un Estado propio y distinto— y la formación de un pueblo
que se identifique nacionalmente con los fundamentos éticos de la dominación; lo
anterior remite a los problemas de la identidad nacional y de la integración social,
que en último término se garantiza mediante la participación política; o sea, me-
diante la integración de todos, como ciudadanos, en el marco de las instituciones
políticas de la democracia.
En el hecho nacional es necesario distinguir tres dimensiones básicas:
– El tejido nacionalitario, entendido como un conjunto de rasgos culturales
construidos a lo largo de una historia colectivamente vivida, por lo vivido, como
experiencia colectiva de lo propio y de lo ajeno, de lo igual y de lo diferente.
– La identidad nacional, entendida como conciencia colectiva y como fuerza
integradora que mantiene y reproduce la cohesión a través de proyectos polí-
ticos y ético-culturales; es decir, de lo pensado.
– La territorialidad, entendida como el referente espacial que define un ámbito
de expansión de la entidad construida (o pensada) y del poder de control y
dominación político, dilucidando un interior que es necesario integrar y uni-
ficar y un exterior con relación al cual diferenciarse.

45
Las realidades nacionalitarias per se no crean nación pero sí son su base
constitutiva; tales realidades necesitan un ámbito que se define en términos de poder
y de la existencia del Estado.
El Estado se asienta en los elementos nacionalitarios y se extiende hasta allí, hasta
donde el poder que expresa puede ser reconocido y respetado (legitimado) o
impuesto como dominación de clase. En estas condiciones el Estado necesita una
dimensión nacional precisa y la nación un poder unificador y ordenador, un sen-
tido nacional en la clase social que lo ejercita13 .

Los procesos de constitución del Estado y de la nación son diferentes, des-


iguales, contradictorios y, con más frecuencia de lo aceptado, no coincidentes ni
espacial ni temporalmente; sin embargo, en esos desencuentros y en esos destiem-
pos, es posible identificar las dificultades de la legitimidad, la validez o no de las
legitimaciones, las marcas que la historia de los desencuentros ha dejado en las
identidades formadas a través de lo vivido, así como las alternativas políticas y ético-
culturales que se formulan para lograr un consenso amplio que legitime el poder.
Por tanto, seguir los procesos contradictorios y complejos a través de los cuales
se construye en Colombia el Estado nacional; identificar los problemas de la legi-
timidad y de la legitimación engendrados por esa relación desigual y contradicto-
ria; así como evidenciar sus manifestaciones en la formación de identidades, órde-
nes normativos y prácticas sociales, pueden presentar alternativas válidas de inter-
pretación acerca de los fenómenos de violencia, no sólo desde la perspectiva his-
tórica, pues la legitimidad al fin y al cabo remite a procesos de larga duración, sino
también a su expresión en una coyuntura específica; en el momento actual.

Violencia y legitimidad en Colombia

Los tiempos largos y los tiempos cortos


En Colombia, como en el resto de América Latina, las deslegitimidades del
Estado nacional no remiten a situaciones de crisis, en las cuales se pierde la cre-
dibilidad en el orden político y el monopolio de las armas, por lo que se precipita
la violencia en forma generalizada; por el contrario, las deslegitimidades en esta
parte del mundo están asociadas, también, con fenómenos estructurales, según
algunos teóricos, históricos, según otros; todos ellos atienden a procesos de larga
duración que están en la raíz misma de nuestro devenir como pueblos y como
naciones y que dificultan la instauración de un orden político que logre cohesionar

13. TORRES Rivas, Edelberto. Op. cit. Pág. 106.

46
las diversidades socioculturales y las divergencias políticas o, que si no lo logra,
las reconozca para integrarlas en un modelo realmente representativo de esas múl-
tiples diferencias.
Así, en nuestro caso no podemos apelar, ni siquiera como recurso metodoló-
gico, a un antes en el cual regían formas legítimas de dominación y formas de
coerción e integración sociales más o menos compartidas por la colectividad y que
se rompieron en una coyuntura determinada, a la cual se le puede otorgar en su pleno
sentido el nombre de crisis. Por el contrario, las crisis adquieren un carácter de
semipermanencia, lo que dificulta la utilización de esta noción y hace necesaria la
referencia a procesos deslegitimantes de corte histórico, sin cuyo reconocimiento
no es posible identificar la pervivencia de la violencia en Colombia.
Esta imposibilidad real de recurrir a un antes idílico y pacífico, que se quiebra
para dar paso a una crisis de características dramáticas, es lo que ha llevado a la
acuñación de términos como el de cultura de la violencia, que si bien permite
nombrar un hilo grueso de la trama nacional, crea más problemas de los que re-
suelve; por ello, preferimos la utilización de nociones como la de deslegitimacio-
nes históricas o de larga duración, sacando así el concepto de legitimidad del marco
restringido de las crisis para identificarlo con procesos que están en el sustrato de
formas de violencia más o menos permanentes.
Si bien el concepto de legitimidad no se refiere únicamente a las coyunturas,
o tiempos de corta duración, sino que comporta facetas estructurales, también es
absolutamente válido distinguir momentos, dimensiones temporales en las cuales
esas situaciones se agudizan, se desbordan y se convierten en reales amenazas para
todo el orden político y la subsistencia social; esos momentos, o coyunturas, dan
cuenta de un agravamiento de las deslegitimaciones, de una extensión de ellas a
nuevas esferas de la vida social, de respuestas múltiples y desesperadas a estas
situaciones y, por tanto, de un incremento y generalización de la violencia. A estos
agravamientos se les denomina generalmente crisis en la crisis.
Los agravamientos de las deslegitimidades, noción que preferimos a las dos
anteriores, revelan la particularidad de la violencia, su especificidad y su diferen-
cia con la de otros estados nacionales que pueden tener similares factores de des-
legitimidad histórica (procesos estructurales) pero que no presentan las mismas
modalidades y manifestaciones.
Así, pues, la alternativa consiste en identificar, en primera instancia, los fac-
tores deslegitimantes más o menos permanentes en la historia del Estado nacional
colombiano, que aquí vamos a llamar ejes de pervivencia histórica, y en segunda
instancia los tiempos cortos o la coyuntura actual, que se corresponde con el agra-
vamiento de las deslegitimidades; estos últimos tienen su propia dinámica: facto-
res totalmente nuevos entran en el proceso y viejos problemas se articulan de manera

47
distinta para permitir la generación de escenarios y actores diferentes a los tradi-
cionales; esta combinación de antiguas y nuevas respuestas a la coyuntura de la
aceleración le otorgan al momento un carácter único, irrepetible y prácticamente
original.
El contrapunto entre tiempos largos y tiempos cortos, entre procesos estruc-
turales y coyunturales, pueden dar cuenta de la realidad sociohistórica de la vio-
lencia en Colombia.

La perspectiva de la larga duración


o los ejes de pervivencia histórica
En Colombia, la nación fue ante todo una creación intelectual y jurídica que
no se correspondió con los referentes materiales de la vida social. Estado y nación
surgieron al mismo tiempo pero en un destiempo histórico y fueron el resultado de
una ruptura súbita y radical con el orden social y estamental colonial; así, pues,
ambas nacieron como producto de un hecho revolucionario que les otorgó un acta
de fundación que ha servido como referente identificatorio para gestar, sin mucho
éxito, por lo demás, alguna forma de conciencia nacional, más mítica e imaginaria
—referida a un origen común— que racional o consensual.
La sociedad emancipada a través de un acto de guerra enfrentó, pues, el múltiple
reto de gestar el Estado y la nación; de integrar el espacio territorial interno y de
generar una identidad nacional mediante la cual se legitimase la nueva forma de
dominación, otorgándole al Estado mecanismos institucionalizados, consagrados
en la ley y en la Constitución, para fundar ese poder; es decir, a más de legitimidad
se requería legalidad.
Los soportes materiales reales de la vida social y colectiva no se correspon-
dían con las determinaciones generalizantes y abstractas del Estado moderno así
fundado; por tanto, la nueva forma de dominación resultó ilegítima y deslegitimante,
sustentada más sobre la imposición y la violencia que sobre el consenso o el pacto
social: estuvo hecha de destiempos históricos y desencuentros regionales.
Aquí es necesario hacer una pequeña digresión; no puede identificarse la
emancipación, el acto fundacional de la revolución —el Estado tout-court o Esta-
do como pura potencia— con la creación del Estado democrático y de derecho; el
primero contó con un relativo consenso, los segundos fueron inicialmente retóri-
cos y jurídicos; de allí en adelante se inició un proceso complejo y contradictorio,
que recorrió muchos vericuetos, mediante el cual la sociedad emancipada intentó
convertirse en nación y constituir el Estado moderno.
Las deslegitimaciones históricas pueden analizarse a partir de los desencuen-
tros o destiempos entre los soportes materiales reales y las nociones jurídico-for-
males del Estado nación. Entre estos soportes señalamos los siguientes:

48
El territorio o la exclusión territorial
El territorio jurídico-formal del Estado nación fue, ante todo, un espacio vas-
to, extenso, continuo, de horizontes abiertos y superior en tamaño a las posibilida-
des reales de control político social y del ejercicio del nuevo poder; a este espacio
le definieron unas fronteras más o menos arbitrarias que no se correspondían en
ningún aspecto, con los elementos integradores de la vida social, física, cultural y
mucho menos económica; a su vez, el poder político fragmentado, disperso y
enfrentado tenía, como referentes territoriales reales, los de la localidad o la re-
gión, pero carecía de una dimensión nacional que se correspondiese con la acota-
ción formal que el Estado le estaba dando a la nación jurídica recién fundada.
Las fronteras, antes que definir un interior y un exterior, o sea lo propio y lo
ajeno, dividieron territorios donde sus pobladores tenían algunos elementos de iden-
tidad o juntaron en una sola entidad administrativa colectividades sociales profun-
damente diferenciadas; en otros casos, los límites se establecieron como líneas ima-
ginarias sobre territorios vacíos y continuos, haciendo coincidir jurisdicción con
frontera, aunque la primera sólo fuese un referente institucional y la segunda una
noción vacía de todo contenido.
Las ciudades, las localidades y los pequeños asentamientos dispersos y dis-
gregados por una geografía difícil, fueron el referente territorial, a la vez que la
noción real de identidad y los espacios políticos de control y dominación sobre los
cuales se fundó el Estado, se estableció el nuevo poder y se empezó a gestar el
sentido de pertenencia política. Fue desde los cabildos y los ayuntamientos, desde
las juntas de notables y los grupos de comerciantes y terratenientes de las villas y
parroquias —asiento y símbolo de la única autoridad con algún grado de legitimi-
dad— donde se inició la construcción de lo estatal-nacional.
La ruptura abrupta y violenta de la independencia desmembró el viejo virrei-
nato; las divisiones coloniales saltaron en pequeños pedazos, en fragmentos loca-
les, aislados, discontinuos, enfrentados y con dificultades reales para articularse a
un proyecto nacional y a un poder centralizado y unitario.
Las múltiples y muy diversas declaraciones de independencia realizadas por
los cabildos de las principales ciudades y villas en 1810, así como las guerras de
independencia entre 1811 y 1816 son la expresión de ese localismo; a su vez, las
sucesivas guerras civiles del siglo XIX, tuvieron todas un tinte regionalista y loca-
lista claramente identificable.
El localismo y el fraccionamiento territorial no fueron propios de la historia
colombiana; por el contrario, fueron un factor de mucha significación en la mayo-
ría de los países de América Latina. No obstante, Colombia fue el único país en
esta parte del mundo donde ese fraccionamiento se convirtió en un eje de pervi-
vencia histórica y se cristalizó una constelación de regiones y una red urbana
configurada por cuatro grandes ciudades, más de quince intermedias y una infini-

49
dad de pequeños pueblos que aún defienden con ahínco su autonomía o indepen-
dencia. Al unicentrismo prevaleciente en la mayoría de los países latinoamerica-
nos de hoy, Colombia opone un pluricentrismo muy complejo que está poniendo
de presente la fuerza histórica del localismo y la vigencia social del fraccionamiento
territorial.
El territorio nacional, o lo que se tuvo por tal, fue una yuxtaposición artificio-
sa de pequeños territorios locales, desigualmente controlados por las élites de los
cabildos; pero esta yuxtaposición no constituyó un espacio continuo; por el con-
trario, las localidades estuvieron divididas entre sí y aisladas por territorios vas-
tos, algunos despoblados o vacíos que fue necesario colonizar; otros, ocupados por
grupos étnicos —indios o negros— excluidos de la fundación del Estado nacional
que buscaron allí refugio para la supervivencia y la resistencia social; estos espa-
cios vastos a la postre se convirtieron en el lugar de refugio de las nuevas oleadas
de excluidos que por diferentes razones intentaban escapar al control y al dominio
del poder institucionalizado.
Estos territorios vastos fueron los espacios del no poder, de la ausencia insti-
tucional y también de los sucesivos contrapoderes que desde propuestas alterna-
tivas han intentado cambios radicales de diferente corte: los derrotados en las
guerras civiles, los perseguidos por la justicia, los que se revelaron contra las
imposiciones de un orden autoritario, los que tenían formas de vida y comporta-
miento sancionadas por la ley o las costumbres; en fin, estos territorios vastos que
todavía existen en Colombia, han sido el espacio del otro, del excluido, en ellos el
Estado, la ley y las instituciones no han sido referentes de identidad y, por el con-
trario, una historia ancestral de exclusión ha permitido la formación de órdenes
normativos y sistemas de valores paralelos y a veces antagónicos a los que rigen
institucionalmente, continuando, aunque de otra manera, el proceso de fragmen-
tación territorial. Las regiones recientemente colonizadas en Colombia, en buena
parte corresponden a esa descripción.
A este territorio disperso y vasto que constituyó el soporte material real, se
opuso como único referente territorial nacional el espacio de la guerra. Antes que
alguna forma de integración política, social, económica o cultural, la integración
territorial fue esencialmente militar; el avance victorioso del ejército libertador iba
dejando, en cada espacio liberado del dominio colonial español, autoridades tam-
bién militares para mantener el control político. Por ello, la primera noción de lo
nacional fue militar y se confundió con la Campaña Libertadora, con sus héroes y
con la violencia inusitada que este proceso trajo consigo; fue, ante todo, un terri-
torio integrado por la fuerza de las armas y el Estado que resultó de allí fue el Es-
tado tout-court —Estado como pura Potencia— que aún no se había convertido en
Estado de derecho y menos aún en Estado democrático.

50
Esta perviviente fragmentación territorial, que se corresponde con una dramá-
tica fragmentación del poder, constituye un elemento deslegitimante que está en
la raíz de formas de violencia ligadas tanto a los procesos de colonización deci-
monónicos y recientes como a la urbanización de las grandes ciudades a partir de
1950. La base territorial controlada políticamente por el Estado es restringida,
mucho más pequeña que la totalidad del espacio nacional o ciudadano, y en los
territorios excluidos, rurales o construidos, son otros los poderes, otras las nocio-
nes de identidad, otros los sentidos de pertenencia, en definitiva, es el país de los
otros, los diferentes, que termina confundiéndose con el territorio de los delincuen-
tes y de los enemigos internos

El pueblo o la exclusión de las etnias dominadas


Los tres troncos étnicos que coexistieron por más de trescientos años en el
territorio de lo que es hoy Colombia no lograron amalgamarse en un pueblo que
fuese el resultado cultural de las confrontaciones, complementariedades y antago-
nismos de muchos lustros de historia colonial colectivamente vivida; el mestizaje
biológico no tuvo correlato en el espacio cultural y el pueblo soberano, que se
autodeterminó a través de la emancipación y de la fundación del Estado, sólo estuvo
constituido por la etnia dominante, la etnia blanca y blanqueada. Se fundó, enton-
ces, la patria del criollo, identificado con los elementos nacionalitarios14 del tron-
co étnico europeo-americano: la lengua, la religión, la hispanidad y el derecho. Los
otros fueron excluidos de la fundación de la nación y su pertenencia al corpus social
estuvo mediada por su civilización; es decir, por la renuncia y la negación de sus
sentidos de pertenencia social y su inscripción en el mundo de los blancos mediante
la adopción de su lengua, sus creencias, sus valores, su historia y el orden norma-
tivo de su dominador; sólo negando su identidad étnica y adoptando la del domi-
nador, civilizándose o blanqueándose, era posible llegar a formar parte del pueblo
nación.
Quienes no quisieron pagar el precio de la negación de su identidad étnica
optaron por la resistencia abierta y violenta o por la supervivencia, invisibilizán-
dose en los territorios vastos donde control de la Iglesia y del Estado no alcanzaba
a llegar.

14. Las nociones de socionacionalidad y lo nacionalitario se corresponden con los esfuerzos analíti-
cos e interpretativos de los teóricos del estado nacional de América Latina, se trata de diferenciar
analíticamente el proceso de constitución del estado del proceso de constitución de la nación,
necesario para comprender el carácter burgués y moderno de ambos. En este sentido se retoma
esta noción en el presente texto. Véase al respecto: TORRES Rivas, Edelberto. La nación: proble-
mas teóricos e históricos. En: LECHNER, Norbert. Compilador. Estado y política en América
Latina. Siglo Veintiuno Editores. México, 1981. Pág. 106.

51
Además de los troncos étnicos dominados, los mestizos y los mulatos, indó-
mitos y perezosos, mantuvieron una relativa autonomía del control estatal, refu-
giándose en aquellos espacios alejados de los centros de poder y ligándose de forma
esporádica y coyuntural con la actividad económica de la sociedad mayor, pero
manteniéndose totalmente ausentes de la vida política, la educación institucional,
el adoctrinamiento religioso y del avecindamiento de las localidades o poblados;
a su vez, la sociedad mayor sólo los tuvo en cuenta como problema, como obstá-
culo, como conflicto latente y abierto, como los delincuentes reales o potenciales
que se debían someter por la fuerza y por la violencia.
El laxo tejido nacionalitario, logrado y mantenido por formas más o menos
abiertas de violencia y exclusión, fue el resultado de un largo ajuste cultural que
si bien permitió la formación de identidades colectivas locales en torno a lo vivi-
do, estuvo lejos de propiciar una verdadera identidad nacional, menos aún cuando
el proceso de ruptura con la metrópoli puso en cuestión los fundamentos cultura-
les y filosóficos de la hispanidad.
Estas identidades colectivas en torno a lo vivido eran restringidas y estaban
asociadas a una cultura parroquial y pueblerina, localista, vecinal y parental, a través
de la cual se identificaban entre sí los pobladores de las villas y ciudades.
Las identidades de lo pensado, establecidas a través del proyecto político de
la Independencia, se enmarcaron en el modelo de Estado de derecho y de demo-
cracia representativa, surgido del largo proceso de constitución de los Estados
nacionales en Europa, pero en el medio fragmentado y disperso del viejo virreina-
to resultaba completamente ajeno, distante, artificioso y puramente formalista.
Se trató, pues, de un sistema de legitimaciones que careció de validez, no por
sí mismo, sino por el destiempo histórico y el desencuentro con una realidad bien
diferente. Es decir, las identidades pensadas (el proyecto nacional) no respondie-
ron a las identidades colectivas de la pequeña porción del pueblo-nación hacia el
cual iba dirigido; los otros ni siquiera hicieron parte del pacto original.
El discurso legitimante de la élite criolla, el Estado de derecho que se crea
mediante la formulación de la Constitución política y de la ley, así como el sentido
de nación que induce, mediante la articulación de los ahora ciudadanos al engra-
naje del Estado, vinculándolos al sistema representativo de la democracia, no lo-
gra una real legitimación ni generar consenso en torno al nuevo tipo de domina-
ción.
El pueblo-nación que funda la República y en el cual descansa la soberanía
del Estado, fue tan restringido y tan precario como el territorio, y en ambos pro-
cesos la exclusión, la negación y la consideración del otro como potencial o real-
mente peligroso fue el denominador común.

52
La clase nacional y la gestación política del proyecto
El sector dominante que en Colombia jalonó el proyecto emancipador y fun-
dador del Estado nacional15 no se formó como clase en el espacio del mercado o
en el de las relaciones económicas; por el contrario, sus primeras experiencias de
lo nacional fueron la guerra y la política.
Los criollos ilustrados —de origen peninsular algunos de ellos, otros más
pigmentados pero blanqueados por la adopción de nociones y prácticas sociales
de los peninsulares; con intereses locales y regionales, mercantiles y agrarios
heterogéneos e intermediarios con el exterior— se legitimaron como sector domi-
nante en el escenario de las guerras de Independencia y se constituyeron como clase
en las luchas por el control del aparato estatal, la búsqueda del dominio exclusivo
del corpus social y por la formación de agrupaciones sociales —partidos— que
respaldasen y legitimasen, mediante el voto, el ejercicio político de la dominación.
En otras palabras, en la lucha por el poder; lucha cruenta y violenta que estuvo
cruzada por guerras civiles interminables desarrolladas en el seno del Estado.
El referente simbólico de lo nacional, para esta élite criolla, fue el territorio
de la guerra primero y el espacio del Estado después; pero sus referentes reales y
concretos remitían a la localidad o a la región; a la hacienda o a la mina; al comer-
cio provincial o al intercambio externo y a las relaciones sociales constituidas a
través de las parroquias, los vecindarios, las sociedades de negocios, los grupos
parentales amplios, los circuitos mercantiles; en otras palabras, esos referentes reales
se correspondían con los ámbitos de las identidades primarias, con el espacio de
lo vivido y en esos contextos fragmentados y dispersos fue donde se desarrolló el
ejercicio del poder como lucha interminable por el control autónomo de las insti-
tuciones recién constituidas.
De allí el surgimiento de aparatos de mediación política y también político-
militares (pues funcionaron con igual eficiencia en las guerras civiles) tales como
los grupos de gamonales, las clientelas, los compadrazgos y los cacicazgos, sus-
tentados en una trama de solidaridades primarias; de compromisos sagrados sella-
dos por la iglesia y la familia; de identidades formadas sobre la filiación con un
jefe político o padre; dador de protección y pedidor de obediencia, o con un grupo
fundador que identifica sus propios orígenes con los del poblado o la ciudad.
Estas identidades primarias fueron, quizá, las únicas posibles en el territorio
fragmentado de lo que se denominaba pomposamente nación colombiana y cum-
plieron una función de legitimidad precaria para el criollismo dominante, funda-
dor del Estado nacional. Si el criollismo fundador se formó como clase en el es-
pacio de la guerra y de la lucha política y militar por el poder del Estado, los par-

15. TORRES Rivas, Edelberto. Op. cit. Pág. 120.

53
tidos, expresión organizativa de esa práctica política, surgieron también en el seno
del Estado y no en el espacio de la sociedad civil, por lo cual ésta, tan laxa y ge-
latinosa, no tuvo manera de configurarse, de solidificarse. Así, tanto la política como
el Estado, en lugar de coadyuvar la formación de la sociedad civil, del pueblo nación,
más bien incrementaron su debilitamiento; y los partidos en lugar de conectar la
sociedad civil y el Estado, punto central de la legitimidad en el mundo moderno,
se convirtieron en agenciadores de la política estatal o más bien en canales de
expresión autoritaria de las luchas internas del criollismo por el control del apara-
to estatal.
El desfase entre el espacio político del Estado, en torno al cual se anudaron
las luchas ideológicas, políticas y militares del criollismo, y los espacios parenta-
les, vecinales, locales y regionales, donde se legitimaba de forma fraccionada y
dispersa el poder de los agentes políticos, fue saldado durante todo el siglo XIX y
buena parte del siglo XX por los aparatos de mediación antes anotados —los ga-
monales, las clientelas, los cacicazgos y los caudillos— que se cohesionaron en
torno a los dos partidos tradicionales: Liberal y Conservador.
De esta manera, ambos partidos, y también el sistema bipartidista, se convir-
tieron en el único referente nacional que tuvieron los pobladores del territorio
colombiano; así ni la vida económica, ni la identidad cultural, ni los valores tra-
dicionales, tuvieron como referente la nación.
La idea de nación fue militar primero y partidista después, y fueron los par-
tidos tradicionales sus postuladores y los referentes a través de los cuales se obtu-
vo un sentido de pertenencia a una entidad colectiva mayor, la nación. La expe-
riencia de lo nacional fue ante todo política y más que eso, partidista.
En Colombia aprehendimos la idea de nación a través de los partidos y de la
lucha violenta y cruenta entre ellos. La tradición histórica terminó por confundir
ambos términos; los partidos acotaron la nación, en ellos empezaba y terminaba
ésta; lo que no pudiera inscribirse en sus laxas fronteras constituía lo no nacional
o lo antinacional, lo foráneo, lo extranjero, lo peligroso para la identidad social y
para el soporte del Estado. En síntesis, los otros fueron considerados enemigos
internos, excluidos de la nación y, por tanto, objetos y sujetos de todo tipo de vio-
lencias.
La pervivencia histórica de los partidos tradicionales en Colombia; el fracaso
reiterado de los tercerismos y de las propuestas político-sociales que se salieran
de este marco; la búsqueda de alternativas militaristas —guerrilleras— y no polí-
ticas para enfrentar el poder del Estado; todas ellas tuvieron que ver con la cons-
trucción de la identidad nacional; lo cual, aunque le ha otorgado al Estado colom-
biano alguna legitimidad precaria, está lejos de constituir el tipo de legitimidad
correspondiente al Estado moderno, pues ha cumplido una función de exclusión y

54
restricción dramática de los espacios políticos; además, le ha dado argumentos de
validez al uso de las armas y a la violencia como mecanismo de lucha política.
Es tan fuerte y tan arraigada esta idea de nación constituida en torno al bipar-
tidismo, que ha funcionado incluso en las alternativas de izquierda, las cuales han
planteado su lucha contra el Estado desde posturas internacionalistas, con unos
esquemas ideológicos inscritos en las realidades de otras naciones —línea sovié-
tica, china, albanesa, cubana—; sólo recientemente estas alternativas de izquierda
empiezan a debatirles a los partidos tradicionales, en su propio espacio, el derecho
a la nación. Proceso este que se ahoga en un mar de sangre y asesinatos colectivos
de los sectores de izquierda.
Si bien el referente bipartidista ha tenido un carácter nacional —pues se con-
funde con la nación y se imbrica con ella—, las agrupaciones partidistas no fueron
ni son en estricto sentido nacionales, lo fueron de nombre, de bandera, de imáge-
nes míticas y cohesionadoras pero en la vida política concreta funcionaron los
referentes reales —los de la localidad y la región— y los mecanismos de ejercicio
político fueron los que aquí hemos denominado aparatos de mediación, o sea las
clientelas, los caudillos y los gamonales.
Cuando aún existían algunas diferencia ideológicas y doctrinarias entre las
élites de los partidos tradicionales, es decir, durante el siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX, los partidos estuvieron profundamente atravesados por lo
regional y lo local; así, existían más identidades entre un empresario conservador
antioqueño y un liberal radical santandereano que entre cualquiera de ellos y sus
copartidarios caucanos o costeños. Aunque el referente real de los partidos fue
regional —su práctica política concreta estuvo ligada a los espacios fragmentados
y dispersos—, el referente imaginario de lo nacional funcionó como principio de
identidad nacional y como principio de legitimidad del Estado colombiano.
Este sentido de identidad de lo nacional formado a través de los partidos se
concretó mediante formulaciones éticas y culturales bien distintas, las cuales, a su
vez, se convirtieron en puntos muy caldeados de debate político e, incluso, en
argumentos legitimantes de muchas de las contiendas civiles del siglo XIX, aun-
que este debate sólo estuviese claro para las élites intelectuales ya que el pueblo
iba a las guerras por solidaridades primarias con sus jefes o llevados por la fuerza.
El proyecto político conservador insistió en mantener y defender los valores
de la hispanidad como mecanismo cohesionador del pueblo nación: la religión
católica, en cuya defensa fueron a más de una guerra civil; la lengua, de allí su interés
por la ortografía y en que todos hablasen y escribiesen de la misma manera; la tra-
dición de privilegios, monopolios y legalismos de origen colonial; en suma, su
proyecto conservador apuntaba a un modelo de legitimaciones éticas y culturales
de corte tradicionalista; más retardatario, es cierto, pero mejor apuntalado en los

55
referentes concretos del sector social que constituyó el pueblo nación.
El proyecto liberal, por el contrario, estuvo centrado en los valores normati-
vos y abstractos del Estado moderno, a la manera europea, que empezaba con una
total negación de la hispanidad y buscaba gestar valores nuevos como los de la
ciudadanía, la soberanía, las libertades públicas, los derechos civiles, el Estado laico,
la secularización de la vida social y el desarrollo económico y mercantil; valores
legitimantes, de corte modernista, asociados a la nueva ética del capitalismo y al
tipo de dominación de la modernidad; proyecto ético y cultural avanzado, progre-
sista, libertario, opuesto a la tradición conservadurista pero sin anclajes en la rea-
lidad social del país, y sin correspondencia, de ninguna clase, con los referentes
concretos de los pobladores.
Ambos proyectos políticos y culturales se debatieron en el seno del Estado y
por la vía de la violencia y de las armas; mas cuando cambiaron los referentes reales
del país y este empezó a industrializarse, urbanizarse y modernizarse, los partidos
empezaron a quedarse sin proyectos, evidenciándose su crisis ideológica; esto a
partir de la década del treinta. Una mente tan lúcida como la de Alfonso López
Pumarejo ya preveía en 1938 la pérdida de definición ideológica de los partidos
tradicionales y el factor deslegitimante que ello implicaría para el Estado colom-
biano en el futuro.

Las identidades y las legitimaciones:


los desencuentros y los destiempos
La precaria identidad nacional no se logra en Colombia por la vía de la mo-
dernidad, ni por la búsqueda de un consenso en torno a los principios en los que
se fundamenta el Estado moderno, ni por la conformación de una conciencia na-
cional que defina un sentido de pertenencia a una entidad mayor bajo la forma del
ciudadano enmarcado en los parámetros del sistema democrático.
La identidad nacional se logra por la guerra y la violencia, y aunque se con-
vierte en un eje integrador y articulador de la vida colombiana y es la que le da a
los pobladores de los espacios regionales y locales un sentido de pertenencia a una
entidad mayor, que acaba confundiéndose con los partidos y con el Estado, sigue
moviéndose en el campo de lo vivido —lo pensado sólo opera en las élites intelec-
tuales— y definiéndose por procesos de corte enteramente tradicional: identida-
des referidas a un origen común, a los mitos fundacionales, a las identidades co-
lectivas. Los sujetos comparten “un núcleo de valores y tradiciones en cuyo inte-
rior los diversos miembros se saben uno” y cualquier intento por disolver o con-
frontar ese núcleo de herencias es visto como una amenaza a su supervivencia social
y a su propia identidad; noción esta que refuerza la intolerancia y que se aleja por
completo de un concepto moderno de democracia, donde la aceptación del otro es

56
un valor fundamental de todo el sistema de legitimaciones que provee la creencia
en la legitimidad del Estado moderno.
Esta forma de identidad colectiva sólo fue nacional por su cobertura, porque
constituyó el único elemento que se elevó sobre las regiones y las localidades, el
único referente de la sociedad mayor. Pero fue tradicional por su contenido, por
los mecanismos de reproducción de las legitimaciones, por los sentidos de perte-
nencia que les otorgó a los pobladores y por el nivel de violencia y conflicto que
trajo consigo.
Destiempos y desencuentros entre legitimidades y legitimaciones, pues las
segundas no se corresponden con los requerimientos de las primeras, y la identi-
dad nacional, construida de esta manera, sigue apelando a los mitos fundaciona-
les, a los ancestros comunes, a las prácticas de violencia abierta y oponiéndose al
disentimiento, característica esta última propia de las legitimaciones modernas. Fue,
pues, una identidad imaginaria y precaria que no le otorgó una legitimación válida
al Estado —en el sentido de Habermas— pero sí le otorgó legitimidad basada en
un sistema de imágenes y mitos que aún perviven y, en buena parte, determinan
las prácticas políticas de los sujetos en el Estado nación.

Los mitos fundacionales


Los mitos fundacionales que han operado en Colombia como referente de
identidad con la sociedad mayor, están indisolublemente asociados con los orí-
genes mismos del Estado y la nación; con la ruptura violenta, súbita y radical
del orden colonial y con la manera particular como se institucionalizó el poder
del criollismo.
En el acto fundacional del Estado nacional sólo existieron dos referentes su-
prarregionales o supralocales: el escenario de la guerra con los agentes sociales
que la llevaron a cabo, es decir, el ejército libertador, y el escenario del constitu-
cionalismo, mediante el cual el criollismo legalizó ese acto fundacional violento,
proveyó una estructura jurídica para las relaciones de los individuos entre sí y con
el Estado, y elaboró un discurso de legitimaciones normativas legales y valorati-
vas, válidas en sí mismas pero totalmente ilegítimas por el contexto en que se
intentaron aplicar.
El espacio de la guerra y el espacio de la política se desenvolvieron a través
de la confrontación de dos aparatos primigenios de poder, desde los cuales el crio-
llismo intentó construir el Estado; ellos fueron el ejército libertador y los cabildos
locales. El primero, militarista, jerarquizado, autoritario y pretoriano, planteaba la
necesidad de su continuidad en época de paz como una forma de garantizar el poder
recién adquirido; los segundos estaban ligados a los poderes locales, y eran más
civilistas, antimilitaristas y rebeldes a aceptar un poder que no fuese de su propia

57
creación; es decir, el que emanaba de las asambleas constituyentes, de los parla-
mentos y de las cartas constitucionales por ellos elaboradas16 .
Las confrontaciones entre militares y casacas negras —abogados, periodis-
tas— durante la primera mitad del siglo XIX; las propuestas de abolición del ejér-
cito permanente entre 1850-1880 y el hecho muy particular de que en nuestro país
se celebren dos fechas de independencia en lugar de una: el 7 de agosto, triunfo
del ejército, y el 20 de julio, triunfo de los cabildos, confirman la confrontación de
esos dos aparatos primigenios de poder, aún vigentes.
La guerra y la política, espacios donde surgió un primer horizonte de nación,
fueron elevadas a la condición de actos fundacionales originales; por tanto, las
generaciones sucesivas siguieron reconociendo esos actos fundacionales como el
origen común que les da a los miembros un sentido de pertenencia a una organi-
zación, vinculada con un territorio determinado.
La imagen mítica de un ancestro común refuerza el sentido de la identidad
nacional, por eso los partidos tradicionales señalan sus orígenes precisamente en
los padres fundadores del Estado: Bolívar, cabeza visible del ejército libertador, y
Santander, el hombre de las leyes, y quien estuviera ligado a las prácticas jurídicas
y constitucionalistas del criollismo intelectual; aunque históricamente esté demos-
trado que las dos colectividades tradicionales se iniciaron como partidos orgáni-
cos treinta años después de la independencia (1849-1850 aproximadamente).
Así, Estado, identidad nacional y partidos tradicionales reclaman el mismo
origen, idéntico ancestro, y todo aquello que se salga del marco bipartidista pasa
a ser considerado no como una opción alternativa en el espacio de la política sino
como un ataque a la propia identidad. En esto se enmarca el sistema de justifica-
ciones para excluir y liquidar las opciones contrarias al bipartidismo, en nombre
de la nación y de la patria. Además, este es un factor, entre otros, que explica la
ausencia de terceros partidos con real opción de poder y la pervivencia del bipar-
tidismo, cuando en el resto de América Latina se ha pasado a una estructura múl-
tiple de organizaciones políticas.
En Colombia, el espacio de la guerra y el de política no se desarrolló como
campos separados, con lógicas, prácticas y concepciones sobre el ejercicio del poder
diferentes, como de hecho ha venido ocurriendo en otros países de América Lati-
na donde los militares, herederos de los ejércitos de la Independencia, se han man-
tenido como opción de poder, como alternativa política para solucionar las crisis
de orden civil mediante dictaduras militares y como guardianes pretorianos de la
nación y de la patria.

16. URIBE de H., María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María. Poderes y regiones: problemas en la cons-
titución de la nación colombiana. 1810-1850. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 1987.
Págs. 73-101.

58
En Colombia, por el contrario, el espacio de la política ha hegemonizado y
subsumido el de la guerra formal y no es que esta última desaparezca sino que se
imbrica con la política, se desarrolla en el campo del Estado, en las luchas cruen-
tas y violentas por el control del aparato institucional.
Los conflictos y las crisis que en otros países latinoamericanos se han zanja-
do mediante dictaduras militares, en Colombia se han resuelto por la vía de la
violencia, y ésta, aunque parezca paradójico, más que disgregar y descomponer las
identidades nacionales, ha contribuido a reforzarlas pues los sentidos de pertenen-
cia se han construido en la dialéctica de lo igual y de lo diferente. Las luchas, las
violencias, las sucesivas guerras reforzaron las identidades locales y también las
colectivas a través de los partidos, los sectarismos y la exclusión del contrario. La
liquidación del otro mediante el recurso de la violencia interpartidista actuó como
eje estructurante de la nacionalidad colombiana, como hilo grueso con el que se
anudaron, desigual y conflictivamente, los poderes locales y regionales; donde
residió y se reprodujo el control social.
El Estado nacional, formado a través de procesos tan tortuosos y aquejado de
formas deslegitimantes de tipo histórico, resultó, a la postre, un aparato formal, débil
y sin control sobre los recursos de la coerción; por otra parte, dos consensos for-
mados en torno suyo, que lo proveyeron de alguna base de legitimidad, operaron
más en el ámbito de lo imaginario que en el de los contextos reales y concretos,
donde el poder se ejercía.
Es decir, el poder real, pensado en términos de coerción (violencia), consenso
y legitimidad, residía en los notables y en los patricios de las localidades, indepen-
dientemente de que tuviesen o no una función administrativa, representativa o legal
en el orden institucional estatal. La privatización de lo público ha sido una cons-
tante de la vida nacional. El control y la dirección de la vida política se ejercía más
desde las formas de legitimidad reales que desde el aparato institucional legal; por
ello, la ley, la administración pública, el poder centralizado y unitario; en fin, el
tercero (el Estado) en las relaciones interindividuales, así como en las mediacio-
nes simbólicas, operó muy precariamente y sólo parcial y epidérmicamente hizo
parte de las nociones y los principios que rigieron el comportamiento social colec-
tivamente aceptado. En este contexto, tuvieron un papel mucho más significativo
los sentidos comunes, formados a través de la historia colectivamente vivida, que
legitimaban prácticas, comportamientos, nociones y actitudes más ligadas a las
formas tradicionales de las identidades locales que a los órdenes normativos ra-
cionales y legales del sistema jurídico consagrado en la ley y la Constitución.
Las prácticas privadas de control social y el poder real de las localidades, frente
al poder formalista y legalista del Estado nación, condujeron a la debilidad de lo
público y privatizaron las funciones que en un Estado moderno le competen ex-
clusivamente al ente estatal.

59
De allí que prácticas sociales como las guerrillas y las autodefensas no sean
una novedad en el país; por el contrario, su historia es bien larga, se subsumen e
imbrican también con las guerras civiles decimonónicas, sin confundirse con ellas,
y en el siglo XX reaparecen en varias ocasiones asociadas siempre con las crisis
políticas.

A modo de conclusión
La fragmentación territorial que se corresponde con la fragmentación de las
identidades, de los poderes y de los pueblos, constituye la expresión de procesos
de larga duración, de deslegitimaciones históricas que van dejando su impronta en
el Estado, en la nación, en la identidad, que se podrían resumir así:
– La debilidad del Estado, vista en términos de su incapacidad para monopoli-
zar los recursos de coerción y de la violencia y también en su incapacidad para
generar consensos, tanto en lo que tiene que ver con las creencias en la legi-
timidad como en lo referente a la formación de sistemas simbólicos modernos
de mediación que funcionen como referentes colectivos.
– La debilidad del poder institucionalizado conduce a la apelación a la violencia
física para resolver los conflictos y las divergencias que acompañan siempre
las sociedades y los conglomerados sociales.
– Si el Estado es débil, no lo es menos la sociedad civil, creación y producto del
Estado; nacida en el seno de éste, desarrollada en esa especie de útero protec-
tor e incapaz de albergar alternativas políticas y culturales autónomas de aque-
llas que el Estado respalda e institucionaliza.
– Los límites muy laxos, muy vastos y muy indefinidos entre el Estado y la
sociedad civil, entre lo público y lo privado, condujeron a la privatización de
lo público.
– La inexistencia o carencia de formas culturales colectivas que articulen la vida
social y política y en su defecto, la aparición de una pluralidad de sentidos
comunes, órdenes valorativos, creencias y comportamientos tan diversos que
restringen las posibilidades de generar legitimaciones válidas y mínimos con-
sensos sociales frente al tipo de dominación.

Los tiempos cortos


Las crisis y las alternativas
En tanto que el país fue predominantemente rural, territorialmente disperso,
económicamente fragmentado, culturalmente desintegrado, los imaginarios polí-
ticos y los mitos de origen proveyeron formas de identidad nacional, atrasadas y
tradicionales pero legitimadoras del orden político vigente.

60
Los desencuentros y los destiempos entre el país real y el país formal, se sal-
daron por la vía del mito y éste les proporcionó la creencia en la legitimidad, “que
es una condición esencial para el sostenimiento del orden político”. A su vez, las
crisis sucesivas decimonónicas antes que afectar la identidad con la sociedad mayor,
la reforzaron por el camino difícil de la confrontación partidista y teniendo como
eje la violencia.
Este modo sui generis de legitimidad sólo empieza a quebrarse y a mostrar
sus profundas debilidades, es decir, a entrar en crisis, cuando los referentes con-
cretos de la vida social cambian y el país empieza a hacerse realmente nacional.
Procesos como los de la industrialización sustitutiva y sus demandas sobre la
modernización de la agricultura; la urbanización acelerada, que convirtió las vie-
jas villas decimonónicas en ciudades complejas y superpobladas; la formación de
un sistema integrado de mercado que vinculó espacios y regiones; el desarrollo vial
y de comunicaciones que puso en contacto las territorialidades dispersas y discon-
tinuas; en otras palabras, cuando la vieja trama social empieza a desarticularse y
a disolverse de manera desigual y con diferentes ritmos y tiempos, para dar paso
a otros encuadramientos sociales y sistemas organizativos, y cuando las masas, ese
nuevo fenómeno de la sociedad moderna, empiezan a entrar en el espacio econó-
mico y en el escenario de la política, los viejos dispositivos de poder y de control
social entran también en la vorágine de la crisis y empiezan a mostrar su ineficien-
cia y su inoperancia.
Las localidades, los vecindarios, las parentelas y los caudillismos tradiciona-
les pierden su base sustentatoria y los partidos tradicionales, anudados en estas redes
primarias, comienzan a perder pie, capacidad de control y legitimidad, y lo más
importante, ya no logran acotar o coagular la nación, encerrarla y circunscribirla
en su propia órbita que se desborda y se desparrama sin encontrar nuevos canales
de encauzamiento.
Todo cambio, como el ocurrido en Colombia entre las décadas del treinta y
del sesenta del siglo XX, supone una crisis de crecimiento; es decir, la agudiza-
ción de los conflictos, la polarización de fuerzas, los desajustes sociales, la trans-
formación de mentalidades, de actitudes y de comportamientos; crisis que muchas
veces vienen acompañadas de violencia y de confrontaciones agudas y también del
surgimiento de nuevas alternativas políticas; pero las crisis no constituyen algo
anormal, anómalo o patológico; por el contrario, hacen parte del devenir histórico
de las sociedades, son parte de éste y ningún conglomerado social puede evitarlas
sin someterse al estancamiento y a la disolución.
Las crisis conllevan siempre factores deslegitimantes, pero estos se agravan,
se agudizan y entran en una fase de aceleración incontrolada cuando no aparece
en el horizonte una clase social, un grupo dominante que sea capaz de dirigir la

61
sociedad nacional y responder con eficacia y eficiencia a las nuevas demandas
sociales que el cambio está imponiendo17 ; o cuando las soluciones a la crisis sim-
plemente se posponen, apelando a la fuerza y a la violencia para controlar los
desajustes, los desequilibrios y los conflictos.
En situaciones de crisis, propiciadas por cambios económico-sociales de gran
magnitud, como a los que nos estamos refiriendo, cobran singular importancia los
proyectos políticos y ético-culturales; tanto los de aquellos que manejan el poder
institucional desde el Estado como los de las fuerzas alternativas que intentan
reemplazar las viejas élites y sustituir o transformar el orden político; pero si los
proyectos no existen o carecen de capacidad de convocatoria, las crisis entran en
su fase de aceleración y se configura la deslegitimidad en todos los órdenes de la
vida social, o lo que Gramsci llama la crisis orgánica.
En Colombia, la crisis inducida por procesos de cambio acelerado planteaba
una serie de demandas y de retos sociales que pueden sintetizarse en tres grandes
puntos:
En el escenario de la economía se requería modernizar viejas estructuras pro-
ductivas para reinscribir las masas desplazadas del campo a la esfera industrial y
de los servicios especializados; modernizar los sistemas agrícolas y atrasados
empezando por la estructura y las formas de tenencia de la tierra; desarrollar po-
líticas sociales, tanto para responder a los nuevos requerimientos de los sistemas
productivos como para aminorar los efectos traumáticos de los procesos de creci-
miento sobre los nuevos pobladores urbanos y sobre los habitantes de la ruralidad:
reformas agrarias, laborales, urbanas administrativas que aún espera la sociedad
colombiana. No obstante, es en el escenario económico donde se ha movido la
mayor parte de las iniciativas gubernamentales para solucionar las crisis; o en otras
palabras, es la única dimensión de la sociedad donde se han desarrollado transfor-
maciones tendientes a la modernización más o menos importantes y éste es el
espacio en el cual los proyectos políticos, agenciados desde el Estado, han logra-
do los mayores éxitos. Pese a la violencia, el país ha seguido creciendo y los in-
dicadores económicos expresan una situación considerada como buena en el con-
texto latinoamericano por los organismos internacionales de crédito. Se puede decir
que en el campo económico el país no está estancado.
En el escenario político, una vez descompuestos los dispositivos tradiciona-
les de poder y desligados los partidos de la trama fragmentada donde se sustenta-
ban, se requería fortalecer la sociedad civil y propiciar nuevas formas corporati-
vas y políticas de encuadramiento que respondiesen a las condiciones en que las
masas desarrollaban su quehacer económico y su vida material: sindicatos, corpo-

17. LINZ, J. Juan. La quiebra de las democracias. Alianza Editorial. Madrid, 1985.

62
raciones, gremios, asociaciones y nuevos partidos de carácter clasista que respon-
diesen a expectativas diferenciales y que les permitiesen a los nuevos grupos so-
ciales entrar por sendas más definidas al mundo de la modernidad.
Pero las nuevas organizaciones que trajo consigo el cambio económico social
surgieron, como antes los partidos, en el seno del Estado y de la mano de los par-
tidos tradicionales: allí estuvo el origen de gremios de la producción tan impor-
tantes como la Federación de Cafeteros y la Andi, entre otros. Los sindicatos y las
acciones comunales aparecieron en el escenario de lo público con la insignia de
los partidos tradicionales y los que surgieron como fuerzas alternativas y autóno-
mas terminaron cooptadas por el Estado y alineadas en torno a sus políticas asis-
tenciales como el Movimiento de Usuarios Campesinos, entre otros.
El Estado, el espacio de la política, y la lucha encarnizada de los partidos por
el control del dominio institucional, continuaron gestando en su propio seno las
formas organizativas y corporativas de la sociedad moderna. Fue en el espacio de
la política donde ellas vieron la luz y su primer encuadramiento correspondió a la
dinámica de la lucha interpardista, reforzando esa tendencia que venía del siglo
XIX según la cual la sociedad civil más que una entidad autónoma, era una crea-
ción del Estado.
La carencia de autonomía de la sociedad civil es una de las maneras de exclu-
sión del contrario. A su vez, el ente estatal, mediador por excelencia en los con-
flictos interindividuales e intergrupales que se presentan en la sociedad, pierde
capacidad de maniobra, se restringen sus funciones de mediación y tercería, de allí
que los conflictos sociales, gremiales o corporativos que se desarrollan en la so-
ciedad civil terminan politizándose, involucrando al Estado y rebotando contra éste,
lo que constituye un factor deslegitimante que se enmarca en lo que algunos lla-
man crisis de gobernabilidad. Aquí también encontramos una diferencia sustan-
cial con los otros países latinoamericanos.
Contrario a lo ocurrido en Colombia, en el resto de América Latina esta crisis
del tercer decenio debilitó profundamente el bipartidismo decimonónico, lo cual
hizo aparecer en el escenario político nuevas agrupaciones de carácter clasista: los
partidos comunistas y socialistas, los partidos radicales, las democracias cristia-
nas o socialdemocracias, así como también los populistas, cuyos efectos han sido
muy debatidos pero que cumplieron el importante papel de encuadrar a las masas
urbanas en nuevos contextos políticos que los ligaron orgánicamente con los res-
pectivos Estados, otorgándole a éstos grados diferentes de legitimidad y creencia
en la legitimidad mediante la adopción de sistemas ideológicos diferentes a los de
los moldes tradicionales del siglo anterior.
En Colombia, los tercerismos han fracasado en sus intentos políticos de cons-
tituirse en alternativa, y la izquierda se ha expresado preferentemente en el esce-

63
nario de la lucha armada, contribuyendo con estas actitudes vanguardistas a res-
tringir aún más el espacio político de la nación. Sólo a partir de las elecciones
presidenciales de 1990 empieza a configurarse una alternativa de izquierda con
francas posibilidades de acción en el espacio de la vida política.
Las organizaciones civiles, corporativas y gremiales, por su parte, cooptadas
y manejadas desde el mundo bipartidista o de la izquierda guerrillera, no contri-
buyeron en mayor medida a la solidificación de lo social con relativa autonomía
de lo político administrativo; con lo cual la socionacionalidad está lejos de con-
figurarse y continúa, en la práctica, atravesada por lo regional y lo local.
El escenario de las identidades colectivas era quizá el espacio que requería las
mayores transformaciones y adecuaciones; en tanto que el proceso modernizador
había disuelto, en algunos lugares, tanto los referentes concretos de las viejas iden-
tidades como los valores ético religiosos los controles parentales y vecinales. Así,
los sentidos de pertenencia asociados con viejas banderas y mitos fundacionales
refrendados en el pasado ya no le decían nada al nuevo poblador que luchaba por
el derecho a la ciudad; el obrero industrial que no se enfrentaba a su viejo patrón
sino a una entidad abstracta e inaprehensible que se llamaba sociedad anónima; a
los campesinos desarraigados y lanzados a los espacios vastos para buscar una nueva
vida.
Cuando el país se vuelve nacional se hace más urgente la búsqueda de una
verdadera conciencia nacional que, como dice Habermas, es la única forma de
conciencia en la modernidad. Por ello, se requería forjar una nueva identidad co-
lectiva que les permitiese a los miembros autónomos de las redes tradicionales
inscribirse en otras tramas sociales: en las del mercado como sujetos privados y en
las de la democracia como ciudadanos autónomos; regidos ahora por los princi-
pios del derecho y la moral, convertidos en referentes colectivos de las relaciones
sociales tanto públicas como privadas.
Se requería, además, la adopción de una identidad de corte nacional susten-
tada en un esquema de valores seculares, laicos fundamentado en el derecho ra-
cional y abstracto. En suma, se necesitaba un proyecto ético y cultural acorde con
las demandas de la modernidad.
El proyecto liberal decimonónico buscaba con el cambio de referentes con-
cretos, convertirse en el eje articulador de un proyecto político para la dirección
del Estado; de hecho el intento más importante para lograr esto se hizo bajo las
banderas de ese partido durante el primer gobierno del doctor Alfonso López Puma-
rejo; el tiempo histórico ponía al grupo liberal a la cabeza de un programa efecti-
vamente modernizante, pero la historia colectivamente vivida por el bipartidismo
colombiano, la tradición de lucha cruenta y violenta asociada precisamente con la
defensa o el ataque de ese esquema valorativo liberal —los derechos civiles y

64
políticos, la secularización del Estado, la ética laica, las reformas sociales— cum-
plieron el papel de revivificar los viejos mitos, las viejas banderas, el sectarismo
a ultranza, los odios heredados y la práctica de la violencia para liquidar al contra-
rio. Los destiempos y los desencuentros que están en el sustrato histórico de este
país, reforzaron, pues, el imaginario político decimonónico, relegitimaron los
partidos tradicionales y en lugar de una nueva ética o de una cultura articuladora
y de una efectiva modernización del aparato estatal, la violencia volvió a desem-
peñar un papel de eje integrador de la nacionalidad, involucrando a las masas en
los viejos odres del bipartidismo con lo cual se configuró un gran vacío ético y
cultural que constituye el origen de la disgregación de nuestro actual tejido social.
El escenario político no se modificó, las identidades nacionales continuaron
ligadas a los partidos de siempre; la violencia no permitió la adopción de valores
democráticos y civilistas y la crisis se precipitó de la manera más dramática y más
cruenta que fuese posible imaginar.
Este estallido incontenible que dejó múltiples víctimas y cambió la distribu-
ción espacial de la población en el país, asumió el color de los partidos, el matiz
de la vieja tradición y la dimensión del espacio político acotado por el bipartidis-
mo que constituyó por mucho tiempo el único referente de identidad nacional. A
este período de aceleración de la crisis se le ha denominado tradicionalmente en
Colombia La Violencia.
La manifestación de la crisis, su expresión y la manera como fue percibida
por analistas y gentes del común fue la política —violencia bipartidista—; lo que
resultaba completamente coherente con el proceso de deslegitimaciones históri-
cas, imbricado, subsumido y acotado por la política; ese fue el escenario visible y,
dados los ejes de pervivencia histórica, no podía ser de otra manera. Pero la vio-
lencia, acorde con el carácter múltiple de la crisis, se desarrolló también en otros
escenarios: el de la lucha por la tierra, no enmarcado en la violencia partidista; el
de las confrontaciones por el poder local entre viejas y nuevas élites con frecuen-
cia del mismo partido; el de los intereses económicos por el control de los territo-
rios potencialmente ricos en recursos naturales, recientemente articulados a la red
vial nacional; el de las viejas rencillas entre localidades por el poder regional; el
de los problemas entre vecinos y parentelas; el de los intereses clasistas que se
movían a través de sindicatos recién fundados u organizaciones corporativas per-
cibidas como real o potencialmente peligrosas; el de los intereses privados por el
enriquecimiento fácil; el de las intolerancias frente a modos de vida y de compor-
tamiento que rompían con las costumbres tradicionales, el de la vía rápida para
saldar cuentas laborales, contratos de trabajo, evasión en el pago de mejoras a los
campesinos; en fin, en los múltiples escenarios en los cuales se vivía el desajuste
y los conflictos propiciados por la entrada del país a la modernización.

65
En este contexto de violencias múltiples y disgregadas, de contra respuestas
igualmente cruentas por parte de los afectados; de guerrilla y contraguerrillas; de
chusmas y contrachusmas, de bandoleros y policías; de militares y pájaros que se
confundían y se identificaban en sus prácticas violentas y justicieras, terminó in-
volucrada la población campesina que nada tenía que ver con el asunto.
En este desorden nacional no había espacio para ninguna propuesta ética o
cultural. Era imposible que prosperasen formas de identidad colectiva diferentes
a las tradicionales o que el espacio político se abriese a nuevas alternativas para
que el Estado se legitimara o se fortaleciera; por el contrario, la respuesta a la
violencia ejercida desde el aparato sólo fue un índice más de su pérdida de poder.

La coyuntura actual
Los partidos y el Estado
La crisis de legitimidad, sólo parcialmente resuelta, congelada, pospuesta,
postergada por varias décadas, terminó afectando el tejido social y atomizando todo
el contexto político; lo que hace pensar no en una crisis de crecimiento sino en una
crisis de descomposición de vastas o innegables proporciones, cuyas dimensiones
múltiples pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

La crisis de representatividad
Al firmar la paz política mediante el pacto del Frente Nacional y deponer las
armas de la lucha por el control del aparato estatal, los partidos tradicionales ter-
minaron por deslegitimarse pues lo que era su eje articulador (la violencia) dejaba
de serlo, y aunque parezca paradójico, la desaparición del sectarismo constituyó
un golpe para la adscripción o el mantenimiento de las masas en sus filas. Perdi-
dos los anclajes en la sociedad civil, sólo era posible mantener la relación de las
masas con el partido y del Estado con la sociedad a través del clientelismo, y éste
terminó por imponerse, desplazando los símbolos, los mitos y las imágenes que
habían mantenido alguna forma de legitimidad en décadas anteriores.
Los viejos proyectos políticos no podían revivirse porque a ellos estaba indi-
solublemente asociada la violencia y estos temas resultaban eminentemente sen-
sibles para volver sobre ellos en un período de paz política; quizá por eso ambas
colectividades optaron por la adopción de propuestas inscritas en la ideología de
la modernización y el desarrollo económico.
Los temas de la inversión pública, la balanza de pagos, el control monetario,
la racionalización del gasto, las formas intervencionistas y benefactoras del Esta-
do, los procesos de planeación sectorial y regional, los controles al desarrollo
urbano, los programas de modernización de la agricultura, las políticas contra el

66
desempleo, la expansión vial y de mercados, la exportación y la deuda externa,
fueron, entre otras, las preocupaciones de los intelectuales de los partidos tradi-
cionales durante las últimas décadas; y los temas programáticos de su ejercicio
político, las plataformas ideológicas y la fuente nutricia de las campañas electora-
les los que si bien respondían a necesidades urgentes inaplazables de la sociedad
colombiana, se diseñaron sólo para la sociedad mayor sin tener en cuenta los te-
rritorios excluidos y los espacios vastos; además, dejaron de lado otros aspectos
tan importantes como los proyectos políticos y ético culturales.
Este énfasis estrictamente técnico-económico terminó por desdibujar las vie-
jas fronteras ideológicas del bipartidismo, produciendo efectos deslegitimantes muy
graves sobre estas colectividades como también sobre el Estado, con el cual éstos
se confundieron siempre y más aún durante el Frente Nacional y los gobiernos
subsiguientes.
La macrocefalia del Estado, por un lado, y su desconexión política-ideológi-
ca con las masas, por otro, acentuaron las formas clientelistas, potenciándolas en
la misma medida en que el Estado crecía, pues cada día eran mayores y más ex-
tendidos los recursos de la burocracia y las funciones de Estado interventor y
desarrollista con el cual los políticos podían contar para reproducirse como casta.
El intercambio de votos por servicios terminó por acentuar la privatización de lo
público, debilitando aún más el aparato estatal que pasó a ser grande, ineficiente
y carente de poder.
No obstante, el clientelismo, con todos los efectos problemáticos que pueden
atribuírsele, ha tenido una virtud que bien vale la pena resaltar: ha constituido,
durante las tres últimas décadas, el único lazo de contacto y relación entre el po-
blador común y los organismos institucionales del Estado, manteniendo, así sea
de manera formal y epidérmica, la creencia en la legitimidad, sustentada en un
proceso electoral restringido y defectuoso pero al cual siguen acudiendo las masas
cada cuatro años. Sin clientelismo la deslegitimación del Estado hubiese sido de
más hondas proporciones.
El énfasis técnico-económico de los proyectos desarrollados en este período
de la vida nacional, tuvo otro efecto colateral que de alguna manera coadyuvó a la
aceleración de la crisis: al convertir los asuntos del Estado en problemas económi-
cos y técnicos especializados que exigían no sólo una alta capacitación sino tam-
bién una verdadera especialización para tratarlos, y al desaparecer del escenario
público los debates ideológicos y políticos propiamente dichos, el parlamento, por
su composición, fue perdiendo iniciativa, capacidad para debatir los macroproyectos
del Estado y para incidir de manera efectiva en la dirección de la colectividad social.
Este saber especializado fue pasando al ejecutivo y a la administración central, y
el Congreso, otrora espacio por excelencia de la democracia y de la representación

67
del conjunto de la sociedad mayor, dejó de serlo; lo que unido a prácticas cliente-
listas y de corrupción lo llevó a un desprestigio tan grande que hoy se le considera
como uno de los mayores factores de la crisis. La reforma constitucional de 1968,
que fortaleció al ejecutivo, acentúa un proceso que ya venía de tiempo atrás.
Lo que quiero resaltar aquí son los efectos políticos e institucionales produ-
cidos por la unilateralidad de las propuestas políticas del período y sus impactos
sobre los partidos tradicionales y sobre la legitimidad del Estado, expresada bajo
las formas de crisis de representatividad.
Esta modalidad de la crisis apunta a señalar la situación que se presenta cuan-
do las masas empiezan a separarse de sus partidos tradicionales a través de los cuales
se han venido expresando; cuando ya no se sienten representadas por los hombres
que dirigen y comandan esas colectividades, cuando los principios ideológicos y
programáticos de esos partidos ya no responden a las aspiraciones y a las deman-
das de vastos sectores de la población, y cuando, incluso, los símbolos y las imá-
genes políticas que de alguna manera constituyeron referentes de identidad, dejan
de serlo18 .

Crisis de gobernabilidad
La crisis de gobernabilidad ocurre cuando el Estado y las instituciones que lo
representan dejan de ser eficientes y eficaces para responder a las demandas so-
ciales, bien porque éstas se incrementan como efecto de procesos económicos de
crecimiento con sus impactos sobre los desajustes y las tensiones sociales que ello
supone; bien porque las carencias ancestrales de sectores poblacionales y territo-
riales tradicionalmente excluidos empiezan a hacerse oír y a entrar en el escenario
de lo político; en fin, a hacerse visibles; o bien porque la institución estatal resulta
incapaz —carente de poder— para realizar las reformas político-institucionales y
sociales que se requieren para responder de alguna manera a esas demandas que
vienen desde la base. En el caso colombiano, la crisis de gobernabilidad combina
estas tres dimensiones.
El proyecto exclusivamente técnico-económico desarrollista ligado a los prin-
cipios de la modernización, mas no de la modernidad, logra transformaciones
importantes en la vida social y económica del país, pero no repara en los efectos
sociales que ello conlleva; baste mencionar sólo algunos: los impactos de los macro-
proyectos energéticos del Estado (electricidad, petróleo, carbón) en regiones poco
integradas a la sociedad mayor y mantenidas durante muchos años como espacios
vastos o como pequeñas localidades ligadas aún a formas de vida pueblerina, vecinal

18. ARENDT, Hanna. La crisis de la República. Taurus Ediciones. Madrid, 1975.

68
y campesina; la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo, en estos espa-
cios, de procesos agrícolas empresariales, denominado por algunos de capitalis-
mo salvaje por la ausencia o relativa inoperancia de la función reguladora y orde-
nadora del Estado —caso Urabá, Magdalena Medio, Guaviare y Caquetá—; el
cambio en la orientación de la estructura vial nacional dirigida ahora hacia el
mercado interno articulando económica o infraestructuralmente localidades y re-
giones antes dispersas y desagregadas; el cambio en el nivel de la educación for-
mal de la población colombiana que produjo más profesionales y técnicos dismi-
nuyendo sensiblemente el analfabetismo y elevando los grados de escolaridad de
las masas urbanas y campesinas sin que esa apertura tuviese expresión en mayores
y diferentes posibilidades de empleo, con lo cual se frustraron las expectativas del
ascenso y cambio para vastos sectores sociales; además, la revolución en el siste-
ma educativo elevó los niveles de capacitación pero no formó ciudadanos. Estos
procesos de crecimiento económico, infraestructural y administrativo, operados
durante los últimos treinta años en Colombia y los impactos sociopolíticos y cul-
turales por ellos producidos dejados a la deriva y librados a su propia suerte, no
sólo lograron hacer visible lo que antes era invisible sino que multiplicaron las
demandas y los requerimientos sociales, acentuando las expresiones de ingober-
nabilidad de la cual los paros cívicos, las marchas campesinas, las movilizaciones
de barrios y periferias y las huelgas son sólo la punta del iceberg de un proceso
mucho más complejo y de más hondas raíces.
Además de las crecientes demandas de los sectores populares, de la sociedad
mayor, en los territorios tradicionales de la exclusión, se vive también una trans-
formación muy sugestiva: estos sectores empiezan a hacerse visibles, a demandar
apoyo del Estado, a exigir participación, a reclamar atención, a entrar en el espa-
cio de lo público, a construir fuerzas sociales, corporativas y regionales; a movi-
lizarse social y políticamente produciendo efectos de diferente orden en la socie-
dad mayor sin encontrar espacios institucionales a través de los cuales manifestar-
se y participar en la vida social.
La crisis de gobernabilidad es una manifestación de la deslegitimación del
Estado, mas si no se atiende y no se resuelve termina por asumir una dinámica propia
que descompone la esencia misma del Estado de derecho.
Si el Estado es ineficaz para dar salidas institucionales a las normales tensio-
nes y conflictos de una sociedad que crece y se transforma aceleradamente, esas
demandas y esos conflictos terminan desbordándose y la respuesta estatal empie-
za a tornarse esencialmente represiva. Utilizar la fuerza institucional para contro-
lar un desorden público producido porque el Estado no actúa, termina restringien-
do y limitando las instituciones de la democracia activa —los derechos de movi-
lización, de expresión, de reunión, de asociación— y los principios tutelares del

69
Estado de derecho —el respeto por los derechos humanos y por los derechos so-
ciales y ciudadanos—.
La represión, a veces incontrolada y excesiva del Estado, es el índice más claro
de su pérdida de legitimidad y de poder. La muestra más fehaciente es su incapa-
cidad para gobernar, es decir, la crisis de gobernabilidad.
Los problemas de la ingobernabilidad están referidos también a la estrechez
del espacio político y al carácter restringido de la llamada democracia colombia-
na. Estas restricciones no apelan, como algunos lo afirman, a los cierres del siste-
ma bipartidista que por lo demás ha sido bastante laxo e impreciso, o a la mono-
polización del poder en pocas manos, sino más bien al pequeño ámbito en el cual
opera, dejando por fuera del control, de la dirección y de la conducción del Esta-
do, amplios territorios, sectores y grupos sociales que quedan librados a su propia
suerte.
Lo que se le ha reclamado a los gobiernos de los últimos años no es que hayan
monopolizado el poder sino, por el contrario, que no hayan tenido una dimensión
verdaderamente nacional ni un ámbito territorial que llegue a todos los rincones del
país y que el control político social haya operado sólo mediante la fuerza y la vio-
lencia. Antes que monopolizado, el poder ha estado dramáticamente fragmentado.

Los contrapoderes y los parapoderes:


La dinámica de la lucha armada

Los contrapoderes
Si bien el Estado colombiano nunca tuvo el patrimonio exclusivo de las armas
ni el control institucional sobre los mecanismos de la coerción, los cuales han sido
más privados que públicos, las propuestas sustitutivas del orden político vigente,
agenciadas desde lo militar por la lucha guerrillera, significaron un cambio drás-
tico en las prácticas violentas asociadas con los procesos de lucha por el poder del
Estado; en este caso no se trataba de una confrontación armada que se desarrollara
en el Estado, en el espacio de la sociedad mayor, sino de una lucha por la destruc-
ción del Estado, de sus Instituciones representativas y de la clase social que lo había
comandado, para sustituirlas por otras, nacidas de una revolución de vastas pro-
porciones cuyo objetivo era instaurar una suerte de dictadura del proletariado a la
manera de Europa Oriental, de Cuba, de Vietnam; en fin, del modelo comunista
que aparecía como un horizonte de posibilidad para algunos de los sectores tradi-
cionalmente excluidos de la nación, para los nuevos intelectuales surgidos de los
cambios educativos y para sectores que se movilizaban sin encontrar un rumbo
cierto a sus demandas.

70
El Frente Nacional y los gobiernos subsiguientes, con su proyecto excluyen-
te, hicieron lo suyo, pero otros factores tuvieron que ver en el surgimiento y con-
solidación de la alternativa guerrillera. Viejas prácticas socioculturales de corte
militar —que venían desde la Independencia, habían reaparecido durante el siglo
XIX y se habían vuelto a expresar durante la violencia de los años cincuenta— hacen
que la lucha armada contra el poder institucional no fuese una novedad sino más
bien una referencia inscrita en la memoria colectiva, una alternativa conocida,
manejada de vieja data, involucrada en el sentido común de varias generaciones y
perfectamente compatible con las prácticas político-partidistas de antaño.
En Colombia, el espacio de la guerra y el de la política siempre han estado
confundidos, imbricados; por ello, la adopción de la resistencia armada era cohe-
rente y congruente con los ejes de pervivencia histórica; por otro lado, la modali-
dad de lucha guerrillera hacía parte de toda una estrategia manejada por la izquier-
da latinoamericana de los años sesenta y setenta, refrendada por el triunfo de la
revolución cubana y aceptada por todos aquellos que intentaban una nueva defi-
nición del Estado y la nación, populares, democráticos y socialistas. Por ello, la
alternativa de una fuerza armada, con estructura de mando militar y con el proyec-
to sustitutivo y comunista para el Estado y la nación, adquiría dimensiones desle-
gitimantes y disgregadoras más profundas que las anteriores manifestaciones vio-
lentas de lucha interpartidista por el poder del Estado.
Si la vieja violencia interpartidista tuvo un carácter reforzador de los referen-
tes simbólicos y las imágenes políticas del bipartidismo, la guerrilla, situada en el
espacio del contrapoder y en el contexto internacional de la guerra fría y de la lucha
entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y socialismo, significaba un elemen-
to desintegrador, fracturante y de gran riesgo para el Estado y los sectores domi-
nantes, aunque los triunfos militares y políticos de la guerrilla no fuesen tan serios
como para poner a tambalear el aparato estatal o el orden social.
Más que de los triunfos contra el Estado, la guerrilla se alimentó de las viejas
y las nuevas exclusiones, prosperó allende las fronteras histórico-culturales de la
sociedad mayor, en los espacios vastos y en aquellos que se articularon al proceso
de desarrollo económico por la vía del capitalismo rapaz; de las zonas donde la
resistencia campesina a la violencia había propiciado formas de colonización ar-
mada o estratégica; de las frustraciones y las demandas insatisfechas propiciadas
por la crisis de gobernabilidad; de la lenta y pertinaz deslegitimación de los par-
tidos tradicionales, de su crisis de representatividad y, también, del horizonte de
posibilidad y de futuro que los contrapoderes le abrieron, tanto a los sectores medios
intelectuales como a miembros jóvenes de las viejas élites locales y regionales,
venidas a menos.
Las guerrillas, como organizaciones militares, no han sido muy grandes si se

71
les compara con el miedo que suscitaron en los sectores y estamentos de la socie-
dad mayor, quienes magnificaron la amenaza que su existencia despertaba, propi-
ciando la generación de formas de anticomunismo fundamentalistas primarias que
de alguna manera incidieron en el fracaso de los intentos de paz llevados a cabo
durante el gobierno de Belisario Betancur y que han posibilitado el desarrollo de
prácticas selectivas de asesinato contra los agentes de proyectos alternativos en el
campo de la política —como la Unión Patriótica o el Movimiento 19 de abril,
M19— o en el espacio de lo social: sindicalistas, líderes cívicos, campesinos e in-
telectuales.
Ese miedo a lo otro, a los excluidos, a los opositores, a aquellos que la socie-
dad mayor mantuvo allende las fronteras culturales y sociales, se agudizó no sólo
porque los excluidos empezaron a visibilizarse, entrando con sus demandas y sus
organizaciones propias al escenario de lo público, sino también porque al prome-
diar los años setenta la guerrilla empezó, con dificultades, a moverse en el contex-
to de la sociedad mayor y a plantear una estrategia de vinculación con los sectores
laborales, con los pobladores de las grandes ciudades y a buscar escenarios más
visibles para sus acciones.
Esta nueva estrategia les permitió, a los grupos guerrilleros apropiarse de las
demandas públicas de los excluidos, arrogarse su representación y convertirse en
la vanguardia de toda movilización social que pusiese en jaque la eficiencia del
Estado.
Para los excluidos, sus nuevos salvadores fueron tan excluyentes como el viejo
bipartidismo en tanto que no lograron, salvo en espacios restringidos, crear reales
lazos orgánicos con los sectores que decían representar.
El miedo de la sociedad mayor se alimentó también de la violencia guerrille-
ra, de sus prácticas delincuenciales como los secuestros e impuestos de guerra; de
sus métodos autoritarios de control social y de las confrontaciones ejército-guerri-
lla donde los grupos campesinos y los pobladores urbanos fueron los perdedores.
Ese miedo primigenio de las élites sociales al comunismo terminó por refren-
darse en teorías latinoamericanas sobre la seguridad nacional y en la desinforma-
ción, agenciada desde los centros capitalistas, que vieron en el Este, en los gobier-
nos socialistas y en los partidos comunistas los nuevos demonios de la moderni-
dad.
Quizá por eso, todo aquello que pusiese en cuestión el ejercicio político del
Estado y de los partidos fue mirado con una inmensa desconfianza, mucho más si
provenía de las masas o de los espacios de los excluidos, en los que se reconocía
alguna influencia guerrillera; de ahí que a las tensiones y a los conflictos de carác-
ter social, expresados a través de movilizaciones populares, se les diera un trata-
miento esencialmente militar, de aplicación de la fuerza del Estado, y así, un pro-

72
blema complejo que demandaba respuestas y acciones de gobierno se reducía a un
asunto de orden público.
La paulatina militarización de los conflictos y la opción esencialmente mili-
tar, adoptada tanto por la guerrilla como por el Estado, anuló la dimensión política
y ético-cultural de los proyectos estatales y de los opuestos a éste. La política quedó
subsumida y ahogada por las prácticas militares de ambos lados y en cierta medi-
da sometida a la lógica de la confrontación armada, a las necesidades tácticas y
estratégicas de la guerra que muchas veces fueron en sentido contrario a los re-
querimientos de la política.
El movimiento guerrillero, con casi cuarenta años de subsistencia en el terri-
torio colombiano, tampoco logró la constitución de un solo frente de lucha. Éste,
fracturado, diferenciado, escindido, atravesado por diferencias regionales y por
adscripciones ideológicas distintas, no logró crear consensos de corte nacional; su
control territorial fue, y sigue siendo, eminentemente regional y multipolar. Estas
evidentes contradicciones internas, que muchas veces se resolvieron por la vía de
la violencia, fueron aprovechadas por el gobierno para negociar la paz con unos y
hacer la guerra con otros, contribuyendo de esta manera a crear una mayor confu-
sión, a disminuir la credibilidad tanto en el poder como en el contrapoder y a di-
ficultar la identificación de reales o presuntas violaciones a los acuerdos de paz y
a las treguas débilmente pactadas; lo que evidenció tanto la debilidad del Estado
para hacer cumplir sus mandatos a las autoridades civiles y militares bajo su con-
trol, como la debilidad de los contrapoderes para hacer respetar las decisiones
adoptadas por sus cúpulas en todos los frentes guerrilleros dispersos en la intrin-
cada geografía nacional.
Así, la intensificación de la lucha armada en los finales de los años setenta y
las traumáticas experiencias de la paz negociada durante los últimos años, antes
que polarizar las relaciones poder-contrapoder, multiplicaron los focos de violen-
cia, los fragmentaron y los dispersaron, dificultando aún más la posibilidad de
encontrar una salida unificada a los conflictos y a las confrontaciones de los últi-
mos cuarenta años.
La tendencia prevaleciente y reiterada de confundir y mezclar la guerra con
la política se acentuó en la última década del siglo XX, multiplicando los agentes
de la violencia y los escenarios de la misma.
La respuesta oficial, tanto a los conflictos sociales expresados en la crisis de
gobernabilidad como al permanente reto de los alzados en armas, ha sido esencial-
mente unívoca, unilateral; es decir, se ha manejado bajo la óptica restringida del
orden público, dejando en manos de las fuerzas militares y de la policía la solu-
ción de conflictos de muy diferente orden a los cuales se les ha aplicado preferen-
temente el tratamiento de la contrainsurgencia.

73
Los parapoderes
Las prácticas de la contrainsurgencia que llevan más de cuarenta años y que
se han incrementado al mismo ritmo del crecimiento de los conflictos, en lugar de
fortalecer el Estado como principio de autoridad, más bien lo han debilitado, cau-
sando, a su vez, crisis y fracturas tanto en las fuerzas represivas del Estado como
en el sistema judicial del país.
El uso de la fuerza pública como mecanismo de control del orden público tiene
unos umbrales de eficiencia; cuando esos límites se desbordan, el control del or-
den termina por convertirse en un nuevo factor de desorden y violencia que lleva
al aparato legal a una crisis de proporciones más vastas y más dañinas que las
producidas por los contrapoderes; es precisamente esto lo que se denomina la
desinstitucionalización y consiste en que las instituciones del Estado —visto en
sus tres aspectos: Estado tout-court, Estado de derecho y Estado democrático—
no sólo dejan de responder a las funciones para las que fueron pensadas, sino que
pierden su eficiencia y, además, se desnaturalizan y se pervierten, actuando a veces
contra los objetivos para los cuales fueron creados.
La desinstitucionalización tiene también una dimensión de inorganicidad que
consiste en la pérdida de lazos articuladores entre las instancias y aparatos del poder
público; las partes se separan, se atomizan y dejan de responder a una lógica ge-
neral para moverse independiente y descoordinadamente. La inorganicidad es en
el Estado el correlato de la atomización en la sociedad civil.
La desinstitucionalización es, pues, el resultado de una crisis no resuelta,
pospuesta, prolongada, y de la disminución paulatina del espacio público a su mera
dimensión de control del orden público, cuya expresión constitucional ha sido el
estado de sitio semipermanente bajo el cual ha vivido el país en los últimos cua-
renta años; lo que ha producido no sólo el desgaste de este instrumento para ma-
nejar situaciones de excepción sino también la desinstitucionalización de la vida
política colombiana y la pérdida paulatina del control y la dirección de los secto-
res civiles dominantes en el Estado.
Los más severos efectos desinstitucionalizantes se pueden resumir en los si-
guientes puntos:
La emancipación paulatina de las fuerzas armadas y su desconexión, y a ve-
ces confrontación, con los poderes civiles. Cuando estos últimos pierden la direc-
ción del control del orden público y este se convierte en un asunto esencialmente
militar no sólo se está desvirtuando el mandato constitucional sino que se están
desplazando los centros de poder y también las posibilidades de dirección de la
vida social del país, planteando situaciones claras de doble poder en el Estado: el
civil y el militar, con lo cual se precipita la escisión del Estado; cada entidad marcha
por un rumbo, a veces distintos entre sí.

74
La insurgencia y la contrainsurgencia desarrolladas en el contexto de una guerra
prolongada han producido muchos muertos de ambos lados y odios recíprocos,
alimentados con actos de barbarie como las emboscadas, las violaciones, las tor-
turas y las desapariciones. Así, la guerra deja de ser un asunto público para con-
vertirse en un problema de resentimientos, de odios personales y la justicia da paso
a la venganza, lo que ha desplazado los viejos escenarios de la guerra hacia los
nuevos espacios de las masacres y de las acciones violentas y retaliativas sobre la
población civil, supuestamente simpatizante de uno u otro de los contendientes.
El incremento de la violencia, o mejor de las violencias, y la respuesta esen-
cialmente represiva han conducido no sólo a aumentar el pie de fuerza y el presu-
puesto militar durante los últimos años sino a multiplicar las funciones, los orga-
nismos y los controles que se ocupan de este problema, con innegables efectos sobre
la descoordinación, la superposición de jurisdicciones, la complejidad administra-
tiva y el incremento de las tensiones y conflictos entre los organismos de seguridad.
El aumento de los efectivos y los presupuestos, en lugar de producir una efi-
cacia mayor, se expresa en inercia e ineficacia, las cuales contribuyen a alimentar
los fenómenos de la impunidad.
El relativo agotamiento de los recursos institucionales con que cuenta el Es-
tado para hacerle frente a la violencia generalizada y a los fenómenos de la impu-
nidad, unidos a un sentimiento de desamparo y de desprotección de las gentes que
habitan en territorios de exclusión o de relativo control guerrillero, condujeron a
la adopción de una propuesta paramilitar, mediante la cual las fuerzas institucio-
nales de control del orden público se apoyaron en grupos locales y organizaciones
sociales de diverso orden y de composición social muy compleja que asumiría por
cuenta y riesgo su defensa cubriendo espacios cada vez más amplios.
Esta propuesta paramilitar significó, ni más ni menos, el paso de la seguridad
ciudadana, bien público por excelencia y fundamento ético del Estado de derecho,
al control privado, y la renuncia, por parte del Estado, al monopolio de la fuerza
legítima, no porque un contrapoder se lo arrebatase en el escenario de una guerra
abierta sino por la cesión gratuita de este monopolio a un parapoder, cuyos meca-
nismos de control se escaparon a las posibilidades de un gobierno débil. Rápida-
mente estos parapoderes empezaron a actuar por cuenta propia, a veces en contra
del mismo Estado.
El paramilitarismo y los grupos de autodefensa constituyen hoy uno de los
factores deslegitimantes de mayor envergadura en la sociedad colombiana; ellos
completan la espiral de la privatización de lo público, desdibujan el principio es-
tatal del orden y organizan y permiten el incremento de la impunidad.
La seguridad deja de ser un asunto de la esfera pública, un patrimonio exclu-
sivo del Estado y se desliza hacia la órbita de lo privado, de los intereses particu-

75
lares; con ello la justicia por mano propia pasa a ser el recurso individual para
obtener alguna forma de seguridad y garantizar la propia vida.
El Estado institucional pasa a ser reemplazado en su función primordial, la
seguridad, por un paraestado; la desinstitucionalización da paso a la parainstitu-
cionalización, y en tanto que el Estado se deslegitima, el paraestado empieza a ganar
consenso y apoyo social porque se muestra eficaz en el control del orden; no del
orden público sino de un orden privado, impuesto a través de la violencia; así, el
poder institucional pasa a convertirse en un factor, entre otros, de los que coexis-
ten conflictivamente en un territorio determinado.

El narcotráfico o la negación del Estado


Contrario a la dinámica social de los contrapoderes y los parapoderes, que
tienen una expresión política claramente ligada con el Estado, bien porque buscan
sustituirlo, bien porque buscan reforzarlo, el narcotráfico carece de dimensión
política aunque se enmarque en una dinámica internacional o se enfrente en una
guerra cruenta y terrorista contra el aparato estatal. El narcotráfico es, ante todo,
una actividad económica ilegal cuyas altísimas tasas de ganancia provienen, en
parte, de una prohibición del negocio y de su sanción penal, y en parte de una
demanda internacional creciente e incontrolable ligada con un deseo que de algu-
na manera la droga satisface.
La ilegalidad de está actividad supone, de principio, una confrontación con el
Estado, en tanto que para realizarse requiere la neutralización o al menos la eva-
sión de los mecanismos de control que opone el Estado en su contra —corrupción
e impunidad—. Se trata, pues, de una actividad delincuencial que no difiere en
esencia de otras formas de delito común, salvo por la magnitud de los recursos con
que cuenta para cumplir su cometido; delito común que se enmarca en lo que Hanna
Arendt llama desobediencia criminal por oposición al concepto de desobediencia
civil19 .
El desobediente criminal, es decir, el transgresor común, aunque pertenezca
a una organización, actúa sólo en beneficio propio, con un interés esencialmente
privado y desafía el asentimiento público de los demás ciudadanos representado
en la ley y la norma, sometiéndose únicamente a la violencia ejercida por las ins-
tituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Lo que intenta el desobediente criminal no es sustituir el orden establecido por
la vía de las armas, como lo hace el revolucionario, el contrapoder; o reforzar y
suplir las carencias del aparato estatal como lo hace el parapoder; el desobediente
criminal intenta precisamente anular, mediante la fuerza, las posibilidades de ac-

19. Ibid.

76
ción del Estado, la existencia de la ley y la vigencia de cualquier referente público
que genere consenso.
Al desobediente criminal no le sirve ningún tipo de Estado, de ley, de régimen
político o de referente público que apele a mínimos principios de orden y organi-
zación; su desarrollo depende, por el contrario, de la negación del Estado, de la
impunidad como medio de lograr sus fines privados y de la corrupción como es-
trategia para anular la acción de éste. El carácter de su desobediencia criminal, así
se enfrente mediante la confrontación abierta al Estado, no le otorga sentido po-
lítico a su quehacer por el contrario, éste es la negación de lo político, la anulación
de lo público, la ineficacia de la ley.
Declararle la guerra a los desobedientes criminales, como se ha hecho, es, en
cierto modo, otorgarles estatuto de beligerancia e introducirlos en un contexto de
treguas, amnistías, rendiciones y diálogos. Es decir, es darle sentido político a un
asunto que no lo tiene y convertir el país en el escenario nacional de un agudo
problema internacional.
El contexto del narcotráfico es el del delito. Las alternativas de solución de-
ben enmarcarse en la despenalización o la instauración de sistemas internaciona-
les de juicio, procesamiento y castigo, pues tanto las acciones violentas y terroris-
tas de los narcotraficantes como las respuestas violentas del Estado colombiano y
sus agentes, han elevado la espiral de conflicto y muerte a niveles que sólo son
comparables con los de países en guerra.
Aunque no es este el lugar para hacer un análisis del impacto político-social
del narcotráfico en Colombia —cuya pertinencia es impostergable— es evidente
que su vertiginoso crecimiento se alimentó de las viejas y nuevas deslegitimida-
des; de la debilidad del Estado, de los altos umbrales de tolerancia a la violencia,
del ámbito restringido de las identidades colectivas, de la desinstitucionalización
del aparato estatal, de su fragmentación; en suma, de la debilidad de la sociedad
civil y del Estado; deslegitimidades históricas de larga duración donde una activi-
dad ilegal y criminal pudo desarrollarse sin mayores problemas en sus inicios.
El narcotráfico se alimentó también del buen horizonte económico que le abrió
a gentes excluidas de los canales formales y legales del enriquecimiento y el bien-
estar social, quienes vieron en esa actividad la posibilidad de acceder al mundo
moderno del consumo, de la riqueza y de la ostentación.
El reto de los desobedientes criminales y la repuesta estatal a través de una
mal llamada guerra, que no deja ganadores ni perdedores, constituye la culmina-
ción de un proceso de deslegitimación institucional de vastas proporciones que
afecta de manera seria el tejido social y le cambia de signo a la crisis que pasa a
ser atomizante e inorgánica.

77
Crisis de descomposición
A su vez, la crisis de descomposición no es pasiva; por el contrario, asume
una dinámica y una aceleración cuyo símil más preciso es el de la bola de nieve,
genera nuevas mentalidades y subculturas muy complejas, portadoras de nuevos
símbolos, lenguajes, sistemas de relaciones y actitudes ante la vida y la muerte y
ante el futuro y el pasado, las cuales se recrean y amplían, dándole sentido a un
quehacer donde la violencia se convierte en centro dinamizador. El delincuente
juvenil ligado al sicariato es una clara expresión de este proceso.
La coyuntura actual de aceleración de la violencia y de cambio de signo de la
crisis, no puede entenderse sin el concurso de la larga duración y sin el análisis de
las permanencias y las pervivencias en las que se forman las identidades y las
legitimaciones, se desenvuelven las crisis y se crean o se liquidan escenarios y
actores.
La pregunta por la legitimidad es la pregunta por la identidad, por el poder y
por las relaciones sociales en el amplio sentido del término, por la nación y por el
Estado y la violencia, así se origine de causas complejas y se lleve a cabo por agentes
múltiples movidos por intereses muy disímiles, es siempre el resultado de la pér-
dida de poder, de deslegitimidades estructurales y coyunturales, de carencia de
consensos y de ejes desestructurantes sociales y políticos.
Por tanto, las variaciones en los umbrales de tolerancia a la violencia están,
por lo general, asociados a problemas de legitimidad.

78
Las clases y los partidos ante lo regional y lo
nacional en la Colombia decimonónica*

Intento señalar una perspectiva metodológica que busca desbordar los esque-
mas economicistas y mecánicos en la identificación de procesos políticos como es
el que nos ocupa. Pretendo resaltar una postura metodológica para el análisis del
acaecer político del siglo XIX en Colombia que consiste en destacar la importan-
cia de la de legitimación en la constitución de la nacionalidad colombiana.
Es esta postura metodológica la que, a nuestro juicio, permite identificar la
relación clase-partido; asunto por lo demás problemático en los análisis sobre el
siglo decimonónico colombiano, sin caer en la identidad de intereses entre una
fracción de clase determinada y su expresión partidista —lo que a todas luces resulta
reduccionista y francamente economicista— ni tampoco en el expediente facilista
*
Publicado en: Lecturas de Economía Nº 17. Departamento de Economía y Centro de Investiga-
ciones Económicas –CIE–. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Mede-
llín, mayo-agosto de 1985. Éste es el resultado de una investigación que de tiempo atrás he ve-
nido desarrollando en el Centro de Investigaciones de las Ciencias Sociales —Cenics— de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, en compañía del Economista Je-
sús María Álvarez Gaviria, denominada Las raíces del poder regional: el caso antioqueño, y que
tiene como mira ofrecer un aporte a la identificación de los procesos de constitución del Estado
Nacional en Colombia. Sobre este trabajo investigativo que ha sido financiado por el Comité Central
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas –Colciencias–,
existen algunos documentos publicados y otros inéditos que reposan en el Cenics. Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia; los publicados son: URIBE de H., María Te-
resa y ÁLVAREZ, Jesús María. Regiones, economía y espacio nacional en Colombia 1820-1850.

79
según el cual los intereses de clase se pueden expresar en dos partidos diferentes
y opta por pensarlos en dos órbitas distintas privilegiando uno de los dos enfoques
(el clasista o el partidista) e ignorando la importancia del otro, lo que es una forma
diferente de reducir y mistificar la realidad.
El interés aquí, consiste en resaltar particularidades en la constitución de la
nacionalidad, en el bipartidismo, en el carácter de las alianzas de clase, en los
conflictos entre regiones que quizá colaboren a explicar de alguna, manera nues-
tra realidad política del presente y cuyo desconocimiento seguramente ha incidido
en el fracaso de nuevas alternativas de cambio social.
Los postulados o hipótesis que trataré de sustentar son los siguientes:
– La raíz de la división partidista en Colombia no obedeció a la divergencia de
intereses en el espacio de lo estrictamente económico sino, más bien a proce-
sos diferenciales de legitimación de una clase en formación que se vio enfren-
tada al ejercicio del poder y la dominación en un territorio marcado por el
localismo y la coexistencia de varios pueblos históricos1 que se reconocían en
su particularidad y se diferenciaban, incluso agresivamente de los otros.
– Esta clase en formación se identificó frente a los asuntos que tuvieron que ver
con su interés económico particular pero se dividió en dos colectividades par-
tidistas contrapuestas que midieron sus fuerzas tanto en el parlamento como
en los campos de batalla.

Lecturas de Economía Nº 13. Medellín, enero-abril de 1984; Proceso de apropiación de la tierra


en Colombia 1820-1850. Una perspectiva regional para el análisis. Lecturas de Economía Nº 16.
Medellín, enero-abril de 1985. Los inéditos son: El problema fiscal: ¿protección o librecambio?
Una perspectiva regional en el análisis. Colombia 1820-1850. Centro de Investigaciones Sociales
–Cenics– Universidad de Antioquia. Medellín, 1984. Procesos de control y mecanismos de do-
minación-sujeción sobre la mano de obra 1820-1850. Una perspectiva regional para el análisis.
Centro de Investigaciones Sociales –Cenics– Universidad de Antioquia. Medellín, 1984. Mine-
ros y comerciantes en la Antioquia borbónica. Centro de Investigaciones Sociales –Cenics– Uni-
versidad de Antioquia. Medellín, 1985. La independencia en Antioquia. Centro de Investigacio-
nes Sociales –Cenics– Universidad de Antioquia. Medellín, 1985.
1. El concepto de pueblo histórico que se utiliza en este texto reconoce su filiación con las propues-
tas metodológicas de Otto Bauer, para quien los pueblos históricos serían ante todo “productos
sociales que anudan e imbrican en un mismo espacio las cualidades y culturas transmitidas por
los antepasados (las etnias) que en su confrontación generan nuevas formas sociales, políticas y
económicas que les permiten a los agentes reconocerse como partícipes de una entidad colecti-
va”; es decir, el elemento constitutivo de los pueblos sería la historia colectivamente vivida, o como
lo señala Bauer: “lo que hay de historia en nosotros”. Para ampliar sobre este concepto véase:
BAUER, Otto. El concepto de nación. En: MARX, Karl. et al. El marxismo y la cuestión nacio-
nal. Avance. Barcelona 1977. Pág. 109. Sobre la relación entre etnia, pueblo y nación, véase: URIBE
de H., María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María. Regiones, economía y espacio nacional. 1820-
1850. Op. cit. Págs. 189-218.

80
– El bipartidismo de la clase dominante en formación y las soluciones, tanto
militares (guerras civiles) como políticas que dieron a sus, divergencias, cons-
tituyeron la trama básica para la constitución de la precaria nacionalidad co-
lombiana.

La perspectiva de lo regional:
Una postura metodológica para el análisis
El colapso colonial y la emergencia de la Nueva Granada2 al mundo de las
naciones como “república independiente, soberana y democrática” (al menos así
definida en la Constitución de Cúcuta3 ) suponía, para la fuerza social que se com-
prometió en el proceso emancipador, la conquista formal del poder, el acceso a los
mecanismos institucionales de la dominación, la posibilidad de acceder al ejerci-
cio de la propiedad económica y a la gestación de un proyecto político tendiente
a la creación del Estado Nacional.
Pero el ejercicio de la propiedad económica, entendida como la capacidad para
ejercer sin interferencias externas la dirección de los procesos productivos gene-
rales, la apropiación de la tierra, el control sobre la mano de obra y la definición
sobre qué producir y con quién intercambiar los productos; es decir, la gestación
y puesta en marcha de un proyecto nacional, fue una tarea de inmensa compleji-
dad que no encontró un espacio centralizado y unitario para su resolución política
y que, en lugar de un pueblo-nación que se propusiera su tránsito hacia formas más
definidas de autodeterminación política, se encontró con varios pueblos históricos
que presentaban particularidades muy marcadas en la forma de asumir los proce-
sos productivos, en sus mentalidades o sentidos comunes4 , en sus anudamientos

2. Se llama aquí Nueva Granada al espacio territorial correspondiente a la división política-admi-


nistrativa colonial del virreinato del mismo nombre que coincide en términos generales al actual
territorio de la República de Colombia incluyendo la República de Panamá.
3. La Constitución de Cúcuta fue promulgada en 1821 y mediante este acto se fundó la República
de la Gran Colombia que se extendía hasta los actuales territorios de Venezuela y Ecuador, sepa-
rados de la República de Colombia en 1829 y 1830 respectivamente.
4. Utilizamos aquí el concepto gramsciano de sentido común entendido como “los caracteres difu-
sos y dispersos de un pensamiento genérico de cierta época y de cierto ambiente popular”. El sentido
común sería entonces como una amalgama de diversas concepciones tradicionales del mundo y
de la “ideología de los sectores dominantes”. Es relevante para Gramsci el papel de la religión en
la conformación del sentido común así como la influencia de la lengua, la tradición histórica, la
cultura popular y el folclor: “su rasgo más fundamental y más característico es el de ser una
concepción disgregada, incoherente, incongruente conforme a la posición social y cultural de las
multitudes cuya filosofía es”. GRAMSCI, Antonio. El materialismo histórico y la filosofía de
Benedetto Croce. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1971. Págs. 9-125-126.

81
étnicos y en las relaciones de poder, agenciadas por mecanismos y dispositivos que
nada tenían en común. La dominación colonial no dio lugar a una historia común
sino a varios procesos históricos particularmente vividos sobre los cuales se con-
solidaron regionalidades, unificadas artificiosamente por el momento de la guerra
de independencia pero profundamente escindidas en su forma particular de ejer-
cer la propiedad económica (o sea, el poder) y con dificultades objetivas para gestar
un proyecto político nacional.
Es precisamente la perspectiva metodológica de la regionalidad la que permi-
te desentrañar la lógica de los conflictos que la fuerza social emancipadora enfrentó
para el ejercicio de la soberanía —es decir, la particularidad de ese tránsito del poder
formal, adquirido como efecto de una revolución triunfante, al poder real efectiva-
mente legitimado (no autocríticamente ejercido)— y rastrear las relaciones com-
plejas y multifacéticas entre una clase dominante en formación y su división par-
tidista.
En efecto, es el período que va de la Independencia (1820) al Medio Siglo
(1850) el más oscuro y desconocido por nuestros historiadores; entre otras cosas,
fue este el período en que se presentaron los grandes enfrentamientos en torno a
la gestación del Estado y la Nación y en donde se debatieron, unas veces por la vía
de las guerras civiles, otras por el camino de los acuerdos políticos entre fraccio-
nes y grupos, las propuestas de una clase en formación que se unificó en torno al
logro de sus objetivos económicos pero que se dividió en los aspectos atinentes a
las formas particulares del ejercicio del poder, dada la especificidad regional en
los mecanismos de legitimación política.
Esta mirada desde lo regional permite superar algunos de los problemas que
la perspectiva nacional lleva consigo y que han oscurecido, más que clarificado,
tanto la génesis de las clases como la de los partidos. Si no existió un espacio
nacional hasta bien entrado el siglo XX, ni un único pueblo histórico, no es posi-
ble suponer sectores económicos de vigencia nacional y menos aún llamar clases
a las actividades económico-corporativas que los agentes sociales desarrollaron en
los diferentes espacios territoriales de la nueva República.
No es posible meter en un mismo saco, aunque para ello se apele a las abs-
tracciones más encumbradas y a las generalizaciones más amplias y del más puro
“rigor teórico”, a un terrateniente de la Costa Atlántica5 , que producía para la

5. La Costa Atlántica en el habla popular colombiana designa un lugar geográfico que supone el li-
toral del mar Caribe pero lo trasciende hacia territorios interioranos que llegan casi hasta el cen-
tro del país y que excluye la costa correspondiente al departamento de Antioquia. Durante el siglo
XIX la Costa Atlántica estuvo conformada por dos grandes Estado Soberanos: Bolívar y Magda-
lena; hoy corresponden a ese territorio siete departamentos: Guajira, Magdalena, Cesar, Atlánti-
co, Bolívar, Córdoba y Sucre.

82
exportación y a uno del Cauca6 , cuyos productos abastecían los mercados cerca-
nos; ni equiparar con ellos a un gran propietario de tierras en Antioquia7 que po-
seía un título sobre una inmensa extensión selvática, a quien le interesaba más que
la explotación agrícola el control sobre las minas de oro que se encontraban en ese
territorio, la valorización de su propiedad mediante la colonización dirigida a la
construcción de un camino público que lo comunicara con otros mercados provin-
ciales o con el exterior. Evidentemente todos ellos poseyeron tierras, fueron pro-
pietarios de los medios de producción pero su forma de inserción en los procesos
productivos fue diferente: se trató de actividades que no fueron susceptibles de
homogeneizar y por ende estos agentes sociales fueron portadores de intereses
económicos-corporativos distintos que no encontraron un lugar común para su
ejercicio político.
Resultaría igualmente artificioso y falso hablar de un sector mercantil, artesa-
nal o minero, buscar haciendas esclavistas en Santander, palenques en Honda,
mineros independientes en Barbacoas o artesanos en Antioquia. En suma, ningu-
no de los sectores económicos en que estuvo dividida la actividad productiva en el
territorio interno poseyó una mínima identidad; lo dominante fue la heterogenei-
dad productiva y la fragmentación política que de allí resultó.
Si no es posible hablar de sectores económicos de ámbito nacional, mucho
menos pensarlos como clases, concepto que requiere para su correcta utilización
el ejercicio de una práctica política propia en defensa de unos intereses comunes.
Existieron, sí, grupos dominantes regionales o locales que mantuvieron de alguna
manera el control político de sus respectivos espacios, los cuales buscaron meca-
nismos que propiciaran un mínimo acuerdo político para consolidarse como clase
dominante y controlar el aparato central de poder.
La perspectiva metodológica de la regionalidad permite también captar la
particularidad del proceso independentista y su mayor o menor incidencia en los
profundos cambios en la vida social de las provincias. La Independencia, contrario
a lo que generalmente han dicho los historiadores, sí trajo consigo cambios sustan-
ciales en la estructura social y en las formas primigenias del orden político; en la
estructura social permitió el ascenso de sectores tradicionalmente segregados en la

6. El Estado Soberano del Cauca fue el mayor en territorio durante el siglo XIX; situado al sur del
país corresponde en términos generales a los actuales departamentos de Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Chocó y Putumayo hasta el río Amazonas.
7. El Estado Soberano de Antioquia ocupaba buena parte del occidente colombiano; comprendía el
actual territorio del departamento de Antioquia, sin el golfo de Urabá, y una faja territorial a lo
largo del río Atrato sobre los cuales se mantuvo un largo litigio durante el siglo XIX, y se exten-
día hasta el actual departamento de Caldas aunque sus colonos llegaron hasta el norte del Valle
del Cauca y el oriente del Tolima.

83
vida colonial, que por las vías del ejército, el comercio, el contrabando y la maso-
nería lograron acceder a las esferas institucionales del poder público; pauperizó
algunos sectores tradicionales del criollismo como efecto de la mayor devastación
ocasionada por la revolución en sus regiones, que destruyó haciendas, trapiches,
sembrados, incautó el ganado y las bestias de carga, “liberó” esclavos para incor-
porarlos a los ejércitos, logró articular en algunas regiones vastos sectores popu-
lares al proceso emancipador; en otras, por el contrario, indios de resguardo y
esclavos de hacienda o mina enfrentaron al amo blanco agudizando así el recíproco
resentimiento racial y propiciando una fisura étnica difícil de subsanar con la sim-
ple enunciación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Además de los profundos y desiguales cambios ocasionados en la estructura
social, la Independencia no generó un único aparato de poder desde el cual, a la
vez que se combatiese la vieja dominación española, se gestasen las bases cons-
titutivas del nuevo Estado. Se generaron dos aparatos primigenios de poder, en lugar
de uno, con desigual desarrollo en los pueblos históricos: los cabildos conforma-
dos por las élites locales del criollismo que reivindicaban la lucha propiamente
política, parlamentarista, marcadamente civilista y que impulsaban las formas
federales de régimen, político; el ejército libertador, como aparato alterno, era
jerárquico, verticalista, autocrático, y defendía un régimen fuertemente centrali-
zado y unitario.
Así, a la heterogeneidad económica y la fragmentación política que suponía
la coexistencia de diferentes pueblos históricos en el territorio interno, se agrega-
ban las transformaciones desiguales que trajo consigo la vorágine de la guerra y la
presencia diferencial de los aparatos primigenios de poder de Estado en las res-
pectivas regiones.

Una clase en formación y dos partidos políticos en acción


La existencia de la Nación y la formulación de un régimen político de corte
centralista instaurado por la constitución, de Cúcuta en 1821 plantea un primer
asunto de la mayor trascendencia: ¿Cómo adoptar políticas nacionales para un
espacio que no existía más que en los códigos y en las formas institucionales ad-
ministrativas recién fundadas? Es precisamente allí donde empezó a gestarse una
clase dominante que impulsaría y pondría en ejecución las llamadas reformas del
Medio Siglo (1850) y dos partidos políticos nominales cuya estructura binaria
definiría el quehacer político de muy diversos sectores productivos regionales.
En este período se gestó, pues, una alianza política entre algunas élites regionales
que lograron no una real hegemonía pero sí un acuerdo de compromisos, un equi-
librio catastrófico a la manera gramsciana8 para llegar a puntos comunes frente a

84
aquellos aspectos que tenían que ver con las condiciones de su ejercicio político
y descentralizar, dejando su solución en manos de las élites regionales, aquellos
aspectos en los cuales no era posible la adopción de políticas para todo el territorio.
Los sectores regionales que lideraron este acuerdo de compromisos mediante
el cual empezaron a manifestarse como una clase en formación estuvieron cons-
tituidos por los agentes sociales cuyo ejercicio económico fue el mercantil-espe-
culativo, es decir, los comerciantes exportadores de tabaco y oro, que eran, para el
período, los únicos productos con un mercado más o menos amplio y permanente
en el exterior y, por ende, el único recurso para introducir al país mercancías ex-
tranjeras. Este grupo estuvo constituido por entes regionales muy definidos; los
antioqueños que negociaban con oro en polvo y en barras, y los santafereños9 que
controlaban los mercados del tabaco; coyunturalmente los apoyaron algunos mer-
caderes de la Costa Atlántica que ejercían la intermediación comercial entre el interior
y el exterior y algunos tratantes en quinas y añiles del sur y del centro del país.
El acuerdo fundamental giró en torno a dos aspectos básicos que tenían que
ver con los intereses económico-corporativos de esta clase en formación:
El primero, con la consecución de condiciones de igualdad regional para com-
prar en el exterior y distribuir en el interior, lo cual implicaba:
– Desestanco del tabaco y libre exportación del oro; la suerte de estos dos pro-
ductos estuvo ligada y ningún sector regional permitió que se adoptaran polí-
ticas que favorecieran unilateralmente a uno de ellos; sólo en el momento en
que se permitió exportar el oro sin amonedar y sin quintar10 se logró aprobar

8. Para Antonio Gramsci los procesos políticos de instauración de una clase en el poder suponen
dos grandes vías: la hegemónica, que tiene lugar cuando esa clase no sólo es dominante sino di-
rigente y hace “avanzar la totalidad de la sociedad”, o la vía de los “equilibrios catastróficos” o
“acuerdos inestables de compromisos” que suponen alianzas políticas transitorias entre fraccio-
nes que no permiten una real unificación política y no pueden dirigir los procesos sociales. Para
ampliar sobre estos conceptos véase: BUCI-GLUCKSMANN, Christine. Gramsci y el Estado:
hacia una teoría materialista de la filosofía. Siglo Veintiuno. Editores. Tercera Edición. México,
1979. Págs. 69-92.
9. Hacemos referencia aquí a aquellos comerciantes que si bien tenían como sede de sus activida-
des la capital de la República (Santafé de Bogotá) provenían de otras localidades como Honda y
Ambalema o de poblaciones de Santander como El Socorro y Pamplona.
10. El Quinto de Oro fue un impuesto de origen colonial que se cobraba en América según mandato
de los reyes católicos: “mandamos que todos los vecinos y moradores de nuestras indias, que
compren o saquen en cualquier provincia oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cual-
quier metal, nos paguen la quinta parte de lo que cogieren o sacaren neto; que nuestra voluntad
es hacerles merced de las otras cuatro partes, en consideración a los costos y gastos que hicie-
ren”. Citado por GALINDO, Aníbal. “Apuntamientos para la historia económica y fiscal del país.
En: Estudios económicos y fiscales. Biblioteca Popular de Economía Anif-Colcultura. Bogotá
1978. Pág. 129.

85
en el Congreso Nacional la libertad del tabaco y sólo cuando los mercaderes
del Altiplano Cundiboyacense11 tuvieron a su disposición los ingresos del
tabaco para importar, es decir, cuando se libraron del condicionamiento del oro
antioqueño —al cual accedían mediante la distribución de los productos arte-
sanales de Boyacá y Santander— fue posible desmontar las tarifas diferencia-
les de aduana que “protegían” la producción interna.
– El logro de un acuerdo frente a nuevas fuentes de financiación del Estado, una
vez desaparecidos los monopolios y gravámenes coloniales que regían sobre
el oro, el tabaco y la introducción de mercancías, proceso que culminó con la
primera Ley de Crédito Público que reglamentó la emisión y circulación de
bonos estatales y definió fondos especiales para su amortización. Estos bonos
fueron agenciados principalmente por las compañías comerciales de Bogotá,
Medellín, Cartagena y Honda.
– La reglamentación del sistema monetario nacional sobre la base del bime-
talismo, dejando a las libres fuerzas del mercado la fijación de las proporcio-
nes en las cuales se intercambiaban las monedas de oro y las de plata, fluctua-
ciones controladas para su beneficio por los comerciantes especuladores de
ambas regiones.
Esta parte estrictamente económica del acuerdo culminó con las reformas del
Medio Siglo y la instauración del librecambio y se cristalizó en tres reformas sus-
tanciales para todo el territorio: la fiscal, la monetaria y la de crédito público.
El segundo punto de acuerdo, consistió en descentralizar la adopción de po-
líticas sobre un número cada vez mayor de asuntos que, dada la heterogeneidad
productiva y la fragmentación política, no podrían aplicarse para todo el territorio
sin generar gravísimos problemas; tales fueron las políticas sobre colonización,
resguardos, tejidos, indivisos, fundación de poblados, control sobre la mano de obra,
sobre recursos naturales, sobre la construcción de obras públicas y establecimien-
tos de las rentas provinciales.
Este proceso fragmentador de las políticas “nacionales”, que por fuerza de los
hechos se tornaron regionales, se inicia con la Ley de Descentralización de Rentas
y Gastos adoptada en 1850 y se irá acentuando en las Constituciones Nacionales
de 1851 y 1858 —consideradas como de corte claramente federal— para culminar
con la Constitución de Rionegro, en 1863, que consagró la soberanía de los Esta-
dos, su total autonomía, la posibilidad de tener constituciones propias, códigos
independientes, su propia fuerza pública y una total independencia para el manejo

11. El Altiplano Cundiboyacense está conformado por las mesetas de Bogotá y Tunja y fue precisa-
mente allí, teniendo como sede a Santafé de Bogotá, donde desarrollaron su actividad los merca-
deres importadores santafereños.

86
interno, legalizando en esta forma la particularidad regional de la República.
Federación y librecambio fueron, pues, los anclajes políticos básicos del acuer-
do de compromisos de esta nueva clase en formación.
Generalmente se afirma que estas reformas del Medio Siglo fueron exclusi-
vas del Partido Liberal, pues la perspectiva nacional en los análisis no ha permi-
tido evidenciar el carácter político de la alianza entre los comerciantes del Altipla-
no Cundiboyacense y sus pares antioqueños. Estas reformas, si bien hicieron parte
del ideario político del Radicalismo (sector del Partido Liberal), se aprobaron con
el voto de la bancada antioqueña —predominantemente conservadora— y con el
apoyo de buena parte de los comerciantes conservadores de Cartagena, Panamá y
Popayán.
La particularidad del acuerdo de compromiso entre estas élites regionales radica
en que no supuso un ejercicio hegemónico ni una imposición violenta sino el re-
conocimiento de las diferencias y particularidades de los agentes políticos regio-
nales, quienes lograron unos puntos mínimos de acuerdo para el logro de sus in-
tereses de clase y descentralizaron la toma de decisiones sobre aquellos que o bien
hubieran supuesto obstáculos a su acuerdo o creaban problemas en el interior de
las regiones con otros sectores políticos influyentes. Allí radica precisamente lo
magistral del acuerdo y su trascendental importancia pero también sus efectos
problemáticos, pues en lugar de propiciar condiciones de unidad nacional acentúo
la regionalidad y no condujo a la centralización del Estado sino, por el contrario,
a la adopción de un régimen político que legalizaba, a través de la Constitución
Nacional, la fragmentación política del espacio interno y legitimaba por la vía
jurídica los poderes regionales.
Esta alianza de las élites mercantiles regionales se manifestó en el quehacer
político como una clase en formación, en tanto que pudo llegar a acuerdos básicos
para controlar y dirigir los procesos productivos generales, es decir, para ejercer
el poder y orientar el sistema económico para su particular beneficio; pero esta clase
en formación no fue territorialmente dominante, pues el acuerdo político que la
articuló se erigió sobre la base del mantenimiento de sus particularismos, sobre la
reproducción de la fragmentación política, sobre la vigencia de los poderes regio-
nales y el debilitamiento del Gobierno Central. El acuerdo, en la práctica fue la
negación de lo nacional, y esta clase en formación, como efecto de la alianza que
ella misma gestó, se condenó a no trascender del ámbito regional. Esta alianza negó
en su base misma la posibilidad de constituir la nacionalidad mas no fue algo
coyuntural que se disgregó una vez logradas las reformas; por el contrario, man-
tuvo su vigencia a lo largo de todo el siglo XIX, pese a la escisión partidista que
enfrentó más de una vez a los liberales radicales y a los conservadores antioque-
ños en los campos de batalla.

87
La alianza de élites mercantiles regionales se manifestó en una coalición tá-
cita entre los conservadores antioqueños y los liberales radicales para defender las
bases constitutivas de su acuerdo: el librecambio y la federación. En efecto, el
Radicalismo, dueño del control del aparato estatal central, toleró y, lo que es aún
más importante, hizo respetar la existencia de un Estado Conservador (el único en
el territorio de la República) instaurado por una revolución violenta que depuso
las autoridades liberales legítimamente constituidas que regían el Estado de An-
tioquia, violando la legalidad institucional y los fundamentos constitucionales tan
caros a la ideología del Radicalismo Liberal; los conservadores antioqueños, a su
vez, no sólo se sometieron de buen grado a la Constitución de Rionegro, de la cual
denigraba su partido, sino que la hicieron cumplir en todas sus partes y apoyaron
con su voto la elección de la mayor parte de los mandatarios liberales del período:
Manuel Murillo Toro, Tomás Cipriano de Mosquera, Santos Acosta, Felipe Pérez
y Aquileo Parra, abandonando con esta política a sus copartidarios del resto del
país que reclamaban el apoyo de Antioquia para la reconquista del control del
Estado.

Los procesos de legitimación


como condición del bipartidismo
Esta alianza de élites regionales actuó como clase en lo que tuvo que ver con
sus intereses económico-corporativos pero asumió para su ejercicio político pro-
piamente dicho dos partidos diferentes. Las preguntas pertinentes aquí serían: ¿Cuál
es la razón de esta división? ¿Por qué dos partidos?
Lo primero que tendríamos que reiterar es que la raíz de sus divergencias no
estuvo en el fundamento de su quehacer económico; no existe, pues, una relación
biúnica entre intereses económicos e ideología política; tampoco se trató de una
“división táctica” como algunas veces se insinúa en los análisis políticos sobre los
partidos tradicionales en Colombia; no estamos, pues, en la presencia de la supre-
ma racionalidad de una clase que buscó esconderse detrás de una fingida división
para lograr el éxito en su proceso de dominación; por el contrario, las divisiones
partidistas fueron reales, concretas, específicas y materiales y esta aparente para-
doja no puede entenderse sino a la luz de la perspectiva regional.
La raíz partidista de los agentes del capital mercantil-especulativo en Colom-
bia durante el siglo XIX tuvo que ver con procesos diferenciales de legitimación,
condicionados por la particularidad de los pueblos históricos que compartían el
espacio territorial interno.
Una vez desaparecida, como efecto de la revolución de Independencia, la
legitimidad tradicional del poder que se sustentaba sobre el derecho divino de los

88
reyes y la desigualdad natural de los agentes sociales, las fuerzas políticas que
fundaron los Estados Nacionales en todas partes del mundo se enfrentaron a la
búsqueda de fuentes legitimadoras alternas para el ejercicio del poder y del con-
trol político y ejercerlos a través del aparato estatal que ellas mismas fundaron. Así,
como en otros lugares del orbe, esa fuente legitimadora se sustentó sobre los de-
rechos naturales y su consagración en un corpus normativo llamado Constitución
Nacional que definía sobre la ciudadanía, la soberanía, la territorialidad, los dere-
chos y deberes de los agentes sociales ahora llamados ciudadanos, abstraídos de
sus condiciones particulares de raza y condición social y del Estado frente a ellos.
Pero esta fuente legitimadora no logró trascender los límites de la legalidad;
para hacer el tránsito de lo legal a lo legítimo se necesita que ésta sea reconocida
y aceptada por los gobernados y que de alguna manera en el pueblo-nación que
constituye la base social del nuevo Estado exista un mínimo de identidad y cohe-
sión. La legitimación exige el consenso: identificarse con algo y diferenciarse frente
a algo. La consecuencia de la legitimación está condicionada, pues, por la particu-
laridad social de ese pueblo-nación, por el sentido común, por la historia colecti-
vamente vivida, pero supone también el ejercicio de una relación de dominación
que afirma aquello que le permite consolidarse y desconoce y combate lo que se
le oponga; el proceso de legitimación es eminentemente selectivo, político por
excelencia y está arraigado en la vida material de los pueblos, en su historia, que
como toda historia, es el resultado de los antagonismos, las contradicciones socia-
les y las formas concretas mediante las cuales los conflictos se han asumido y
resuelto.
Existió pues una base jurídica de legalización similar que enfrentó a los cau-
dillos de las guerras de Independencia y a los intelectuales orgánicos de la Revo-
lución a la forma que debería tener el Estado y la Nación, al alcance de los dere-
chos civiles y políticos de los ciudadanos, a la división territorial y a la jurisdic-
ción administrativa. Confrontación que tímidamente fue configurando dos bandas
que, al filo del Medio Siglo, tomaron los nombres de Partido Liberal y Partido Con-
servador, pues la Constitucional Nacional era una —así fuera centralista o fede-
ral— y la República era una, aunque algunas veces se denominara Gran Colom-
bia, Nueva Granada o Estados Unidos de Colombia. Empero, no existía una base
material e histórica común, como ocurría con la base jurídica, para el tránsito hacia
la legitimación, y dadas las diferentes regiones, este proceso se desarrolló de una
manera diferencial llevando a una clase en formación, cuyos intereses deducidos
de su ejercicio económico deberían producir concepciones ideológicas similares,
a legitimarse con o contra procesos históricos distintos sin que ello diera lugar a
varios partidos pues se legalizaron a través de una estructura bipartidista.
El mercader importador del Altiplano Cundiboyacense, que constituyó el nú-

89
cleo principal del Radicalismo Liberal, requería la modernización de la produc-
ción tabacalera pues era la cantidad y calidad de este producto lo que definía su
capacidad para importar. Este mercader necesariamente entró en contradicción
abierta y flagrante con los terratenientes tradicionales, entre ellos la Iglesia Cató-
lica; necesitó legitimarse contra las estructuras de origen colonial, contra los po-
deres tradicionales, contra la Iglesia, en suma, contra La Colonia y la hispanidad
que encarnaban para él todo lo arcaico y atrasado que se oponía a su proyecto
modernizador. No es de extrañar pues que desarrollara una concepción “jacobina”
del orden social, que rechazara las fuentes metafísicas del pensamiento y se dejara
seducir por el racionalismo y el empirismo y que adoptara como suyas las concep-
ciones del liberal-iluminismo europeo, que estuviera imbuido de ideas libertarias
e igualitaristas que lo llevaron a criticar y combatir instituciones como la esclavi-
tud y los resguardos, a pregonar la separación de la Iglesia y el Estado, la escuela
laica, la desamortización de bienes de manos muertas, el impuesto directo, y la
libertad: toda la libertad para producir, intercambiar, pensar, movilizar personas y
recursos, aunque en la aplicación de estos principios cayera en la incongruencia y
la contradicción que supone una actitud libertaria en un medio profundamente
desigual.
Tampoco es de extrañar entonces que este mercader adoptase para su afirma-
ción ideológica las ideas confusas a las cuales se les daba el nombre de liberales
y que colaborase en la fundación de un partido que renegó de todo el pasado co-
lonial: que imitara a sus copartidarios europeos, que usara el gorro frigio y adop-
tara el rojo de los “descamisados” franceses para su bandera y organizara “socie-
dades de salud pública” y editara periódicos incendiarios a la par que redactaba
constituciones, proyectos de ley, que exportara tabaco, quina y añil, importara con
los papeles del Estado, impulsara proyectos de colonización hacia las laderas de
la Cordillera Oriental y el río Magdalena y convirtiera en prósperas haciendas
tabacaleras, añileras y ganaderas los viejos resguardos y tierras ejidales de su re-
gión.
El mercader antioqueño, que constituyó el núcleo más importante del Partido
Conservador, no tuvo que legitimarse luchando contra la herencia colonial, que no
fue en la región más que una forma administrativa legal subvertida en todos los
ámbitos de la vida social por un orden de hecho que dejó sin piso la normatividad
de la Metrópoli.
Desde finales del siglo XVIII La Colonia se desdibujó en Antioquia, el capi-
tal mercantil-especulativo subsumió bajo su control actividades ahora tan impor-
tantes como la producción agrícola y la minería; instituciones como la esclavitud
no tenían ya ningún peso en la economía y la población esclava manumitida en 1813
envejecía reducida al ámbito de los servicios personales; el indio de resguardo había

90
dado paso al trabajador independiente —mazamorrero o carguero— y un núcleo
importante de mulatos y mestizos, enriquecidos por las vías del “rescate” de oro
y del contrabando, había logrado incrustarse en los cuerpos de los cabildos. La
fractura étnica, tan importante en otras regiones, había sido manejada en Antio-
quia mediante la instauración de unas relaciones integrativas12 de poder que lleva-
ron a nuestros comerciantes a establecer contactos mercantiles con una base so-
cial muy amplia para captar el oro que estaba en muchas manos y donde no existía
ningún mecanismo extraeconómico que le permitiera su apropiación.
Este mercader antioqueño no tuvo pues que legitimarse contra La Colonia sino
sobre un orden diferente constituido desde antes de La Independencia y que rei-
vindicaba la ética laica, el trabajo manual y productivo, y la pequeña unidad pro-
ductiva familiar como garantía del progreso social. Este mercader no tuvo que re-
negar de la hispanidad, de la religión y la tradición de sus mayores y, por el con-
trario, se convirtió en su adalid, cuando las noveles teorías de la revolución fran-
cesa “aclimatadas” por los Radicales amenazaban con subvertir un orden patriar-
cal en donde la obediencia filial y la autoridad paterna constituían lugares de anu-
damiento de las relaciones integrativas de poder e impregnaban todos los ámbitos
de la vida en la provincia.
Este mercader antioqueño que exportó oro en polvo y barras, que —como el
Altiplano Cundiboyacense— construyó caminos, financió procesos de coloniza-
ción dirigida, que fue el mayor prestamista del Estado central y provincial, que
especuló con los papeles de la deuda y la moneda metálica, que fundó bancos y
emitió billetes —que eran aceptados hasta por el campesino más alejado de los
centros poblados—; se legitimó contra las concepciones de los liberales que po-
nían en peligro las bases fundamentales de su poder y contribuyó a desarrollar la
ideología del Partido Conservador que enfrentaba con vigor las tesis libertarias e
igualitarias de sus competidores.
La diferenciación en los procesos de legitimación está marcada también por
la particularidad de la revolución de Independencia y su desarrollo desigual en las
regiones. La ruptura étnica, que llevó a los grupos populares en el Cauca y la Costa
Atlántica a enfrentar el amo blanco, no tuvo ocurrencia en Antioquia y Santander.
Mientras en Popayán, Cartagena y Santafé de Bogotá la jerarquía eclesiástica se
oponía al proceso entrando en amplias contradicciones con el criollismo partida-
rio de la Independencia, en Antioquia, Santander y Boyacá, los púlpitos se convir-
tieron en verdaderas tribunas de agitación política desde donde la enunciación de

12. Llamamos aquí “relaciones integrativas” a una forma muy particular del ejercicio del poder en
Antioquia que se diferenciaba de las relaciones jerárquicas y verticalistas que se instauraron en
Cauca y el Altiplano Cundiboyacense. Para ampliar sobre este punto véase: URIBE de H., María
Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María. Op. cit. Págs. 189-214.

91
los derechos civiles y ciudadanos hacía las veces de la prédica evangélica. En
Santafé de Bogotá, en Cartagena y Popayán rodaron las cabezas de los intelectua-
les orgánicos de la Revolución de los Cabildos y los puestos de comando fueron
tomados por los “generales hacendados” del ejército libertador; en Antioquia no
hubo fusilamientos ni prisiones: los antioqueños que participaron en el ejército
libertador lo hicieron allende sus fronteras y —salvo José María Córdoba— no
obtuvieron altos rangos en el ejército ni permanecieron en él como vocación pro-
fesional; una vez lograda la Independencia colgaron sus uniformes, guardaron sus
sables y volvieron al “mostrador” de su tienda o a la mina; los cabildos continua-
ron siendo los aparatos primigenios de poder con mayor influencia política en la
región.
De allí que el mercader antioqueño hubiera adoptado selectivamente las pro-
puestas de los Radicales: aceptó la federación y el librecambio —bases fundamen-
tales del acuerdo entre élites regionales—, apoyó las tentativas de abolición del
ejército permanente, se levantó contra las dictaduras de Simón Bolívar, Rafael
Urdaneta y José María Melo pero atacó el anticlericalismo liberal, su esquema
formal de libertades ilimitadas que consideraba erosivo de su ética y su estructura
parental, pero ante todo rechazó los esquemas abstractos y teóricos que fundamen-
taron la ideología liberal pues chocaban en su sentido práctico y desestimulaban
el trabajo material y productivo, anclaje fundamental de su ethos sociocultural.
Así, los mercaderes santafereños, que habían logrado acuerdos básicos frente
al ejercicio económico y que en un esquema simplista de análisis debería producir
similares concepciones ideológicas e igual partido, se legitimaron a partir de pro-
cesos históricos diferentes y es precisamente este último proceso el que puede
explicar las complejas relaciones entre una clase en formación y su diferenciación
partidista.
Evidentemente, estos partidos no fueron, en estricto sentido, nacionales: ideo-
lógicamente podía estar más cerca un Conservador antioqueño de un liberal bogo-
tano que de un copartidario caucano o boyacense para quienes el proceso de legi-
timación se dio sobre la base de las puras tradiciones hispánicas y de la conserva-
ción de las más rancias costumbres coloniales. Los partidos estaban también des-
vertebrados por la regionalidad y no constituyeron unidades nacionales coheren-
tes ideológicamente, pero legalmente funcionaron dos colectividades nominales
que agruparon en torno a líderes la pluralidad de manifestaciones políticas regio-
nales.
Indudablemente fue distinto el Partido Conservador de Mariano Ospina Ro-
dríguez, Pedro Justo Berrío, Pedro Alcántara Herrán y Manuel María Madiedo del
de Miguel Antonio Caro, Leonardo Canal y Jorge Holguín; del lado Liberal: entre
Manuel Murillo Toro y Tomás Cipriano de Mosquera entre Aquileo Parra y Julián

92
Trujillo existían más puntos de divergencia que de unión. Fueron más frecuentes
de lo que generalmente se acepta las divisiones internas y las corrientes o fraccio-
nes dentro de los partidos, e incluso las coaliciones entre sectores de diferentes
partidos, que en la época —trayendo un término venido de la minería— llamaban
“ligas”, tuvieron permanente ocurrencia; no obstante, estas colectividades amplias
lograron mantener una estructura bipartidista y generar un referente nominal co-
mún13 que permitió el desarrollo de procesos de cohesión e integración nacional
que no tuvo contrapartida en el espacio fragmentado de la República.
El único aparato hegemónico que tuvo presencia en todo el territorio patrio,
y con una importancia similar en las diferentes regiones y pueblos históricos, fue
el partido —o los partidos—; de allí que se constituyeron en el primer y quizá por
mucho tiempo único elemento de identidad nacional, generando por esta vía un
sentido de pertenencia que saltaba las fronteras regionales y colectivizaba objeti-
vos, intereses y solidaridades que no tuvieron ningún otro canal de expresión.
Así, la pertenencia a la Nación se logró mediante la adscripción al partido y
fue éste el vehículo más importante para que los agentes sociales se sintieran co-
partícipes de una entidad mayor que sólo existía en el espacio de la legalidad; así,
la idea de la Nación estuvo de tal modo impregnada por la adscripción partidista
que en el sentido común de esos pueblos históricos que empezaban a “ser nación”
por el tortuoso camino del bipartidismo llegó a identificarse Nación con partidos,
legitimando de contera la dominación de una clase que, dividida en dos partidos,
conquistó y tuvo como su más rico botín el monopolio de la nacionalidad y la
conservación del bipartidismo.
Es precisamente en este contexto donde adquiere relevancia analítica la pers-
pectiva regional e importancia la particularidad de los procesos de legitimación en
el estudio de la constitución del Estado Nacional en Colombia.
Si bien lo dominante durante el siglo XIX fue la regionalidad y la diferencia-
ción en los procesos de legitimación —que bien podían haberle abierto paso a una
pluralidad de partidos—, la vigencia de las dos colectividades partidistas, que
surgieron a la luz de la legalidad republicana y como un referente más imaginario
que real, logró cohesionar las manifestaciones políticas regionales bajo dos ban-
deras distintas: generar un sentido de pertenencia a la Nación y crear un espacio

13. Se entiende aquí por referente a un punto de confluencia territorial e histórico común en el pro-
ceso de conformación de la identidad popular que acompaña siempre la constitución de las na-
cionalidades; decimos que este referente es nominal pues la República no trasciende los límites
de la legalidad y los partidos no tienen propiamente una coherencia ideológica que los defina sino
un nombre común; esto hace que ese referente se torne en imaginario, pero su importancia radica
en que produce manifestaciones concretas en el comportamiento político de los pueblos y en el
ejercicio del poder del Estado.

93
político de límites muy flexibles en donde, de un lado, las élites regionales mer-
cantiles así pertenecieran a diferentes partidos encontraban puntos de alianza para
el logro de sus intereses de clase; de otro, los partidos, así fueran sólo un referente
imaginario, y precisamente por serlo, tuvieron la capacidad de aglutinar y mante-
ner bajo la sombra de sus banderas las diferentes manifestaciones políticas regio-
nales que se expresaban de acuerdo con la particularidad en los procesos de legi-
timación y aún si en el espacio económico estuviesen profundamente escindidos
formaban parte de una colectividad política que luchaba por el control del aparato
estatal.
En el tránsito de la legalidad jurídica de la República a la legitimación del
Estado Nacional, el referente imaginario del bipartidismo fue el elemento activo
y dinamizador y sobre esta trama básica se legitimó la precaria nacionalidad co-
lombiana.
Es en esta aparente paradoja, entre un bipartidismo formal e institucional y un
pluripartidismo regional de hecho, en donde puede explicarse el mantenimiento
de una estructura de partidos ya desaparecida de otros lugares de América Lati-
na14 , y quizás del mundo entero, así como el aparente fracaso de alternativas po-
líticas diferentes. Los intentos de crear nuevos partidos en Colombia o bien han
terminado absorbidos e incorporados al interior de esas laxas fronteras que han
separado a los tradicionales; o por el contrario, al enfrentar la ideología bipartidis-
ta lo ha tenido que hacer desde fuera, desde posturas internacionalistas que desde-
ñan lo nacional porque quizás ese referente imaginario que funcionó para legiti-
mar la Nación y la dominación de clase funciona también para las fuerzas contra-
rias al bipartidismo que, desde una postura de izquierda que olvidó el materialis-
mo histórico, rara vez consultan las particularidades del espacio en el cual desa-
rrollan su práctica y no intentan disputarle a los sectores dominantes en su propio
campo el monopolio exclusivo de la Nación.

14. La estructura bipartidista se desvirtúa en la mayor parte de los países de América Latina durante
la coyuntura de 1930. La emergencia de la industrialización, la urbanización y el fortalecimiento
de los sectores obreros y pequeños burgueses posibilitó el surgimiento de nuevos partidos: so-
cialdemócratas, demócrata-cristianos, socialistas, comunistas y populistas de varios matices;
aparecen entonces en América Latina (excepto en Colombia) estructuras políticas pluripartidis-
tas de tendencia clasista y se generalizan las alianzas o coaliciones de varios partidos en los pro-
cesos electorales. Para ampliar sobre este proceso véase: HALPERIN Donghi, Tulio. Historia
contemporánea de América Latina. Alianza Editorial. Segunda edición. Madrid, 1970. Págs. 207-
280.

94
La territorialidad de los conflictos
y de la violencia en Antioquia*

La violencia en Antioquia, así presente dimensiones más agudas y expresio-


nes más dramáticas, no es un patrimonio exclusivo de sus habitantes como algu-
nos lo han querido ver; no está hecha de una materia distinta ni se diferencia en
sus rasgos y en sus manifestaciones de lo que afecta a todo el país.
La violencia que padece hoy el pueblo antioqueño es una expresión particular
de un fenómeno nacional cuyas raíces se hunden en la historia colectivamente vivida
y cuyos hilos se han venido tejiendo de diferente manera a lo largo de un devenir
contradictorio y difícil, como son por lo general los asuntos de la historia humana.
Este fenómeno oscuro, complejo y diferencial, es un universal de la historia,
una constante en la vida de la humanidad que asume manifestaciones distintas y
desiguales según el tiempo y el lugar, que pasa por el tamiz de la cultura y de los
*
Este texto, si bien es de la exclusiva responsabilidad de su autora, recoge tesis e interpretaciones
que de tiempo atrás se vienen desarrollando en el Instituto de Estudios Regionales —Iner—, de
la Universidad de Antioquia, y en el grupo de estudio sobre la violencia de la misma institución.
El trabajo se apoya también en la investigación: Las raíces del poder regional. El caso antioque-
ño, en coautoría con el economista Jesús María Álvarez García, en los aportes de la investigadora
Mary Roldán sobre la violencia de los años cincuenta en Antioquia, en el trabajo: Determinantes
sociales, culturales y políticos de la planeación en el oriente antioqueño, realizado por el Iner para
la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare, —Cornare—, y en la colaboración y apoyo
de la asistente de investigación, Historiadora Lucelly Villegas V. Mis reconocimientos y agrade-
cimientos para todos ellos. Publicado en: Realidad Social. Tomo 1. Departamento Administrati-
vo de Planeación. Gobernación de Antioquia. Edinalco. Medellín, 1990.

95
modos de vida asumiendo significaciones distintas y muy diversas, que es vista y
sentida de acuerdo con la posición del sujeto en el evento violento (si se es vícti-
ma, victimario o espectador), que siempre se arma de discursos justificatorios y
que presenta umbrales de tolerancia distintos fijados por la tradición, los valores
y las costumbres.
En un país de regiones como es Colombia, y más que eso, en un país fractu-
rado, escindido y atravesado por múltiples exclusiones y conflictos, donde la na-
ción es aún un proyecto por construir y el Estado un ente tradicionalmente débil,
carente de poder y aquejado por deslegitimidades históricas de gran envergadura,
la violencia tiene necesariamente una dimensión regional asociada con la especi-
ficidad del entorno territorial y una dimensión temporal cuyos ritmos de desenvol-
vimiento no se corresponden con los de otras regiones o localidades. La violencia
en Colombia está hecha de destiempos y desencuentros.
Pese a la historia oficial de cien años de centralismo institucionalizado y de
vigencia de un régimen político fuertemente presidencialista las regiones colom-
bianas son algo más que espacios jurídico administrativos o referentes territoria-
les para la planeación del desarrollo; lo han sido siempre y lo son ahora, realida-
des históricamente formadas, socialmente construidas, colectivamente vividas por
sus pobladores y a veces también pensadas por sus dirigentes, por sus intelectua-
les que le imprimen un sentido político, una dirección y un horizonte de posibili-
dad a esa existencia histórica compartida mediante la formulación y puesta en
ejecución de proyectos políticos y ético-culturales que terminan definiendo los
perfiles de un ethos regional perfectamente diferenciable.
El antioqueño, el costeño, el santandereano, el caucano, el boyacense, son
imágenes más evidentes y más concretas que la del colombiano, noción abstracta
y generalizante, difícil de aprehender porque sigue siendo la sumatoria de todas
las demás sin llegar todavía a la síntesis, dada la carencia de un verdadero proyec-
to de nación.
La violencia, desigual y regional, tiene también una expresión territorial; áreas
o zonas integradas con la vida económica y social de país y espacios excluidos y
vastos que escapan al control político del Estado y cuyos referentes culturales,
modos de vida y de pensamiento, costumbres y tradiciones, no encuentran puntos
de identidad con los que ofrece la sociedad mayor y con los que el Estado repre-
senta.
La dialéctica de las inclusiones y las exclusiones, de la integración desinte-
gración, de las identidades y las diferenciaciones, se expresa en el ámbito territo-
rial señalando fronteras histórico culturales y políticas que definen territorialida-
des muy diversas, así pertenezcan administrativamente a un mismo departamento
o a un mismo país. Las territorialidades permiten construir una especie de geogra-

96
fía de los conflictos y de la violencia, proporcionando una nueva mirada sobre la
región que coadyuva en el conocimiento de estos fenómenos y, por tanto, se cons-
tituye en un principio de solución.
Pretendo aquí mostrar las territorialidades de los conflictos y de la violencia
en Antioquia siguiendo a grandes trazos el proceso de constitución histórica de la
región, las crisis y rupturas de una propuesta original, que como toda propuesta
tuvo un horizonte territorial muy definido y su expresión actual, vista a la luz de
las múltiples dimensiones de la crisis por la que atraviesa Antioquia, cuya arista
más sobresaliente es el drama de la violencia.

El proyecto político de los antioqueños


y su expresión geodemográfica
La dialéctica de las inclusiones y las exclusiones
La región antioqueña se ha definido desde muy temprano en el contexto plu-
rirregional del país como un espacio particular y concreto, con un ethos sociocul-
tural muy definido que se manifiesta en un conjunto de valores y prácticas socia-
les a las que se les ha dado el nombre de “antioqueñidad”, ensalzada y elevada a
la condición de leyenda por unos, vituperada y acerbamente criticada por otros,
pero perfectamente identificada y reconocida por propios y extraños.
Sin meternos en el problema valorativo de lo bueno o de lo malo, lo que que-
remos señalar aquí es que ese ethos sociocultural no fue sólo el fruto de un proce-
so espontáneo, de una historia librada a su propio devenir, de lo vivido por un pueblo
que habitó un territorio y compartió una multitud de experiencias comunes solidi-
ficadas por la fuerza de los hechos y de las costumbres.
La vida en común hizo su parte pero el ethos sociocultural fue más que eso;
fue el resultado, siempre inacabado, siempre en construcción, de un proyecto polí-
tico y ético cultural propuesto desde muy temprano por los intelectuales orgánicos
de la independencia de Antioquia; fue la expresión de la región pensada por sus
dirigentes que buscaron sus raíces en el pasado reciente y que proyectaron una
imagen de futuro que a la postre se convirtió en un referente de identidad para unos
pobladores que empezaban apenas a descubrir las ventajas de la autonomía y la
autodeterminación políticas.
El proyecto de los intelectuales orgánicos de Antioquia no fue sólo una for-
mulación retórica, un decálogo de principios generales y abstractos enmarcados
en el deber ser. Tuvo un contenido esencialmente práctico y fue convertido en
legislación, en instituciones, en programas de acción mediante los cuales este grupo
dirigente logró concitar el consenso de los pobladores y ganar legitimidad en tan-

97
to que el proyecto estaba anclado en la realidad de la vida antioqueña y en su sentido
común.
Es bien interesante constatar cómo el discurso de los intelectuales, adoptado
como propio por los hombres del común, era convertido en sermón por los curas
de aldea, aparecía reproducido en la correspondencia de los comerciantes, se vol-
vía fábula y cuento en las palabras de los arrieros, se comentaba en las fondas
camineras y en los albergues improvisados de los mazamorreros que perseguían
el oro en los ríos perdidos entre las montañas.
Los referentes concretos de identidad, convertidos por el proyecto político en
sistemas simbólicos de representación (leyes, instituciones, normas), consolidaron
procesos de cohesión social, integración cultural y política a través de la cual
operaron con relativa eficiencia los mecanismos de control social y los recursos
institucionalizados del poder público.
Este proyecto alumbró el proceso de la independencia de Antioquia que, di-
cho sea de paso, fue bien diferente al de la capital del virreinato elevado a la con-
dición de modelo nacional por obra y gracia de la historia oficial. Pero lo que más
sorprende del proyecto no es tanto su surgimiento prematuro como su duración,
su estabilidad y su continuidad en el tiempo pese a los conflictos, las divergencias
y las confrontaciones que marcaron la historia decimonónica de la región.
Este proyecto sólo empezó a mostrar síntomas de crisis en la mitad del siglo
XX, y aún hoy algunos sectores empresariales y políticos del departamento qui-
sieron revivirlo, como recurso mítico para conjurar la crisis —el rescate de los
valores de Antioquia es la fórmula adoptada para encubrir la nostalgia que produ-
ce siempre lo irremediablemente perdido—.
Los enunciadores, sistematizadores y ejecutores del proyecto político, es decir,
los intelectuales orgánicos de Antioquia, fueron en lo fundamental los miembros
de las asambleas constituyentes de 1812 y 1813, entre los que vale la pena men-
cionar muy especialmente a Don José Manuel Restrepo, Don José Félix de Res-
trepo y Don Juan del Corral. Quienes los sucedieron sólo fueron continuadores del
proyecto, lo perfeccionaron, lo prolongaron en el tiempo y lo expandieron en el
territorio; a mantenerlo y reproducirlo contribuyeron hombres de los dos partidos:
Pedro Justo Berrío (conservador), Manuel Uribe Ángel (liberal); Carlos Segismundo
de Greiff (liberal), Pedro Nel Ospina (conservador), Alejandro López (liberal),
Fernando Gómez Martínez (conservador), para citar sólo unos entre un grupo
mucho más numeroso que se sucedió en la conducción de la vida republicana del
departamento a lo largo de más de cien años de historia.
El aislamiento geográfico de Antioquia, unido a un régimen político de corte
federativo que garantizó la autonomía de la región para resolver sus asuntos inter-
nos, contribuyó a la preservación del proyecto cuya quiebra se manifiesta cuando

98
el país empieza a integrarse económicamente y a volverse “nacional”, ya bien
entrado el siglo XX.
El proyecto en cuya trama se construyó socialmente la región antioqueña tuvo
tres dimensiones básicas: la económica, la éticocultural y la política; estos tres
pilares formaron un verdadero trípode y lograron una gran coherencia, reforzán-
dose mutuamente e imbricándose de tal manera que no es posible pensar en uno
solo de ellos sin referirse a los otros dos.
El proyecto económico apuntaba a crearle bases sólidas al modelo mercantil
especulativo con el cual esa élite se había enriquecido y cuyos obstáculos institu-
cionales, devenidos del régimen colonial, fueron argumentos válidos para sacudirse
el control que España ejercía sobre ellos.
El modelo mercantil implicaba consolidar y ampliar las redes comerciales de
tal manera que se facilitasen los contactos entre buscadores de oro (grandes y
pequeños) con comerciantes abastecedores de alimentos y productos de consumo,
y de éstos con los grandes importadores y prestamistas, vendedores de barras de
oro en los mercados de Londres, Bremen, Liverpool y París, y negociantes en le-
tras de cambio que representaban los cupos para comprar en el exterior.
Esta red mercantil se expandió rápidamente después de la Independencia y se
consolidó cuando los antioqueños lograron que el Congreso de 1850 aprobase la
Ley 20 de descentralización de rentas y gastos, mediante la cual la élite provincial
liberó el oro de “todo pecho y gravamen”; esta red así consolidada, cumplió la fun-
ción bien importante de integrar territorios y localidades, establecer relaciones
económicas anudadas en torno a la compra-venta, poner en contacto gentes de
muchos lugares y condiciones sociales y fortalecer lazos de solidaridad, lealtad y
cooperación entre gentes que compartían un mismo interés.
Esta red mercantil tuvo varios puntos de anudamiento, perfilándose desde muy
temprano la ciudad de Medellín como el centro más importante, sede de las prin-
cipales casas comerciales y bancarias, lugar donde se centralizó el oro producido
en buena parte del occidente colombiano y, también, residencia de las autoridades
civiles y religiosas. Además de Medellín, otras localidades fueron centros de mucha
importancia y cumplieron en las zonas cercanas la función de anudamiento de esa
compleja red de mercados regionales: Rionegro en el Oriente; Sonsón y Caraman-
ta en el Sur; Jericó y Titiribí en el Suroeste; Santa Fe de Antioquia en el Occidente;
Amalfi, Yolombó y Santo Domingo en el Nordeste, Santa Rosa y Yarumal en el
Norte.
Esta red mercantil, a través de la cual se integró el espacio geodemográfico
de la vieja Antioquia, fue algo más que intercambio de productos y de circulación
monetaria; fue ante todo una trama de relaciones sociales en el más amplio senti-
do del término. Por ella circularon solidaridades, servicios recíprocos, noticias e

99
informaciones; en ella se anudaron relaciones parentales, adscripciones político-
partidistas, relaciones de paternidad-filiación, de protección-representación, de
alianza y complementariedad, de divergencias y conflictos; en fin, las redes mer-
cantiles crearon toda una urdimbre en la que se reforzó y se legitimó el poder de
la élite decimonónica y sobre la cual arraigaron identidades que hicieron de los
pobladores dispersos y aislados un verdadero pueblo, con un sentido muy claro de
la pertenencia y de la diferencia.
Para apuntalar el modelo mercantil especulativo se diseñó y se puso en ejecu-
ción todo un plan vial y de caminos que se correspondía con las necesidades de la
exportación pero también con la integración de aquellos espacios territoriales que
el modelo económico requería para su funcionamiento. Este plan de caminos fue
enunciado originalmente por los constituyentes de 1813 y en las décadas posterio-
res se construyeron precisamente aquellas que habían sido consideradas como de
primer orden por Don José Manuel Restrepo y Don Juan del Corral.
El modelo económico mercantil se apoyó en la estrategia de la colonización
de frontera o ampliación del territorio socioeconómico, no porque la agricultura
en sí misma fuese un interés prioritario del modelo, sino como condición del fun-
cionamiento pleno de la red mercantil y caminera orientada hacia el abaratamien-
to de la explotación del oro, de la importación-exportación y para ofrecer recursos
mínimos a los viajeros y sus recuas de mulas.
La estrategia colonizadora tenía varios aspectos: la distribución de tierras
baldías o de propiedad privada pero inexplotadas, el plan de poblamiento, la am-
pliación de la ciudadanía y por ende de la sociedad civil y la generación de un
modelo ético y cultural.
Se distribuyeron tierras a pequeños, medianos y grandes pobladores práctica-
mente en todas aquellas áreas y zonas de interés mercantil o minero, pero a más
de los beneficios económicos se buscaba también crear una base amplia de pro-
pietarios arraigados a la tierra, que con recursos propios y con su familia desarro-
llaran su quehacer sin depender de otro y donde el interés individual por acumular
y progresar económicamente tributase a la riqueza social.
Pensaba esta élite dirigente, y no le faltaba razón, que la ampliación de la base
propietaria era una condición de la estabilidad del poder recién adquirido y que el
trabajo material orientado hacia fines útiles era un principio regenerador de las
costumbres y una garantía para la estabilidad familiar.
La estrategia de la colonización no se quedaba en la mera distribución de la
tierra; se trataba también de poblar en el más amplio sentido del término. Fundar
pueblos en aquellas áreas consideradas prioritarias para la extensión de la red
mercantil; localidades integradas donde los nuevos pobladores contasen con los
recursos materiales y espirituales para una vida en común. Estas fundaciones eran

100
puestas bajo la dirección de los párrocos, de las juntas de notables aldeanos que en
muchas ocasiones eran los promotores del asentamiento; de los jueces pobladores
encargados de distribuir la tierra y diseñar calles y plazas, y cuando el poblado
adquiría condición institucional, los alcaldes y los cabildos entraban a jugar su papel.
Estos grupos dirigentes locales se convertían en verdaderos dispositivos de poder
desde donde se ejercía un muy eficiente control social y político.
Los vecinos de las localidades “con casa poblada”, jefes de familias bien
constituidas con tierra propia, cuya cantidad aumentaba de acuerdo con el número
de hijos, fueron elevados a la condición de ciudadanos por la Constitución del
Estado de Antioquia, sujetos de deberes y de derechos y partícipes de un orden
democrático donde ellos podían elegir y ser elegidos, conformando así lo que
podríamos llamar una sociedad civil local.
A las zonas de colonización y a la construcción de los caminos públicos fue-
ron enviados también los maleantes y los “vagos”, quienes eran puestos bajo la
protección de un notable pueblerino “de reconocida solvencia moral” para que les
enseñase algún oficio, además de hábitos de trabajo y de buen comportamiento
social.
El ethos sociocultural del antioqueño aparece allí perfectamente diseñado, entre
cuyos elementos más relevantes apuntamos los siguientes: el trabajo material como
regenerador de las costumbres y como vía para el enriquecimiento individual que
en un modelo mercantil hace la riqueza colectiva. La familia como paradigma del
orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen
comportamiento, así como para el ejercicio del control social. El papel de la fami-
lia en la unidad productiva campesina y su importancia en la reproducción del ethos
sociocultural, propició una legislación muy rígida contra todo aquello que pudiera
erosionarla o descomponerla como la prostitución, el abandono de la casa paterna
o del cónyuge, el concubinato, el madresolterismo; igual cosa ocurrió con aque-
llos comportamientos sociales que fuesen en contra del ethos del trabajo y del ahorro
como el alcoholismo, los juegos de azar y la vagancia.
Los valores morales y la ética orientada hacia fines útiles y terrenales de los
cuales el modelo económico salía ganancioso, pasaba necesariamente por la hon-
radez en los negocios, por el respeto a la palabra empeñada y a los compromisos
contraídos, por la frugalidad en los modos de vivir, de comer y de habitar, por la
sencillez en las costumbres; requerimientos éstos para el funcionamiento adecua-
do de una red mercantil de vastas proporciones basada en el crédito y en las leal-
tades primarias, cuya reproducción estaba garantizada más por el acatamiento y la
interiorización de estos valores que por la fuerza coercitiva del Estado, de la ley
o del derecho que fueron siempre débiles, ineficaces y formalistas. La prédica
religiosa reforzaba este modelo ético en tanto que apuntaba a los mismos objeti-

101
vos moralizadores y de control social; los párrocos hicieron parte de los disposi-
tivos de poder local y se identificaron con los notables pueblerinos y la religiosi-
dad; antes que afectar el proceso mercantil especulativo, le otorgaba el benepláci-
to “de lo alto”.
Este proyecto político y ético cultural, con todas sus aristas y dimensiones,
fue configurando una cultura pueblerina y campesina con fuertes arraigos en los
referentes concretos de la vida social, así como unos dispositivos de poder muy
eficaces en el ámbito de la coerción y del control social, entre los cuales señala-
mos como los más importantes las redes parentales, los cabildos, las localidades,
los vecindarios, las compañías comerciales y las sociedades de negocios.
Estos dispositivos de poder, a la vez mecanismos de control social, operaron
fundamentalmente en la esfera de lo privado, en el espacio de la sociedad civil; lo
público y lo estatal fueron epidérmicos y formalistas, y lo legal propiamente dicho
no fue un referente orientador de la práctica social como sí lo fue el proyecto cultural
que contó con una amplia legitimidad en el contexto sociodemográfico donde habitó
el pueblo antioqueño.
El sistema de identidades que definió el perfil del ethos sociocultural antio-
queño, tuvo una dimensión esencialmente regional y una expresión territorial que
no se enmarcaba en el ámbito del Estado y la Nación; el único mecanismo articu-
lador entre la región, las localidades y el ente nacional fueron los partidos tradi-
cionales o mejor aún la estructura bipartidista. La única manera de sentirse nacio-
nal, de saber que se pertenecía a un ámbito sociopolítico y legal que trascendiese
el horizonte parroquial fue la pertenencia al partido.
Este referente más imaginario que real fue la vía a través de la cual se formó
la débil conciencia de lo nacional; se pertenecía a la nación en tanto que se perte-
neciese al partido; los partidos terminaron acotando la primera, encerrándola en
sus límites y convirtiendo en “no nacional”, y por este camino en “antinacional”,
todo lo que no estuviese inscrito en este espacio restringido. A su vez, los partidos
terminaron siendo, más que opciones ideológicas y políticas, identidades colecti-
vas. Quizá por eso todo lo que intente debatirles su patrimonio de la nación es visto
como un ataque directo a su propio ser colectivo, a su propia identidad.
El proyecto político y ético cultural de los antioqueños, autónomo, aislado y
a veces confrontado con las grandes corrientes que se movían en el territorio na-
cional, se planteó en el interior de la provincia como un horizonte abierto para los
más audaces, los más capaces y los más útiles. En el campo económico los caminos
estaban despejados, los cierres del modelo estuvieron en otro lugar: en la exclusión
sistemática de todos aquellos que no se ajustaron a vivir de acuerdo con los pará-
metros básicos que rigieron este proyecto, que no quisieron o no pudieron articu-
larse orgánicamente al modelo económico mercantil y al ethos sociocultural.

102
El proyecto político de los antioqueños generó una fuerte legitimidad en el
territorio geodemográfico acotado por las redes mercantiles y sociales; es decir,
en el espacio habitado por el pueblo antioqueño. Pero también creó exclusiones y
diferenciaciones muy graves que están en la raíz de muchos de los conflictos y de
las violencias actuales.

Las deslegitimidades y las exclusiones


Un proyecto tan integrado, tan orgánico y cohesionado como éste, con tan
fuertes referentes identificatorios, excluyó, separó y diferenció, incluso territorial
y espacialmente, a todos aquellos que por muy diversas razones no hicieron parte
del corpus social y de la trama mercantil. Al pueblo antioqueño no pertenecieron
todos los habitantes de la región; algunos, aunque viviesen en el mismo territorio,
fueron siempre considerados como extraños, diferentes. A su vez, el pueblo antio-
queño desbordó los límites político administrativos y llevó su cultura pueblerina
y campesina, su ethos social y sus identidades políticas a buena parte del occiden-
te colombiano.
El pacto fundacional antioqueño, logrado mediante la independencia y la ins-
titucionalización de la república, fue un pacto entre criollos blancos del cual estu-
vieron ausentes las etnias dominadas —los indios y los negros—; la única manera
que éstos tuvieron para acceder al corpus social, para ligarse a las redes mercan-
tiles, para hacer parte del pueblo antioqueño, fue “blanqueándose”, es decir, ne-
gándose su propia identidad étnica, renunciando a sus orígenes, olvidándose de su
cultura y “civilizándose”, para entrar al mundo de los blancos mediante la adop-
ción de su lengua, su tradición, sus creencias y su ley.
El blanqueado, mecanismo por excelencia en la región para realizar el tránsi-
to de las etnias a la formación del pueblo, se realizó bajo la dinámica de la inclu-
sión-exclusión; incluyó los blancos y los blanqueados articulados por redes mer-
cantiles abiertas a las que podía ligarse todo aquel que se presentase como com-
prador y vendedor, pero además quien aceptase el modo de vida, los valores de la
cultura pueblerina y campesina y el sentido común de la antioqueñidad. A los “otros”
los excluyó, los invisibilizó y sólo los nombró como problema, como potencial, o
realmente conflictivos, como eventuales enemigos a los cuales se debería presio-
nar para que aceptasen ese esquema de valores o mantenerlos alejados por el ries-
go que significaba su mera existencia.
Mas la exclusión no se agotó en el pacto fundacional y en los intentos “civi-
lizadores” de la élite antioqueña durante buena parte del siglo XIX; el proyecto
excluyó también a quienes no se acogieron a los parámetros básicos del ethos
sociocultural; a los vagos, a los “mal entretenidos”, a los que no hicieron del tra-
bajo material orientado hacia fines útiles su divisa, a los beodos consuetudinarios,

103
a las prostitutas, a los hijos pródigos, a los mendigos y a los indigentes, a los que
vivían en “concubinato público y escandaloso”, a los hijos naturales, a los delin-
cuentes, a los perseguidos por la justicia, a los derrotados en las guerras civiles, a
quienes no se casaban por la iglesia y no visitaban asiduamente el templo parro-
quial, a los ateos, a los masones, a los perdedores; en fin, a todos aquellos que con
sus formas de vida o de pensamiento pusiesen en peligro la moralidad, las bases
y fundamentos de la identidad del pueblo antioqueño.
El proyecto político de la élite antioqueña fue cohesionador, articulante y sólido
pero terriblemente excluyente, incapaz de convivir con “el otro”, con el diferente
o con el antagonista; a todos por igual los excluyó pensándolos como delincuentes
y enemigos peligrosos. En este grupo social convergieron sectores muy diversos;
desde mulatos y mestizos “indómitos y perezosos” hasta ricos herederos de gran-
des familias pero ateos y masones, pasando por mineros trashumantes aficionados
al licor, al baile y las alianzas libres, por pueblerinos más atraídos por el trabajo
intelectual que por despachar detrás de un mostrador o por grupos de mujeres que
prefirieron trabajar independientemente sin la necesidad de la protección de un
varón de su familia.
La dinámica de la inclusión-exclusión tuvo un referente geoespacial que se
manifestó en la formación de territorialidades muy diversas y que cruzó la región
de fronteras político culturales separando los espacios integrados y articulados con
la sociedad mayor, de los espacios excluidos en los cuales nunca operó del todo el
proyecto político de la élite antioqueña; sus habitantes no compartieron con los de
la sociedad mayor referentes de identidad, no se sintieron parte del corpus social,
parte del pueblo paisa, aunque habitasen en el mismo departamento. El sentido de
exclusión fue formando en los pobladores de estas zonas mentalidades distintas,
sentidos comunes y prácticas culturales diversas; interiorizaron y reprodujeron la
exclusión, asumieron la diferencia impuesta como principio de la propia identidad
y terminaron por pensarse a sí mismos como los “otros”, expresándose a través de
formas culturales de resistencia y de supervivencia que están aún por estudiarse.
En estos territorios excluidos, el Estado sólo ha tenido una presencia formal
(administrativa) o militar y antes que sistemas jurídico-legales de relación social
y de control político, han operado contrapoderes o parapoderes por fuera de la
institucionalidad del aparato formal.
Las territorialidades histórico culturales revelan la existencia de otra Antio-
quia, desconocida, ignorada, silenciada, que sólo empezó a ser tenida en cuenta
cuando viejos y nuevos conflictos estallaron en forma de violencia generalizada e
informe, poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad de la sociedad mayor.
Las diversas territorialidades de Antioquia distinguen claramente una zona
central que se corresponde en líneas gruesas con el poblamiento decimonónico, con

104
el espacio acotado por las redes mercantiles y por los partidos tradicionales y con
el campo de expresión del ethos sociocultural del pueblo antioqueño.
Esta zona central se constituyó a partir de la tríada formada por Medellín, Santa
Fe de Antioquia y Rionegro, prolongándose hacia el sur por las vertientes de las
cordilleras central y occidental hasta más allá de los límites con el viejo Estado
del Cauca, que entre otras cosas fue durante todo el siglo XIX una frontera de guerra
y no en sentido metafórico: todas las confrontaciones civiles se desarrollaron en
la zona limítrofe entre ambos pueblos y el norte caucano sirvió como refugio a
muchos de los excluidos antioqueños de esos tiempos. La colonización del occi-
dente colombiano tuvo un contenido político que no puede soslayarse.
El espacio geodemográfico tradicional incluye el suroeste cafetero, constitui-
do históricamente a partir de la dinámica de cuatro localidades importantes: Titi-
ribí, Fredonia, Jericó y Bolívar, área que se extiende hasta perderse en la frontera
de la zona boscosa y húmeda de la selva chocoana.
Esta zona céntrica se expande también hacia el Oriente comprendiendo el
espacio construido a partir de la polaridad Rionegro-Marinilla, cuya frontera his-
tórico cultural se localiza en la vertiente de la cordillera Central, siguiendo una
sucesión de poblados “calentanos” que jugaron un papel estratégico en la vieja
violencia y que hoy reflejan no sólo los impactos sociales y políticos de los mega-
proyectos hidroeléctricos del Estado, sino también la multipolaridad de los con-
flictos del vecino Magdalena Medio.
Esta zona de poblamiento tradicional se expande hacia el norte, cubriendo el
área del triángulo formado por Yarumal, Santa Rosa y Amalfi, cuya frontera se
confunde con las riberas del Bajo Cauca y con los territorios recientemente colo-
nizados en las planicies del Cauca y el San Jorge.
El nordeste histórico fue la cuna de la provincia; las primeras fundaciones de
Antioquia se hicieron allí, mas los conflictos ancestrales con una población negra
y mestiza, excluida del pacto fundacional y remisa a dejarse integrar en la cultura
pueblerina y campesina, llevaron al fracaso los intentos de la élite antioqueña y de
los gobiernos provinciales que chocaron con la resistencia inveterada y sistemá-
tica de estos pobladores; por eso la frontera del nordeste no trasciende los límites
de las cuencas altas del Nus y del Porce.
Igual cosa puede decirse del occidente: los resguardos indígenas de Cañasgor-
das, Murri y Sabanalarga se convirtieron en una verdadera barrera a la expansión
del modelo económico y del ethos sociocultural de la élite antioqueña, que justi-
ficó sus fracasos en este campo como el resultado de la resistencia “de una raza
degradada y reacia a entrar por los caminos de la civilización”; Santa Fe de Antio-
quia fue el centro desde donde se construyó históricamente el área circundante y
su frontera se junta con la del suroeste, siguiendo el cañón del Cauca y un corredor

105
de poblados (Betulia, Concordia, Salgar) que como los del oriente jugaron un papel
estratégico y táctico tanto en la Guerra de los Mil Días como en la violencia de los
años cincuenta; corredores que no son extraños a la circulación de los grupos
guerrilleros que de tiempo atrás vienen actuando en la zona.
Allende el espacio geodemográfico decimonónico y tradicional, cuyas fron-
teras histórico culturales marcan y definen un “adentro” integrado, cohesionado y
estable, y un “afuera” excluido, cuyos referentes de identidad son esencialmente
distintos y formados más que en la cultura pueblerina y campesina, en el sentido
de la diferenciación impuesta desde afuera y en las prácticas sociales de la resis-
tencia y la supervivencia.
El espacio de la exclusión no es homogéneo, en él pueden distinguirse zonas
de viejo poblamiento (territorios vastos) pero de articulación débil, esporádica y
coyuntural con la sociedad mayor, y espacios vacíos que no estuvieron en el orden
de las prioridades de desarrollo de la sociedad decimonónica y de principios de
siglo y que se colonizaron tardíamente bajo presupuestos económico políticos
totalmente distintos a los del proyecto original (la colonización rapaz), e influidos
también por la dinámica de la violencia y de la pacificación en los años cincuenta
y sesenta, dándole un carácter estratégico militar a la construcción sociohistórica
de estos territorios nuevos.
Tanto los territorios vastos como los de colonización reciente han sido tradi-
cionalmente zonas de refugio, resistencia y supervivencia para las diferentes olea-
das de excluidos que el proyecto de los antioqueños ha venido dejando por el camino.
Entre los territorios vastos cabe mencionar aquellos habitados por las etnias
dominadas, resistentes al blanqueado (parte del occidente y nordeste). Las zonas
circundantes al Páramo de Sonsón (suroriente) que fueron el refugio para los in-
dígenas evadidos de los resguardos de El Peñol y de El Chuscal, para los derrota-
dos en las guerras civiles y hasta para los curas que se rebelaron contra las leyes
de tuición y desamortización dictadas por el general Mosquera. Y la amplia fron-
tera chocoana, por donde circuló desde la Colonia una parte considerable del con-
trabando de oro y de mercancías que entraba y salía de la provincia. El resto del
contrabando entró a la provincia traído de Mompox y Magangué tomando la vía
fluvial del Cauca desde su desembocadura en el Magdalena para llegar al Estado
de Antioquia por el territorio vasto del noroccidente.
Los espacios vastos se caracterizan por ser fronteras abiertas para la coloni-
zación espontánea, lenta pero continua, por la cual circulan pobladores trashumantes
que por diferentes razones prefieren invisibilizarse, asumiendo una forma disper-
sa y desconcentrada de ocupación territorial; el resultado es una baja densidad, unas
formas tradicionales de explotación de la tierra con las bajas productividades que
esto conlleva y una débil vinculación con el mercado.

106
Las localidades y centros poblados en los territorios vastos, viejas aldeas o
asentamientos de frontera, precarios y con escasa dinámica, no logran ser reales
centros desde los cuales se controle o se dirija la comarca circundante; la red vial
es escasa por decir lo menos y la dotación de servicios públicos y asistenciales de
una muy baja cobertura. En algunos de estos territorios vastos (el caso del suroriente
y de la frontera chocoana) aún está por definirse el estatuto jurídico de las tierras,
y los habitantes han desarrollado una trama compleja de relaciones sociales en
donde el Estado, así esté presente, no es el que regula las relaciones entre los ciu-
dadanos, quienes resuelven sus requerimientos de seguridad, justicia, salud y apren-
dizaje a través de formas privadas, parentales y vecinales, que aquí englobamos
bajo la denominación de “cultura de la resistencia y la supervivencia”.
Entre los territorios vacíos o de colonización reciente, se destacan fundamen-
talmente el cañón del Nus, Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Se trata de zonas
que se incorporaron al espacio productivo nacional como efecto de los cambios en
los modelos de desarrollo y de los nuevos rumbos que fue tomando la economía
del país; estos territorios se convirtieron en estratégicos para la producción agrí-
cola empresarial (Urabá), para la explotación de recursos naturales o derivados de
ellos como el petróleo, el cemento (en el Magdalena Medio) y la energía eléctrica
(en el Oriente Antioqueño) o para el enlazamiento de la red vial del país. La ter-
minación del Ferrocarril de Antioquia permitió abrir las tierras del Nus en las
primeras décadas del siglo XX; la Troncal de Occidente, las del Bajo Cauca y el
Ferrocarril del Magdalena hicieron lo suyo en la formación de una nueva región
en el país: el Magdalena Medio.
El “trópico antioqueño”, espacio de exclusión, entraba a la integración eco-
nómica nacional bajo la égida de un modelo económico que algunos han denomi-
nado de capitalismo salvaje y bajo el signo de la violencia y el conflicto de los años
cincuenta, pues en la ampliación de la frontera agrícola de Antioquia, además de
factores económicos, incidió de manera importante la estrategia política militar para
el mantenimiento de hegemonías políticas que se disputaban por la vía de la vio-
lencia el control territorial de la región. Por ello a este proceso bien puede deno-
minársele como “colonización estratégica”.
Buena parte de los que llegaron a poblar estas zonas fueron los excluidos y
los desplazados por la violencia en éste y en otros departamentos vecinos; la he-
terogeneidad sociocultural que de allí resultó es muy rica en posibilidades pero aún
no logra puntos comunes de identidad o gestar nuevos sentidos de pertenencia.
Además, el poblamiento se realizó sin la presencia activa del Estado y, contrario
al proyecto mercantil decimonónico, este careció de dimensiones ético culturales;
de allí que la violencia y el conflicto fuesen ejes de primer orden en la constitu-
ción histórica de los espacios recientemente colonizados.

107
No es por casualidad entonces que fuese en la frontera histórica y en los te-
rritorios de exclusión donde se desarrollaron las formas más agudas de violencia
durante los años cincuenta; donde los grupos alternativos al bipartidismo han te-
nido una influencia mayor o que sean éstos los territorios controlados hoy por los
contrapoderes (las guerrillas), los parapoderes (autodefensas y paramilitares), así
como por el narcotráfico y el narcoterrorismo con su propuesta de ausencia de poder.

La crisis del proyecto de la élite antioqueña


El proyecto de la élite antioqueña operó eficientemente mientras mantuvo su
vigencia el modelo mercantil especulativo, la cultura pueblerina y campesina, y
los dispositivos locales de poder. Mas los procesos de la modernización como la
industrialización que tuvo en Medellín su asiento principal, la urbanización, la
metropolización del Valle del Aburrá y un nuevo diseño vial de corte radial, me-
diante el cual se vincularon por carretera las cabeceras municipales con el centro
urbano, unido a la aparición de las masas en el escenario de la vida económica y
política con sus organizaciones propias como los sindicatos, los gremios, las aso-
ciaciones civiles y los nuevos partidos de orientación clasista, erosionaron las bases
constitutivas del viejo modelo, cambiaron los referentes concretos sobre los cua-
les se sustentó y se reprodujo tanto el ethos social del pueblo antioqueño como las
culturas pueblerinas y campesinas, y se precipitó en Antioquia (también en otros
lugares del país) una típica crisis de legitimidad, asociada con factores de cambio
acelerado y de crecimiento económico, que afectó tanto la territorialidad histórica
tradicional como a las zonas de exclusión, aunque de diferente manera y con dis-
tintos ritmos y tiempos.
Los procesos de la modernidad no irrumpían como relámpago en cielo sereno
durante la coyuntura del medio siglo XX (1930-1960), pero fue en ese período
cuando se hicieron evidentes sus impactos, sus desajustes, sus cambios y transfor-
maciones, revelando a su vez la existencia de esa Antioquia relegada e innombra-
da que empezó a hacerse visible por la multiplicidad de los conflictos que estalla-
ron en esos tiempos, así como se hacían públicas las demandas de las masas que
empezaban a reclamar sus derechos, autonomizándose de las viejas lealtades par-
tidistas de los años anteriores.
Esta crisis típica de crecimiento afectó en primer lugar la tranquila y pacífica
villa de los mercaderes de Medellín, transformando los bellos paisajes del Valle
del Aburrá en un mundo de cemento cruzado de vías rápidas, de zonas fabriles, de
barrios nuevos que se extendían por la ribera occidental de un río que empezó a
morir y a volverse oscuro; de pobladores recién llegados del campo que tuvieron
que improvisarse como obreros y como citadinos; de asentamientos periféricos sin
servicios ni recursos que se pegaban a las laderas erosionadas de Medellín como

108
forma de supervivencia en un medio desconocido y hostil que diferenció estos
pobladores, los ignoró, excluyéndolos del derecho a la ciudad.
Invasores de tierras, proletarios, rebuscadores, sectores medios, profesiona-
les y élites pueblerinas venidas a menos, fueron configurando una trama urbana
de relaciones cruzadas por conflictos y desajustes que carecía de referentes nue-
vos de identidad y que buscaba otros canales para expresar sus demandas en el
espacio de lo público.
A más del tránsito de la ciudad decimonónica hacia la metrópoli moderna que
concentró en el Valle del Aburrá más de la mitad de la población del departamen-
to, la vieja territorialidad sociohistórica antioqueña también se vio fuertemente
afectada, en tanto que el nuevo proyecto industrial subordinó las localidades a la
dinámica del centro, cambiando los ejes de desarrollo y articulando-desarticulan-
do diferencialmente los espacios territoriales de la región.
Así los pueblos de la zona central, antes vitales y dinámicos, empezaron a
decaer, a perder influencia en sus zonas cercanas y también representación políti-
ca en las altas esferas de los poderes públicos.
La atracción de migrantes y de capitales que buscaban economías de escala,
la centralización de la inversión pública, la preocupación estatal y también priva-
da para responder a las demandas de la urbanización incontrolada, la desaparición
de los bancos regionales centralizando esta importante actividad en Medellín, el
nuevo esquema de distribución de mercancías que trajo aparejado el modelo in-
dustrial, centrado en agencias y no en los viejos comerciantes pueblerinos y en sus
redes de lealtades y solidaridades, cambiaron el diseño multicéntrico de la territo-
rialidad histórica por un sistema concéntrico en el cual la macrocefalia urbana
terminó por absorber, por subsumir y controlar la rica vida pueblerina y campesi-
na; por llevar a la decadencia las élites locales y comerciales y por la conversión
en “periferia” del espacio geodemográfico que se extendía más allá del Valle del
Aburrá.
Por primera vez en muchos años, los paralelos y los meridianos del desarrollo
antioqueño dejaron de pasar por la territorialidad sociohistórica, mientras que al-
gunas de las regiones excluidas se convertían en objeto de la inversión privada y
en la preocupación del nuevo modelo exportador y de transporte (Urabá, Bajo Cauca
y Magdalena Medio).
Las transformaciones multidireccionales de la modernización fracturaron y
descompusieron los referentes concretos en los cuales se anudó y se reprodujo la
cultura pueblerina y campesina; rompieron las viejas redes mercantiles, parenta-
les, vecinales y las sociedades de negocios, llevándose de la calle los dispositivos
de poder desde los cuales se había manejado con tanta eficiencia el control social
y la dirección de la vida política, dejando en manos del Estado, que crecía y se

109
llenaba de nuevas funciones, la responsabilidad del ordenamiento social y del
mantenimiento de las identidades colectivas.
En este contexto de cambios rápidos y transformaciones radicales donde, como
dice Marshall Berman de la modernidad, “todo lo sólido se desvanece en el aire y
todo lo sagrado es profanado”, los viejos valores y tradiciones de la familia antio-
queña dejaron de tener fundamentos concretos en la vida colectivamente vivida y
pasaron a formar parte de lo imaginario, del mito, de la leyenda, perdiendo la
capacidad de generar y reproducir identidades colectivas sobre las cuales las re-
presentaciones simbólicas (el Estado, la ley, la norma) pudiesen operar.
La crisis de crecimiento que vivió la región, más temprano y más rápido que
en otros lugares del país, se manifestó a través de situaciones de conflicto, de ten-
siones sociales que no siempre se resolvieron por canales institucionales, de des-
bordamiento de las masas que tomaron formas violentas de expresión y que se
controlaron también violentamente por parte de las autoridades, pues este tipo de
crisis siempre produce fisuras y fracturas en la dura caparazón de las sociedades,
poniendo de manifiesto que tras esa superficie tan sólida en apariencia existen
corrientes subterráneas y abismos profundos que están develando la obsolescen-
cia del viejo orden. En Antioquia esta crisis hizo visible lo invisible e hizo público
lo que había estado oculto, precipitando formas de deslegitimidad a las cuales era
necesario salirles al paso.
Las crisis de crecimiento, así sean deslegitimantes, no son algo patológico,
dañino o ajeno al devenir de las sociedades; por el contrario, el conflicto y las
divergencias acompañan el desarrollo de cualquier sociedad. Por ello el problema
no es la crisis en sí, sino la carencia de alternativas para enfrentarla o que las pro-
puestas ofrecidas no logren convocar el consenso activo y carezcan por lo tanto de
legitimidad. La última situación descrita es la que corresponde a la realidad co-
lombiana y más particularmente a la antioqueña, cuyo proyecto político y ético
cultural había tenido una vigencia y una estabilidad más que centenaria.
Esta crisis de crecimiento, dejada a su propio devenir, entró en un período de
aceleración y se precipitó la violencia desagregada, informe y generalizada; co-
yuntura a la que tanto la tradición popular como los estudiosos del fenómeno han
denominado “la Violencia con mayúscula”, quizá para diferenciarla de violencias
más minúsculas que por su ámbito, su dimensión o su lejanía en el tiempo se ven
más pequeñas, pero que recogen un hilo perviviente de la historia colombiana donde
este fenómeno no ha sido lo excepcional sino más bien la constante.
En Antioquia, como en el resto del país, la violencia se manifestó con un matiz
partidista, lo que era explicable pues los partidos tradicionales, sus guerras, sus
luchas, sus banderas, sus odios y su sectarismo, habían sido los únicos elementos
de identidad nacional, los referentes que les permitieron a los habitantes de dife-

110
rentes lugares del país tener alguna noción de pertenencia a un espacio institucio-
nal más amplio que su localidad o su región. El espacio de lo público nacional estaba
acotado por los partidos. Por ello la expresión de la crisis fue esencialmente polí-
tica; con este manto se cubrieron otros conflictos y desajustes; la política partidis-
ta les prestó color y sabor a sucesos que desbordaban con mucho la lucha encar-
nizada por el poder en el Estado.
Este manto opacó y encubrió por ejemplo conflictos agrarios y de lucha por
la tierra, sobre todo en aquellas zonas hacia las cuales se dirigía el interés de los
inversionistas o que se valorizaban por la construcción de obras públicas; buena
parte de la violencia vivida en Urabá, en el cañón del Nus y en Urrao tenía este
perfil agrarista.
Conflictos de carácter clasista entre los viejos poderes regionales y los nue-
vos grupos alternativos: comunistas, gaitanistas y “nueve abrileños’; el Nordeste,
Puerto Berrío, Caucasia y los viejos barrios obreros de Medellín (Manrique y
Aranjuez) fueron escenarios de esta forma de violencia.
Tensiones de dimensión económico corporativa con sectores obreros o asala-
riados que habían protagonizado fuertes huelgas en los años anteriores y por eso
se los consideraba potencialmente peligrosos, como el sindicato de choferes o los
trabajadores del Ferrocarril de Antioquia. También divergencias de ámbito priva-
do (parentales o vecinales) que a la sombra de la violencia generalizada se defi-
nían por la liquidación del contrario.
Muchas de estas situaciones violentas no pasaron por la adscripción política
de los contendores o de la posición de víctimas y victimarios, que con más frecuen-
cia de la que se acepta podían pertenecer al mismo partido; en otras ocasiones,
gentes de ambas colectividades se coligaron o bien para liquidar un enemigo co-
mún o bien para defender su localidad y su comarca de los estragos que sus copar-
tidarios agenciaban desde fuera; desde la administración, los cuarteles o las dió-
cesis.
Esta coyuntura de la aceleración de la violencia puso en evidencia que detrás
de esa caparazón aparentemente sólida de un Estado centralizado, unitario e ins-
titucionalizado, se escondía la fragmentación del poder y se puso de manifiesto la
pérdida de control y dirección que pudiese tener el gobierno en sus diferentes niveles
y contextos, así como la debilidad del Estado y de la sociedad civil que en la prác-
tica se correspondía con una sumatoria de poderes en armas y con una yuxtaposi-
ción de territorios controlados por fuerzas encontradas.
Antes que una defensa o un ataque en el espacio político del Estado, la estra-
tegia se orientó más hacia el control estratégico de territorios, bien para establecer
corredores de circulación que vinculasen espacios separados pero controlados por
un mismo partido, bien para impedirlo, creando núcleos de resistencia estratégica.

111
Estos territorios controlados por uno u otro de los sectores en lucha, “las
chusmas y las contrachusmas” como se los llamó en la época, se convirtieron en
lugares de refugio para pobladores excluidos o afectados por la multiplicidad de
los conflictos desatados en esa coyuntura que buscaban, más que la protección del
Estado, la “seguridad” que podían brindarles los dueños del poder en el territorio,
acogiéndose a una u otra bandera, a uno u otro poder de acuerdo con su identidad
partidista.
La estrategia de control territorial orientó a las corrientes migratorias que se
dirigían a las zonas de nueva colonización, marcándole un carácter político militar
y profundamente violento a la ocupación socioeconómica de estas áreas; a esa lógica
corresponde la fundación de poblados tan importantes como Puerto Triunfo y Puerto
Boyacá, situados a uno y otro lado del río Magdalena pero adscritos a banderas
políticas distintas.

Las alternativas para superar la crisis de crecimiento


Las crisis de crecimiento y su fase aguda de deslegitimaciones históricas expre-
sada durante los años de la violencia, planteaba la necesidad de formular nuevos
proyectos políticos y ético culturales acordes con los “signos de los tiempos”, que
le marcasen nuevos rumbos al conglomerado social y que permitiesen dirigir so-
bre bases sólidas el futuro de la región y de la nación. Sin embargo, las alternativas
para conjurar las crisis, tanto de las viejas élites como de los grupos que habían
surgido en el contexto de las transformaciones sociales del período, fueron parcia-
les, unilaterales, restringidas y además marcadas por lo regional en un país que
empezaba a volverse nacional.
Las alternativas de solución a la crisis, surgidas en la segunda mitad del siglo
XX, no constituyen un proyecto político orgánico; han sido sólo propuestas aisla-
das, inorgánicas, desagregadas, territorializadas. A su vez, las acciones concretas
no responden a las formulaciones programáticas; pero lo que constituye el factor
deslegitimante más agobiador es que ninguna de las propuestas, las de las élites
tradicionales o las de los grupos alternativos, han logrado concitar el consenso activo
de los ciudadanos, el apoyo consciente y decidido de grupos amplios de población.
Las carencias de consenso se cubren con la fuerza y la violencia, y una crisis de
crecimiento no resuelta, congelada, postergada o librada a su propio devenir, cam-
bia de signo para convertirse en una crisis de descomposición que termina disol-
viendo y desagregando no sólo la institucionalidad sino todo el tejido social.
La crisis inducida por procesos de cambio acelerado planteaba una serie de
demandas y retos sociales que pueden sintetizarse de manera gruesa en tres
puntos.

112
En el escenario económico
Se requería modernizar viejas estructuras productivas para reinscribir los des-
plazados del campo en la esfera industrial y de los servicios, modernizar los siste-
mas agrícolas atrasados, empezando por la estructura y las formas de tenencia de
la tierra; desarrollar políticas sociales tanto para responder a los nuevos requeri-
mientos de los sistemas productivos como para aminorar el impacto de los trau-
matismos del crecimiento sobre los nuevos pobladores urbanos y sobre los habi-
tantes de la ruralidad; reformas agrarias, laborales, administrativas, urbanas, que
aún espera la sociedad colombiana y la región en particular. No obstante, en este
escenario (el económico) es en el que se han movido la mayor parte de las inicia-
tivas gubernamentales y privadas para conjurar la crisis; en otras palabras, la única
dimensión de la sociedad en la que se han desarrollado transformaciones moder-
nizadoras más o menos importantes y éste es el espacio en el cual las propuestas
políticas agenciadas desde el Estado han logrado los mayores éxitos.
La élite empresarial de Antioquia puede catalogarse como modernizante. Fue
capaz de cambiar su modelo mercantil especulativo por el industrial, adecuar la
infraestructura vial y de comunicaciones a las exigencias de esta actividad produc-
tiva, transformar la vieja Villa de Medellín en una metrópoli, desarrollar sistemas
de energía eléctrica y de servicios públicos eficientes y modernos, iniciar la “con-
quista del trópico antioqueño” con el cultivo industrial del banano y la ganadería
intensiva. Pero este modelo, más técnico económico que político, no contempló
una dimensión social que articulase las masas al proyecto industrial, aspecto que
sí contempló el proyecto mercantil decimonónico y donde radica buena parte de
su éxito, de la legitimidad que concitó y de los referentes identificatorios que lo-
gró colectivizar.
El modelo industrial sustitutivo fue más cerrado, más monopólico y más inacce-
sible al ciudadano corriente; el horizonte de la acumulación dejaba de estar abierto
para los más hábiles, los más capaces y los más arriesgados. Estos requisitos tenían
que estar asociados ahora con el dinero para poder entrar al mundo de la acumu-
lación. Sin embargo, el imaginario del ethos sociocultural seguía funcionando y se
reproducían “mentalidades empresariales” que no tenían espacio para concretarse
en el mundo económico. El acelerado desarrollo del narcotráfico en Antioquia quizá
se haya lucrado de este exceso de “mentalidad empresarial instalada” y de una trama
de relaciones que, como la mercantil especulativa decimonónica, está abierta para
quienes asuman riesgos y situaciones potencialmente peligrosas.
Los cierres del modelo económico, unidos a la carencia de propuestas refor-
mistas, trajo como consecuencia la aparición de fenómenos como el desempleo y
la pobreza absoluta, que también existían antes pero que ahora se hacían visibles
entrando en el terreno de lo público y reclamando, a veces por la fuerza, respues-

113
tas a sus carencias recientes pero también a sus ancestrales demandas.
En suma, el carácter estrictamente técnico económico asumido por la élite
empresarial, la aisló de los otros sectores sociales, le hizo perder los anclajes en el
conglomerado social, dejó de ser referente de identidad para los hombres del co-
mún y para los jóvenes que ya no veían en ellos modelos para imitar sino enemi-
gos para combatir.
En realidad la modernización y la industrialización en todas partes del mundo
conllevan fenómenos semejantes; el problema no está allí. Los efectos fracturan-
tes y disgregadores en los cuales se anudan factores muy complejos de violencia,
apuntan hacia otro lugar: la unilateralidad de la propuesta económica que no tuvo
correlato en el espacio político y en el ético cultural, con la consecuente pérdida
para la élite de capacidad de dirección política que es también pérdida de poder y
por tanto de legitimidad.

El escenario político
Este era, si se quiere, el espacio en el cual se requerían las mayores transfor-
maciones una vez descompuestas las viejas redes de solidaridades y lealtades,
disgregados los dispositivos de poder y de control social y desligados los partidos
de la trama fragmentada donde se sustentaban; se requería fortalecer la sociedad
civil de corte nacional para que se adecuase a las grandes transformaciones económi-
cosociales del período, propiciar nuevas formas políticas y corporativas de encua-
dramiento que respondiesen a las condiciones en que las masas desarrollaban su
quehacer económico y su vida material, lo que implicaba el pluripartidismo y el
fortalecimiento de asociaciones económico corporativas autónomas, así como una
real modernización del aparato estatal.
Las alternativas de respuesta en este campo fueron múltiples, se movieron a
la luz de las necesidades de cada momento, detrás de los acontecimientos, desbor-
dados por ellos, sancionando hechos cumplidos sin que pudiese verse una direc-
ción, un rumbo definido en el ejercicio político del Estado, en la conducción de
los sectores dominantes (que habían dejado de ser dirigentes) o en las respuestas
meramente contestatarias y armadas de los grupos alternativos.
Las propuestas de salida a la crisis y a la violencia combinaron la paz y la
guerra, el indulto y la contrainsurgencia, la militarización y los pactos políticos, la
dictadura y la democracia. El escenario de lo político tuvo diversos y muy com-
plejos actores que se movieron por él sin libreto previo y sin ninguna dirección.
La enunciación apretada de las alternativas más destacadas lo pueden demostrar.
La dictadura militar. Estrategia mediante la cual se apeló a la tercería de las
fuerzas armadas como una manera de buscar nuevos consensos entre los partidos
en un espacio supuestamente neutral; dictadura que, contrario a lo que ocurría por

114
el mismo tiempo en otros países latinoamericanos, no se producía como una alter-
nativa de poder venida de los militares sino como una “solución límite”, como una
medida de fuerza adoptada por los sectores políticos, inducida por ellos y revoca-
da cuando consideraron que este tratamiento de choque se había vuelto disfuncio-
nal. La élite empresarial de Antioquia jugó un papel protagónico en este evento,
así como en la negociación que llevó al Frente Nacional.
El indulto y la rehabilitación. Estrategia orientada hacia los alzados en ar-
mas que fue diferencialmente acogida por los grupos violentos en el país y con
desiguales resultados en las regiones, pero que en Antioquia tuvo un desarrollo
particular especialmente con las guerrillas del Capitán Franco en Urrao, las más
orgánicas y cohesionadas en el territorio regional, que se acogieron al indulto y
algunos de sus miembros pasaron a colaborar con las fuerzas de seguridad del
Estado en la políticas de la pacificación; otros, por el contrario, resultaron vícti-
mas del mismo proceso y no tuvieron la posibilidad de reincorporarse a la vida civil.
Tanto el indulto como la rehabilitación se pusieron en marcha por la dictadura
militar y por el primer gobierno del Frente Nacional.
La pacificación. Estrategia acogida por el gobierno militar y por los dos pri-
meros cuatrienios del Frente Nacional, tuvo como objeto terminar con el bando-
lerismo supuestamente residual que dejó este período crítico y también con los grupos
que no se acogieron al indulto y que empezaron a plantear propuestas agraristas,
clasistas y autonomizadas de los partidos tradicionales (allí está el origen de las
Farc). En Antioquia, algunas de las personas que venían actuando en las guerrillas
liberales del nordeste se acogieron a la sombra protectora de las llamadas repúbli-
cas independientes de Marquetalia y Río Chiquito, en el piedemonte cundinamar-
qués, pero más a título individual que como organización propiamente dicha.
La pacificación consistió en la aplicación de la fuerza pública, apoyada en
sectores campesinos (autodefensas) y en viejos combatientes amnistiados, para
liquidar los reductos de bandolerismo. Al amparo de esta propuesta se dictó la Ley
48 de 1968 por la cual se legalizaron las autodefensas en el país, derogada hace
apenas poco tiempo por el gobierno del doctor Virgilio Barco.
La “violencia tardía”, ocurrida en la década de los años sesenta, es la forma
eufemística de nombrar una violencia oficial que involucró las organizaciones
campesinas en la lucha contrainsurgente. “La época en que aquí decretaron la pena
de muerte contra los bandoleros” es la manera como los campesinos del surorien-
te antioqueño nombran este período oscuro de la historia nacional.
Esta política de pacificación se desarrolló con fuerza en Antioquia, sobre todo
en los territorios vastos y en los espacios de reciente colonización; es decir, en las
áreas históricas de exclusión que volvieron a operar como refugio de los que te-
nían cuentas pendientes con la justicia. La forma como el gobierno “hizo pie” en

115
los territorios excluidos de Antioquia fue a través de la fuerza armada, el Estado
como pura potencia, que carecía de formas democráticas y de derecho y que esta-
ba lejos de prácticas asistencialistas o benefactoras que por el mismo tiempo se
llevaban a cabo en las zonas urbanas del departamento.
En Antioquia, contrario a lo que ocurrió en otras regiones del país (El Huila,
El Tolima, El Caquetá, el piedemonte llanero), las guerrillas de los años cincuenta
no dejaron semillas que evolucionaran hacia la formación de la actual insurgen-
cia. Los frentes guerrilleros del presente se desarrollaron posteriormente y a la luz
de propuestas inscritas en la dinámica de los contrapoderes de clase; pero la con-
trainsurgencia y la pacificación sí marcaron con huellas profundas las prácticas
sociopolíticas de los pobladores de las zonas donde esas propuestas se pusieron en
ejecución. Prácticas y mentalidades alimentadas también por una escasa presen-
cia del Estado y, más que eso, por la dimensión predominantemente violenta que
el ejercicio político ha tenido, cuyo necesario correlato es la dificultad en la cons-
titución de nuevas identidades y la escasa operatividad de los sistemas simbólicos
de representación.
No es de extrañar entonces que la localización de los parapoderes en Antio-
quia (autodefensas y paramilitares) coincida con aquellos lugares donde la políti-
ca de la pacificación tuvo un mayor desarrollo.
Existe pues un hilo de continuidad entre la contrainsurgencia de los sesenta y
el paramilitarismo de los ochenta; cosa que no ocurre con los movimientos guerrille-
ros de antes y de hoy, que si bien territorialmente coinciden, no así en sus propues-
tas, en sus estrategias, sus tácticas, sus orígenes y sus adscripciones ideológicas.
El Frente Nacional o la estrategia de pacto “inter pares” para recuperar el poder
institucional y legitimar el régimen. Los analistas de los fenómenos políticos co-
lombianos, con contadas excepciones, le otorgan al Frente Nacional un lugar es-
pecial en la explicación de los fenómenos de violencia de reciente data, en el sur-
gimiento de las agrupaciones guerrilleras, en el cierre de los espacios políticos, en
la militarización de la vida civil, en la crisis de los partidos políticos y en la lenta
desinstitucionalización del aparato estatal. Esto es sólo parcialmente cierto, pues
la propuesta del Frente Nacional no estuvo sola en el escenario de la política ni fue
ésta la única alternativa de salida ofrecida a la crisis de crecimiento que desembo-
có en la violencia.
Más que el Frente Nacional “per se”, lo que no permitió encontrar horizontes
firmes para superar la crisis fue la pluralidad contrastante en las alternativas pues-
tas en ejecución, las contradicciones, las incoherencias, donde los hechos cumpli-
dos marcaban la pauta de acción del Estado y la política, lejos de ser guías para la
conducción de una colectividad atravesada por el conflicto, fueron medidas toma-
das por la presión de los acontecimientos. Lo político y lo violento, lo civil y lo

116
militar se imbricaron, se fusionaron y se confundieron, perdiéndose las distancias,
esfumándose las diferencias, haciendo de la política una práctica violenta y de la
violencia una manifestación de lo político, lo que es válido tanto para la acción del
gobierno como para el ejercicio de los alzados en armas.
Las restricciones políticas frente-nacionalistas no consisten únicamente en su
carácter bipartidista o en la concentración del poder en pocas manos, sino más bien
en que el pacto se realizó en el espacio geodemográfico de la sociedad mayor, en
el territorio acotado por los partidos, que está lejos de cubrir la nación o la región
más ancha y más ajena que la que se sancionó con el Plebiscito de 1957.
El pacto político se circunscribió a las viejas fronteras histórico-culturales,
excluyendo vastos territorios y sectores sociales que quedaron librados a sus pro-
pias fuerzas. Las manifestaciones violentas que allí se presentan hay que verlas
también como una forma de lucha por el derecho a la nación.
El cierre del sistema bipartidista no fue tan absoluto como algunos lo miran;
de hecho, estas colectividades no son aparatos orgánicos con jerarquías rígidas. Por
el contrario, han sido agrupaciones laxas, de fronteras abiertas y desdibujadas,
donde se multiplican las fracciones, las jefaturas, las tendencias y las alternativas
electorales; estas disidencias y grupos abrían posibilidades para las manifestacio-
nes posicionistas y es bien interesante constatar cómo el mapa electoral de Antio-
quia muestra que la mayor acogida de “lo no convencional’ también estuvo enmar-
cada por las fronteras histórico-culturales y los espacios excluidos: el Gaitanismo,
la Anapo, el MRL, así como las agrupaciones legales de la izquierda que se expre-
saron electoralmente después de terminada “la alternación y la paridad”, tuvieron
el mayor número de adherentes precisamente en estos espacios de la exclusión.
En el escenario de lo político se careció de un verdadero proyecto para enfren-
tar la crisis de crecimiento y sus consecuencias violentas y desestabilizantes, tanto
por parte de las élites que quisieron prolongar en el tiempo un viejo modelo político
cultural que ya no se correspondía con las demandas que desde la economía se le
hacía al poder y a la política, como por parte de los grupos alternativos legales o
armados; los primeros no pudieron convertirse en tercería y los segundos acogie-
ron una propuesta de “toma del poder” de corte vanguardista e inorgánico con re-
lación a las masas populares que se separaban de sus partidos tradicionales pero que
no se sentían identificadas con los grupos guerrilleros que decían representarlas.

El escenario de lo ético cultural


Sin verdaderos proyectos políticos, el escenario de lo ético cultural quedó vacío,
o para ser más precisos, se mantuvo el mismo decorado heredado del siglo XIX.
Se pensó que el viejo ethos sociocultural sustentado en el trabajo productor de
riqueza, en la familia como paradigma del orden social, en la moralidad pública y

117
en la palabra empeñada, debían seguir siendo referentes de identidad en un medio
social donde las viejas redes articuladoras se habían disuelto para dar paso a la
formación de masas predominantemente urbanas, que desarrollaban su vida en
contextos modernizantes aunque no modernistas, dejadas a su propia suerte y a
imaginar formas alternativas e informalizadas para sobrevivir bajo la égida de una
exclusión de nuevo signo.
El ethos social y las culturas pueblerinas, claves del éxito y de la vigencia
histórica del viejo proyecto decimonónico, dejaban de estar arraigadas en la vida
colectivamente vivida para convertirse en discurso, en simple enunciación retóri-
ca que poco le decían al desempleado urbano, al campesino de las zonas de vio-
lencia, al que buscaba refugio en los territorios excluidos donde el viejo proyecto
nunca había funcionado, en fin, a esa masa compleja y contradictoria que exigía
una nueva ética predominantemente civil y ciudadana y referentes modernos de
identidad que no podían ser otros que los de la nacionalidad y la democracia plu-
ralista, incluyente y participativa. La élite industrial antioqueña, tan modernizante
en los aspectos técnico económicos e infraestructurales, fue tremendamente con-
servadurista en las otras dimensiones de la vida social y mantuvo, esta vez sin
ningún éxito, el viejo esquema valorativo y los tradicionales mecanismos del con-
trol social.
La élite empresarial, a través de la pastoral social de la iglesia y de algunas
asociaciones piadosas, intentó reproducir en el espacio urbano industrial los mis-
mos mecanismos de control de la vieja sociedad. Por los años cuarenta y cincuen-
ta se desarrollaron campañas de “moralidad pública” contra el alcoholismo y el
juego, orientadas especialmente a los obreros; contra las “malas costumbres”, por
la decencia y el pudor en la mujer, por la protección de la familia cristiana y contra
la prostitución y el vicio. Se utilizaron también los mecanismos parentales y las
recomendaciones de los curas párrocos para el enganche de trabajadores en las
textileras y la iglesia institucional pasó a jugar un papel importante en la funda-
ción de sindicatos católicos (la UTC) y de otras organizaciones de igual importan-
cia, como las acciones comunales un poco más tarde.
Los viejos valores antioqueños, desarraigados de sus contextos reales, desar-
ticulados del viejo proyecto que les dio sentido, operan sólo parcial y desagrega-
damente en la formación de identidades sociales, y en lugar de constituirse en
factores estructurantes del conglomerado social, más bien cumplen funciones de
desestructuración. ¿Qué pensar entonces de las prácticas sociales de narcotraficantes
y sicarios que reivindican para su quehacer las manifestaciones externas de la
religiosidad tradicional, el trabajo orientado hacia fines útiles y de enriquecimien-
to, el valor de la familia, el amor a la madre y la asunción del riesgo, la aventura
y el arrojo?

118
La clave de la hondura de la crisis antioqueña puede estar en parte allí: la
desaparición de un proyecto político y ético cultural de gran solidez, pervivencia
histórica y profundo calado en la mentalidad de los antioqueños, que no fue reem-
plazado, intentando por el contrario mantener a ultranza modelos políticos, refe-
rentes de identidad y esquemas valorativos desbordados por la historia que han
contribuido a la postergación de la modernidad y a la descomposición del tejido
social. La propuesta de “recuperar los valores de Antioquia” va pues en contravía
de cualquier posible solución a la crisis actual.

Las fracturas del poder


Hacia una crisis de descomposición
El escenario de lo nacional: Los contrapoderes y los parapoderes. Los
profundos cambios socioeconómicos y su desenlace trágico de la violencia y la
pacificación, así como la ausencia de proyectos orgánicos realmente convocantes
a que dio lugar, trajo aparejado el fenómeno de la nacionalización de los espacios
del conflicto. La polarización político-militar planteada en Colombia desde fina-
les de la década del sesenta por la aparición de los movimientos guerrilleros en
diferentes territorios, con diferentes adscripciones ideológicas, creaban un esce-
nario que si bien tenía expresiones regionales, sus manifestaciones armadas invo-
lucraban la vida de todo el país y convocaba respuestas también nacionales en tanto
que lo que se ponía en cuestión era la existencia misma del Estado.
La formación de los contrapoderes armados, cuya estrategia se orientaba hacia
“la destrucción del Estado burgués” y la toma del poder por las armas, nacionalizó
el conflicto y Antioquia se convirtió en un escenario, entre otros, de un enfrenta-
miento militar cuyos motivos y razones no se gestaban solamente en el departamento
ni tampoco la manera de enfrentarlos; las acciones a este respecto se tomaban por
el gobierno nacional y más específicamente por los altos mandos del ejército.
Este conflicto armado, desde sus inicios, salió de la esfera de lo meramente
regional. Así, problemas de diferente orden sucedidos en diferentes lugares del país
o en departamentos cercanos, terminaban afectando a Antioquia y las situaciones
de hecho creadas por la guerrilla eran manejadas exclusivamente por los mandos
militares, cuyas ejecutorias en pro del establecimiento del orden público afectaron
también, y de manera grave, la vida de la región.
En lo que a los contrapoderes se refiere, Antioquia es sólo un escenario, entre
otros, de la confrontación nacional y la única agrupación guerrillera de las que ac-
túan en el país que puede tener algún origen regional es el EPL; las otras, surgidas
en lugares distintos de Colombia, han llegado al territorio paisa por motivos estra-
tégico-militares: la búsqueda de tradicionales zonas de exclusión y de refugio

119
primero y la localización de actividades claves en la economía nacional después.
Hoy, salvo el Quintín Lame, todas las agrupaciones guerrilleras actúan en
territorio antioqueño y cada una posee varios frentes que no siempre operan coor-
dinadamente. Se trata más bien de poderes dispersos que fracturan y diferencian
la región antioqueña, formando territorialidades que involucran espacios de varios
departamentos, poniendo de manifiesto la existencia de una geografía del conflic-
to a través de la cual aparece otra nación excluida, alternativa, yuxtapuesta y con-
frontada con el espacio geodemográfico acotado por el bipartidismo.
Si bien la dinámica de los contrapoderes es de corte nacional, no pueden
desconocerse las particularidades regionales que de alguna manera han facilitado
tanto la localización de los frentes guerrilleros como el apoyo y la identificación
que sectores poblacionales y sociales les han brindado a estas agrupaciones. Ob-
servando el mapa de los conflictos y la violencia en Antioquia puede verse cómo
los territorios controlados por los contrapoderes coinciden con los espacios de la
exclusión y con las fronteras histórico culturales de Antioquia.
Los contrapoderes ocupan los espacios vastos (la frontera chocoana, la ver-
tiente del oriente hacia el río Magdalena y partes del Occidente y el Nordeste);
territorios recientemente incorporados a la vida socioeconómica de la región bajo
el signo de la colonización estratégica (Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio);
zonas de vieja tradición de lucha por la tierra (el Nus y parte del Nordeste) y po-
blaciones históricamente conflictivas donde la dinámica de lo local se articula o
se sobrepone con el conflicto nacional.
Ahora, como antes, a estos territorios dominados por los contrapoderes, se los
mira como el espacio de “los otros”, de los enemigos; como problemas de orden
público, y la estrategia ha consistido en someterlos por la fuerza de las armas, como
si todos los habitantes fuesen guerrilleros o como si toda propuesta social fuese
comunista, desconociendo así no sólo un cúmulo de carencias ancestrales sino
también los nuevos procesos políticos e identificatorios que ya no caben en los
estrechos márgenes de la vieja región y de la vieja nación.
El fracaso de táctica militar para derrotar los contrapoderes, el avance de éstos
hacia los espacios territoriales de la vieja Antioquia, unido a factores de descom-
posición social como el secuestro y la extorsión, propiciaron la formación de pa-
rapoderes en distintos lugares del país. Los grupos paramilitares y de autodefensa
campesina, algunos de ellos organizados por las fuerzas del orden o los poderes
locales, otros fundados por el narcotráfico y los menos autónomos e independien-
tes, condujeron no sólo a la polarización de los conflictos sino a fracturar aún más
el territorio de la región.
Los parapoderes, como los contrapoderes, obedecen a dinámicas de corte
nacional y a factores que desbordan nuestros conflictos domésticos. Las más fuer-

120
tes de estas agrupaciones no tienen su sede en territorio antioqueño (Puerto Boya-
cá, la ribera oriental del río Magdalena o la zona cordobesa limítrofe con Urabá),
pero actúan sobre las territorialidades del conflicto en la región y se anudan de
manera diferente y desigual con los poderes locales de algunos municipios, con
narcotraficantes o con grupos de campesinos y propietarios cansados con los abu-
sos de la guerrilla y con la ineficiencia de las autoridades.
Los parapoderes, antes que una estrategia efectiva en la recuperación del
control territorial para las fuerzas institucionales, es decir, antes que un reforza-
miento del Estado, han conducido a la formación de espacios en los cuales estas
agrupaciones dictan “su ley” e imponen su poder, incluso contra las autoridades
civiles que representan la institucionalidad del Estado en las zonas por ellos con-
troladas. El resultado es una yuxtaposición de territorios controlados por los para-
poderes, que definen su dominio por medio del asesinato selectivo de opositores
y en el nuevo escenario de las masacres.
El escenario de lo regional. La dinámica de los contrapoderes y los parapo-
deres de corte nacional e intensificada en las últimas dos décadas de la vida co-
lombiana, se combinó con situaciones socioeconómicas y políticas de orden regio-
nal ocurridas por la misma época, cuya incidencia no se ha calibrado suficiente-
mente pero que están en la raíz de la actual crisis de descomposición por la que
atraviesa el departamento. Ellas son el relevo de élites políticas y el estancamiento
del modelo industrial sustitutivo.
La vieja élite industrial antioqueña, cuyos ancestros familiares se remontan
hasta los grandes comerciantes y banqueros decimonónicos, empezó a “perder pie”
en la conducción de la vida regional cuando persistió en su intento de mantener a
ultranza el viejo modelo ético cultural de sus mayores, cuando dejaron de ser re-
ferentes de identidad y modelos para imitar y cuando la fractura de las viejas tra-
mas sociales los desligó de los lazos parentales y las viejas lealtades sociales y
partidistas, en las cuales se fundamentaba su capacidad de dirección.
La parábola de su desconexión con las masas se completó cuando esta vieja
élite industrial salió del escenario político partidista y empezó a ser reemplazada
por una capa nueva, surgida de la modernización de la vida social, formada por
profesionales de origen pueblerino y ligados con la administración pública y con
las nuevas funciones que el Estado empezaba a asumir en el contexto del Frente
Nacional.
Los representantes de esta nueva capa pasaron a ser los jefes de los directo-
rios políticos, los gobernadores, los ministros, los parlamentarios, insertándose en
ese inmenso campo del Estado que les posibilitaba el manejo de muchos recursos
para conquistarse el favor electoral de las masas. El nuevo esquema de relación
política con las gentes del común no pasaba ya por las viejas lealtades con el par-

121
tido, sino más bien por un sistema de intercambio de recursos públicos, servicios
personales y acceso a los beneficios del Estado, por apoyo político y respaldo
electoral.
Para finales de la década de los años setenta, esta nueva capa manejaba ya la
vida política institucional del departamento, sin que este relevo de élites significa-
se cambios ideológicos y programáticos de ninguna clase, pero si un fraccionamien-
to de los partidos representado en jefaturas y “parcelas” autónomas y desligadas
de las direcciones centrales. El cambio de viejas élites es por lo general un cambio
más positivo que negativo, el problema no está pues allí; tampoco en que la pri-
mera élite fuese “mejor” que la segunda o que ésta utilizase métodos menos orto-
doxos y moralistas. La vieja élite no fue tampoco un dechado de virtudes; la dife-
rencia está en que la primera fue una clase orgánica, tuvo mayor legitimidad, con-
tó con más poder, en tanto que la segunda es más inorgánica, no ha podido ser factor
estructurante del orden social y su poder deviene del manejo que para su beneficio
hacen de los recursos del Estado, lo que les resta indudablemente arraigo social y
legitimidad políticas.
Sacada del escenario político electoral y de la conducción de la gestión admi-
nistrativa y representativa en el Estado, la élite industrial abandona poco a poco el
escenario de la vida económica regional en donde por muchos años tuvo una ges-
tión exitosa.
El relativo estancamiento en la actividad productiva de Antioquia, que empe-
zó a mostrar síntomas alarmantes en la mitad de la década de los setenta, le restó
capacidad de incidir en la vida nacional, a la par que grupos empresariales de otros
departamentos y regiones ganaban presencia y protagonismo. Pero los golpes más
definitivos se expresaron a través de la crisis de las textileras, que era la crisis de
todo un modelo económico, y la crisis de las financieras en los años ochenta, que
se llevó de calle muchas fortunas amasadas durante varias décadas y los ahorros
de sectores medios y pequeño burgueses que confiaron en la capacidad de gestión
de un grupo empresarial que había mostrado su solidez durante muchísimos años,
tantos como la memoria individual alcanzaba a recordarlo.
Estas crisis, además de sus efectos en los indicadores macroeconómicos, le-
sionó de manera grave los sectores obreros y los habitantes de los viejos barrios
de trabajadores en Medellín, que vieron más de cerca el rostro de la pobreza, se
vieron lanzados a la supervivencia y a la informalidad, acentuando los ya difíciles
problemas del desempleo y la inequitativa distribución del ingreso. Además, estos
eventos de carácter económico terminaron con la escasa credibilidad de las gentes
en la capacidad de dirección de la élite, en la bondad de su gestión, en la posibi-
lidad de su proyecto, introduciendo factores de incertidumbre y de desconfianza
que indudablemente coadyuvaron a la atomización, a la inorganicidad, a la pérdi-

122
da de referentes y a la carencia de horizontes de futuro que caracterizan las crisis
de descomposición.
El estancamiento del modelo de industrialización, si bien afectó a todo el país,
se sintió con más fuerza y dureza en la región antioqueña, pues fue el Valle de Aburrá
su principal centro de operaciones. Por eso sus efectos erosionantes afectaron
primero a ésta que a otras ciudades colombianas y fenómenos como la delincuen-
cia juvenil y el incremento en la criminalidad urbana no son ajenos a estas situa-
ciones que venimos describiendo; de hecho, ciudades norteamericanas y europeas
que han vivido el agotamiento de viejos modelos industriales se han visto afecta-
das por eventos de la misma naturaleza.
El escenario de lo internacional. La crisis en el modelo económico legal y
la pérdida de dinamismo de la economía antioqueña, coincidió en el tiempo con el
ascenso de la economía ilegal propiciada por el tráfico de drogas y otras sustan-
cias alucinógenas, cuyos mercados externos crecían en dimensiones astronómicas,
en tanto que se estrechaban y se volvían inelásticos para los productos exportables
de la economía legal.
El tráfico de drogas aparecía pues como un horizonte de posibilidad para
sectores sociales tradicionalmente excluidos pero formados en la mentalidad empre-
sarial propiciada por el ethos sociocultural decimonónico, para sectores venidos a
menos con las crisis de los años anteriores y para algunos agentes de la economía
formal que veían en los dólares del narcotráfico una manera de remontar las difi-
cultades del momento.
Pero la actividad del narcotráfico se alimentó también de los efectos erosio-
nantes producidos por el hundimiento de un proyecto político y ético cultural or-
gánico que no fue sustituido; por la ausencia de salidas a una crisis de crecimiento
que fragmentó el poder, debilitando y desinstitucionalizando las organizaciones
públicas y privadas; por la deslegitimaciones y la carencia de factores estructuran-
tes que le otorgasen alguna forma de organicidad al conglomerado social y, por qué
no decirlo, de una inicial actitud tolerante por parte de las autoridades y, también
de los sectores dominantes que no lograron avizorar los efectos que a mediano plazo
tendría la consolidación del negocio de las drogas.
Mas esta actividad y la violencia que trae aparejada, no empieza ni termina en
la región antioqueña, sale de sus límites y los del país para inscribirse en una ór-
bita internacional por definición: internacionales son sus mercados principales, los
abastecimientos de materias primas para la transformación de la base de coca en
cocaína y lo es el comercio de las armas que se traen para garantizar los procesos
asociados con el tráfico.
La lucha mundial contra el consumo de drogas, convirtió a Colombia y espe-
cialmente a la región antioqueña, en el único escenario donde se libra una guerra

123
internacional que desborda tanto las causas que incrementan el consumo de dro-
gas como las posibles soluciones que no pueden circunscribirse al ámbito nacio-
nal y mucho menos departamental. Sin embargo, esa guerra se libra aquí y sus
víctimas las está poniendo el pueblo colombiano, cuota en la que Antioquia lleva
la mayor parte.
Por estas razones, en pocos años el narcotráfico y el narcoterrorismo lograron
efectos más traumáticos y erosionantes sobre el tejido social de la región, que el
que hubiese logrado producir el viejo conflicto armado de la insurgencia y la con-
trainsurgencia, no sólo por la capacidad de penetrar en la vida institucional y en
los organismos que tenían la obligación de combatirlo sino porque esta actividad,
para su desarrollo, requiere la neutralización de cualquier forma de acción del
Estado; la propuesta, si es que hay alguna, es la del “no Estado”, la negación de
cualquier forma de institucionalidad, de regulación, de orden y de capacidad de
represión.
Si bien los poderes armados del narcotráfico se localizaron en las territoria-
lidades alternas y tradicionalmente excluidas de la región, tanto rurales como ur-
banas, su incidencia sociopolíticas y económica desborda con mucho su expresión
territorial, pues esta actividad afectó también la sociedad mayor, el espacio geo-
demográfico tradicional y penetró desigualmente en las instituciones de la vida civil
y política y en organizaciones muy importantes de la sociedad civil.
¿Hacia una crisis de descomposición? En la situación de violencia que vive
el departamento, se imbrican, se confunden y se refuerzan mutuamente las desle-
gitimaciones políticas y las formas de la delincuencia organizada, propiciando, en
algunos territorios más que en otros, formas críticas de descomposición del tejido
social, pero en todos ellos una dramática fragmentación del poder, que yuxtapone
parcelas controladas por fuerzas diversas que dirimen el control territorial mediante
el ejercicio de la violencia y en el escenario de las masacres colectivas.
En algunos de los territorios del conflicto predominan formas de violencia que
se corresponden con procesos de crecimiento, aunque no están ausentes las expre-
siones de descomposición. Es el caso de la región de Urabá y de algunas zonas del
Bajo Cauca; en otros espacios territoriales, con presencia de grupos narcoterroris-
tas, con severo estancamiento económico y conflictos políticos de vieja data, pre-
dominan las formas de descomposición del tejido social: es el caso de la ciudad de
Medellín y las poblaciones del Valle de Aburrá.
En estos contextos complejos y diferenciados los poderes institucionales, pero
también los alternativos carecen de capacidad efectiva para concitar consensos
amplios o para imponerse a sus contendores mediante el uso de las armas; desle-
gitimaciones e inorganicidades que se expresan también en los ámbitos no estata-
les, en la sociedad civil, en la esfera privada, en los mundos vecinales y familiares

124
y hasta en los comportamientos individuales de los sujetos siendo los más noto-
rios los siguientes:
– La disolución de las redes y las tramas socioculturales y políticas, en razón de
la ausencia o relativa inoperancia de factores estructurantes verdaderamente
orgánicos. Esta disolución o atomización social restringe el ámbito de las iden-
tidades y los sentidos de pertenencia a sus espacios más primarios —la fami-
lia, el círculo de los más allegados— con lo cual aumentan los umbrales de
tolerancia a la violencia, pues una muerte sólo es sentida como propia por grupos
pequeños de personas. “Indiferencia a la violencia” es la expresión popular para
nombrar los fenómenos de la atomización y de la inorganicidad que constitu-
yen el medio propicio para la generalización del terror.
– La disolución de las tramas institucionales y jurídico legales de las ramas del
poder público y las organizaciones más importantes de la sociedad civil: el poder
ejecutivo, el parlamento, la justicia, el ejército, los organismos de seguridad,
la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, los sindicatos, las asocia-
ciones, los partidos que, afectados por la crisis, se vuelven inorgánicos, se
atomizan y se fracturan, dando paso a la formación de “parcelas de poder” al
interior de la institucionalidad misma, con lo cual estos organismos dejan de
cumplir las funciones cohesionadora, reguladoras, y ordenadoras en la socie-
dad. Lo público se privatiza, se individualiza y se vuelve asunto de cada cual,
llegándose por esta vía a la situación hobbesiana de guerra de todos contra todos.
– La otra dimensión del tejido social es la intersubjetiva: las personas son afec-
tadas individualmente en sus comportamientos, sus prácticas y sus procede-
res. Gentes que en situaciones de relativa estabilidad y vigencia institucional
se comportaban como buenos ciudadanos respetuosos de las leyes y cumpli-
dores de sus obligaciones, en contextos de terror propiciados por inorganici-
dad y la atomización pueden llegar a la comisión de actos inimaginables, a
procederes abiertamente delincuenciales y violentos.
Las crisis de descomposición combinan pues muchos elementos viejos y nue-
vos; además no son estáticas. A la sombra de la crisis de descomposición colecti-
vamente vivida, se van formando nuevas mentalidades, otras cosmovisiones e
identificaciones, nuevos referentes donde la violencia juega un papel clave (se
admira al duro, al fuerte, al que despliega más poder y capacidad de sujeción) y,
también, nuevas asociaciones para defenderse de la violencia o para ejercerla: el
incremento de las bandas juveniles en Medellín y el fenómeno del sicariato reve-
lan procesos como los que estamos describiendo.
Lo que caracteriza la crisis de descomposición es su esterilidad. No puede
producir más que atomización, inorganicidad y terror, ahogando pequeños y gran-
des esfuerzos para articular un orden social nuevo como los que se realizan hoy en

125
muchos lugares del país y del departamento; en cambio las crisis de crecimiento
(si no cambian de signo por el estancamiento o la ausencia de proyectos políticos
realmente convocantes), alumbran siempre grandes transformaciones económicas
y cambios políticos de mucha significación.
En el caso antioqueño se combinan ambas formas de crisis y se expresan
desigualmente a lo largo y ancho de todo el territorio de la región. Mas por prime-
ra vez en la historia, el espacio geodemográfico de la sociedad mayor, la vieja
territorialidad sociohistórica, la columna vertebral del pueblo antioqueño y su centro
dinamizador, Medellín, se ve permeada por los conflictos manifestados en los
espacios de exclusión. No es posible convivir mucho tiempo con la exclusión sin
que ella termine por penetrar y descomponer los espacios integrados y articulados.
Las alternativas de solución tienen que ser múltiples y diversas, orientadas tanto
a desactivar los conflictos armados como a superar las deslegitimidades políticas,
la atomización y la descomposición del tejido social.
En el primer campo, donde Antioquia es escenario de conflictos nacionales e
internacionales (contrapoderes, parapoderes y narcotráfico), se requiere un prota-
gonismo regional para propiciar negociaciones de paz con los alzados en armas,
así como para el desmonte de los grupos paramilitares. En el contexto internacio-
nal, y con relación a los problemas del narcotráfico, el protagonismo regional debe
apuntar hacia la desnacionalización y desregionalización de la guerra y de la inter-
nacionalización de las soluciones.
En lo que tiene que ver con las deslegitimidades políticas, se requiere una
presencia orgánica y de amplia representatividad de la región en el Estado nacio-
nal, que tiene que pasar por la dinámica de las inclusiones, por las prácticas de la
democracia participativa, por el pluralismo político, étnico, cultural y social y por
la ampliación del horizonte económico; pero quizá donde se debe desarrollar un
trabajo más sostenido, más ambicioso y de mayor alcance, es en lo que tiene que
ver con la recomposición del tejido social, mediante un proyecto ético cultural
orientado hacia la modernidad, que convierta en referentes de identidad valores
como los de la tolerancia, democracia, el respecto por el otro, en fin, una ética civil
que sirva como eje estructurante de una nueva identidad nacional, única posible
en la modernidad.

126
Capítulo II

EL CIUDADANO Y LA POLÍTICA

127
La política en tiempos de incertidumbre*

Los fenómenos que acompañan la vida política colombiana se han interpretado,


en buena parte, como expresiones de una crisis de hondo contenido, de larga du-
ración y de vastas proporciones frente a la cual todavía no se evidencian salidas
viables y posibles.
El carácter de la crisis, su naturaleza y sus manifestaciones en la deslegitima-
ción del Estado, en el accionar de los partidos, en los alcances de la democracia o
en las restricciones y desfases del sistema político, se analizan desde el ámbito
interno, desde la particularidad de la nación colombiana, pero pocas referencias se
hacen sobre procesos similares de corte global o sobre cambios significativos en
la esfera de lo político que afectan también a otros países de Latinoamérica y del
mundo occidental en su conjunto.
Esa vocación de insularidad y de aislamiento, esa fascinación cuasinarcisista
con nuestra propia imagen, tan presente en la intelectualidad colombiana, quizás
nos ha llevado a sobrevalorar la crisis, a pintarla con colores más apocalípticos o
a percibir catástrofes donde lo que puede estar ocurriendo es la conformación de
un nuevo orden político aún no reconocido como tal. Por ello, en estos tiempos de
incertidumbre, es pertinente desarrollar algunas reflexiones en torno a las varia-
ciones y los cambios que en este fin de siglo XX han ocurrido en occidente, con
relación al ámbito político en dos campos específicos: el lugar del Estado y la
redefinición de las fronteras entre lo político-público y lo privado-social.

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 4. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.


Medellín, julio-diciembre de 1993.

129
El lugar del Estado
Dice Marcelo Cavarozzi1 que la crisis motivada por la deuda externa latinoa-
mericana, ocurrida en la primera mitad de la década de 1980, significó el agota-
miento de la matriz estadocéntrica que fue sustituida por la matriz sociocéntrica.
Es decir, aquella matriz en la que el Estado era el aparato central en torno al cual
giraban las otras instituciones del sistema político, fue reemplazada por una en la
cual la dinámica del sistema como conjunto se desplazó hacia la sociedad civil y
hacia el mercado, convirtiéndolos en principios estructurantes del acontecer polí-
tico.
Para Norbert Lechner2 la crisis del Estado como centro aglutinante del poder
público asociada con la caída de los regímenes autoritarios del Cono Sur trajo como
resultado la recuperación de la sociedad civil y la renovación de las prácticas y los
alcances de la democracia.
Algunos autores europeos como Fernando Reinares, Claus Offe y Nicolás
López Calera, relacionan la pérdida de centralidad del Estado en los sistemas de
capitalismo avanzado, con la crisis de los estados de bienestar o del modelo de
Estado intervencionista3 .
La década de los ochenta va a marcar un punto de inflexión esencial en la evolu-
ción del Estado [...] y se pondrán en práctica recetas de desmantelamiento del
capitalismo de bienestar y de retorno a un capitalismo centrado en el mercado4 .

James O’Connor en Estados Unidos y Jürgen Habermas en Alemania expli-


caban esta situación como efecto de la crisis de gobernabilidad ocasionada por el
incremento de las demandas sociales ante el poder estatal y su disminuida capaci-
dad de respuesta, lo que se manifestaba en la dramática deslegitimación de los es-
tados modernos de capitalismo avanzado5 .
La caída del muro de Berlín y el derrumbe de “los socialismos realmente
existentes”, fuertemente estatizados confirmaban que los tiempos de la matriz
estadocéntrica estaban llegando a su fin.

1. CAVAROZZI, Marcelo. Transformaciones de la política en América Latina contemporánea. En:


Análisis Político Nº 19. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá, mayo - agosto de 1993. Págs. 25-37.
2. LECHNER, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Flacso. Santiago de Chile, 1988. Págs.
21-45.
3. REINARES, Fernando y BENDICTO, Jorge. Transformaciones de lo político. Alianza. Madrid,
1992. OFFE, Claus. Transformaciones en el Estado de bienestar. Alianza. Madrid, 1990. LÓPEZ
Calera, Nicolás María. Yo, el Estado. Trotta. Madrid, 1992.
4. REINARES, Fernando. Op. cit. Pág. 19.
5. O’CONNOR, James. La crisis fiscal del Estado. Península. Barcelona, 1981. HABERMAS, Jürgen.
Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu. Buenos Aires, 1975.

130
La matriz estadocéntrica, a la que hoy se le decreta la muerte desde la derecha
neoliberal y la izquierda posmarxista, se configura jurídicamente, tanto en Colombia
como en otros países de América Latina, en las reformas constitucionales del dece-
nio de 1930. La del año 1936 en el caso colombiano.
Los perfiles más destacados de las transformaciones que redefinieron el lugar
y la centralidad del aparato estatal, estuvieron determinados por la función inter-
vencionista del Estado en la economía, por la regulación de los mercados sobre
todo el de la fuerza de trabajo, por la adopción de modelos sustitutivos de industriali-
zación con apoyo decidido del Estado y de estrategias arancelarias y fiscales de
corte proteccionista, en fin, por el acentuamiento del papel del Estado en la pro-
moción del desarrollo y en el fortalecimiento de los mercados internos. A partir de
esta coyuntura, el aparato estatal se convierte en el nuevo sol del universo de lo
político y se redefinen, como dice Cavarozzi, las maneras y los modos de hacer
política, instaurando un patrón estatista de politización.
Este patrón estatista de politización se refiere no sólo a la centralidad del Estado
en el sistema, sino también a que éste acota y encierra entre sus propios límites a
las esferas de lo político y de lo público e imprime su lógica particular a las múl-
tiples relaciones y tensiones que se desarrollan en la sociedad civil. Como sostie-
ne Niklas Luhman “el Estado fue el punto de referencia capaz de dotar de sentido
a todos los conceptos políticos y a la política misma”6 .
En Colombia, las transformaciones inducidas por la matriz estadocéntrica y
su patrón estatista de politización, fueron múltiples, complejas y contradictorias,
pero pueden esquematizarse en los siguientes puntos:
— Un creciente número de actividades económicas y sociales comenzaron a gra-
vitar en la órbita del Estado y a depender cada vez más de la intervención pú-
blica, de las políticas y de las regulaciones dictadas desde el aparato estatal,
configurándose lo que ha dado en llamarse la macrocefalia del Estado.
— El eje del poder y la capacidad de decisión se desplazó hacia la rama ejecutiva
y hacia la administración central con la consecuente pérdida de representati-
vidad del Congreso y la disminución de los recursos institucionales y de inver-
sión a disposición de las administraciones locales y regionales.
— Se debilitó el sistema de partidos en lo que tiene que ver con su capacidad para
organizar y entretejer los intercambios políticos, para acordar los consensos
requeridos para la legitimidad del Estado y para articular en sus estructuras a
las grandes mayorías sociales, creando una crisis de representatividad de vas-
tas proporciones, cuya arista más evidente es el persistente abstencionismo
electoral.

6. LUHMAN, Niklas. Teoría política en el Estado de bienestar. Alianza. Madrid, 1993. Pág. 21.

131
— El sistema de partidos se subordinó al ejecutivo central y, como contrapartida,
se presentó una creciente influencia de los gremios económicos en el diseño
de políticas y programas acordes con sus intereses específicos.
— Se limitaron las prácticas políticas y ciudadanas a una de sus dimensiones: la
electoral, y se generó una creciente dependencia de los recursos instituciona-
les y presupuestales concentrados en el Estado para llevar a cabo las prácti-
cas políticas. El modelo clientelista y la corrupción que de allí devienen, in-
fluyeron profundamente tanto en la pérdida de legitimidad del Estado como
en la pérdida de identidad partidista; pero lo más significativo fue la despo-
litización resultante de este proceso y el surgimiento de verdaderos “mer-
cados electorales”.
— Las respuestas a las demandas de las grandes masas urbanas y rurales empe-
zaron a depender cada vez más de la gestión del gobierno central, acentuándo-
se los problemas de gobernabilidad que han afectado tradicionalmente a los
estados latinoamericanos.
— El patrón de politización estatista afectó también el desarrollo de prácticas de-
mocráticas y de cultura política, al propiciar el surgimiento de una mentalidad
paternalista y asistencialista en las mayorías sociales, o en su defecto, la adop-
ción de estrategias disruptivas, por fuera de los canales institucionalizados de
relación entre el ciudadano y el Estado, que iban desde los paros cívicos y las
marchas campesinas hasta la lucha armada.
En Colombia, la instauración de la matriz estadocéntrica y su vigencia por algo
más de media centuria no estuvo asociada como lo piensan algunos neoliberales
criollos con un alto grado de dirigismo estatal, con un fuerte intervencionismo o
con un gran despliegue de políticas sociales orientadas hacia el bienestar. Por el
contrario, lo que en realidad operó fue una alta discrecionalidad por parte del eje-
cutivo central7 y una cierta flexibilidad pragmática en el manejo de la política
económica. En lo que al bienestar se refiere, en nuestro medio no habría Estado
para desmantelar, pues, contrario a lo que sucede en el capitalismo avanzado, el
gasto social ha sido mezquino, por decir lo menos, y las políticas sociales una qui-
mera. Las altas tasas de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas convierten
en retórica la pregunta por un Estado de bienestar en Colombia.
Más que a los efectos de un virtual e imaginario intervencionismo estatal o a
las sobrecargas en el presupuesto debidas al gasto social, los efectos de la matriz
estadocéntrica sobre el sistema político colombiano están asociadas con lo que
Cavarozzi llama un patrón estatista de politización que, a la postre, produjo efec-

7. PÉCAUT, Daniel. Orden y violencia: Colombia 1930-1954. Cerec, Siglo XXI. Bogotá, 1987. Págs.
285-303.

132
tos despolitizantes al privatizar lo público y al convertir al Estado en un aparato
débil, proclive al uso de la fuerza y de la violencia e incapaz de mantener una forma
de control social distinta al uso de la fuerza. Paradójicamente, la matriz estado-
céntrica no contribuyó a consolidar el Estado, como si ocurrió en los países de
capitalismo avanzado, sino que lo debilitó por la vía del patrón estatista de politi-
zación.
Resulta interesante constatar que las manifestaciones de la crisis política en
diferentes países, culturas y sociedades, presentan aristas similares a las que se han
identificado para el caso colombiano. Offe señala la creciente incapacidad de los
Estados modernos y desarrollados de Europa para resolver las sucesivas crisis
económicas, lo que se expresa en graves problemas de ingobernabilidad. Según este
autor el sistema político como conjunto está acompañado de “[...] elevadas dosis
de desconfianza cuando no de rechazo hacia las instituciones y componentes bá-
sicos del sistema democrático (partidos, líderes, elecciones) [de] una preocupante
desvalorización de lo público y una creciente despolitización de la vida social”8 .
Reinares, refiriéndose a los partidos en las naciones modernas y desarrolladas,
plantea lo siguiente:
El acusado descenso de los sentimientos de identificación partidista, la descom-
posición de los alineamientos partidistas tradicionales o el incremento de la vo-
latilidad electoral, constituyen sólo los exponentes más inmediatos de una impor-
tante crisis de los partidos que, en último término, radica en su incapacidad para
seguir siendo plataformas creadoras de identidad social y expresión de los inte-
reses políticamente representables9 .

Este preocupante proceso de despolitización y declinación de lo público en


las democracias modernas, ha sido analizado con gran lucidez por Nicolás Ténzer,
quien afirma:
Esta crisis global de nuestras sociedades y que sólo en su globalidad puede ser
comprendida realmente es ante todo política. Esta crisis política es crisis de la
capacidad para resolverse a sí misma, desemboca en una crisis social, la socie-
dad no se percibe ella misma de manera coherente y es progresivamente incapaz
de construir su unidad, y en una crisis cultural por haber perdido el individuo sus
marcos de referencia y sentirse perdido en el vasto mundo10 .

Los posmodernos, a su vez, enfatizan en la pérdida de sentido, en la declina-


ción de las ideologías, en la muerte de la razón con sus metadiscursos y, sobre todo,
en la declinación del Estado y de la público. El desencanto y la desesperanza in-

8. OFFE, Claus. Op. cit. Pág. 17.


9. REINARES, Fernando. Op. cit. Pág. 24.
10. TÉNZER, Nicolás. La sociedad despolitizada. Paidós. Barcelona, 1992. Pág. 29.

133
ducen a los individuos a abandonar la esfera de la política para refugiarse en el mun-
do privado y en el ámbito de lo doméstico: “parece que no hay nada que hacer y
hay que volver a casa”11 .
Existen, pues, varias coincidencias en la percepción de la crisis política tanto
en Colombia como en otros países del mundo occidental:
— Se trata de una crisis estatal, del Estado de bienestar para unos, del patrón de
politización estatista para otros o de una crisis global cuya primera y más im-
portante expresión se presenta en el Estado.
— Existe relativo acuerdo sobre sus perfiles más visibles: crisis de gobernabili-
dad, crisis de representatividad y crisis de identidad política y de cohesión social.
— Existe consenso sobre los efectos de la crisis política en la sociedad como con-
junto: el fraccionamiento de los poderes, la pérdida de sentido colectivo de los
individuos, la descomposición del tejido social y el surgimiento de pequeñas
identidades étnicas o nacionalistas que apelan cada vez más a prácticas no con-
vencionales de manifestación social, entre ellas, la violencia.
Lo anterior muestra que la crisis política colombiana hace parte con sus espe-
cificidades de un fenómeno más global que afecta a otras naciones latinoamerica-
nas, a los países desarrollados con sistemas democráticos sólidos e incluso a los
países del Este alineados en torno al socialismo estatalmente administrado12 .
Estos ejes comunes están poniendo de presente el agotamiento de un sistema
político que gravitó sobre un centro aglutinante, el Estado, y que transita, como
dice Cavarozzi, hacia otra matriz política, la matriz sociocéntrica. Nos encontra-
mos frente a la disolución de un orden político y la refundación de otro cuya di-
námica se localiza en el vasto y desconocido campo de la sociedad civil.

¿Despolitización o refundación de la política?


Las preocupantes muestras de crisis del patrón de politización estatista son
percibidas como algo caótico, desordenado y, según los posmodernos, apocalípti-
co, finalista y casi escatológico. Sin embargo, lo que se acusa como caos parece
ser más bien el advenimiento de otro orden político a partir de la refundación y
reconstrucción de esta esfera de la vida real. Se trata de la pérdida de centralidad
del Estado en la órbita de lo político y su descentramiento y desplazamiento hacia
la sociedad civil.
Si hoy la política no se hace en y por el Estado, ¿esto significa que ella des-
apareció? ¿Se despolitizó la sociedad? ¿O acaso la política habita ahora en otros
espacios y otros lugares no reconocidos ni totalmente institucionalizados? Quizá

11. LÓPEZ Calera, Nicolás María. Op. cit. Pág. 29.


12. KEANE, J. Democracia y sociedad civil. Alianza. Madrid, 1992. Págs. 17-51.

134
la impresión de caos y de desorden esté anunciando el advenimiento de una nueva
matriz de corte sociocéntrica.
El desplazamiento hacia una matriz sociocéntrica redefine el sentido de la
política y replantea prácticas, organizaciones, modalidades, discursos y acciones
que, por carencia de reconocimiento, se mantienen en una cierta penumbra y en
esa franja gris e indeterminada que separa las esferas de lo político y lo social, pues
la política reconocida institucionalmente y con efectos sobre la estructura pública
y de toma de decisiones, sigue siendo aquella que se desarrolla en la matriz esta-
docéntrica, en el sistema de partidos y en la expresión electoral.
En Colombia, como en el resto de América Latina, ese tránsito inconcluso y
difuso hacia la matriz sociocéntrica se expresa en el surgimiento y consolidación
de:
— Identidades políticas no partidistas desarrolladas en torno a una condición de
género (las mujeres), a un rol privado (los ancianos, los jóvenes, los homosexua-
les), a una categoría social (minorías étnicas, pobladores urbanos o colonos),
a valores universales que apelan al sujeto como miembro del género humano
(pacifistas, defensores de la naturaleza o de los derechos humanos).
— Nuevas organizaciones, definidas más por el movimiento que por la estructu-
ra, que no se enmarcan en el sistema de partidos ni en estructuras orgánicas y
permanentes, sino que mantienen altos grados de flexibilidad y desregulación.
— Nuevas pautas de acción política, más cercanas a las formas directas de la de-
mocracia, que se orientan hacia la participación social y ciudadana para la de-
finición de prioridades locales o sectoriales sin pasar por la mediación de los
partidos ni por el proceso electoral.
— Estrategias de acción política por fuera de los canales institucionales electora-
les y representativos, esto es, acciones no convencionales que van desde las for-
mas directas como la protesta ciudadana, las manifestaciones, las marchas y
los paros cívicos hasta las acciones concertadas y pactadas entre agrupaciones
sociales o bien de éstas con los entes gubernamentales; los movimientos so-
ciales no tienen en general una propuesta sustitutiva del régimen político, sino
más bien un interés por influir sobre las decisiones de las élites políticas y del
Estado en aquellas aspectos que son de interés para esos movimientos.
— Finalmente, se redefinen los ámbitos territoriales de ejercicio de poder mediante
el establecimiento de gobiernos intermedios o “messogobiernos”, que coinci-
den con localidades, regiones o etnicidades caracterizadas por una fuerte iden-
tidad cultural o social, lo que en la práctica socava de alguna manera los Es-
tados centrales y los ámbitos nacionales.
Los nuevos movimientos sociales, cívicos, ciudadanos, de género, étnicos,
locales y regionales, ponen en jaque la centralidad del Estado, el sistema de par-

135
tidos, los mecanismos institucionales de la representatividad y los canales forma-
les de la participación, politizando al mismo tiempo la sociedad civil. Ello no sig-
nifica el establecimiento de un nuevo centro gravitacional, de un nuevo sol que
alumbre y le otorgue un sentido unívoco al acontecer político de la sociedad, sino
que, por el contrario, los centros se multiplican, los actores y sus prácticas se plu-
ralizan y las maneras de hacer política se reinventan; es decir, se instaura un nuevo
patrón de politización: el societal.
La constitución de un patrón de politización societal se manifiesta en nuevas
concepciones sobre la democracia. Se insiste en las autonomías, en los autogobier-
nos, en la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida social, en la
descentralización del poder y en el fortalecimiento de las democracias locales y
regionales. Se intenta, desde este propósito democrático, la transformación de
prácticas socioculturales jerárquicas, verticales y autoritarias, para lograr la acep-
tación de las diferencias, la tolerancia y el respeto mutuo. Estas nociones desbor-
dan las concepciones tradicionales sobre el Estado y se alojan en el espacio vasto
de la sociedad civil.
Este nuevo ideal democrático está ligado con las estrategias neocontractua-
listas: pactos sociales y ciudadanos suscritos entre “pares”, entre iguales, a través
de los cuales se establecen consensualmente las reglas de juego y los propósitos
susceptibles de generalizarse para lograr espacios mínimos de convivencia social.
No se trata ya de tener una idea sustantiva de la democracia con contenidos
fijos o de pensarla como un fin en sí misma, sino de asumirla como un proceso
continuo que transforma todos los espacios públicos y privados, políticos y coti-
dianos, en la búsqueda incesante de las promesas incumplidas de la ilustración: la
emancipación, la libertad.
Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes por resolver frente a esta matriz
sociocéntrica: ¿hasta qué punto esta politización descentrada y sus portadores los
movimientos sociales, van a lograr extender su influencia hacia las cúpulas del po-
der? o ¿acaso se prevé la desactivación de su potencial de cambio paralelamente
a su progresiva institucionalización?
Además, cabría preguntarse si este socavamiento del Estado y la recuperación
ambivalente de la sociedad civil coincide con las propuestas neoliberales de más
mercado y menos Estado. ¿Dónde residen las diferencias con estas propuestas y
cuál sería el perfil emancipatorio, libertario, de cambio y justicia social que ten-
dría este paradigma alternativo?13

13. OFFE, Claus. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Sistema. Madrid, 1988.
El interés de este trabajo no es hacer un balance crítico de los movimientos sociales, sino más
bien rescatar las transformaciones de la política, el paulatino desdibujamiento de la matriz esta-

136
La redefinición de las fronteras de lo público
La emergencia de una matriz sociocéntrica y la consecuente politización de la
sociedad civil, han redefinido el ámbito y las fronteras de lo político, no sólo entre
las esferas de lo público y lo privado sino también entre lo que se considera como
propio de ésta —la política— y su diferenciación con relación a lo económico o
a lo social. En otras palabras, ¿cuál sería ahora la frontera o el límite que diferencia
estos campos del hacer humano, pues cada vez se hacen más difusos e indetermi-
nados?
En el viejo modelo de la matriz estadocéntrica los ámbitos de lo político y de
lo público eran más visibles y reconocibles, no sólo porque estaban delimitados
jurídica e institucionalmente sino porque las identidades políticas se aglutinaban
unívocamente en torno al sistema de partidos, con sus modelos de acción y repre-
sentación de intereses colectivos. Además, los proyectos políticos estaban orien-
tados fundamentalmente hacia la conservación del Estado. Bajo este modelo, en-
tonces, lo público y lo estatal terminaron por coincidir.
El descentramiento del sistema político, la politización de la sociedad civil, el
surgimiento de identidades políticas diversas y no partidistas, así como las prác-
ticas no convencionales de acción y manifestación, diluyen las fronteras entre lo
público y lo privado y confunden los espacios de lo socioeconómico y lo político.
De alguna manera la presencia de los movimientos sociales, con su fuerza reno-
vadora, han contribuido con estas redefiniciones aún inconclusas.

La dinámica de tránsito de doble vía


entre lo privado y lo público
Una característica interesante de la vida colombiana de los últimos años tiene
que ver con la inscripción en lo público de actores, temas y expresiones sociocul-
turales consideradas históricamente como pertenecientes al ámbito privado. Esta
irrupción contribuye con el cuestionamiento a las relaciones de poder y expresa
un gran potencial movilizador y convocante, aunque podría decirse que el logro
más importante ha sido someter al debate y a la reflexión públicas asuntos que no
tenían ese carácter, es decir, le ha otorgado sentido político a conflictos privados
y sociales, se ha ampliado el ámbito fenoménico de la política14 y se han redefi-
nido los límites difusos entre aquello considerado como político y lo que no lo es.

docéntrica y su patrón de politización estatista así como las transformaciones que esto ha impli-
cado tanto en Colombia como en otros países del mundo accidental.
14. COLOM González, Francisco. Sobre la concepción de la política: racionalidad, espacio público
y categorías de poder. Suplementos Nº 28. Anthropos. Barcelona, 1991.

137
Los movimientos feministas y de homosexuales, por ejemplo, han conferido
sentido político y estatus público a prácticas culturales desarrolladas en el ámbito
de lo doméstico que fueron considerados como temas de la cotidianidad y, por tanto,
intrascendentes o como temas tabú sobre los cuales no se hablaba.
Estos movimientos han dotado de identidades políticas a los actores que re-
presentan y a quienes se sienten convocados por ellos. Hoy hacen parte de la agen-
da de las discusiones políticas, son objeto de propuestas y contrapropuestas así como
de programas y proyectos de los diferentes gobiernos. De esta manera, conflictos
privado-sociales son traducidos a un lenguaje político-público y se enmarcan en la
maraña que sostiene la trama política del mundo occidental.
Igual cosa podría decirse de las agrupaciones cristianas o de grupos religio-
sos minoritarios portadores de creencias y valores diferentes, y, a veces, contra-
dictorios con el catolicismo dominante. Pese a los procesos de secularización re-
cientes y a la consagración de la libertad de cultos en la nueva Constitución, en
Colombia la religión católica siempre ocupó el espacio público y estuvo tan imbrica-
da con la política que se confundió con ella, por ejemplo al jugar un papel desta-
cado en la definición ideológica de las plataformas políticas de los partidos tradi-
cionales.
Pese a que la libertad religiosa para las agrupaciones no católicas estaba cir-
cunscrita al mundo de la privado, a ese fuero interno o íntimo donde el individuo
definía libremente su relación con lo trascendente y lo espiritual, hoy los movi-
mientos cristianos irrumpen en el espacio público y en la esfera política poniendo
de presente sus tensiones y conflictos de todo orden con un sistema sociojurídico
considerado excluyente y discriminatorio.
La presencia pública y política de estos grupos no tiene como objetivo some-
ter a debate el corpus de creencias y doctrinas que ellos portan, o confrontar los
principios teológicos y religiosos del catolicismo. Por el contrario, sus metas son
más pragmáticas y más políticas: incidir en la toma de decisiones, obtener alguna
parcela de poder político, representar los intereses de los asociados y revertir su
acción hacia la sociedad en forma de mandatos vinculantes que obtengan obediencia
y respeto.
Los movimientos étnicos y las identidades asociadas con la pertenencia a
grupos culturales que por mucho tiempo habían sido excluidos del derecho a la
Nación, son otra expresión bien significativa de la politización de los conflictos
sociales y del carácter público que estas agrupaciones han logrado obtener en los
últimos años en Colombia. Conflictos considerados hasta hace poco como de la
esfera social y ligados con la lucha por la tierra, con las protestas por los desalojos
y atropellos a su cultura, sus creencias y su cosmogonía, irrumpen en la esfera
política y, por esa vía, amplían el reconocimiento a sus derechos, a la otredad y a

138
la pluralidad en la cultura, en la sociedad y en la Constitución colombiana.
La presencia pública y el quehacer político de los movimientos sociales es un
acontecimiento de dimensiones incalculables quizá tan importante como lo fue en
su momento la irrupción del movimiento obrero en el contexto del Estado liberal,
que trajo consigo modificaciones de envergadura en el sistema político, abriéndo-
les paso no sólo al Estado social de derecho y a los modelos intervencionistas y de
bienestar, sino también a las tesis comunistas y a las respuestas fascistas que en-
marcaron el acontecer político de Occidente en el último siglo.
Sin embargo, no todo movimiento social asume per se el carácter político ni
éste le es otorgado por el espacio donde se desarrolle o por las metas y propósitos
que se fije. Como dice Colom González:
Sólo aquellos motivos que de la mano de actores individuales colectivos hubie-
sen luchado en cada momento por su reflejo jurídico institucional y por una acep-
tación pública, podrían aspirar con derecho a caer bajo una catalogación especí-
ficamente política15 .

La política, pensada como el espacio público del conflicto, se nutre de las


tensiones, divergencias y confrontaciones desatadas en el ámbito socioeconómi-
co; en otras palabras, se nutre de lo prepolítico y retorna allí bajo la forma de le-
gislación y acciones gubernamentales, bajo la forma de represión abierta o mediante
una combinación de ambas.
La dimensión política de actores, movimientos, organizaciones y conflictos
no está definida de antemano, su carácter no es fijo y permanente, sino que está
dado en términos de una lucha por el reconocimiento, por el discurso y la acción
en el ámbito de lo público, por la confrontación de ideas e intereses en ese contex-
to, por las acciones y reacciones del Estado o de otros actores políticos, en fin, por
las estrategias de inclusión-exclusión que se desplieguen.
La lucha por el reconocimiento define el carácter político o prepolítico de los
actores y los movimientos y el tránsito entre lo privado y lo público. La dinámica
inclusión-exclusión, las rigideces y las flexibilidades de las estructuras jurídico
institucionales para aceptar actores y conflictos en el ámbito público, delimitan
parcial y precariamente las esferas del hacer humano al trazar las fronteras o lími-
tes entre ellas.
Si bien la política carece de contenidos fijos y las fronteras entre lo público y
lo privado siempre han sido laxas y poco definidas, la instauración de un patrón de
politización societal está variando los límites entre lo político y lo que no es, y está
pluralizando y complejizando los actores, las identidades políticas, las temáticas

15. Ibid. Pág. 134

139
y las modalidades de acción y participación a través del cambio de eje público-
privado.
Si aceptamos que la política no tiene contenidos fijos, es presumible que el
flujo ocurra también en sentido contrario, es decir, que asuntos considerados tra-
dicionalmente como públicos pertenecientes a la órbita del Estado se eclipsen, se
privaticen y pasen a pertenecer a esa esfera de los intereses particulares, corpora-
tivos y prepolíticos. De hecho, este proceso se ha venido dando en Colombia, pero
también en muchos países del mundo occidental.
Durante la vigencia de la matriz estadocéntrica la economía fue esencialmente
política y pública. En el escenario actual, bajo la propuesta neoliberal, se pretende
devolverla a las libres fuerzas del mercado, convertirla en un asunto privado de em-
presarios grandes y pequeños que se disputan, sin reglamentaciones e interferencias
estatales o políticas, su lugar en un mercado internacional en expansión. Bajo este
presupuesto, el Estado deshace paulatinamente de sus empresas de servicios para
dejarlas en manos de particulares, y las precarias políticas asistenciales y sociales
construidas pacientemente durante la vigencia del Estado social de derecho —salud,
educación, vivienda, recreación—, pasan a ser asumidas por entidades privadas o
por grupos de economía solidaria cuyo lugar es la esfera de la sociedad civil.
Así, la dirección de la economía y el protagonismo en la gestión del desarro-
llo, que fueron hasta hace poco pilares importantes del Estado y objetos de debate
público y político por excelencia, transitan hacia la esfera privada que se convierte
en un gran mercado de intercambios múltiples regido por la mano invisible, tal como
lo soñara Adam Smith.
Esta estrategia de privatizaciones o, mejor, de tránsito de la esfera pública a
la privada, ha incursionado en espacios considerados intocables y prohibidos para
particulares, como por ejemplo el de la justicia, mediante lo que se ha llamado la
desregulación o la “desjuridificación”16 . Ante la ineficacia de la justicia y del Estado
en su conjunto se propone, en delitos y contravenciones de menor cuantía, favo-
recer alguna forma de contractualismo privado, de acuerdo voluntario entre las
partes, de conciliaciones entre actores sin transitar por los juzgados y los tribunales.

La política está en otra parte


En suma, asistimos a un flujo de doble vía en el cual aquellos asuntos tradi-
cionalmente considerados como privados o prepolíticos irrumpen en la esfera
pública y adquieren un carácter político que antes no tenían. A su vez, elementos
constitutivos de la esfera pública y estatal se privatizan e ingresan en el vasto campo
de lo “no político”.

16. LÓPEZ Calera, Nicolás María. Op. cit. Pág. 26.

140
Se trata de procesos inconclusos que se desarrollan y expresan a diferentes
ritmos y cuyos impactos no son iguales. Lo más confuso de este proceso es que
mientras lo político instituido y enmarcado en normas jurídicas, que se correspon-
de con la matriz estadocéntrica y con el patrón de politización estatista, ostenta se-
ñales de crisis profunda; la revitalización de lo político, la dinámica de lo público,
los nuevos actores portadores de prácticas distintas y las identidades políticas que
se aglutinan en torno a la lucha por el reconocimiento, se desarrollan en otra parte,
en una matriz nueva, virtual, parcialmente reconocida e institucionalizada.
La matriz sociocéntrica y el patrón de politización societal que induce, están
modificando el universo político, su viejo centro y sus fronteras. Sin embargo, ésta
no logra el reconocimiento institucional y su reflejo jurídico es aún fragmentario
y difuso, como fragmentarias y difusas son las aproximaciones teóricas, las cate-
gorías filosóficas y los análisis políticos que se han desarrollado sobre estos as-
pectos.
Quizá por ello, más que frente a una crisis política de ribetes apocalípticos y
finalistas, nos encontramos frente a una crisis de interpretación y aprehensión de
los cambios y transformaciones del Estado y del sistema político; crisis de inter-
pretación referida al análisis de nuevos fenómenos mediante viejos referentes,
antiguas gramáticas y tradicionales ritos. El desorden y el caos que algunos ana-
listas proclaman como el signo de los tiempos se debe, en parte, a la incapacidad
de reconocer un orden diferente que surge de las entrañas del viejo y a la ausencia
de códigos, señales, referentes y sentidos para leer e interpretar la nueva imagen
que proyecta lo político en su conjunto.

141
El malestar con la representación política
en la Colombia de hoy*

El propósito de la siguiente reflexión es mostrar los vínculos o nudos teóricos


e históricos (prácticos) entre la representación política y la dimensión de lo públi-
co, en el contexto de la crisis política por la que atraviesa Colombia.
Este ejercicio se justifica por dos razones: primero, porque de alguna manera
las expresiones de la crisis política y las múltiples interpretaciones que de ella se
hacen en la literatura politológica y sociológica colombiana y latinoamericana,
coinciden en señalar que el sistema representativo, sus principios y sus institucio-
nes (congreso, partidos y elecciones), son los causantes de esa brecha cada vez más
grande entre lo social y lo político, entre los gobernantes y los gobernados, entre
la sociedad civil y el Estado, entre ciudadanos y autoridades o si se quiere entre lo
público y lo privado.
Ese generalizado malestar con la representación ha llevado a buscar en las
fuentes de la democracia clásica, la democracia directa, una estrategia para salvar
esa fractura y lograr, por esa vía, la recuperación de la capacidad de la política para
orientar la marcha de la sociedad.
La segunda razón que justifica este ejercicio tiene que ver con una coinciden-
cia paradójica, que no deja de sorprender, entre las tesis neoliberales que propug-
nan por “menos Estado” y las tesis esgrimidas desde la izquierda que redefinen el

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 6. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.


Medellín, julio de 1995.

143
imaginario de la democracia centrándolo en la sociedad civil, la autogestión de las
comunidades y la ciudadanía participativa, con prescindencia de lo estatal jurídico.
Ese desplazamiento de una matriz estadocéntrica a una sociocéntrica1 está
poniendo en cuestión los fundamentos teóricos y los resultados prácticos del sis-
tema representativo, de sus principios y de sus instituciones, que aparecen, al mis-
mo tiempo, en la mira de la crítica para los neoliberales, los neoconservadores y
los neomarxistas.
En efecto, a lo largo de América Latina, y en esto Colombia no es la excep-
ción, se percibe un amplio malestar con los parlamentos y congresos, considera-
dos por la opinión pública como fuentes de corrupción, ineficacia y desgreño, casi
como adminículos superfluos e innecesarios, herencia de una arcaica democracia
formal y adjetiva de cuyas instituciones caducas se podría y se debería prescindir
para “salvar” así la moralidad del Estado y la Nación.
El malestar con la representación se amplía a otras instituciones: los partidos
y las elecciones. En los primeros se destaca su creciente incapacidad para encau-
zar la multiplicidad y la diversidad de las demandas sociales, la pérdida de iden-
tidad política de los ciudadanos con ellos y su carácter de maquinarias electorales,
desideologizadas y despolitizadas, orientadas hacia el uso privado y particular de
las clientelas que las constituyen.
Con los procesos electorales, el malestar es quizá más profundo, pues en ellos
se conjugan los viejos fantasmas del fraude, siempre presentes en el imaginario
político de los colombianos, con los nuevos demonios de la corrupción, devenida
de la forma como se financian las campañas electorales, vistas de la misma mane-
ra por delincuentes organizados o por grandes consorcios económicos: como un
“negocio” en el cual se invierte capital para conseguir beneficios futuros. Situa-
ción que se concreta en la elección de gobernantes y representantes dóciles, com-
placientes y proclives a defender los intereses particulares (lícitos o ilícitos) de sus
financiadores.
El creciente malestar con la representación no se limita pues a ver este siste-
ma y a sus instituciones como ineficaces y caducas; se los percibe como los cau-
santes de la crisis política y ética, como los culpables del actual estado de cosas,
como los responsables de que el ideal democrático no logre arraigar y florecer por
estas latitudes.
De allí la importancia de ocuparse, de nuevo, de los nexos o anudamientos
teóricos y prácticos entre la representación política y la dimensión de lo público,
temas seculares de la ciencia política. Al parecer el olvido de estos anudamientos

1. CAVAROZZI, Marcelo. Transformaciones de la política en la América Latina contemporánea.


Análisis Político Nº 19. Bogotá, mayo-agosto de 1993. Págs. 25-40.

144
y entronques entre ambos conceptos (la representación y lo público) es lo que ha
llevado a sobrecargar los sistemas representativos per se con todos los males de la
sociedad contemporánea; quizá este rito del chivo expiatorio, en lugar de conducir
a la “salvación”, desemboque en verdaderos callejones sin salida como nuevas
formas de autoritarismo o refuerce, de manera acrítica e ingenua, la diatriba de neo-
liberales y neoconservadores contra el Estado y sus instituciones representativas.
Lo que se intenta sustentar aquí es que si bien el sistema, los principios y las
instituciones de la representación política en Colombia acusan signos alarmantes
de descomposición y crisis, lo que realmente ha conducido a la situación actual
tiene que ver con las grandes dificultades para construir y reproducir una esfera
pública autónoma, un escenario para la política, un espacio para la participación
ciudadana y para la modernización del Estado.
El soslayamiento, por no decir el olvido, de la dimensión de lo público en los
análisis políticos, enmarcados en la distinción esquemática Estado-sociedad civil,
ha conducido a situar la crisis en el aparato estatal y en los sistemas de represen-
tación. Mirar de nuevo los anudamientos entre la representación y lo público pue-
de contribuir a abrirle nuevos horizontes a un debate que muestra signos de ago-
tamiento.

Entre la representación y lo público


La representación política es pública por excelencia. Esta afirmación es váli-
da si consideramos los diversos sentidos que esta categoría ha tenido a lo largo de
una accidentada y difícil trayectoria histórica y los diferentes contenidos que se le
han otorgado desde los paradigmas teóricos y las doctrinas políticas2 .
La representación es pública porque tiene lugar en la esfera de la política y
del Estado, porque se ocupa de asuntos colectivos y comunes que conciernen tan-
to al pueblo como a la autoridad que de allí dimana, porque es visible y transpa-
rente, es decir, tiene lugar en público y para el público; porque sus prácticas son
ante todo discursivas y deliberativas y porque en principio está abierta y es acce-
sible a todos los ciudadanos individualmente considerados o a grupos de ellos.
En teoría, el sentido público de la representación es evidente, sin embargo, la
experiencia histórica colombiana pone de presente otras realidades más precarias,
azarosas y difíciles. El sentido común asocia la representación política con la

2. Sobre este concepto véase: RABOTNIKOF, Nora. Lo público y sus problemas. Notas para una
reconsideración. Revista Internacional de Filosofía Política Nº 2. Madrid, noviembre de 1993. Págs.
75-79. SENNET, Richard. El declive del hombre público. Ediciones Península. Barcelona, 1978.
Págs. 118-127.

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exclusión (espacios restringidos y cerrados), con los intereses privados, particula-
res y parciales (patrimonialismo y prebendarismo), con el secreto y la razón de
Estado, con lo oscuro y lo críptico, con las redes parentales y clientelares.
La percepción que los ciudadanos corrientes tienen de la representación po-
lítica, se enmarca plenamente en el par analítico de lo público, es decir, en lo pri-
vado. Para desentrañar la dinámica de estas dos lógicas aparentemente contradic-
torias (la del sentido teórico y la del sentido común), se examinaron tres aspectos
básicos de la relación entre la representación y lo público: representación política
y pueblo soberano, representación política y construcción de la República, repre-
sentación política y cultura ciudadana.

La representación política y el pueblo soberano


El principio de la representación coimplica la existencia del pueblo soberano
—el Demos— y la elección por éste de sus representantes y gobernantes, indepen-
dientemente de las formas jurídicas a través de las cuales este principio se desa-
rrolle. Estas formas han variado a lo largo de la historia y difieren de unas nacio-
nes a otras, tales como el régimen político, los modelos electorales, el carácter del
sufragio, la delimitación del cuerpo de electores, el margen de independencia que
conservan los representantes frente a los representados, el sistema de partidos, las
reglas de mayorías y minorías, entre otras.
La existencia del pueblo soberano o de la comunidad política y su capacidad
para designar mediante procesos electorales a sus gobernantes (no hay represen-
tación sin elección), pasan necesariamente por la consolidación de la identidad
política, por la formación de un corpus público de ciudadanos —Demos— que,
conservando otras identidades y diferenciaciones centradas en lo privado-domés-
tico, en los mundos de vida o provenientes de las diversidades urbanas y modernas
(identidades gestadas en lo vivido), logre construir racional y voluntariamente una
nueva y distinta identidad colectiva: la comunidad de los ciudadanos, esencialmente
moderna, consensual y secularizada, nucleada en torno a la aceptación de los de-
rechos fundamentales y de las reglas de juego de la democracia.
Las identidades políticas, en contraste, son construidas, no heredadas, son
voluntaria y racionalmente aceptadas; no se trata pues de cualquier tipo de comu-
nidad o de cualquier forma de identidad sino de aquella referida a la vida ciuda-
dana y gestada en lo pensado. La identidad política les otorga un nuevo sentido
colectivo y común (público) a grupos e individualidades diversas y atravesadas por
relaciones desiguales y asimétricas de poder3 .

3. HOSBAWM, Eric J. La identidad. Revista Internacional de Filosofía Política Nº 3. Madrid, mayo


de 1999. Págs. 5-7.

146
Se trata de la comunidad política, del “nosotros” ciudadano, de una identidad
cuyos orígenes no son ni naturales ni culturales y que, en principio, no sería equi-
valente a la Nación (en su sentido histórico o antropológico) o a las comunidades
cristianas que ligan a sus miembros por vínculos trascendentes y místicos. Esta
integración o cohesión pública de los ciudadanos en la colectividad política no
implica ninguna forma de homogeneidad o de unidad, su fundamento es la dife-
renciación, la preservación y el respeto por la multiplicidad de identidades deve-
nidas de lo vivido o articuladas en torno a preferencias u opciones ideológicas y
partidistas diversas y confrontadas.
La colectividad política así pensada no implica unidad ni homogeneidad de
criterios de los gobernados con sus gobernantes. Los primeros tendrían absoluta
autonomía para discutir, criticar, diferenciarse, disentir y poner en cuestión los
mandatos emanados de las autoridades, autonomía para deliberar en público sobre
los actos del poder, para exigir transparencia y visibilidad en el ejercicio del go-
bierno, para reclamar pertenencia a la comunidad política (inclusión) y para revo-
car el mandato de los representantes y gobernantes en los marcos de requisitos y
procedimientos previamente aceptados y legalizados.
La experiencia histórica de la sociedad colombiana acusa una debilidad pro-
funda de comunidad política, de pueblo soberano, de Demos, de identidades mo-
dernas y secularizadas, una ausencia de sentido de lo público que otorgue a los sujetos
algún grado de cohesión e integración. En su defecto, posee una pluralidad de
comunidades fragmentadas, identificadas por lo vivido, algunas de origen premo-
derno y tradicional (étnicas, regionales, pueblerinas, locales), otras surgidas como
efecto de la racionalidad instrumental, del mercado, de la burocracia o del mundo
urbano (identidades postradicionales) que coexisten conflictiva y violentamente sin
encontrar una esfera en la cual construir una identidad política moderna.
Esta ausencia secular de sentido de lo público, de comunidad política, le res-
tringe significativamente el espacio a la representación y la enmarca en los avata-
res de lo social privado. Desde esta perspectiva se pueden enunciar problemas viejos
y nuevos de la representación política en Colombia:

La privatización del Estado o el patrimonialismo


Sin sentido de lo público, con débiles identidades políticas o ciudadanas y
fuertes identidades socio culturales, la representación pierde su carácter común y
colectivo y adquiere dimensiones privadas y domésticas. Los gobernantes y repre-
sentantes, más que intereses políticos, representan intereses parciales y prepolíti-
cos, personales, corporativos, gremiales, vecinales, comunitarios o sectoriales,
excluyendo de esta esfera pública declinante y privatizada a otras fracciones o
sociabilidades.

147
Esta esfera pública no es la expresión de la sociedad civil plural, de sus inte-
reses, aspiraciones, propuestas y valores, sino más bien el reflejo, como en un espejo
roto, de “las partes incluidas de la sociedad”, y el aparato estatal un patrimonio de
uso exclusivo para quienes lo controlan y lo dirigen: los gobernantes.
La representación fragmentada y privatizada tiende a producir y reproducir
“gobiernos de corte patrimonialista”4 y “democracias delegativas”5 . Los gobernan-
tes o representantes, instalados por el voto popular en el frondoso árbol del Esta-
do, utilizan los recursos e instituciones gubernamentales, normativas y legales, para
su beneficio exclusivo y el de las tramas clientelares sobre las cuales se asientan,
para permanecer sin mayores sobresaltos en el Ejecutivo, la Rama Jurisdiccional
o en el Congreso.
El patrimonialismo está en relación directa con las formas delegativas de la
democracia que son, según O’Donell6 , aquellas en las que el ciudadano sólo es
convocado durante algunos períodos para que refrende con su voto el poder patri-
monial; pero una vez otorgado el voto, el ciudadano regresa a la esfera de lo pri-
vado, a sus mundos de vida, dejando la política en manos de sus “dueños”: un circulo
cerrado que la posee como patrimonio privado, familiar, incluso hereditario.
Estas democracias delegativas y su Estado patrimonial:
Son particularmente hostiles a los patrones de representación normales en las
democracias establecidas, a la creación y fortalecimiento de instituciones políti-
cas de responsabilidad horizontal, con esto último me refiero al control cotidiano
de la validez y la legalidad de las acciones del ejecutivo por parte de otros orga-
nismos públicos que son razonablemente autónomos del mismo7 .

La ciudadanía de baja intensidad


El patrimonialismo y las democracias delegativas tienden a la formación de
un ciudadano de baja intensidad8 o de un ciudadano imaginario9 , que si bien tiene
acceso formal a la participación electoral, a los partidos, a la protección del Esta-
do, a la ley y a las instituciones prestadoras de servicios públicos y sociales, real-
mente sólo puede acceder a lo público haciendo parte de las tramas clientelares o
de los circuitos privados de poder —que se extienden desde lo local y vecinal hasta

4. O’DONELL, Guillermo. Estado, democratización y ciudadanía. Nueva Sociedad. Caracas, no-


viembre diciembre, 1993. Págs. 64 76.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid Pág 67.
9. ESCALANTE Gonzalbo, Fernando. Ciudadanos Imaginarios. Citado por: RABOTNIKOF, Nora.
Op. cit. Pág. 96.

148
las cúpulas del gobierno—. Lo público, que en teoría está formalmente abierto, en
la práctica es patrimonio privado de unos pocos, es cerrado, invisible, opaco, no
deliberativo y carente de “cognoscibilidad”. Además, la lógica de su funcionamiento
no se enmarca en los criterios de universalidad y racionalidad propias del Estado
moderno, sino en las prácticas culturales, las sociabilidades y las identidades de lo
doméstico-privado.
Por ello, el vinculo entre representantes y representados, entre gobernantes y
gobernados, no es formal, normativo e impersonal sino particular, jerárquico y
afectivo; no hay deberes y derechos fundamentales, hay recompensas, favores,
recomendaciones o transacciones. Lo estatal público se negocia porque no es perci-
bido como tal sino como un asunto privado y particular. Se diría, con Roberto Da
Matta, que ante la ausencia o debilidad de lo público “rigen las leyes no escritas
de la casa, de la amistad, del compadrazgo y los amigos”10 .
Desde esta perspectiva, tampoco existe lo público como lo común, lo mani-
fiesto y lo abierto: “no hay público en el sentido de individuos reunidos en calidad
de público porque tampoco hay individuos sino familias, comunidades, grupos,
categorías sociales”11 , y el ejercicio político del poder, aunque se desarrolla en
escenarios abiertos, no implica ni transparencia, ni participación efectiva para los
ciudadanos en calidad de pares, de iguales.
A propósito de esto Lechner dice la siguiente:
No hay una imagen fuerte del ciudadano, resultado de un proceso limitado de
individuación. En muchos sectores campesinos el voto electoral, por ejemplo, no
es considerado una decisión personal. Predomina una identidad colectiva pero este
sentido de pertenencia a una comunidad, siempre amenazada por peligros de usur-
pación y exclusión, no se reconoce en el Estado. Dicho esquemáticamente, las
nociones colectivas de pueblo, masa, clase, tienen mayor poder de evocación que
la idea de ciudadano12 .

La representación política y la construcción de la República


El principio de la representación política también tiene relación con la cons-
trucción de la Res-pública, entendida como orden legal, como regla común, como
norma racional y públicamente consagrada que ya no depende de conocimientos

10. DA MATTA, Roberto. A propósito de macro escenas y microdramas: notas sobre el problema del
espacio y el poder en Brasil. Nueva Sociedad. Nº 104. Caracas. Pág. 112.
11. RABOTNIKOF, Nora. Op. cit. Pág. 88.
12. LECHNER, Norbert. ¿La política debe y puede representar a lo social? En: ¿Qué queda de la re-
presentación política? Nueva sociedad. Caracas, 1992 Pág. 136.

149
secretos, de lealtades místicas o de poderes sacros e inmodificables sino de la
voluntad manifiesta y deliberativa de los ciudadanos, cuya expresión se concreta
a través de los procedimientos electorales y del ejercicio de la opinión pública.
La construcción de la República tiene que ver entonces con la plena vigencia
del Estado de derecho, con el fortalecimiento y la modernización de las institucio-
nes, con el equilibrio de poderes y el sistema de distribución de competencias
(políticas, jurídico administrativas, sectoriales y territoriales); pero también con la
accesibilidad de los ciudadanos a la República, a lo común y a lo colectivo y con
la exigencia, por parte de estos, tanto de la transparencia y la visibilidad de las
acciones de los gobernantes como de su derecho a incidir de manera significativa
en esas decisiones, elecciones y actividades a través de las instituciones e instru-
mentos de lo público: prensa, asociaciones, sufragio y representación.
Se trata, en fin, de la vigencia de un orden legal y legítimo del cual los ciuda-
danos esperan que funcione normativamente y que pueda acudirse a él no sólo para
participar de manera efectiva en la elección y las decisiones de los gobernantes sino
también en las relaciones contractuales civiles y penales del mundo de lo privado.
[...] Cuando cualquiera de las partes que se sienta que tiene motivos de queja
legítimos, cuente con la posibilidad de recurrir o no a una entidad pública legal-
mente competente y de la cual puede esperar un trato justo para que intervenga
y falle en ese caso13 .

Esa dimensión pública referida a la transparencia del Estado y a la eficacia de


la ley, es decir, a la vigencia de la República, es precisamente lo que históricamen-
te en Colombia ha demostrado profundas debilidades y fracturas, acentuadas en
las últimas décadas por el incremento de la complejidad social urbana, por el
aumento de la criminalidad y por la agudización de los conflictos y tensiones pro-
pios de los procesos de modernización.
La representación simbólica que se hacen los ciudadanos del Estado y de la
ley, es que el primero se ha vuelto incapaz de garantizar el núcleo duro de los bienes
públicos tales como la seguridad, el orden, la justicia, la administración y el mo-
nopolio de la fuerza legitima; y que la ley, en lugar de servir de referente común
para dirimir diferencias, conflictos de intereses, desórdenes privados y públicos, o
para responder por las garantías sociales y los derechos humanos, se constituye en
otra arma de lucha contra los enemigos o los contradictores de turno de quienes
poseen como patrimonio privado los recursos públicos. “La ley no obliga ni al
Estado ni a los ciudadanos pero sirve en particular contra los enemigos”14 .

13. O’DONELL, Guillermo. Op. cit. Pág. 67.


14. RABOTNIKOF, Nora. Op. cit. Pág. 88.

150
Este uso discrecional y perverso de la ley, unido a la incapacidad del Estado
para garantizar los bienes públicos por excelencia, induce profundas desconfian-
zas en los gobernados, que no tienen certeza alguna sobre la manera como esas
instituciones se van a comportar en casos particulares, no saben qué esperar del
Estado, de la justicia, de los representantes del poder público y se confunden fren-
te a las lógicas contradictorias que resultan de la imbricación entre los circuitos
privados de poder y las instituciones formalmente públicas.
Frente a estas ambivalencias de un Estado semiprivatizado y de una ley cuya
aplicación se enmarca en la lógica de las sociabilidades domésticas y clientelares,
o incluso delincuenciales, los gobernados terminan percibiéndolos (al Estado, a la
ley y a sus agentes) como lugares y personas peligrosos, inciertos y a los cuales no
sólo es inútil concurrir pues no se puede esperar razonablemente que actúen y fallen
con criterios públicos, sino que el acceso a ellos puede implicar un riesgo mayor
y adicional al que originó la demanda inicial de justicia.
El ciudadano corriente, al entrar en contacto con una autoridad competente
—con un representante de la justicia, con un administrador público o con un agen-
te de seguridad del Estado— ignora si éste representa bienes públicos o si hace parte
de un circuito de poder que opera con otras reglas donde no tienen vigencia mu-
chos de los derechos y garantías de la legalidad democrática, donde su acción puede
llegar a extremos de conducción violenta y criminal.
No se trata solamente de la incapacidad del Estado para poner en práctica sus
propias regulaciones a lo largo y ancho de la nación, o de la existencia de diver-
sidades culturales y sociales reacias a dejarse enmarcar en los parámetros norma-
tivos que rigen la vida social. No es únicamente la evaporación funcional o terri-
torial de la dimensión pública del Estado o que los ciudadanos no se sientan repre-
sentados por él, sino ante todo los efectos perversos de este desdibujamiento en
las prácticas sociales y políticas de los ciudadanos, quienes por el miedo, la incer-
tidumbre y la desconfianza se ven enfrentados a dos situaciones: en primer lugar,
a alejarse de lo público, se recluyen cada vez más en los ámbitos opacos, cerrados
de la casa, la familia, los pequeños círculos de amistad y el vecindario que en estos
tiempos se perciben como los únicos seguros; en segundo lugar, a asumir por su
cuenta y riesgo la defensa de su seguridad y la protección de su orden.
El incremento de la violencia y sus correlatos, la impunidad, las intervencio-
nes ilícitas y a veces criminales de la fuerza pública en sectores urbanos pobres y
estigmatizados, la práctica habitual de la tortura, los desaparecimientos y las eje-
cuciones extrajudiciales a sospechosos de crímenes comunes o de rebelión contra
el Estado, la corrupción generalizada que trajo consigo el narcotráfico; son situa-
ciones que ponen de presente no sólo la ineficacia e ineficiencia del Estado para
mantener, defender y acatar sus propias normas sino también la imposibilidad de

151
los actores sociales para manifestarse en público, reforzando por esta vía su con-
dición de ciudadanos de baja intensidad.
Por ello, la demanda por la ciudadanía y por el fortalecimiento de la sociedad
civil en Colombia, es también la demanda por la consolidación del Estado de
derecho, de sus instituciones y reglas, por la vigencia y el respeto a los derechos
individuales y las garantías sociales. Es, en fin, la demanda por la instauración de
la República para volver previsibles y confiables a las instituciones gubernamen-
tales y esperar, con un grado razonable de certeza, la transparencia en la acción de
las autoridades y en la aplicación de las leyes.
En Colombia, el Estado de derecho existe formalmente, estamos dotados de
una Constitución moderna e inspirada en los modelos democráticos, existe una
frondosa legislación que consagra todas las garantías procesales y tipifica todos
los delitos, se celebran elecciones periódicas y prácticamente no hay restricciones
para acercarse a las urnas, el derecho al sufragio ha crecido horizontalmente (hoy
se vota por alcaldes, gobernadores, Juntas Administradoras Locales); los partidos
políticos mal que bien convocan a los ciudadanos y en el Congreso actúan repre-
sentantes de algunas minorías étnicas y agrupaciones sociales nuevas; prácticamen-
te, no existen impedimentos para crear asociaciones, organizaciones y grupos; existe
una razonable libertad de prensa y las opiniones se pueden emitir sin mayores
cortapisas. Sin embargo, la ausencia de dimensión pública, de Res-pública en el
pleno sentido del término, conduce en la práctica a la anulación de estas conquis-
tas colectivas y, en su defecto, a la vigencia real y concreta de circuitos privatiza-
dos de poder, definidos por prácticas autoritarias y excluyentes.

La representación política
y la formación de una cultura ciudadana
El tercer núcleo temático es el que relaciona los principios de la representa-
ción con la cultura política o ciudadana. La cultura política opera entonces como
una precondición de la solidez y estabilidad de los sistemas representativos y su
ausencia o deficiencia dificulta o entraba la libre elección de los gobernantes por
los gobernados, la capacidad de éstos para ejercer control democrático sobre las
autoridades y para manejar, sin violencias, los conflictos y las asimetrías propias
de la complejidad de la vida moderna.
Sin embargo, la noción de cultura política no es unívoca y bajo esta denomi-
nación se enuncian varios sentidos y se articulan diferentes demandas. En nuestro
medio se utiliza al menos en tres grandes campos: como pedagogía ciudadana, como
práctica civil y como representación simbólica.

152
Cultura política como pedagogía ciudadana
Es decir, como información, conocimiento y accesibilidad a lo público y a la
República. Pedagogía mediante la cual se informe y se haga conocer a los ciuda-
danos imaginarios los derechos y los recursos que les ofrece un sistema democrá-
tico para ejercer su soberanía, vigilar y controlar a las autoridades y reclamar jus-
ticia, protección, colaboración y eficacia del Estado y sus burocracias.
Esta demanda de pedagogía ciudadana, alude a la percepción según la cual,
las ciudadanías imaginarias o de baja intensidad, responden a una ausencia de ilus-
tración, saber y conocimiento. El ciudadano no participa en la elección de sus
gobernantes porque ignora que es el depositario de toda soberanía, porque no re-
clama sus derechos o no sabe que los tiene o desconoce los procedimientos, me-
canismos y formalidades que sería necesario llenar para restablecerlos; porque des-
conoce cuál es la rama del poder o la institución que se ocupa del caso específico
de su reclamo, o simplemente, porque carece de habilidades y destrezas para mo-
verse en esa esfera laberíntica y abstrusa de burocracias, funciones y procedimientos
que le otorgan a lo público una cierta opacidad y una atmósfera de secreto y saber
esotérico, completamente ajena a la cotidianidad del ciudadano corriente, desvir-
tuando así su deber: ser claro y transparente.
Los requerimientos de pedagogía ciudadana también se enmarcan en los cam-
bios constitucionales y legales de los últimos tiempos. En este sentido, la idea es
poner al ciudadano imaginario en contacto con las nuevas normas e instituciones
y el significado que tienen para asuntos como la elección popular de alcaldes, la
descentralización administrativa, la participación comunitaria, la elaboración con-
certada de planes de desarrollo municipal o su acceso a instrumentos como la tutela,
la revocatoria del mandato, los plebiscitos, las iniciativas ciudadanas, entre otros.
La pedagogía ciudadana intenta, por esta vía, dos estrategias del mayor inte-
rés político. En primer lugar, se propone hacer inteligible y accesible lo público a
las grandes masas tradicionalmente excluidas y lograr así el tránsito del ciudada-
no imaginario o virtual al ciudadano deliberante y actuante. En segundo lugar, con
la presencia “del público en lo público”, busca el fortalecimiento de la República,
del Estado de derecho, del sistema de contrapesos legales para el control horizon-
tal de los gobernantes y los representantes.
La pedagogía ciudadana así considerada es una especie de aprendizaje común
y colectivo, republicano y democrático que le correspondería al sistema educativo
en su conjunto, en tanto que es institución socializadora. Sin embargo, la escuela
y la universidad proveen en lo fundamental saberes prácticos y profesionalizantes
que habilitan al individuo para actuar en la res privata, en el mundo del mercado,
pero no para moverse en lo público y adquirir la condición ciudadana.
La pedagogía ciudadana presenta muchas potencialidades en la reconstrucción

153
de lo público, pero se vuelve contingente, adjetiva y a veces retórica, en el contex-
to social fragmentado al cual va dirigida, pues ese sentido teórico que induce la
pedagogía choca con el sentido común del ciudadano imaginario para quien el
Estado, la política, los partidos y la ley son recursos privatizados de poder; y su
imagen o representación simbólica de la política contrasta de manera abismal con
las lecciones sobre un sistema de representaciones derechos, normas abstractas y
generalizantes, contrapesos y controles, transparencias y aperturas que sólo exis-
tirían en los textos constitucionales y en las cabezas de sus maestros.
A su vez, de la pedagogía política —que entre nosotros se hace— no está
ausente un cierto sentido ilustrado y civilizatorio de sabor decimonónico que per-
cibe todo tipo de educación como estrategia contra la barbarie y la ignorancia. Por
eso, la pedagogía ciudadana se dirige preferencialmente a las masas marginales, a
los sectores empobrecidos, a los desposeídos, a los jóvenes, a los violentos, a los
ignorantes, a los migrantes y a los que carecen de una mediana cultura letrada.
Sin embargo, el analfabetismo político y la carencia de cultura ciudadana no
parecen ser patrimonio de los colombianos pobres, sino que alcanzan también a
grupos con diferentes grados de escolaridad e ingresos regulares: a las altas capas
económicas, a profesionales exitosos, a maestros y docentes, a hombres y mujeres
de iglesia y de negocios, incluso, a funcionarios públicos de muy diversas jerar-
quías.

Cultura política como ética civil


La cultura política también se piensa como ética civil o ética pública, es decir,
como ese conjunto de valores, normas de vida y prácticas sociales secularizadas
y modernas mediante las cuales se garantice un orden colectivo de convivencia en
la diferencia, de tolerancia a las diversidades, de respeto por lo privado e íntimo
y de consolidación del espíritu público regido por la ley y las reglas del juego de
la democracia.
La ética civil pasa, entonces, por la construcción de la civilidad en el marco
de unos deberes y mandatos públicos que obligan al conjunto de ciudadanos (go-
bernados y gobernantes) a respetarlos y a acogerse a ellos, independiente de sus
orígenes étnicos, de sus ethos socioculturales, de sus intereses económicos o de
sus referencias ideológicas o partidistas.
La ética civil es pensada como el elemento de integración y cohesión del corpus
ciudadano o comunidad política, como el eje constitutivo del Demos y también
como una respuesta a la erosión y desdibujamiento de otras identidades y meca-
nismos de control social, como las creencias religiosas, las sociabilidades tradi-
cionales, los grupos parentales y los localismos.
La construcción de la ética civil remite a una nueva cultura política y ciuda-

154
dana pero también a una estrategia contra la violencia desagregada, generalizada
y agudizada en el último tiempo. Se trata de oponer a quienes pregonan la recupe-
ración de valores tradicionales y premodernos (asociados con lo sagrado, lo pa-
rental y lo doméstico), la construcción de una ética sustentada en valores moder-
nos y seculares.
Si en la propuesta de pedagogía política se nota una cierta nostalgia por el
ciudadano ilustrado, la perspectiva de la ética civil nos pone frente al ciudadano
virtuoso. Ambos modelos —ilustración y virtud, aspiraciones de los hombres
del siglo XVIII—, se corresponden con lo que Norberto Bobbio llama las pro-
mesas incumplidas de la democracia15. El reto sería, entonces, diseñar estrate-
gias pedagógicas y construcciones éticas que logren tener algún sentido para los
ciudadanos imaginarios de estos tiempos finiseculares y de estos confines ter-
cermundistas.

Cultura política como representación simbólica


Generalmente la representación de lo social en el ámbito de lo público remite
a la institucionalidad, a los principios, a las prácticas y a los procedimientos a través
de los cuales los actores, las fuerzas sociales y los individuos que actúan en la
sociedad civil, adquieren reflejo en lo público y logran que sus intereses, proyec-
tos y demandas sean reconocidos, visibilizados y convertidos en políticas públi-
cas y en acciones vinculantes de los entes administrativos.
Pero en el ámbito de la llamada cultura política también se alude a la cons-
trucción simbólica e imaginaria del mundo político, a las imágenes, visiones y
percepciones que gobernados y gobernantes se forjan sobre el Estado, el orden
público, los partidos, sobre los vínculos que unen o diferencian a los pobladores,
sobre la significación de la ciudadanía y el sentido de la democracia, sobre la imagen
del enemigo y el contradictor, sobre la guerra y la paz; en fin, sobre la realidad
política circundante.
Se trata de pensar las representaciones políticas en el marco de tradiciones
culturales de larga duración y de centrarse básicamente en la interpretación y la
comprensión de prácticas, modos de ver el mundo, sociabilidades, estrategias
culturales de participación, resistencia y supervivencia que no podrían leerse des-
de la institucionalidad formal, desde la razón instrumental o desde las decisiones
tomadas en torno a fines, a valores o intereses (a la manera weberiaria y kantiana),
sino desde una matriz sociocultural, subjetiva, afectiva que decide, actúa se mani-
fiesta en torno a deseos, miedos, esperanzas y frustraciones; es decir, en torno a

15. BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. México, 1986. Pág.
33.

155
representaciones simbólicas que están en la raíz de los múltiples sentidos con los
cuales los ciudadanos viven la política.
[...] Habría que revisar nuestros sueños, anhelos y miedos pues ellos son la ma-
teria prima que nutre las discusiones más elaboradas (ideologías) y sus formas
institucionales (partidos); en reiteradas ocasiones he destacado la importancia que
a mi entender tienen los deseos y los temores como ingredientes de cultura po-
lítica16 .

Se trataría de hacer una lectura de lo político institucional, de la ciudadanía y


de lo público en clave cultural y a través de metodologías hermenéuticas e inter-
pretativas que den cuenta de esos códigos implícitos que presiden las relaciones
sociales, de esas prácticas y orientaciones desreguladas y disruptivas que parecen
coexistir —sin excluirse— con modelos de orden cívico y republicano. Que den
cuenta también de esas imágenes personalistas y paternales mediante las cuales se
representa al Estado y a la democracia, de los hilos invisibles que sustentan los sis-
temas, usos y costumbres que terminan imprimiéndole su propia lógica o la for-
malidad de la ley y de las instituciones.
[...] Entre la política y la vida diaria existen múltiples refracciones, verdaderas
salas de espejos que exigen mayor atención y probablemente enfoques no con-
vencionales17 .

El interés por esta dimensión simbólica e imaginaria de la cultura política y


de lo público en nuestro medio, ha venido de la mano de las preguntas sin respues-
ta sobre el carácter plural, confuso y privado de la violencia y de la insatisfacción
con los enfoques estructurales que ponen el acento en los macroprocesos sociales
y políticos, que parecerían haber llegado a un punto muerto.
A su vez, Los interrogantes formulados en torno a la ética, a los ethos socio-
culturales, al carácter híbrido o postergado de la modernidad política, han condu-
cido las preocupaciones de algunos investigadores hacia este campo interpretati-
vo de lo subjetivo, de las representaciones colectivas, de los imaginarios políticos
y de las formas de sociabilidad donde pueden encontrarse algunas claves sobre esa
debilidad ancestral de sentido de lo público y sobre las dificultades en torno a la
representación política.
La demanda por cultura política en la Colombia de hoy recubre estos tres
campos: la pedagogía ciudadana, la ética civil y las representaciones simbólicas,
y están indisolublemente ligadas a las demandas de comunidad política (Demos)
y de vigencia del Estado de derecho (República).

16. LECHNER, Norbert. Op. cit. Pág. 136.


17. Ibid. Pág. 137

156
A modo de síntesis
Si lo que está en crisis es la dimensión de lo público, no parece muy razona-
ble orientar las criticas hacia el sistema representativo, sus instituciones y sus prin-
cipios o seguirse moviendo en la dicotomía simple Estado-sociedad civil, otorgán-
dole a la segunda todas las virtudes mientras se sataniza al primero. Las posturas
participacionistas o societalistas sin dimensión política, sin referente público, común
y colectivo, de espaldas al Estado y a sus instituciones, pueden coadyuvar a for-
mar tejido social pero no ciudadanos, comunidad política, sistemas republicanos
o éticas civiles.
A su vez, el rescate teórico e histórico de la dimensión de lo público en los
análisis sobre la política y sus crisis de representación, permiten entablar un deba-
te más riguroso con las posturas neoliberales. El asunto no estaría centrado en el
tamaño del Estado, en la privatización de algunas de sus empresas o en la preten-
sión de insertarse en los mercados globales de bienes transables, ni menos aún en
la defensa a ultranza de un estatismo agotado en sus posibilidades históricas (la
matriz Estado-céntrica). El debate estaría situado en torno a la incapacidad del
mercado, de la res privata, para generar cohesión, integración social, ciudadanía
y orden público democrático; en la imposibilidad del mundo de lo privado para
otorgar sentido colectivo frente a los procesos de atomización y diferenciación que
llevan consigo la modernización y el desarrollo, que hacen ingobernables a las
naciones y las urbes.
Es en la dimensión de lo público donde los sistemas representativos y repu-
blicanos pueden expresar todas las virtualidades que poseen para garantizar míni-
mos referentes de convivencia, tolerancia e imagen de futuro.

157
De la ética en los tiempos modernos
o del retorno a las virtudes públicas*

Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder,


alegría, conocimiento, transformación de nosotros y del mundo y que al mismo
tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo
que somos (...) las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son
propensas a creer que son las primeras y tal vez las únicas que pasan por ello (...)
sin embargo, la realidad es que un número considerable y creciente de personas
han pasado por ella durante cerca de quinientos años (...)
M. Berman

El debate en Colombia sobre la necesidad de una ética civil o ciudadana ha


despertado diversas reacciones. Aquellas de quienes insisten en mantener como
referentes públicos de cohesión y como mecanismos de control social los de la moral
católica; las propias del desencanto postmoderno de quienes desconfían de la ca-
pacidad de cualquier mínimum ético para establecer unas condiciones de supervi-
vencia social; las de los nostálgicos de un pasado glorioso, que quisieran retomar
al paraíso perdido de la sociedad premoderna o tradicional.
Por ello, puede resultar de interés plantear, en el contexto de la sociedad co-
lombiana, algunos elementos de análisis en torno a lo que sería una ética para los
tiempos modernos y reflexionar sobre la incidencia de procesos particulares de
construcción de la modernidad, tales como la ausencia de virtudes cívicas y públi-

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 2. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.


Medellín, julio-diciembre de 1992.

159
cas y la generalización de las formas de violencia para la solución de los conflic-
tos. Esto implica buscarle respuestas adecuadas a tres tipos de interrogantes:
—¿La moral católica y “los valores tradicionales de la sociedad colombiana”
(nunca bien definidos) pueden servir aún como referentes éticos y de identidad para
el presente y el futuro del país? ¿Sería posible y deseable recuperarlos?
—¿Es suficiente una moral individual y privada para los tiempos modernos
en Colombia?
— ¿Qué papel le compete a la política en la construcción de una ética pública
y cívica?

El ethos y la ética
El debate colombiano sobre la ética se ha orientado hacia su dimensión antro-
pológica y social, hacia la preocupación por las visiones del mundo, por las cos-
tumbres, los valores, las tradiciones y las determinaciones culturales que hagan
posible la convivencia en la diferencia. Estas preocupaciones han dejado de lado
otras, concernientes al fundamento filosófico de la ética, a las relaciones con la
universalización de la razón (Kant), a la estructura comunicativa del lenguaje
(Habermas) o a las restricciones de los juicios morales. Por ello, más que a la ética
como expresión teórico-filosófica, el debate se ha orientado hacia el ethos socio-
cultural de los colombianos, hacia sus prácticas sociales y sus representaciones
colectivas.
Es entonces en el contexto del ethos y no de la ética propiamente dicha, don-
de se enmarca esta reflexión, cuyo propósito no es solamente el de introducir al-
guna puntada en el debate colombiano sobre el tema, sino también el de intentar
desde allí establecer la relación con los asuntos de la modernidad y de una nueva
mirada sobre la política.
El ethos sociocultural es el lugar de lo simbólico representado; es el espacio
de los intercambios sociales desde donde se construyen y se reconstruyen los
imaginarios colectivos, los referentes de identidad, los reconocimientos de lo igual
y de lo diferente; en fin, lo que llamaría Durkheim, la producción social de sen-
tido, y Weber las estructuras de conciencia1 .
El ethos socio cultural instituye de sentido las acciones de los sujetos, los
grupos, las asociaciones, las clases, los pueblos y las naciones. Con base en él (el
ethos), operan las nociones primigenias de lo bueno y lo malo, lo lícito y lo pro-
hibido, lo posible y lo utópico. El ethos perfila las actitudes frente a lo sagrado y

1. BERIAIN, Josetxo. Representaciones colectivas y proyecto de modernidad. Anthropos. Barcelo-


na, 1990. Pág. 28.

160
lo profano, lo místico, lo mágico, lo trágico, la vida y la muerte. Es en el ethos
sociocultural y en sus expresiones discursivas donde se desarrollan los procesos
de identidad y cohesión social, y donde arraiga la moral y la ética.
El sentido de pertenencia de un sujeto a la colectividad, a la sociedad, pasa
pues por su inserción en ese mundo instituido de sentido. Allí es donde se percibe
como miembro de su colectividad porque participa en el conjunto de sus signifi-
caciones sociales, en el nosotros y se diferencia de los otros, de los que estarían
por fuera, al margen o al frente de esa entidad simbólicamente constituida.
Los ethos socioculturales además de definir el adentro y el afuera tienen un
cronotopo determinado, un territorio y un tiempo en el que se enmarcan los pro-
cesos colectivamente vividos y se elaboran los cambios y las transformaciones
sociales; a su vez, los ethos socioculturales y las tramas de representaciones co-
lectivas por ellos constituidas, requieren (según Durkheim y Weber) cierto grado
de institucionalización y objetivación en estructuras cognoscitivas, normativas y
estatales2 .
Toda sociedad que pueda llamarse así precisa de una institucionalización del
saber social y del orden colectivo (expresiones del mundo instituido de sentido) y
precisa también de regularidad, estabilidad e intersubjetividad de su sistema cul-
tural. Igualmente requiere de una periodización de las prácticas sociales en el más
amplio sentido del término: económicas, religiosas, políticas, sexuales, lúdicas, en
orden a garantizar la cohesión y la integración de la sociedad.
La producción social de sentido es histórica y muy vulnerable a los cambios
y a las transformaciones sociales; los cambios desplazan y reconstruyen los ethos
socioculturales; los viejos referentes colectivos dejan de operar como guías cier-
tas en la dirección de las acciones y los juicios morales no son ya unívocos y cla-
ros; estas situaciones de vorágine y transformación, de pérdida de valores, no son
otra cosa que la disolución-recomposición del tejido cultural en el cual tenía su pleno
sentido de orden y orientación el viejo ethos sociocultural3 .
La pérdida de los marcos referenciales y simbólicos tradicionales significa ni
más ni menos que la pérdida de sentido; ya no hay una sola gramática para leer lo
que pasa; las viejas identidades se sienten profundamente amenazadas; no hay
puntos de referencia; el orden nuevo no se ve como tal sino como caos; no hay nada
sólido o seguro a lo cual pueda uno asirse porque, como diría Berman, es como si
todo lo sólido se desvaneciera en el aire4 .

2. Ibid. Pág. 47.


3. Este proceso es magistralmente descrito en: GEERZT, Clifford. et. al. Géneros confusos, la re-
figuración del pensamiento social. En: El surgimiento de la antropología posmoderna. Gedisa.
México, 1991. Págs. 63-68.
4. BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI. México, 1989. Pág. 1.

161
Del ethos tradicional al ethos moderno
En las sociedades tradicionales o premodernas, predominantemente agrarias,
no industrializadas ni urbanizadas, los ethos socioculturales, diversos y fragmen-
tados, expresan su mundo instituido de sentido a través de una primera forma
discursiva: la religión o lo que los postmodernos (Lyotard) llaman el metarrelato
religioso5 .
Las sociedades premodernas se articulan sobre un solo centro aglutinante y
totalizador —lo sagrado— en torno al cual se desarrolla la vida social del grupo
en cuestión y el metarrelato religioso o sacro es el que instituye de sentido las tramas
culturales y provee un complejo sistema de representaciones a través del cual los
hombres se ven a sí mismos y a su sociedad; allí encuentran respuestas a proble-
mas prácticos y vitales, y un sistema de valores compartidos que favorece la inte-
gración cultural y la cohesión social.
El metarrelato religioso se expresa tanto en las formas primitivas del tótem y
el mito como en las llamadas religiones universalistas de occidente; dentro de éstas,
las judeocristianas en general y la católica en particular instauraron la idea de un
solo Dios trascendente que recompensa y castiga, y una concepción nueva sobre
el ser humano y su destino; éste no es ya asunto de los dioses o de las estrellas; su
situación, tanto aquí como allá, depende en esencia del mantenimiento y el cum-
plimiento de una serie de mandatos morales que constituyen todo un decálogo de
comportamiento ético.
De esta manera el metarrelato religioso y sagrado se convirtió en el centro
simbólico y estructurante de lo social, es decir, lo instituyó de sentido; impregnó
profundamente el ethos sociocultural y garantizó con la fuerza de lo extratempo-
ral el cumplimiento de su código ético.
En las sociedades modernas, industrializadas, urbanizadas y emancipadas, los
ethos socioculturales sufren un profundo cambio que consiste según Durkheim en
la racionalización y universalización de las representaciones colectivas. La socie-
dad pierde su centro estructurante sacro y se desata en una pluralidad de esferas
relativamente autónomas, regidas por lógicas particulares, con discursos propios
legitimantes y pretensiones específicas de validez. La sociedad descentrada la lla-
ma Weber para designar ese largo y complejo proceso a través del cual lo sagrado
deja de ser el principio estructurante y totalizador del orden social, su raíz y su fun-
damento, para dar paso a la formación de una constelación de significaciones y de
universos simbólicos diferentes y a veces confrontados6 .

5. VATTIMO, Gianni. Postmodernidad: ¿Una sociedad transparente? En: Entorno a la posmoderni-


dad. Anthropos. Barcelona, 1990. Págs.9-39.
6. Citado por: BERIAIN, Josetxo. Op. cit. Pág. 78.

162
En la sociedad descentrada se autonomizan la esfera de la ciencia y la tecno-
logía, instaurando otro modelo cognoscitivo y de saber en la sociedad; la esfera
político normativa que ya no refleja el orden sacro ni recurre a legitimaciones
extratemporales separando sus competencias del campo de la moral religiosa; y la
esfera expresiva del arte y la literatura que define sus propias reglas estéticas y
valorativas.
La sociedad descentrada sustituye el metarrelato religioso por el metadiscur-
so de la razón, secularizante, profanador si se quiere, y profundamente erodador
de las certezas de la vieja sociedad. Desde allí se replantean las relaciones entre
moral y derecho y se le debate a la religión el monopolio sobre las nociones de lo
bueno y lo malo, lo lícito, lo justo, lo bello y lo útil.
La modernidad también instaura un nuevo sujeto de la historia, el individuo,
otorgándole la posibilidad de construir su mundo, de elegir y de escoger, y auto-
nombrándolo como la piedra angular del nuevo orden social prometiéndole un
horizonte siempre abierto a un progreso sin límites7 .
El metadiscurso racional no está exento de críticas; para los teóricos de la
Escuela de Frankfurt éste deviene en razón instrumental8 , para los posmodernos
en un nuevo mito tan estéril como el primero. Al margen de ese debate, lo que
interesa resaltar aquí es la implicación del descentramiento del mundo en los ethos
socioculturales y en las representaciones colectivas:
– Las representaciones colectivas se desacralizan y se desmitologizan, presen-
tándose una primera dicotomía entre lo sagrado y lo profano. El mundo de las
creencias sagradas y trascendentes se restringe a la órbita de lo privado, de la
moral individual, mientras que lo secular racionalizado deviene en público,
normatizado y legalizado, constituyendo desde allí nuevos referentes de iden-
tidad y universos simbólicos, tales como los de la ciudadanía, la democracia
y el Estado racional legal. Estas son, en la modernidad, las formas de inser-
ción de los individuos en su sociedad, mientras que la nación es la forma de la
identidad. Esta gran dicotomía entre lo sagrado y lo profano se desagrega en
otras de menor espectro: la sociedad civil y la sociedad política, lo público y
lo privado, el individuo y el Estado9 .
– Las representaciones colectivas se pluralizan, se complejizan y a veces se
confrontan; múltiples referentes simbólicos compiten por instaurar y legitimar

7. BEJAR, Helena. El ámbito de lo íntimo: privacidad, individualismo y modernidad. Alianza. Ma-


drid, 1988. Pág. 26.
8. Sobre la escuela de crítica ver: COLOM González, Francisco. La génesis del pensamiento franc-
fortiano. En: Las caras del leviatan. Anthropos. Barcelona, 1992. Págs. 15-65.
9. HABERMAS, Jürgen. La reconstrucción del materialismo histórico. Taurus. Madrid, 1983. Pág.
44.

163
formas de integración y de cohesión social: la nación, la etnia, la clase, la cor-
poración, el partido, el sindicato, los grupos de interés.
– La secularización y el pluralismo propios de la modernidad contribuyen a
acentuar la diferenciación estructural de todo el sistema social, trastoca los tiem-
pos, los espacios y los territorios, es decir, el cronotopo; además, multiplica
los estilos de vida, las cosmovisiones, los roles, las funciones y las activida-
des, en fin, los referentes concretos de la vida social en los cuales se sustenta-
ba y de los cuales se nutría el viejo ethos sociocultural.
En suma, los tiempos modernos exigen nuevos marcos referenciales, nuevas
representaciones colectivas, nuevos valores secularizados que garanticen un míni-
mo de cohesión social e integración cultural y demandan que esas representacio-
nes colectivas logren permear y cambiar el ethos sociocultural, instalándose en las
mentalidades y en los modos de ser y de ver el mundo, en los sentidos comunes,
es decir, que se imbriquen con la cultura. Si esto no ocurre, la modernidad no pasa
de ser un proceso incompleto; porque ésta, como dice Berman, es una forma de
experiencia vital, una manera de vivir y de asumir las transformaciones inducidas
por la modernización económica, tecnológica e instrumental10 .

El tránsito de lo tradicional a lo moderno en Colombia


¿La ausencia de valores y de un mínimum ético en Colombia está referida,
como muchos lo piensan, a la modernidad postergada, al destiempo entre moder-
nidad y modernización?11 o ¿inciden también en esas situaciones de vacío ético
las vías a través de las cuales se accedió a los tiempos modernos en el país?
Sin desconocer la importancia de la primera tesis, preferiría explorar la segun-
da, siguiendo a grandes trazos las transformaciones históricas en los ethos socio-
culturales y el significado particular del tránsito de lo tradicional a lo moderno.
Para el caso de América Latina y de Colombia en particular, la sociedad tra-
dicional fue el resultado de la confrontación violenta de tres ethos socioculturales
distintos en sus universos simbólicos, en sus cosmovisiones, en sus representacio-
nes colectivas y en sus expresiones culturales, pero centrados todos en metarrela-
tos mítico-religiosos. Al final se impuso, a sangre y fuego, el ethos agenciado por
los colonizadores pero sin lograr descomponer del todo las cosmovisiones totémi-
cas ancestrales más dionisíacas y sensuales, cuyos ritos mágicos proveían formas
de identidad y cohesión tan sólidas que han perdurado por cinco centurias.

10. BERMAN, Marshall. Op. cit. Pág. 3.


11. MELO, Jorge Orlando. Algunas consideraciones globales sobre modernidad y modernización. En:
Colombia al despertar de la modernidad. Foro Nacional por Colombia. Bogotá, 1991. Pág. 225.

164
De esa confusa confrontación de pueblos y etnias, el metarrelato religioso,
expresado a través del catolicismo, logró convertirse en el factor estructurante de
la sociedad mestiza y blanqueada; instituyó de sentido al mundo colonial y buena
parte del republicano; se impuso como matriz primordial del orden moral, norma-
tivo y político, y marcó los hilos culturales que definían el cronotopo: impuso los
tiempos de sembrar y recoger, los de la cotidianidad y de la fiesta (patronales por
excelencia), los de la sexualidad y la abstinencia, y sacralizó con sus ritos los rit-
mos vitales de los hombres desde el nacimiento hasta la muerte.
A su vez, demarcó y nombró los lugares y los territorios con sus símbolos y
sus instituciones. Alrededor de la iglesia se construyeron los poblados, pues ella
representaba el lugar principal, el centro referencial que preside y vigila el espacio
de la plaza pública y del mercado local; nombró con su santoral pueblos, veredas
y comarcas y regó de imágenes religiosas y santuarios los caminos y los circuitos
veredales. La parroquia fue también, durante buena parte de nuestra vida colonial
y republicana, la unidad administrativa menor en el ordenamiento territorial del
país: para que un poblado fuera reconocido por la entidad estatal debía ser prime-
ro parroquia y para que un sujeto fuese aceptado en el corpus de la ciudadanía debía
pertenecer mucho antes a la comunidad cristiana mediante el bautismo.
Lo común y lo colectivo, el dominio de lo propiamente público, se imbricó
con lo sagrado, se confundió con él. Fue la cosmovisión religiosa la que estructuró
tanto el principio cognoscitivo —el saber— como el principio normativo —las
reglas morales—, frente a las cuales los mandatos y leyes del Estado, y el Estado
mismo, debían subordinarse. Lo público y lo privado fueron esferas indiferencia-
das y convergentes hacia ese centro estructurador y totalizante de lo sagrado que
impregnaba con su lógica todo el sistema social.
En Colombia, lo público tuvo como primera expresión la comunidad cristia-
na, entendida como la comunión de bienes espirituales, de creencias y de manda-
tos morales. Los referentes de identidad se construyeron desde allí y se participa-
ba en esa comunidad si se era recibido por la iglesia mediante los ritos sacramen-
tales. Lo público, entendido como comunidad cristiana, no logró establecer límite
alguno entre la moral privada y las virtudes públicas; éstas no existían como tales
ni resultaban necesarias pues lo común y lo colectivo estaban totalmente acotados
por el universo simbólico de la moral católica, que partía del presupuesto según el
cual un buen cristiano era también un buen ciudadano.
Según Fernán González12 , la iglesia católica se hizo presente en la sociedad
tradicional colombiana a través de estructuras parroquiales de tipo rural y pueble-

12. GONZÁLEZ, Fernán. Ética pública, sociedad moderna y secularización. En: Programa por la Paz:
Colombia una casa para todos. Debate ético. Editorial Anthropos. Bogotá, 1991. Pág. 52.

165
rino, de una pastoral centrada en la administración de los sacramentos (los que a
su vez ordenaban el cronotopo), de una predicación orientada hacia la conserva-
ción de la fe y también hacia el control de las buenas costumbres y de los espacios
de socialización: las instituciones familiares y educativas. Es decir, una presencia
acentuada en los dominios de lo doméstico-privado y de lo trascendente, que for-
talecía la identidad social, la cohesión y la integración de los sujetos en la comu-
nidad cristiana.
Sin embargo, este modelo de integración y cohesión, aparentemente sólido y
omnipresente, no logró disolver del todo los ethos socioculturales de las etnias
dominadas: la india y la negra. Algunos de ellos lograron, a través de la resistencia
y la supervivencia, preservar sus identidades situándose en la periferia del corpus
social y por fuera de la comunidad cristiana, es decir, allí donde la mano de la iglesia
y el Estado no alcanzaran a llegar.
Buscaron lugares donde el espacio y el tiempo no estuviesen marcados y
controlados por lo sacrocatólico y donde pudiesen librarse de la pastoral sacramen-
tal, que definía formas de relación, sujeción, dominación y control que chocaban
con sus cotidianidades, con sus fiestas, con sus estructuras parentales, con las formas
de vivir la sexualidad, de asumir el cuerpo, de enfrentar la muerte, la tragedia y el
nacimiento. En fin, donde pudiesen identificarse mediante mitos y ritos que les
otorgaban una forma particular de “estar en el mundo”.
Estos ethos socioculturales distintos no fueron asumidos como tales sino como
inmorales y bárbaros. Se los juzga y se los condena desde la moral católica, desde
el código sacro, como transgresión y pecado, excluyéndolos del mundo instituido
de sentido, pues para la cultura dominante ellos representaban el sin sentido.
De esta manera se fue configurando a lo largo de los siglos un grupo nume-
roso de población no sujeta ni controlada por los poderes instituidos, excluida de
la comunidad cristiana; que vivía “sin Dios y sin ley” y era percibida por las au-
toridades como indómita, perezosa, relajada en sus costumbres, ignorante e inca-
paz.
Esta diferenciación, realizada desde el código moral católico, tuvo una doble
expresión: la exclusión étnica y la exclusión espacial, acentuadas por una presen-
cia desigual de la iglesia en el territorio.
Dice González13 que los procesos evangelizadores se centraron en los altipla-
nos, en los centros poblados y las ciudades, en las zonas de mayor densidad de
población y en las más articuladas al dominio español, dejando por fuera los va-
lles interandinos, las laderas cordilleranas de “tierra caliente” y las áreas selváti-
cas y poco pobladas como la Orinoquía, la Amazonía, el Darién y la Guajira.

13. Ibid. Pág. 53.

166
Estos fueron desde entonces los espacios de la alteridad y la otredad donde
los ethos primigenios se transformaron a la sombra de la exclusión, ahondando y
profundizando por esta vía la diversidad regional y la heterogeneidad social. Ellos,
vistos por la sociedad mayor como una amenaza a su propia identidad y como un
riesgo latente para la supervivencia de la comunidad cristiana, configuraron de esta
manera fronteras histórico culturales que escindieron y fracturaron, antagonizán-
dolas, las partes de un todo imaginario que no tuvo mínimos referentes comunes
para legitimar su existencia como pueblo o como nación.

La lucha por la representación de lo público


El advenimiento de la república y la fundación de un Estado estructurado
jurídicamente bajo la forma racional legal, formalmente regido por leyes abstrac-
tas y generales, instauraba, por lo menos en el orden constitucional que lo funda-
mentaba, una sociedad moderna que como tal abandonaba, como principio estruc-
turante y legitimador del orden social, al metarrelato religioso para descentrar el
mundo en esferas relativamente autónomas; con lógicas propias, separando el
derecho de la moral y dando paso a unas representaciones colectivas o estructuras
de conciencia racionalizantes y universalistas.
Este descentramiento de lo social suponía también la escisión entre lo priva-
do y lo público, emancipando lo público de la tutela moral de la iglesia y configu-
rándolo como un espacio esencialmente secularizado.
Esta tensión entre lo tradicional real y lo moderno imaginado desata un largo
proceso, inconcluso aún por la representación de lo público, entre los defensores
de un orden sacro y los impulsadores de un orden laico y secularizado que se expresa
en las luchas iglesia-Estado durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX.
Tal confrontación entre lo tradicional y lo moderno tuvo una primera expre-
sión política en la configuración de las dos corrientes partidistas: la liberal y la
conservadora.
El proyecto político conservador definió su perfil en torno al metarrelato re-
ligioso, la moral católica, la autoridad de la iglesia y las representaciones colecti-
vas por ella instauradas, es decir, insistió en mantener lo público como una comu-
nidad cristiana y al Estado recién fundado como el órgano especializado para el
control social y el mantenimiento de las reglas morales.
El proyecto conservador se identificó con la trama cultural de lo que podría-
mos llamar la hispanidad —manifiesta en la religión, la lengua (de allí su interés
por la gramática y la ortografía), la tradición y el orden jerárquico estamental y
segmentado, heredados del régimen colonial—. En suma, el proyecto conserva-
dor defendía el mundo de lo tradicional, más retardatario es cierto, pero mejor

167
apuntalado en el ethos sociocultural y en los universos simbólicos de la sociedad
mayor.
El proyecto de los liberales radicales, por el contrario, intentaba a través del
metadiscurso racionalizante emancipar lo público separando en esferas distintas
la iglesia y el Estado (lo sacro y lo profano), generalizando unas representaciones
colectivas y unas estructuras de conciencia definidas por los valores propios de la
modernidad, y confrontando todo el legado hispánico desde los principios filosó-
fico-morales del iluminismo europeo; de allí que enfatizaran en:
– La secularización de la vida social trasladándole al Estado la potestad de definir
los marcos de las relaciones intersubjetivas y de los individuos con el Estado,
sin necesidad de las mediaciones sacramentales como las del bautismo o el ma-
trimonio católico.
– La soberanía entendida como la emancipación de la tutela eclesiástica y la
autodeterminación política sin interferencias externas de otros poderes o esta-
dos, entre ellos, el de la Santa Sede.
– La ciudadanía como condición de existencia social y de inserción en la co-
munidad nacional. La generalización de la ciudadanía precisaba de la descom-
posición de las sociedades segmentadas y de la aceleración del proceso de in-
dividualización; de allí su interés por la abolición de formas corporativas como
la esclavitud y los resguardos.
– La educación laica y obligatoria para garantizar la socialización de los niños
en los valores de la modernidad, emancipándolos también de la tutela religio-
sa; en este mismo sentido iba la idea de libertad de imprenta.
– La diferencia entre derecho y moral delimitando claramente las competencias
y diferenciando el pecado del delito, sobre todo en el ámbito de comportamien-
tos individuales como la prostitución, el concubinato, el abandono del hogar,
la beodez, considerados inmorales por la iglesia y sancionados como delito de
vagancia por el Estado. Esta diferenciación pasaba también por la necesidad
de definir un patrimonio fiscal público con carácter vinculante, separándolo
de los impuestos religiosos como el censo y el diezmo que no tendrían carác-
ter de obligatoriedad pública ni sanciones penales por su incumplimiento.
Este proyecto político de los liberales radicales (1848-1880) fue la única pro-
puesta política en Colombia orientada con un sentido de modernidad y también la
única que propuso, en el marco de la ética, un ideario de buen ciudadano consig-
nado en el proyecto de escuela laica (1870), es decir, un esquema de derechos,
obligaciones y libertades que buscaba consolidar y socializar lo que Tocqueville
llamaba las virtudes públicas14 .

14. BEJAR, Helena. Op. cit. Pág. 58.

168
La corriente liberal posterior al radicalismo, aunque conservó por algún tiem-
po el espíritu secularizante, relegó las virtudes públicas y los asuntos de la óptica
ciudadana a un plano muy secundario, orientándose hacia unas representaciones
colectivas referidas a la libertad individual, la propiedad privada y el progreso,
dejándole los asuntos de la moral, la justicia y la autoridad al partido conservador.
Aquel proyecto de los radicales chocó no solamente con la propuesta conser-
vadora y católica sino también con los ethos socioculturales de la mayor parte de
la población, es decir, careció de anclajes en la realidad social, que seguía siendo
predominantemente tradicional, rural y pueblerina, anudada en formas de sociabi-
lidad primarias como el parentesco, el vecindario, el localismo, las relaciones
caudillistas y el gamonalismo.
La lucha por el control de la representación de lo público entre el conserva-
durismo y el radicalismo no logró definirse a favor de ninguno de los grupos en-
frentados; la esfera pública no sería ya comunidad cristiana en el sentido del orden
tradicional, pero tampoco sociedad de individuos libres articulados por las represen-
taciones colectivas racionalizantes y autónomas de la sociedad moderna. Por el
contrario, lo público terminó escindido en dos mitades mutuamente excluyentes y
antagonizadas de cuyas agresiones recíprocas está hecha la historia de Colombia.
Esta escisión de lo público terminó anulando este espacio privilegiado para
la formación de universos simbólicos de cohesión y de identidad. En su lugar se
instauraron las de los partidos como representantes de comunidades imaginadas
que otorgaban sentido de pertenencia y representaciones colectivas a las localida-
des, los sujetos, los vecindarios y las regiones, creando un sentido de nación y de
patria que se confundía con los partidos y se imbricaba con ellos.
La lucha por la representación de lo público propició su escisión, su fractura
y su reemplazo por las dos colectividades partidistas; éstas pasaron a acotar ese
espacio, a representarlo, a simbolizarlo. Fueron sus universos simbólicos y no los
de la nación o del Estado los que le otorgaron algún principio legitimador e inte-
grador a la sociedad colombiana.
Esta vía tortuosa e híbrida en el tránsito hacia la modernidad tuvo repercusio-
nes de hondo calado en la vida política nacional. Aquí enunciamos las siguientes:
Lo público sustituido y la ausencia de cultura política. La escisión de lo
público en lo partidista no permitió que se transformase de manera significativa el
viejo ethos sociocultural y que las representaciones colectivas racionalizantes y
universalistas, que existían objetivamente en la Constitución y en la ley, fuesen
asumidas e integradas por los sujetos como parte de sus mentalidades o como guías
para orientar sus acciones y sus comportamientos; por el contrario, la identidad fue
partidista y excluyente. El antagonista político fue considerado como una amena-
za para la identidad, para el ser social colectivo. Este fenómeno dio paso a una

169
mentalidad excluyente que dificulta la conformación de una verdadera cultura
política.
La escisión del referente público no permitió la consolidación del Estado como
“el otro generalizado” (tal como lo concebía Durkheim)15 . El Estado existía for-
malmente en el ordenamiento jurídico pero no era percibido así por la mayor parte
de los sujetos sociales. Estos carecían de representaciones colectivas para identi-
ficar la diferencia entre Estado y partidos, lo que condujo a la construcción del
primero como un aparato débil, fragmentado y con dificultades reales para man-
tener el orden y organizar la vida social.
La debilidad de lo social y la sobrepolitización de los conflictos. La esci-
sión de lo público y su representación en forma partidista, aunada a la debilidad
del Estado, determinó que la mayor parte de los conflictos transitaran por los ca-
nales de los partidos y se debatieran en el espacio de lo propiamente político, aunque
originalmente no tuviesen dicho carácter. De allí resultarían las confrontaciones
sobrepolitizadas que ante la escisión de lo público se resolvían por la fuerza, la
guerra y la violencia.
Así, conflictos étnicos, vecinales, entre localidades y regiones, interindivi-
duales, conflictos por la tierra, por el control de recursos naturales y de toda índo-
le se politizaron y se desarrollaron en esa matriz histórico partidista que sustituyó
lo público en Colombia16 .
La sobrepolitización de los conflictos tuvo como corolario el debilitamiento
de las sociabilidades y la dificultad para consolidar una sociedad civil fuerte y
organizada. La mayor parte de las organizaciones correspondientes a este ámbito
(sindicatos, asociaciones campesinas, gremios, acciones comunales) han surgido
en el espacio de los partidos o terminaron cooptados por ellos.
La debilidad de la ciudadanía y la ausencia de virtudes públicas. La esci-
sión de lo público y su representación partidista no permitió que las representa-
ciones colectivas de la modernidad, como la ciudadanía y la soberanía popular,
tuviesen una existencia real y se instalasen en las mentalidades, en los sentidos
comunes y en los ethos socioculturales; en lugar de ciudadanos, este proceso crea
copartidarios, miembros de partido, clientelas, clubes políticos y otras organiza-
ciones del mismo estilo.
A su vez, las virtudes públicas se confunden con la ideología o las necesidades
del partido; en este contexto, ser buen ciudadano pasa a equipararse con ser buen
copartidario, buen miembro del partido, ir a las urnas o apoyar a sus jefes natura-
les. No hay un código público interiorizado y la moral individual privada no pro-
vee elementos que permitan constituirlo.

15. BERIAIN, Josetxo. Op. cit. Pág. 58.


16. PÉCAUT, Daniel. Orden y violencia. Siglo XXI, Tomo 2. Bogotá, 1987. Pág. 535.

170
Pese a las dificultades descritas y a las implicaciones políticas y éticas de estas
vías de tránsito entre lo tradicional y lo moderno, los partidos y sus universos sim-
bólicos funcionaron como los referentes de identidad a través de los cuales se
garantizaba alguna forma de legitimidad política. Por su parte la moral católica,
privada y trascendente, logró ejercer control social sobre todo en el campo de lo
doméstico y de las relaciones intersubjetivas; esto en el espacio de la sociedad
mayor, porque las regiones y pueblos excluidos y librados a su propia suerte cons-
tituyeron referentes fragmentarios y localistas que diferían y se confrontaban con
lo bipartidista y con la moral católica.
Este modelo de legitimidad y de identidad —que funcionó precariamente
mientras la sociedad colombiana fue predominantemente rural y pueblerina, terri-
torialmente dispersa, económicamente fragmentada y culturalmente desintegrada—
, empieza a mostrar signos alarmantes de crisis política (de legitimidad) y ética (de
valores) cuando el país entra por la senda de las grandes transformaciones sociales
propias de la industrialización, la urbanización y la modernización, es decir, cuan-
do las formas tradicionales y los referentes espacio-temporales en los cuales se
asentaba el viejo ethos, se disuelven y se descomponen por la vorágine de la vida
moderna.

Los tiempos modernos en Colombia:


hacia la formación de nuevas representaciones colectivas
Los tiempos modernos en Colombia, vertiginosos, acelerados, erizados de
cambios rápidos y profundos, lograron trastocar en algo más de treinta años la mayor
parte de los referentes concretos y vitales que sostenían a la sociedad tradicional.
El país deja de ser rural y pueblerino para urbanizarse y concentrar la mayor
parte de la población en las ciudades grandes e intermedias, todas ellas en proceso
de expansión y crecimiento —la explosión urbana denominan a algunos teóricos
este fenómeno—. La industrialización dejó de ser un proceso localizado en algu-
nas regiones para convertirse en un sistema que subsumió formalmente bajo su
lógica buena parte de la estructura económica del país, formando una trama de
intercambios y de mercados anudados en torno a la forma abstracta del dinero.
La generalización y extensión de los medios de comunicación de masas multi-
plicaron de manera vertiginosa los flujos informativos, creando formas de integra-
ción-desintegración no vista antes y multiplicando los universos simbólicos de una
población hasta entonces relativamente aislada y dispersa.
La educación formal, en su diferentes niveles, amplió en muy pocos años su
cobertura, lo que produjo unas generaciones más alfabetizadas, más informadas
y con grados de escolaridad significativamente más altos con relación a los pe-

171
ríodos anteriores. A este proceso, Daniel Pécaut lo denomina la revolución edu-
cativa17 .
Los cambios en los roles, en las funciones, en las actividades y en las menta-
lidades de las mujeres, que trastocaron los viejos modelos parentales, las relacio-
nes de pareja y las intrafamiliares, se llevaron de calle el mundo del oikos. El de-
sarrollo económico y tecnológico suplantó, a veces mediante formas agresivas, las
maneras y los modos de consumir, de producir, de habitar, de circular y de comu-
nicarse.
Los sectores medios en ascenso (exiguos y poco relevantes en la sociedad
tradicional), profesionalizados y urbanos, portadores de saberes especializados y
más abiertos que las viejas élites tradicionales a las corrientes mundiales del pen-
samiento y a la influencia de los discursos políticos alternativos, se convierten en
grupos de presión de gran significación y fuerza.
La presencia de las masas, ese fenómeno nuevo de los tiempos modernos, en
el escenario de lo político y de lo económico, y su correlato, los movimientos
sociales, cívicos y ciudadanos, que se organizan por fuera de la matriz partidista
y a veces en franca confrontación con ella, demandan respuestas y participación
efectiva.
La consolidación de un movimiento guerrillero alternativo y sustitutivo del
orden vigente que desafía con las armas a un Estado débil y precariamente legiti-
mado y, como corolario, las sucesivas manifestaciones de corrientes contracultu-
rales como el hipismo, los punk, los heavy metal entre otros, conforman manifes-
taciones políticas y culturales alternativas a la tradición.
Estas transformaciones veloces, simultáneas y no necesariamente articuladas
o explicables desde una lógica común a todas, trajo aquí como en otras partes del
mundo, esa sensación de inestabilidad y amenaza de disolución y de caos, de pérdida
de las viejas certezas y los viejos valores, de miedos inconfesados al ver al viejo
entorno hecho trizas. Esta vivencia de vértigo que sentimos lo colombianos, como
dice Marshall Berman en el epígrafe, nos lleva a pensar que somos los únicos y los
últimos que la han padecido.
La desaparición de la sociedad tradicional y el advenimiento de los tiempos
modernos genera en todas partes del mundo la pérdida de referentes colectivos y
las crisis éticas; sin embargo, la forma tortuosa e híbrida del acceso a la moderni-
dad en Colombia, acentúa dramáticamente sus efectos en dos grandes campos: el
de la esfera político estatal (crisis de representatividad, de gobernabilidad, de cre-
dibilidad, de legitimidad) y en la esfera de los ethos socioculturales (ausencia de

17. PÉCAUT, Daniel. Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988. Siglo XXI. Bogo-
tá, 1988. Pág. 26.

172
valores, vacío ético, disgregación del tejido social, inexistencia de referentes co-
lectivos de identidad, debilidad de lo nacional); en ambas esferas, el signo visible
de la crisis es la violencia generalizada, desagregada, plural y difusa, que particu-
lariza nuestra situación y la hace más traumática y dolorosa.
Si examinamos el carácter de las transformaciones ocurridas en Colombia en
las últimas tres décadas (los tiempos modernos), no es difícil observar que la mayor
parte de ellas se presentan en la trama socioeconómica en los ámbitos complejos
y particulares donde los sujetos desarrollan sus acciones y desenvuelven sus vi-
das, es decir, en los referentes concretos en los cuales arraigaba el viejo ethos
sociocultural, esto es, los dispositivos de poder tradicionales y los mecanismos de
control eclesiástico y partidista.
Como consecuencia, las localidades, los vecindarios, las parentelas, los cau-
dillismos tradicionales, la familia extensa y la educación confesional, los tiempos
y los territorios, se trastocan o se disuelven, y la iglesia y los partidos tradiciona-
les, anudados en esas redes primarias, empiezan a perder pie, capacidad de con-
trol, reconocimiento y autoridad social. Ya no acotan la nación, no logran ence-
rrarla en sus límites y ésta se desborda y se desparrama sin encontrar nuevos ca-
nales y encausamientos, ni espacios para su reconocimiento público.
Vivimos en los tiempos modernos bajo determinaciones particulares, gesta-
das por un proceso histórico tortuoso y violento que sustituyó lo público por lo
partidista y no generó identidades de corte democrático (cultura política). Aunque
lo religioso no es ya el centro estructurante de la vida social, el proceso de seculari-
zación está inconcluso.
La modernidad en Colombia no es un proceso postergado sino más bien des-
igualmente desarrollado e híbrido; sus canales de tránsito han estado sembrados
de obstáculos y dificultades. El advenimiento de los tiempos modernos en Colom-
bia se vive bajo una forma particular de anudamiento entre aperturas y cierres, en
unas lógicas cruzadas que pueden dar cuenta de las crisis de valores y de la des-
composición del orden político.

Las aperturas modernas


Asistimos al descentramiento de lo social; lo religioso ya no es elemento
estructurante del universo simbólico de los colombianos, ya no lo monopoliza. No
es esta una sociedad confesional y algunas esferas se han autonomizado de la tu-
tela religiosa. La ciencia, la tecnología y los saberes se rigen ahora por sus propias
reglas y métodos de fundamentación y conocimiento; idéntica cosa podría decirse
del ordenamiento legal, del arte y de la literatura.
Asistimos también a algunas formas de secularización como aquellas obser-

173
vadas en la órbita de la familia, las relaciones sexuales y de pareja, los intercam-
bios económicos, las relaciones interindividuales y los flujos de comunicación de
masas.
Es importante también la transformación del cronotopo; los referentes terri-
toriales han cambiado sin encontrar otros marcos de cohesión dando paso al des-
arraigo urbano; los tiempos no se guían ya por los universos simbólicos del meta-
rrelato religioso sino por los requerimientos de la producción y del consumo, de
los flujos monetarios y de la comunicación de masas.

Los cierres de la modernidad


La modernidad ha permeado muchos de los espacios de la vida social y se
instaló con su caudal de transformaciones en Colombia; sin embargo, encuentra
serias resistencias y obstáculos en la esfera de la sociedad política y en el ámbito
de los ethos socioculturales. Estas dificultades se nuclean en tres puntos específi-
cos: lo público sustituido, la secularización incompleta y la ausencia de cultura
política (referentes políticos modernos).
Lo público sustituido. Los tiempos modernos en Colombia encuentran lo
público escindido y representado por las estructuras partidistas. Esto se agudiza
cuando los partidos ya no logran acotar la nación ni ser vehículos de las divergen-
cias sociales. Esta es una de las causas que precipitan la desintegración social, por
cuanto se pierden las viejas legitimidades y la precaria representatividad del Esta-
do dejando a la deriva, tanto la disputa política, que se desenvuelve en diversas
formas de violencia, como el espacio de lo público, que sin referentes de modernidad
interiorizados o asumidos desde los ethos socioculturales, termina privatizándose
y convirtiéndose en el lugar de la confrontación de intereses particulares por los
recursos institucionales del aparato de Estado. Así, lo público se convierte en una
especie de tierra de nadie, de la cual se apropia aquel que tenga los recursos de fuerza
suficientes para imponerse a los demás.
La secularización incompleta. La apropiación privada de lo público y su uso
particular por fuerzas y organizaciones de muy diverso carácter, está en relación
directa con la secularización incompleta y las carencias de cultura política.
La existencia de lo público como representación colectiva en la modernidad,
está posibilitada por la secularización. Sólo una actitud laica que no reconoce
ninguna autoridad o norma como portadora exclusiva y excluyente de verdad y de
sentido, permite a una sociedad organizarse según el principio de la soberanía
popular, de la ciudadanía y de la democracia18 .

18. LECHNER, Norbert. La democratización en el contexto de una cultura postmoderna. En: Los patios
interiores de la democracia. Flacso. Santiago de Chile, 1988. Pág. 116.

174
La secularización posibilita una acción consciente de la sociedad sobre sí
misma y la instauración de un orden producido consensualmente, dejando en el
pasado el orden recibido y percibido como herencia inmutable y totalizante.
En Colombia las relaciones en la esfera político cultural se han autonomizado
de la tutela católica pero no se han secularizado totalmente, es decir, siguen giran-
do en un centro mítico, imaginario, totalizante y mesiánico, que se expresa en la
carencia de una concepción desacralizada y totalmente laica de la política. En el
mundo del ethos sociocultural, la esfera de la política no se ha descentrado ni
separado de su núcleo primordial sagrado y aún soporta una carga religiosa inmensa.
Esta sacralización de las relaciones políticas hace de las opciones ideológicas
principios inmutables, verdades absolutas no interpelables ni debatibles; las hace
rígidas, intransigentes en las negociaciones, temerosas de contaminarse con otras
tendencias y creencias. Esto ha conducido a demonizar el contradictor, a conver-
tirlo en enemigo absoluto, portador de todos los males y objeto de todos los seña-
lamientos y a quien es preciso liquidar por la fuerza.
En las relaciones políticas sacralizadas arraiga la intolerancia, la carencia de
respeto por la diferencia, los fundamentalismos y los dogmatismos de distinto corte.
Para los defensores del orden establecido sería impensable un mundo político
plural y diverso (contaminado, impuro e inmoral), por ello se apuntalan en las tesis
de la comunidad cristiana y del bien común, proponiendo reiteradamente “cruza-
das de salvación nacional” para liberar a la sociedad de todo aquello que perturba
el orden recibido. El miedo que produce la inseguridad y la búsqueda de certezas
y de algo sólido es lo que abre las puertas a todo tipo de totalitarismos, de limpie-
zas sociales y de cacerías de brujas como las vividas en los últimos tiempos en
Colombia.
Pero lo más paradójico es que incluso los movimientos de tipo político o militar
(guerrillas) alternativos al bipartidismo, iluminados regularmente por el calor del
pensamiento marxista —también fundador de la modernidad europea y copartíci-
pe de todo el movimiento racionalizante y universalizador de occidente19 —, no han
logrado salirse de la esfera mítica y sacralizante, aunque sean otros sus dioses, sus
héroes, sus relatos y sus utopías mesiánicas.
Estos grupos reproducen determinaciones del ethos cultural sagrado, propio
de las sociedades premodernas, como el fundamentalismo, la intolerancia, la rigi-
dez en las negociaciones, la demonización del enemigo y también el mesianismo
de la sociedad socialista, vista como redención de todos los males sociales, de la
pobreza, la ignorancia, el hambre y la explotación.
La carga religiosa que conlleva esta forma de hacer política es de una esencia

19. BERMAN, Marshall. Op. cit. Págs. 81-119.

175
mística que motiva conductas abnegadas, heroicas y toda una vida de sacrificio y
entrega como la que se advierte en algunos militantes de la izquierda colombiana.
A su vez, esa visión totalizadora, sacra y mesiánica, desemboca en posiciones “no
negociables” y en una práctica sectaria y totalitaria.
Ausencia de cultura política. La sacralización de la política se convierte en
un obstáculo formidable para la transformación del ethos sociocultural, para el
tránsito de la democracia como procedimiento formal y normativo a la democra-
cia como forma de expresión sociocultural, es decir, como cultura política.
Si bien en Colombia la esfera del derecho se separó de la moral y estableció
sus propias lógicas fundantes tal como lo soñaba Weber, éstas no lograron permear
el sistema de representaciones colectivas y cambiar las estructuras de conciencia;
en este sentido, no fueron interiorizadas por los individuos y no han tenido la vir-
tualidad de servir como elementos de cohesión e integración social, ni como guías
para la acción o el comportamiento individual y colectivo, es decir, no hacen parte
de la cultura política.
Los viejos valores se fueron definitivamente con la sociedad tradicional y los
correspondientes a la modernidad (la soberanía popular, la ciudadanía, el orden
producido, la secularización, la escisión entre el Estado y la sociedad civil, entre
lo público y lo privado) existen sólo como formulaciones abstractas que no logran
instalarse en las mentalidades, en las cosmovisiones, en los imaginarios colectivos;
no hacen parte del ethos sociocultural y por eso carecemos de representaciones
colectivas acordes con el mundo de hoy.
El viejo ethos sociocultural perdió la capacidad de instituir de sentido la so-
ciedad y el nuevo no existe aún. De allí que la sensación que experimentamos en
Colombia no es precisamente la de un mundo desencantado (Weber), ni la del
crepúsculo de los dioses (Nietszche), sino la de un mundo sin sentido, de un vacío
ético que algunos investigadores sociales como Francisco De Roux20 , han propuesto
llenar con una ética laica y ciudadana, con un código mínimo de virtudes ciuda-
danas.

Una ética para los tiempos modernos


Una ética para los tiempos modernos en Colombia tendría que hacerse cargo
de tres problemas básicos: la refundación de lo público, la secularización de las
relaciones políticas y el desarrollo de una verdadera cultura democrática.
La alternativa para el vacío ético en Colombia habría que buscarla más en lo
colectivo público que en las individualidades privadas; más que en la moral y en

20. DE ROUX, Francisco. Fundamentos para una ética ciudadana. En: Programa por la Paz. Op. cit.
Págs. 131-151.

176
el derecho, en las prácticas sociales; más que en los principios retóricos y forma-
listas, en ese campo vasto y problemático de los ethos socioculturales y de la cul-
tura política.
Desde esta perspectiva, la moral católica es necesaria pero insuficiente para
crear esos referentes colectivos de identidad y se quedaría corta en el propósito de
fundar un orden democrático, pluralista y tolerante hacia el futuro. Primero, por-
que ya no sería posible recuperarla colectivamente como principio estructurador
del orden social. La historia es implacable y las utopías de regreso son tan nostál-
gicas como la búsqueda de certezas en los tiempos modernos. Segundo, porque tanto
para la refundación de lo público como para la gestación de una cultura democrá-
tica sería necesario acentuar los procesos de secularización, o como dice Norbert
Lechner, aliviar la política de la carga sacra que la acompaña21 .
Lo que sí es posible y deseable en Colombia, es la participación decidida de
la iglesia institucional y de los católicos en general en la constitución del orden
producido de la modernidad, esto es, en la definición de un mínimum ético (refe-
rentes públicos de identidad y cohesión), contribuyendo desde su lugar, y en com-
pañía de otros actores sociales, a la consolidación de las virtudes cívicas y ciuda-
danas. Si es saludable descargar a la política de sus compromisos religiosos, tam-
bién lo es el aligerar las responsabilidades propiamente políticas de la iglesia y de
la fe cristiana; la ética de los tiempos modernos es ante todo un asunto público,
colectivo y una responsabilidad política tanto de la sociedad civil como del Estado.
Tampoco sería suficiente la existencia de una moral individual y privada para
responder al vacío ético en Colombia, pues ser un buen cristiano no es lo mismo
que ser un buen ciudadano. La suma de los hombres de bien en el mundo privado
no da como resultado automático un espacio público constituido y tampoco gene-
ra procesos de cultura democrática.
Los criterios morales individualizados y sin referentes colectivos, como de
hecho ha venido ocurriendo en Colombia en las últimas décadas, terminan por
relativizarse y formar una multitud de códigos morales para el consumo de cada
cual, de acuerdo con sus preferencias individuales. Estos códigos ya no se funda-
mentan a la manera de la moral católica o la razón universalizante, sino que se
justifican de acuerdo con un sistema de preferencias individuales y asociales, es
decir, opuestas a lo colectivo y a lo público.
Si bien la modernidad, como proceso general, pluraliza los valores y los rela-
tiviza, también le ofrece al hombre la posibilidad de construir su mundo, de elegir
y de optar. Esta necesaria construcción del orden no se logra ni desde la esfera
privada ni desde la moral individual, sino en el espacio emancipado de lo público

21. LECHNER, Norbert. ¿Responde la democracia a la búsqueda de certidumbre? Op. cit. Pág. 135.

177
y desde el reconocimiento de lo colectivo y lo común, nucleado en torno a lo que
podría ser una especie de código del buen ciudadano.
Dicho código se conforma con base en mínimos referentes de identidad, cons-
truidos y no recibidos, que se elaboran desde la pluralidad de valores, sentidos y
órdenes sociales. Ellos no tienen la pretensión de un centro totalizante y articula-
dor, son asumidos a través del consenso y el respeto por el disenso, sin la expec-
tativa de su permanencia eterna o su validez universal, sino con el pleno conoci-
miento y aceptación de lo que cambia, de lo mutable, de lo que no es posible asir
de manera definitiva y menos controlar o monopolizar. Su construcción debe estar
alentada por el espíritu de la modernidad.

178
Comunidades, ciudadanos y derechos*

El multiculturalismo y la democracia local, consagrados en la carta de 1991,


han sido considerados como giros significativos en la historia del constituciona-
lismo colombiano; como novedades que irrumpen en el cielo sereno de una esfera
pública construida sobre las bases de un paradigma esencialmente liberal, centra-
do en los derechos individuales, “ciego a las diferencias” y que sólo tardíamente
habría incorporado nuevos derechos colectivos.
Se supone también una cierta linealidad en la incorporación de esos derechos
al orden constitucional y a la vida política de los colombianos, que se habría ini-
ciado con la inclusión de los derechos civiles para seguir con los políticos y socia-
les culminando con los culturales para reencontrar así, en la nueva Constitución y
a las puertas del siglo XXI, las comunidades y las etnias perdidas.
Sin embargo, una mirada en clave cultural y política de la historia constitu-
cional de Colombia, puede contribuir a matizar estas afirmaciones; a desvirtuar la
linealidad en el desenvolvimiento de los derechos ciudadanos; a percibir su desa-
rrollo desigual y conflictivo y a constatar cómo, en las ciudadanías mestizas que
han predominado en la vida política de Colombia, hay más rasgos de la hipótesis
comunitaria y multicultural que de la hipótesis del ciudadano individual.

* Publicado en: Multiculturalismo los derechos de las minorías culturales. Coordinadores: Fran-
cisco Cortés Rodas y Alfonso Monsalve Solórzano. Memorias II Seminario Internacional de Fi-
losofía Política, Liberalismo y Multiculturalismo. Medellín, 26 al 28 de mayo de 1997. Instituto
de Filosofía Universidad de Antioquia, Res-Pública. Murcia, 1999.

179
La dicotomía sugerida por el título de comunidades y ciudadanos, significa
ante todo un marco de referencia para situar teóricamente el contrapunto entre un
polo definido por el ciudadano moderno, individuo aislado que rige sus acciones
de acuerdo con la racionalidad y el cálculo, capacitado para deliberar en público
y suscribir contratos sobre el orden de lo estatal, frente a otro polo, formado por
comunidades históricamente constituidas: étnicas, societales, vecinales, religiosas
o de otro orden, que desean preservar su cohesión, su identidad, sus derechos tra-
dicionales y su visión particular de vida buena.
Como corolario de esa dicotomía, se introduce un tercer polo, el de los dere-
chos —individuales o colectivos, de inclusión o diferencia— cuyo devenir permi-
te explicar las relaciones de tensión o complementariedad entre los dos polos ini-
ciales.
Esta tríada que se sugiere de comunidades, ciudadanos y derechos, delimita
el campo teórico en el que se realiza la indagación histórica sobre el proceso de
constitución del ciudadano y sus derechos; se trata de establecer de qué manera
irrumpieron y arraigaron las instituciones liberales modernas en sociedades que
no lo eran y cuál fue el resultado —siempre inacabado, siempre en construcción—
de ese amalgamamiento conflictivo y difícil entre el ideario de las instituciones
liberales y de las utopías ilustradas con las realidades étnicas, societarias y regio-
nal-locales.
Ese contrapunto entre comunidades y ciudadanos tiene su expresión en los
corpus constitucionales y en la manera como se articulan en ellas los derechos
individuales y colectivos pero también en la acción social, en las prácticas cultu-
rales, en los usos, costumbres y modos de resolver —en la práctica— los proble-
mas de la autoridad, el poder, la obediencia, la jerarquía, la justicia y la conviven-
cia social.
Es decir, ese contrapunto tiene su expresión en la órbita constitucional y legal
pero también en esa llamada zona gris, donde se encuentran, de manera bastante
conflictiva, la esfera pública del Estado y de la política con el mundo de lo domés-
tico privado, en el que se desarrolla, entre múltiples avatares, la vida de los sujetos
sociales.
Esa tensión constante en la historia política colombiana, entre una esfera públi-
ca regida por los principios del Republicanismo y el Liberalismo modernos y una
esfera doméstico-privada de fuerte y resistente raigambre comunitaria y pluricul-
tural, está marcando —para bien o para mal— las posibilidades reales de conso-
lidación democrática, y tiene un enorme influjo sobre el carácter y la especifici-
dad de la ciudadanía y de los derechos de diferente orden que logren consolidarse.
Desde esta perspectiva analítica me propongo desarrollar algunas tesis
—sujetas aún a revisión y matización como corresponde a una investigación en mar-

180
cha— sobre el desenvolvimiento constitucional e histórico de los derechos y sus
expresiones en la conformación de la ciudadanía en Colombia; las tendencias
generales de este proceso se pueden enmarcar en los siguientes puntos:
– La historia del desenvolvimiento de los derechos en Colombia está enmarcada
por un desarrollo desigual que favorece a los de orden colectivo, mostrando
una suerte de déficit crónico de tipo histórico en lo que tiene que ver con la
consolidación de los derechos individuales, civiles y políticos.
– Como resultado del contrapunto entre comunidades y ciudadanos, del desarrollo
desigual de los derechos y de las debilidades de los procesos sociales de indi-
viduación, la hipótesis de la ciudadanía que reposa sobre un conjunto de va-
lores y supuestos del individualismo no logró consolidarse como realidad social
o como referente para la acción política; sin embargo, el orden político resul-
tante del amalgamamiento entre el ideario republicano liberal y las comunida-
des locales, regionales y étnicas de fuerte arraigo, condujeron a la consolida-
ción de ciudadanías mestizas, verdaderos componentes elementales de la tra-
ma de la política en Colombia.

El déficit histórico del ciudadano individual y sus derechos


El paradigma político del liberalismo, “ciego a las diferencias” según la cla-
sificación de Taylor1 , sólo tuvo expresión constitucional y social en el proyecto
político y ético cultural de los Liberales Radicales, esto es, entre 1853 y 1886; fueron
ellos quienes intentaron construir un orden social sustentado en el individuo como
componente elemental y en el ciudadano como referente de identidad pública.
Este proyecto de los liberales radicales2 se concentró en la identificación y
fortalecimiento de los derechos individuales —genéricamente establecidos en las
constituciones anteriores—, en la secularización de la vida política, en la idea de
una Nación construida sobre las tesis del contrato social, libre de referencias his-
tóricas, de tradiciones culturales o étnicas, y en el diseño de una moral pública
centrada en la tolerancia y en el sujeto privado. Ni antes ni después ese liberalismo
clásico se constituyó en hipótesis para la construcción del Estado y de la política.
En el constitucionalismo anterior al medio siglo y desde la independencia,
predominó la tradición republicana3 y el énfasis estuvo puesto en el diseño de
respuestas viables a los problemas de la soberanía, la autodeterminación y la re-

1. TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Fondo de Cultura Eco-


nómica. México, 1993.
2. ESPAÑA, G. Los radicales del siglo XIX. Áncora Editores. Bogotá, 1984.
3. BRADING, D. Republicanismo clásico y patriotismo criollo. En: Mito y profecía en la historia
de México. De Vuelta. México, 1988.

181
presentación de la nación ante el Estado; es decir, en temas que conciernen más a
las colectividades que a los individuos.
La hipótesis del ciudadano estuvo presente en los corpus constitucionales desde
1811, como también en los debates políticos que se llevaban a cabo en las tertu-
lias, las sociedades de Amigos del País, las logias masónicas y la prensa de la época,
y lo más importante, hizo parte de las representaciones colectivas de la élite ilus-
trada, pero la percepción del ciudadano y sus derechos se avenía mejor con el
patriotismo, la autodeterminación y los derechos colectivos que con un sujeto
individual privado4 .
En la práctica política y en los textos constitucionales, el ciudadano y sus
derechos estuvieron definidos en los viejos marcos coloniales del “vecinazgo”; así
se denominaba a los habitantes de una villa o ciudad que tuviesen “casa poblada”,
contribuyesen al sostenimiento económico del cabildo y la comunidad y que fue-
sen reconocidos como personas de honor y respeto. Este ciudadano colectivo se
enmarca en una concepción corporativa o comunitaria de lo social pues lo que lo
habilita para ser ciudadano es su pertenencia a una colectividad anterior —la ciu-
dad o la villa—5 .
A su vez, este ciudadano era ante todo un sujeto concreto, territorializado, reco-
nocido, perteneciente a un colectivo determinado y en esas características se ba-
saba su identidad y sentido de pertenencia; quizá allí había que buscar la clave de
las tendencias federativas y de la pervivencia de diferenciaciones entre “notables”
o “familias distinguidas” y el común tan presente en la vida social colombiana.
Esta figura del ciudadano colectivo de fuerte arraigo localista y comunitarista
se opone de hecho a aquellos atributos que definen al ciudadano moderno: la uni-
versalidad, la igualdad, la individualidad y la abstracción.
Esta concepción corporativa o comunitaria del orden político fue acentuada
por la tradición republicana predominante en esta primera época, dado el énfasis
de esta tradición en la existencia de un bien público más allá de los individuos y
de sus intereses privados, tradición que toleraba mal los argumentos del liberalis-
mo clásico, sobre todo en aquellos aspectos concernientes al mercado y a los in-
tereses privados ya que esta corriente supone una inequívoca superioridad moral
del interés público, perfil que define al ciudadano virtuoso e ilustrado.
Si el liberalismo clásico no tuvo mayores antecedentes en el constitucionalis-
mo republicano y en la vida política de la primera época, tampoco lo logra desa-

4. HANS, J. Konig. En el camino hacia la nación. Banco de la República. Bogotá, 1993. Págs. 327-
361.
5. URIBE DE H., María Teresa. Proceso histórico en la configuración de la ciudadanía. En: Estu-
dios Políticos Nº 9. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, julio-di-
ciembre de 1996.

182
rrollar después de 1886; esta constitución, la de mayor permanencia en la historia
colombiana, hija del movimiento Regenerador, significó un recorte sistemático de
los derechos individuales tanto en la Carta como en las prácticas de gobierno; una
drástica suspensión del proceso de secularización, iniciado tímidamente desde la
independencia y asumido de manera frontal por los gobiernos radicales del medio
siglo, y una vuelta a la centralización del poder y de la nación unitaria.
Tampoco en este contexto del constitucionalismo regenerador, el ciudadano
moderno y sus derechos tuvieron posibilidades de desarrollo pues la unidad na-
cional y la identidad ciudadana se realizaron en torno a la moralidad católica,
inscribiendo a los sujetos sociales en una matriz de tipo histórico cultural y de fuerte
sabor tradicional.
De esta manera, sociedad civil y comunidad de católicos vinieron a ser térmi-
nos equivalentes; la esfera pública con su moral civil y sus normas autónomas
—así fuesen contrarias a otras concepciones del mundo, incluidas las religiosas—
tan importantes para los republicanos de la primera época y para los radicales del
medio siglo, quedó desdibujada en la práctica y el ciudadano pasó a ser el buen
cristiano.
Lejos quedaban los imaginarios del ciudadano virtuoso e ilustrado del pri-
mer Republicanismo y del ciudadano tolerante e individual del Radicalismo; a
su vez, el acento comunitarista histórico de esta constitución y su sesgo religio-
so rechazaban de plano las tesis del interés individual propugnando por el bien
común.
De los propósitos centrales de la Regeneración, sólo tuvo éxito la lucha con-
tra la secularización; formalmente se logró centralizar la administración mas no el
poder que continuó residiendo en lo local y regional y la idea de unificar y forta-
lecer la nación en torno a la moral católica, la tradición cultural y el arraigo terri-
torial, funcionó más como mecanismo excluyente que como principio de integra-
ción social y de identidad nacional; éstas continuaron tan fragmentadas y confron-
tadas como habían estado durante todo el siglo anterior.
El desarrollo de las ciudadanías y sus derechos en el constitucionalismo del
siglo XX, se define en rasgos muy generales por un perfil claramente colectivo y
social-corporativo; la reforma constitucional de 1936 y el desarrollo legislativo que
la acompañó6 pusieron a funcionar estrategias y planes específicos para hacer
realidad las demandas de las masas de obreros y campesinos que irrumpían en la
vida política y se movilizaban para reclamar y exigir derechos sociales: el derecho
a la tierra, a la soberanía nacional, a la formalización de las relaciones laborales,
a la educación y a la salud; en suma, derechos colectivos que beneficiaban a gran-

6. TIRADO Mejía, Álvaro. La revolución en marcha. Op. cit.

183
des grupos sociales organizados en torno a formas nuevas de sociabilidad y de
acción colectiva, y en cuya consolidación tenía un lugar central el aparato de Es-
tado, dotado ahora de funciones económicas y de bienestar social.
Este modelo de Estado interventor y asistencial se avenía mal con el universo
de los derechos individuales, sobre todo con los referidos a la propiedad y el libre
juego de las fuerzas del mercado sujetas ahora al control de rígidas políticas pú-
blicas.
La lucha por los derechos sociales y la inclusión de las masas en la política
coexistió con un proceso de ampliación de los derechos civiles y políticos; la re-
forma constitucional de 1910 consagró los derechos de la oposición y de las mi-
norías políticas y en 1957 les fue otorgado el voto a las mujeres universalizando
la ciudadanía; sin embargo, estos desarrollos tan importantes en el campo de los
derechos no fueron demandados por las masas ni estuvieron precedidos de movi-
lizaciones amplias como sí ocurrió en el caso de los derechos sociales.
De alguna manera, pareciera que entre los sujetos sociales pesara más el
imaginario de lo colectivo que de lo individual; y que entre los grupos políticos
tuviesen más arraigo y sentido para la acción, los derechos sociales que los polí-
ticos o civiles.
La constitución de 1991 estuvo precedida de una profunda crisis política que
además de la violencia difusa, la deslegitimación del Estado, la pérdida de iden-
tidad con los partidos viejos y nuevos y un incremento en los niveles de ingober-
nabilidad, tuvo como referente importante una pérdida de centralidad del Estado
en la vida política (crisis de la matriz estadocéntrica) y un ascenso de los movi-
mientos sociales, comunitarios, étnicos, locales, urbanos y de género, de cuyas
luchas y demandas surgió no sólo la necesidad de convocar una asamblea consti-
tuyente sino también el perfil comunitario y multicultural de la carta7 .
Esta especie de politización de lo social-privado (matriz sociocéntrica) y de
despolitización de lo público, que está revolucionando la manera de hacer y pen-
sar la política, continúa la línea de fortaleza de los derechos sociales, ampliándo-
los al otorgar reconocimiento a las etnias llamadas minoritarias y enfatizando en
los derechos de la diferencia y en la democracia local, pero está poniendo de pre-
sente una asimetría problemática, a mi juicio, con los derechos civiles y políticos,
y quizá esa suerte de déficit histórico de ciudadanía individual está en la base de
la ausencia de virtudes cívicas, de moralidad pública, de intolerancia política y
profundo irrespeto por la vida y por los derechos humanos llamados de primera
generación.

7. CAVAROZZI, Marcelo. Transformación de la política en América Latina contemporánea. En:


Análisis Político. Bogotá, mayo-agosto de 1993.

184
Las ciudadanías mestizas
Si el ciudadano moderno no logró constituirse en el componente elemental del
orden político y si sus derechos correspondientes han tenido un desarrollo preca-
rio por decir lo menos, de allí no puede deducirse el fracaso en la conformación de
la ciudadanía o la calificación del proceso desde lo que no es o desde lo que le falta
para llegar a ser, identificando una suerte de subdesarrollo político y atraso insti-
tucional que estaría en la base de todas nuestras desventuras políticas.
En el contexto colombiano y latinoamericano en general, las ciudadanías real-
mente constituidas siguieron un proceso particular y diferencial de amalgamamiento
o hibridación entre las instituciones liberales de diversa tradición (Republicanas,
Democráticas y Liberales), con las comunidades locales, regionales y étnicas,
resistentes a los embates por su disolución.
Este proceso de amalgamamiento ha sido descrito por varios historiadores y
analistas sociales interesados en identificar los procesos de modernidad en Amé-
rica Latina y existe un cierto acuerdo entre ellos para señalar la particularidad del
proceso y la diferencia con los modelos Europeos y Norteamericanos, enfatizando
en las combinatorias, las aleaciones y los amalgamamientos8 .
Néstor García Canclini9 habla de Ciudadanías Híbridas, destacando las diver-
sas facetas o perfiles, tradicionales y modernos, que se conjugaron en ese imagi-
nario del ciudadano individual; François Xavier Guerra10 , aunque coincide con
García en el carácter híbrido de las ciudadanías, es decir, en sus resultados, se orienta
hacia su reconstrucción histórica y habla de Ciudadanías alternativas, o sea, de
modelos diferenciales en Occidente para la construcción de esa figura central del
orden político moderno y también con el propósito de rescatar las mixturas y amal-
gamamientos que los diversos liberalismos han tenido en el constitucionalismo co-
lombiano.
La propuesta de nominarlas como Ciudadanías Mestizas sigue la línea de las
argumentaciones anteriores, recogiendo las hibridaciones de García Canclini y los
procesos históricos diferenciales o alternativos que propone Guerra, pero prefiero
hablar de Mestizaje político cultural con el ánimo de reconstruir las huellas y las
improntas que comunidades, organizaciones societales, corporaciones y etnias han
dejado en esta figura central del mundo político moderno; el ciudadano individual
y sus derechos.

8. QUIJANO, A. Modernidad, identidad y utopía en América Latina. En: Modernidad y universa-


lismo. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1991.
9. GARCÍA Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Grijalbo. México, 1995.
10. GUERRA, François Xavier. Modernidad e independencias. Fondo de Cultura Económica. Méxi-
co, 1993.

185
El ciudadano-vecino como actor colectivo
La primera forma de hibridación o mestizaje se enmarca en la noción del ciu-
dadano-vecino, a través de la cual se conjuga magistralmente la implantación de
los derechos civiles y políticos, sin romper con las formas tradicionales de orga-
nización en una sociedad premoderna o de Antiguo Régimen11 .
El ciudadano de la nueva república, definido por la constitución de Cádiz
de 1812 y retomado casi textualmente por las constituciones colombianas hasta
1843, no fue otra figura que la del vecino, el antiguo habitante de las localidades
distinguidas con el rango de Villas o Ciudades.
Con esta decisión constitucional se transformó la comunidad local en la fuen-
te de los derechos políticos12 y la ciudadanía otorgada a los indígenas, primero en
Cádiz y luego ratificada por Bolívar en 1819 para la Nueva Granada, hace que las
comunidades indígenas se vuelvan así mismo fuente de derechos constitucionales
como los demás pueblos.
No es extraño entonces que en estos primeros años de vida republicana, la
noción de igualdad, más que a un derecho individual, apele a un derecho colectivo
de los pueblos, las comunidades, las provincias y las regiones, para quedar en pie
de igualdad frente a la posibilidad “de fundar su propia ley” y de construir la Nación
y el Estado; es decir, de ejercer los derechos políticos de la autodeterminación y
la representación13 .
Esta noción de la Igualdad es la que predomina en los documentos políticos
de la independencia y en los debates constitucionales que le sucedieron, en una línea
que va de las tesis esgrimidas por Camilo Torres en “El Memorial de Agravios”
(1809) pasando por los intentos de unidad nacional que confluyeron en 1814 con
la creación de “Las Provincias Unidas” para concluir con los Códigos Electorales
elaborados entre 1823 y 1844.
Cuando ocurre la ruptura de los vínculos con la autoridad suprema de la
Monarquía que llevó a la proclamación de la soberanía de “los pueblos”, lo que
apareció en el escenario político no fueron las individualidades sino las Ciudades
y las Villas que asumieron el derecho a la autodeterminación y dictaron su propia
ley, mediante la elaboración de constituciones modernas que consagraron, de mane-
ra más o menos explícita, los derechos civiles y políticos14 .

11. ANNINO, A. Ciudadanía y gobernabilidad republicana. Ponencia presentada al foro sobre repre-
sentación política. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá, 1995. Mímeo.
12. ANNINO, A. Op. cit.
13. GUERRA, François Xavier. El soberano y su reino. Ponencia presentada al foro sobre represen-
tación política. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacio-
nal de Colombia. Bogotá, 1995.

186
Fueron estas comunidades locales y regionales las que proclamaron la inde-
pendencia y lucharon por ella y entre ellas; estos colectivos fueron los actores
políticos reales que concurrieron como partes diferenciadas al difícil proceso de
constitución de la Nación.
Esta reivindicación de la igualdad colectiva se va ampliando, como un abani-
co, a comunidades locales más pequeñas y subordinadas de las ciudades y las villas
principales, y logran conquistar, incluso por la guerra, el derecho colectivo a la
igualdad y a la ciudadanía, haciendo del vecino de cada comunidad o parroquia,
independientemente de su tamaño e importancia, el ciudadano de la nueva Nación;
las primeras constituciones se propusieron situar, en condición de igualdad, a to-
das las comunidades aboliendo los privilegios y los fueros especiales de las villas
y las ciudades principales, pero manteniendo en las comunidades la fuente de los
derechos ciudadanos15 .
La contradicción entre una Nación moderna inexistente aún, pero a la que se
apelaba como sujeto de la soberanía y como fuente de legitimación del poder re-
publicano, y una realidad de comunidades de diverso tipo, con sus imaginarios de
igualdad colectiva que pactaban derechos recíprocos entre sí y con el Estado como
la cabeza de ese conglomerado plural, se salda por la vía del ciudadano vecino16 .
Los derechos políticos de representación y elección descansaron en las comu-
nidades locales dado el carácter de la hibridación o mestizaje entre ciudadano y
vecino; la exigencia para que un sujeto individual lograra la condición de ciuda-
dano era la de tener previamente la de vecino; es decir, la de pertenecer a una
colectividad local, a un todo orgánico y cohesionado en torno a identidades cultu-
rales, afectivas, parentales, étnicas o referidas a solidaridades de tipo tradicional
y no necesariamente identificadas en torno a los grandes principios éticos del
contrato social.
En estas primeras formas de ciudadanía mestiza predomina un doble referen-
te comunitario, pues entre el sujeto individual y el Estado, existen cuerpos inter-
medios muy diferenciados, las comunidades, y es la pertenencia a éstas en calidad
de vecino lo que convierte a un sujeto individual en ciudadano; este encuadramiento
de las comunidades tradicionales en los marcos liberales de la representación,
chocan con el modelo clásico que presupone una relación directa entre el ciudada-
no individual y el Estado.

14. GUERRA, François Xavier. El soberano y su reino. Ponencia presentada al foro sobre represen-
tación política. Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1995.
15. OCAMPO López, J. El proceso ideológico de la emancipación en Colombia. Tercer Mundo
Editores. Bogotá, 1983.
16. DELMAS, M. D. Pactismo y constitucionalismo en Los Andes. En: De los imperios a las nacio-
nes. Zaragoza, 1994.

187
El segundo referente comunitario del ciudadano vecino tiene que ver con que
las formas predominantes de identidad son las culturales; es la pertenencia a un colec-
tivo histórico lo que le otorga sentido a la ciudadanía pero estos colectivos de ciu-
dadanos vecinos no se identifican en torno a referentes políticos y las distinciones
republicanas entre las esferas pública y privada quedan diluidas en la práctica17 .
La comunidad como cuerpo intermedio y como depositaria de los derechos
políticos, se refuerza de manera significativa en los códigos electorales porque si
bien las condiciones exigidas para acceder al voto son determinadas desde el Es-
tado central, buscando condiciones de igualdad jurídica para todos los vecinos, se
le otorga a las juntas calificadoras de cada localidad, conformadas por los sujetos
notables y más distinguidos, la verificación de esos requisitos generales.
Son los vecinos notables constituidos en junta calificadora quienes tienen la
potestad de elaborar los listados de las personas que, a su juicio, llenan los requi-
sitos para ejercer los derechos de elección y representación, dándoles de hecho un
poder discrecional muy grande para definir quiénes se incluyen o se excluyen del
cuerpo político o el “demos”18 .
Esto significa que si bien en la definición constitucional el individuo sería el
sujeto de los derechos políticos, la condición de vecino sitúa la ciudadanía en la
órbita de las comunidades y, además, son éstas, representadas por sus notables,
quienes definen, en última instancia, quién puede ejercer los derechos políticos y
quién no.
La lógica de la representación es doble: el Estado central delega en las comu-
nidades locales el control sobre la ciudadanía y el acceso al voto, y la comunidad
delega en el Estado el ejercicio de la soberanía.
Esta mixtura entre formas modernas y tradicionales les otorga de hecho a las
comunidades amplias posibilidades de negociación con el Estado y de intermedia-
ción entre los sujetos sociales y las instituciones del poder público, generando
formas de acción política cuya expresión fueron los Caudillismos, los Gamonalis-
mos y las Clientelas19 .
Desde esta perspectiva, tendríamos que concluir que si bien la noción de ciu-
dadano y sus derechos fue una novedad radical y una verdadera mutación cultural
que funda en Colombia el orden político moderno, también es necesario señalar
que esas mutaciones no se realizaron en el vacío sino en sociedades concretas que

17. GUERRA, François Xavier. Modernidad e independencia. Op. cit.


18. URIBE DE H., María Teresa. Proceso histórico en la configuración de la ciudadanía. En: Estu-
dios Políticos Nº 9. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, julio-di-
ciembre de 1996.
19. ESCALANTE Gonzalbo, F. Ciudadanos imaginarios. Colegio de México. México, 1993.

188
impregnaron con sus imaginarios y realidades sociales esa figura desafiante de la
ciudadanía.
Las ciudadanías mestizas que resultaron de ese amalgamamiento no son en
sentido estricto las definidas por el modelo liberal clásico; sin embargo, se cons-
tituyeron en la base de una forma particular de hacer y pensar la política e indu-
jeron formas alternativas de participación en la vida pública, cuya importancia no
se ha evaluado suficientemente.

El contrapunto entre el ciudadano local y el ciudadano nacional


Otra forma de ciudadanía mestiza es la que resulta del proyecto inconcluso de
los liberales radicales20 , quienes orientaron sus propuestas constitucionales y po-
líticas hacia la consolidación del ciudadano individual y sus derechos; hacia la
secularización de la política y la abolición de los cuerpos comunitarios interme-
dios, con el propósito de establecer el respeto a la ley, como único vínculo posible
entre los ciudadanos y de cada uno de ellos con el Estado.
Estos cambios marcan una trayectoria que va del Republicanismo al Libera-
lismo y que redefine los paralelos y los meridianos de los derechos individuales;
cada individuo es depositario de la soberanía, dejando atrás la soberanía de los
pueblos y la igualdad colectiva de las comunidades ante el Estado.
Todas estas redefiniciones ponen en cuestión el carácter de los nexos o víncu-
los que integran los sujetos entre sí; la sociedad, así pensada, ha dejado de ser un
conjunto orgánico de comunidades locales cuyos miembros estarían ligados por
vínculos preexistentes de sangre, herencia, etnia o tradición, y ha pasado a ser
imaginada bajo un modelo de tipo asociativo, voluntario, inter pares, donde cada
uno es dueño de sí mismo, igual a los demás y poseedor de un amplio esquema de
libertades públicas21 .
Se trata como diría Berman22 , de la gran profanación del orden sacro, no sólo
por su énfasis en la secularización y la proclamación de un orden laico, sino por-
que están poniendo en cuestión todas las dimensiones que trascienden al indivi-
duo: el pasado, la tradición, la herencia, el destino común, la cultura y los valores
tradicionales.
La ciudadanía individual así pensada connota dos aspectos centrales: el dere-
cho a la igualdad y el derecho a la libertad; la igualdad individual respondía a una
estrategia de inclusión para todos aquellos sujetos descorporativizados de sus
comunidades ancestrales como efecto del nuevo orden social y de la metáfora del

20. ESPAÑA, G. Op. cit.


21. RENAULT, A. Las lógicas de la nación. En: GIL, Delanoi. Compilador. Teorías del nacionalis-
mo. Paidós. Barcelona, 1993.
22. BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI. México 1998.

189
ciudadano individual; indios de resguardo y esclavos negros recién liberados (1851),
pero a su vez se orientaba también hacia otros excluidos de la ciudadanía: los
jornaleros, los peones de hacienda, los trabajadores domésticos, los concertados,
los manumisos y todos aquellos que carecían de renta, autonomía e independencia
económica y que en la tradición Republicana se suponían representados por el
patrón o cabeza de familia.
En esta noción de igualdad individual se expresa una profunda desconfianza
en la pluralidad de cuerpos intermedios, que habían devenido los depositarios de
los derechos políticos y los actores colectivos del Régimen Republicano y des-
confiaban también los Liberales Radicales de las diferencias estamentales y cor-
porativas que habían sido el recurso para restringir el cuerpo político y para
mantener privilegios y asimetrías sociales inaceptables en esta nueva metáfora
de la política23 .
El derecho a la libertad connota, entre otras cosas, que nada estaría por enci-
ma del ciudadano individual, ni el Estado, ni el poder, ni la religión, ni la tradi-
ción; el individuo, poseedor de la libertad y de las libertades, era el fabricante del
Estado, artificio cambiable y transformable por voluntad de los ciudadanos y que
estaría allí con el único propósito de garantizar los derechos individuales y las
libertades públicas.
Desde estos presupuestos del liberalismo individualista se ampliaron de manera
significativa los derechos civiles y políticos; en la carta de 1853 y por primera vez
en la historia constitucional del país, aparece un capítulo dedicado a los derechos,
aboliendo las viejas distinciones entre aquellos pertenecientes a los nacionales
colombianos y los de un círculo más restringido, el de los ciudadanos, unificando
así derechos civiles y políticos y especificando de manera amplia y precisa cada
uno de ellos.
Se amplía el derecho al voto a todos los varones mayores de 21 años sin nin-
gún requisito censitario y se transforma el código electoral instaurando la elección
directa y secreta, sin cuerpos intermedios de electores de varios grados entre el
ciudadano local y la cúspide del poder.
Este modelo clásico del liberalismo, cuya divisa fueron los derechos indivi-
duales, estuvo rodeado de grandes dificultades para su consolidación y sólo logró
funcionar parcial y regionalmente; sin embargo, no puede deducirse de allí que fuese
un mero discurso retórico, pues los Liberales Radicales fundaron sobre bases cons-
titucionales y legales la figura del ciudadano moderno y sus derechos, mas no
lograron nacionalizar la ciudadanía, y del contrapunto entre localidades provincia-
les y Nación surgió otra forma de ciudadanía mestiza o fragmentada que conservó

23. MURILLO Toro, Manuel. El sufragio universal. En: Los radicales del siglo XIX. Op. cit.

190
las viejas armazones comunitarias en los contextos locales y regionales, formando
ciudadanos individuales en las cúpulas del poder público y entre las élites políticas.
La nacionalización de la ciudadanía24 implicaba, además de su extensión hacia
las diferentes capas sociales y ámbitos territoriales, la capacidad de imponer nor-
mas iguales para todo el territorio nacional y acceder a la constitución de un terri-
torio geométrico, homogéneo, con unidades esencialmente administrativas que
tuviesen fuertes lazos con el centro como estrategia para la transformación del
sentido de pertenencia de los grupos locales.
La nacionalización de la ciudadanía implicaba pues la neutralización de las
culturas y las comunidades locales, y se requería también, como dice Norbert
Elias25 , la existencia de una sociedad pacificada y desarmada; desde estas perspec-
tivas sería muy difícil defender la idea de la ciudadanía nacional en el siglo XIX,
ni bajo el modelo Liberal ni bajo el orden Regenerador después de 1886; mas la
opción por el régimen político federal se constituyó en el recurso para mantener
un equilibrio muy precario entre ciudadanías locales y nacionales.
El régimen político confederado fue, en parte, el resultado de la debilidad del
Estado central para imponer normas iguales para todo el territorio y de la fortaleza
de los colectivos locales y regionales para impedirlo26 , tensiones múltiples que se
resolvieron la mayoría de las veces por la vía de las guerras civiles cuasiperma-
nentes pero que pusieron de presente la capacidad de las comunidades locales para
negociar el orden y mantener su autonomía en la definición de su desenvolvimien-
to político27 .
Ante la dificultad de imponer un orden general y único para todo el territorio
se optó por la doble vía de descentralizar los problemas y sus soluciones, y de
negociar el desorden y la desobediencia con los colectivos locales y regionales28 .
Así, terminó por consolidarse una suerte de ciudadanía mestiza, local y na-
cional que preservó los cuerpos intermedios entre el ciudadano y el Estado, como
poderes locales y regionales que asumieron de manera desigual y diferenciada la
puesta en marcha del paradigma liberal.
El itinerario hacia la consolidación de las ciudadanías locales y sus logros
autonómicos se inicia con la promulgación de la ley de descentralización de rentas
y gastos (1851), que dejó en manos de los poderes locales y regionales la posibi-
lidad de definir sobre sus fuentes de rentas y la manera de invertir los ingresos, lo

24. ANNINO, A. Ciudadanía y gobernabilidad republicana. Op. cit.


25. ELIAS, Norbert. El proceso de civilización. Fondo de Cultura Económica. México, 1981.
26. URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María. Poderes y regiones. Editorial Universidad de
Antioquia. Medellín, 1988.
27. ESCALANTE Gonzalbo, F. Op. cit.
28. ESCALANTE Gonzalbo, F. Op. cit.

191
que resulta muy significativo pues éste fue uno de los mayores obstáculos para
imponer normas iguales a todo el territorio de la Nación.
Se continuó con la reforma constitucional de 1853, que les otorgó a las pro-
vincias en su artículo 48, la potestad de darse su propio orden interno y de elaborar
constituciones completas y se culmina con la instauración de la soberanía de los
Estados Federales en la Constitución de 1863 o de Rionegro29 .
La posibilidad otorgada, primero a las provincias y luego a los Estados Sobe-
ranos, para elaborar constituciones y definir, entre otras cosas, sobre el alcance de
la ciudadanía y de los derechos civiles y políticos, se expresó en dos puntos fun-
damentales: el primero y quizá más importante por sus efectos hacia el futuro, tuvo
que ver con la paradoja de la conservación de cuerpos intermedios, de comunida-
des locales y regionales que desvirtuaban en la práctica la intención de los liberales
de establecer relaciones directas, abstractas y formalizadas entre el ciudadano y el
Estado; esto como resultado de la imposibilidad de nacionalizar la ciudadanía.
El segundo punto tiene que ver con las amplias diferenciaciones que se pre-
sentaron en la definición que las Constituciones Provinciales hicieron del ciuda-
dano y sus derechos; en aquellas influidas por los Radicales, como Socorro y Vélez
primero y después de 1863 la del Estado de Santander, se mantuvieron los avances
libertarios del ideario moderno, consolidando los derechos políticos y civiles, las
ciudadanías individuales, las libertades públicas, e incluso la primera constitución
de Vélez amplió el derecho del sufragio a las mujeres en 185330 .
Por el contrario, otras provincias como Antioquia y Cundinamarca, controla-
das por los conservadores, desmontaron el ideario liberal volviendo sobre los cri-
terios de la restricción de la ciudadanía y la limitación y el recorte de los derechos
políticos y las libertades públicas.
Esta conjugación de órdenes regionales diferenciales y asimétricos proyectó
una imagen de ciudadanía plural y distinta, territorializada y profundamente en-
raizada con la particularidad de las comunidades locales; no era lo mismo ser ciu-
dadano del Socorro que serlo de Medellín y los derechos civiles y políticos se
ampliaban o se restringían de acuerdo con los ámbitos geográficos: la imposibili-
dad de nacionalizar la ciudadanía preservó la impronta comunitaria en el régimen
de liberalismo clásico.
El propósito central del proyecto Regenerador expresado en la Constitución
de 188631 , fue precisamente el de nacionalizar la ciudadanía unificando el territo-

29. URIBE Vargas, D. Las constituciones en Colombia. Tomo II. Ediciones de Cultura Hispánica.
Madrid, 1977.
30. RESTREPO Piedrahíta, C. Constituciones de la primera república liberal. Tomo II. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 1979.
31. URIBE Vargas, D. Op. cit.

192
rio, homogeneizándolo y diseñando un orden geométrico que restringiera el poder
real de los grandes Estados Federales.
La centralización del gobierno y de la administración permitieron, así fuese
formalmente, aplicar normas generales y sin distinciones territoriales a los dife-
rentes espacios regionales, adoptando un solo modelo de ciudadanía y un mismo
esquema de derechos individuales, aunque para lograrlo hubiese tenido que ape-
larse a la guerra, al recorte sistemático de los derechos civiles y a la suspensión de
las garantías individuales mediante la figura del Estado de Sitio.
Sin embargo, la nacionalización de la ciudadanía, así fuese desde una pers-
pectiva autoritaria, no logró su consolidación ni la supresión de los cuerpos inter-
medios entre el ciudadano y el Estado, pues tanto en la Constitución de 1886 como
en el Código electoral de 1888, se volvió sobre el voto restringido y censitario, sobre
la separación de los derechos civiles y políticos, y sobre las elecciones indirectas
de dos y hasta tres grados.
De esta manera los cuerpos intermedios —parroquias, municipios y departa-
mentos— conservaron la potestad de definir si quienes se acercaban a las urnas
cumplían o no con los requisitos exigidos para ejercer el derecho al voto; es decir,
que estos cuerpos intermedios tuvieran constitucional y legalmente el control y la
dirección sobre los derechos de ciudadanía.
Sólo en 1932 se lograron imponer mecanismos objetivos y formales de con-
trol sobre los derechos políticos a través de la expedición de un documento oficial
de acreditación; la cédula electoral que luego se convirtió en cédula de ciudadanía
y la centralización y modificación de los procesos electorales no logran consoli-
darse hasta 1948.
Los mecanismos objetivos de acreditación cumplieron la importante tarea de
suprimir, al menos legalmente, estos cuerpos intermedios entre el ciudadano y el
Estado, sin embargo tuvieron una vigencia legal de casi siglo y medio de vida
republicana, marcando una impronta comunitaria en el imaginario del ciudadano
individual.

El balance de los derechos


Estas mixturas entre los liberalismos de diversas tradiciones con las realida-
des sociales y regionales, dispersas y desiguales, transformaron en la práctica la
hipótesis cívica del ciudadano y sus derechos, abriéndole paso a las ciudadanías
mestizas, pero a su vez esos referentes liberales, retóricos y jurídicos, aparente-
mente formales, también lograron modificar y diferenciar las comunidades y los
grupos locales y societales.
Los comunitarismos evolucionaron de formas premodernas en el Antiguo

193
Régimen y el primer Republicanismo hacia formas de intermediación política de
raigambre local y regional con pretensiones particularistas y autoridades en com-
petencia, que cumplieron con la importante función de poner en relación mundos
diferentes; el del Estado regido por normas y leyes abstractas y el de las demandas
y necesidades de las comunidades locales a través de un manejo discrecional de la
ley, del patrimonialismo y de la personalización del poder, durante el siglo XIX y
hasta bien entrado el siglo XX.
Estas comunidades locales y regionales se transforman con la industrializa-
ción, la modernización y la urbanización, en formas corporativas y asociativas en
el marco de la crisis de los partidos y del auge de los movimientos sociales, pero
lo que establece un hilo de continuidad entre ellas es su opción por los derechos
colectivos.
Así, se transitó del comunitarismo de corte tradicional hacia neocomunitaris-
mos modernos y de gran proyección política, que están haciendo realidad los dere-
chos sociales y culturales con sus demandas por el respeto a la diferencia, la lucha
por el reconocimiento y la política de la dignidad, pero en el balance general se
observa una asimetría preocupante con relación a los derechos individuales, civi-
les y políticos.

194
Órdenes complejos y ciudadanías mestizas:
una mirada al caso colombiano*

Cuando de democracia y liberalismo se trata, América Latina aparece como


su antítesis. La tradición de gobiernos autoritarios, las discontinuidades institucio-
nales, las exclusiones ancestrales, la violencia cuasipermanente y la reiterada vio-
lación a los derechos humanos, muestran una vida política alejada del orden cívi-
co de la modernidad y de la plena vigencia de los derechos individuales y colec-
tivos1 .
La imagen de desorden, caos y fragilidad institucional, elaborada en buena parte
por los propios intelectuales latinoamericanos desde el siglo XIX hasta el presen-
te, ha servido para establecer las carencias en materia de democracia de estos países
y las desventuras y frustraciones, no sólo en las esferas política y ética sino tam-
bién en el mundo de la economía y la sociedad2 .
La visión desesperanzada del devenir político latinoamericano ha hecho con-

* Publicado en Estudios Políticos Nº 12. Instituto de Estudio Políticos, Universidad de Antioquia.


Medellín, enero-junio de 1998.
1. Utilizo el concepto de orden cívico que, según Fernando Escalante Gonzalbo, es un precipitado
histórico de varias tradiciones filosóficas: la liberal, la republicana y la democrática. Véase:
ESCALANTE Gonzalbo, Fernando. Ciudadanos imaginarios. Colegio de México. México, 1993.
Pág. 32-33.
2. GUERRA, François Xavier. El ciudadano y su reino. Ponencia presentada al foro sobre represen-
tación política. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacio-
nal de Colombia. Bogotá, mayo de 1993.

195
tribuciones bien importantes al develamiento de los grandes y pequeños dramas
del subcontinente. Pero, al mismo tiempo, se ha convertido en obstáculo para la
comprensión y la interpretación de la manera, siempre diferenciada y original, como
arraigan y se difunden las instituciones y las prácticas asociadas con la democra-
cia y el liberalismo en las distintas naciones que reconocen ese horizonte cultural.
A esta imagen de desorden, caos y fragilidad institucional, se agrega un enfo-
que globalizante que caracteriza políticamente a la región a partir de rasgos gene-
ralizantes. Esta caracterización deja de ser obvia cuando se desciende a los ámbi-
tos nacionales y a las historias particulares. Colombia, por ejemplo, no se subsu-
me en el enfoque general que identifica a los países latinoamericanos por los su-
cesivos golpes de estado. El país ha tenido una continuidad institucional sorpren-
dente a lo largo de casi dos siglos; presenta, más que cualquier otro país de la región,
el mayor número de gobiernos popularmente elegidos y una historia electoral y
parlamentaria sin discontinuidades ni rupturas. Desde el medio siglo XIX está
vigente, prácticamente, el mismo sistema de partidos y es difícil encontrar en otros
países tal proliferación de ordenamientos constitucionales y de discursos legales.
Visto desde esta perspectiva, el régimen político Colombiano ha sido excep-
cionalmente estable y gobernable. Además, posee una amplia tradición jurídica y
civilista, sin que ello signifique que existan prácticas democráticas, cultura ciuda-
dana o legitimidad política. A lo que se suma la paradoja, nunca bien explicada, de
un orden jurídico de corte liberal y republicano que coexiste, sin mayores tensio-
nes, con una altísima turbulencia social y una violencia endémica que como un hilo
grueso atraviesa la historia del país.
Once guerras civiles nacionales e innumerables levantamientos locales y re-
gionales en el siglo XIX, seguidas por las guerras no declaradas de baja intensidad
en todo el siglo XX y por la permanencia de actores armados contrainstitucionales
y parainstitucionales —que, con altibajos y variaciones, hace más de cincuenta años,
están trenzados en una guerra sin fin—, harían pensar en la total ausencia de prin-
cipios democráticos y de vigencia de la ley. Sin embargo, Colombia se mantiene
en los marcos de la institucionalidad moderna.
A esto habría que agregar una cierta teleología bastante curiosa, que se dedica
a describir lo que no son las democracias o lo que les falta para llegar a ser, de
acuerdo con un orden supuestamente universal de modernidad política. Con base
en este paradigma, las democracias realmente existentes en América Latina sólo
serían desviaciones, imitaciones grotescas o francas equivocaciones3 .

3. NOHLEN, Dieter. Compilador. Un ejercicio de evaluación del desarrollo democrático reciente


en América Latina. En: Democracia y neocrítica en América Latina. Iberoamericano. Madrid, 1996.
Págs. 7-28.

196
El crisol alquímico de la acción política
Parece más productivo entonces, situarse en un registro metodológico diferente
para indagar, desde la historia y la cultura, la manera como irrumpieron, arraiga-
ron y difundieron las instituciones liberales modernas en sociedades concretas; el
resultado del amalgamamiento o la mixtura entre el orden democrático moderno,
centrado en el ciudadano, la nación y la representación, y los diversos órdenes
societales, étnicos o comunitarios históricamente constituidos, culturalmente cohe-
sionados e identificados con sus tradiciones y su visión particular de vida buena.
De estos amalgamamientos y mixturas, el resultado, siempre inacabado y en cons-
trucción, es un orden político particular, diferente de sus orígenes, que se consti-
tuye en el crisol alquímico de la acción política.
Esta postura metodológica estaría indicando la diferenciación y la pluralidad
de liberalismos y democracias existentes en el mundo occidental; de órdenes polí-
ticos que, si bien se reconocen como pertenecientes a esa tradición filosófica, pre-
sentan rasgos distintos, composiciones diversas, desarrollos desiguales y conflic-
tivos de derechos individuales y colectivos; de formas específicas de articulación
entre el Estado y la sociedad civil, lo público y lo privado, el ciudadano y la nación,
la guerra y la política, la palabra y la sangre. En fin, estaría mostrando la coimpli-
cación de órdenes que tiene un enorme influjo sobre el futuro de la democracia en
los distintos países y sobre el tipo de derechos que allí logren consolidarse.
La idea de orden que acogemos no tiene en principio nada que ver con la
equívoca noción de seguridad ciudadana o pública ni tampoco con alguna forma
de equilibrio, equidad o estabilidad social. Los órdenes, en la esfera política, alu-
den más bien a sistemas de reglas, de normas, de pautas de acción y de compor-
tamiento institucional o social, sustentados en valores y en una definición de jerar-
quías que establecen el marco de las relaciones entre los sujetos —individuales o
colectivos— y entre éstos con la autoridad, el poder y el aparato público.
Los órdenes normativos y constitucionales formalizan y legalizan ese sistema
de pautas y reglas y lo respaldan con una garantía coercitiva central y legítima. Los
órdenes societales, por el contrario, no tienen dimensión jurídico institucional ni
formas legales y centralizadas de coerción, pero conforman constelaciones de
sentido, que orientan la acción social, las prácticas, las creencias y los valores, así
como unos criterios ampliamente compartidos sobre el relacionamiento social y
sobre las jerarquías, la autoridad y el poder. Esto, de manera regularizada y prede-
cible4 .
La mixtura entre órdenes normativos, constitucionales y societales, se desa-
rrolla en la esfera de la acción política y es en este ámbito donde se encuentran la

4. GUERRA, François Xavier. Op. cit.

197
gramática y las claves interpretativas de las democracias y los liberalismos real-
mente existentes. La acción política es, en esencia, la lucha por imponer, transfor-
mar o cambiar un orden determinado. En esta confrontación de poderes se definen
las perfiles particulares de la ciudadanía, la nación y la representación.
Desde esta perspectiva, puedo enunciar así mi planteamiento:
– La indagación histórica cultural sobre el proceso de constitución del ciudada-
no y sus derechos en Colombia, permite hablar de ciudadanías mestizas. A través
de estas ciudadanías se ha desarrollado la lucha por el derecho a la nación y a
la ciudad (la inclusión) y la lucha por el reconocimiento social de los diversos
actores en la esfera pública.
– En la constitución histórica de las ciudadanías mestizas, ha predominado la
tradición filosófica republicana sobre la liberal, los derechos colectivos sobre
los individuales y las demandas del ejercicio del poder sobre los ordenamien-
tos legales.
– La especificidad de las ciudadanías mestizas, verdaderos componentes elemen-
tales de la trama política en Colombia, permite explicar, en parte, la coexisten-
cia entre un régimen político esencialmente estable y gobernable y una altísi-
ma turbulencia social, una violencia múltiple y generalizada con altos índices
de violación de derechos humanos.

Entre republicanos y liberales:


del ciudadano colectivo al ciudadano diferenciado
La tradición liberal clásica, que piensa el orden social formado por individuos
libres, iguales y autónomos para decidir sobre sus planes particulares de vida buena,
regidas por un Estado surgido del contrato y cuya principal misión era la de pro-
teger los derechos civiles y políticos, fue la bandera enarbolada por los radicales
para oponerse a lo que llamaban el viejo liberalismo. Así era como denominaban
la tradición constitucional que hoy se puede catalogar como republicana y que había
predominado durante los primeros cuarenta años de vida independiente —1810-
1848—.
Para los radicales, el viejo liberalismo había sido extremadamente tímido para
deshacerse de la tradición colonial y conservaba de ella la predominancia de los
valores hispano católicos en tanto que visiones comprensivas del bien común. De
esta manera se dificultaba la autonomía y la libertad de los individuos; de ahí que
propusieran un amplio proceso de secularización de la sociedad, la separación de
la Iglesia y el Estado y la definición de una moral pública centrada en la tolerancia
y en los derechos civiles y políticos5 .

5. ESPAÑA, Gonzalo. Compilador. Los radicales del siglo XIX. El Áncora Editores. Bogotá, 1984.

198
Los radicales también le criticaban a los viejos republicanos su visión de una
nación orgánica y plural, pensada como un cuerpo compuesto de multitud de agru-
paciones sociales desiguales y jerarquizadas; de pueblos, etnias, vecindarios, vi-
llas y ciudades, que pactaban con el Estado central el reconocimiento de derechos
colectivos y diferenciados a la usanza del orden monárquico anterior. Los radica-
les, por el contrario, proponían erigir la nación, de manera unitaria, global y esen-
cialmente contractual sobre la hipótesis del ciudadano y sus derechos6 . Adicional-
mente, debatían con los viejos republicanos el privilegio que estos habían dado a
la esfera pública sobre los intereses particulares de los sujetos, así como la subor-
dinación de los asuntos de la ciudadanía a los problemas referidos a la soberanía
y la representación de la nación, es decir, a temas que conciernen más a la colec-
tividad que al individuo.
Los republicanos o viejos liberales, por su parte, veían a la nueva generación
de políticos que pretendían sustituirlos en la conducción del Estado como dema-
siado retórica, afrancesada, lectora incansable de nuevas teorías y absolutamente
desconectada de las realidades sociales y culturales de un país que prácticamente
desconocían.
La desconfianza frente a las virtudes del orden jurídico liberal para transfor-
mar la sociedad premoderna, fue una constante en las preocupaciones de los pri-
meros republicanos. Bolívar, desde 1821, año de aprobación de la primera cons-
titución de la nueva República, manifestaba su desconfianza de militar frente a los
intelectuales que intentaban instaurar los principios liberales del Estado moderno.
Al respecto, decía Bolívar:
[...] piensan estos caballeros que Colombia está cubierta de lanudos, arropados
en las chimeneas de Bogotá, Tunja o Pamplona; no han echado sus miradas fren-
te a los Caribes del Orinoco, sobre los pastores del Apure, sobre los marineros de
Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía, sobre
los indómitos Pastusos, sobre los Guahibos del Casanare y sobre todas esas hor-
das salvajes de África y América que como gamos recorren las soledades de Co-
lombia.
[...] Esos legisladores más ignorantes que malos y más presuntuosos que ambi-
ciosos nos van a conducir a la anarquía, después a la tiranía y siempre a la ruina;
[...] lo que pretenden es edificar sobre una base gótica un edificio griego al borde
del cráter de un volcán7 .
En igual sentido se manifestaba don Andrés Bello, otro republicano distinguido,
quien se dolía del carácter artificioso y poco realista de las constituciones liberales

6. MURILLO Toro, Manuel. El sufragio universal. En: Ibid. Págs. 131-134.


7. BOLÍVAR, Simón. Carta a Francisco de Paula Santander, del 13 de junio de 1821. En: Doctrina
del Libertador. Biblioteca de Ayacucho, Caracas, 1979. Págs. 157-158.

199
en los contextos sociales tan diversos y fragmentados de los países latinoamerica-
nos. Decía Bello: “El texto constitucional puede no ser más que una hoja ligera
que nada a flor de agua sobre el torrente revolucionario y al fin, se hunde en él”8 .
Las divergencias entre los viejos liberales o republicanos y los radicales, no
se referían a posturas ideológicas dispares, pues para unos y otros el propósito era
fundar la nación y el Estado moderno. Las divergencias tenían que ver, fundamen-
talmente, con estrategias de acción política y con la exigencia de gobernar, bajo
formas de legitimación modernas, una sociedad que no lo era, en la cual habían
irrumpido de manera rápida, inesperada y revolucionaria, las nuevas instituciones
libera-republicanas, sin que existiera alguna tradición cultural sobre la cual sus-
tentar esa nueva legitimidad.
De ahí que los republicanos, para defender sus derechos colectivos frente al
nuevo orden institucional, hubieran recreado esas imágenes desafiantes del mun-
do moderno, representadas en el ciudadano y la nación, en los antiguos marcos de
vecinazgo, del pacto entre pueblos, de la idea orgánica de nación y del sentido
diferencial de las comunidades y pueblos9 .
Esta primera forma de amalgamamiento o mestizaje entre las instituciones
modernas y las formas orgánicas de sociabilidad tradicionales, encuentra su lógi-
ca explicativa en la esfera de la acción política, es decir, en el discurso y en la
práctica. En cuanto al discurso, es necesario señalar que la dirigencia republicana,
con pocas excepciones (Antonio Nariño, Jorge Tadeo Lozano y el mismo Bolívar),
se nutrió con la lectura de comentadores de los autores clásicos, con los artículos
que salían publicados en las gacetas que llegaban de España después de 1808 y
con los “catecismos republicanos”, una suerte de cartillas para la instrucción pú-
blica que, con base en preguntas y respuestas cortas, informaban a los ciudadanos
virtuales sobre el nuevo orden político.
Por esto, el discurso constitucional de la dirigencia republicana estuvo mar-
cado por cierta ambivalencia y por alguna confusión entre lo viejo y lo nuevo. La
dirigencia republicana leyó e interpretó el repertorio filosófico y político de las
distintas tradiciones liberales, de acuerdo con su acervo intelectual, valores, nor-
mas morales, tradiciones, intereses, es decir, de acuerdo con sus mundos de vida.
De esta manera, en el discurso de los republicanos se fue perfilando un orden
mestizo donde el ciudadano vecino y la nación orgánica constituyeron la primera
forma de manifestación de las novedades del mundo moderno.
Si en el discurso constitucional eran evidentes las mixturas y los amalgama-

8. BELLO, Andrés. Constituciones. En: Temas de historia y geografía. Obras completas. Tomo XIX.
Ministerio de Educación. Caracas.
9. OCAMPO López, Javier. El proceso ideológico de la emancipación en Colombia. Tercer Mundo.
Bogotá, 1983.

200
mientos, en la esfera de la práctica esta tendencia se acentuó. Los republicanos se
encontraron con la dificultad de imponer, hacer aceptar y reconocer, por un mundo
tan heterogéneo y diferenciado, la hipótesis cívica del ciudadano individual y la
nación moderna. Cuando ocurrió la ruptura de los vínculos con la Monarquía es-
pañola, quienes aparecieron en el escenario público fueron las colectividades, las
villas, las ciudades, las provincias y las etnias, es decir, los sujetos colectivos que
asumieron, por la vía de la guerra, el derecho a la autodeterminación y la fundación
de la República. Estos sujetos colectivos no estaban dispuestos a perder sus viejos
derechos prebendarios ni a disolverse en una colectividad abstracta y general.

El ciudadano-vecino: un sujeto colectivo


De esta manera, la esfera de la acción política, con sus discursos y sus prác-
ticas, fue el recipiente alquímico donde se produjo la primera forma de mestizaje
político: el ciudadano vecino. Si bien desde 1811 la hipótesis del ciudadano mo-
derno estuvo presente en los discursos y las constituciones elaboradas por los crio-
llos emancipados, esta figura desafiante del orden político se recreó en los marcos
del vecinazgo colonial; noción bajo la que se denominaba a los habitantes de una
villa o ciudad que tuvieran “casa poblada”, que contribuyeran al sostenimiento
económico del cabildo y que fueran reconocidos como personas honorables y
distinguidas.
El ciudadano vecino era pues un sujeto concreto, territorializado, enraizado.
Se era vecino de esta localidad o de otra, pero no de la nación como conjunto. Esto
presentaba una imagen profundamente diferenciada del nuevo sujeto de la políti-
ca, en tanto que no existía un estatuto general de vecinazgo y esta condición de-
pendía de los fueros y privilegios de la comunidad a la que perteneciera.
El vecino era, además, un sujeto reconocido, perteneciente a un colectivo
determinado, una villa, ciudad o comunidad, y en esa pertenencia basaba su iden-
tidad y su sentido del honor y de la virtud. Estas características, en conjunto, se
oponían de hecho a aquellos atributos que definían al ciudadano moderno: La
universalidad, la individualidad, la igualdad y la abstracción10 .
Para que un sujeto individual lograra la condición de ciudadano, debía tener,
previamente, la condición de vecino, es decir, se le exigía pertenecer a una comu-
nidad local, hacer parte de un todo orgánico, cohesionado en torno a identidades
culturales, afectivas, parentales, étnicas o referidas a lealtades de corte tradicio-

10. URIBE de H., María Teresa. El proceso histórico de la configuración de la ciudadanía. Estudios
Políticos. Nº 9. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, julio-diciembre
de 1996.

201
nal, no necesariamente identificadas en torno a referentes políticos. De esta mane-
ra las distinciones republicanas entre las esferas pública y privada quedaban dilui-
das en la práctica11 .
El ciudadano vecino tenía un claro sentido colectivo y en esta figura predomi-
naba un doble referente comunitario. El primero, pues, que entre el sujeto indivi-
dual y el Estado existían las comunidades, cuerpos intermedios muy diferencia-
dos. La pertenencia a éstas, en calidad de vecino, era la que convertía a un sujeto
individual en ciudadano. El segundo referente comunitario tiene que ver con que
las formas predominantes de identidad eran culturales. No se pertenecía a una
nación, que era sólo un referente abstracto, sino a un colectivo histórico con fuerte
arraigo en el pasado, a un cuerpo preexistente de carácter estamental, corporativo
o territorial. No pertenecer a alguna comunidad significaba, en la práctica, estar
por fuera de la sociedad. A esta categoría pertenecían, por ejemplo, los vagos, los
mendigos, los trashumantes y los excluidos en general.
El significado de esta situación es que, si bien en las definiciones constitucio-
nales de los viejos liberales o republicanos el individuo sería el sujeto de los de-
rechos políticos y civiles, el mestizaje entre ciudadano y vecino convertía en la
práctica a las comunidades en la fuente de los derechos. Además, eran éstas, re-
presentadas por sus notables, las que definían, de manera arbitraria por lo demás,
quiénes tenían la condición de vecinos y, por tanto, acceso a los derechos de la
ciudadanía12 .
Esta mixtura entre formas modernas y tradicionales para entender la ciudada-
nía, le otorgó, de hecho, a las comunidades y a los notables que las representaban,
un amplio espacio de maniobra para negociar con el Estado y una gran capacidad
de intermediación con las cúpulas del poder institucional y social, dando lugar a
formas singulares de acción política como los caudillismos, los gamonalismos y
las clientelas. Las comunidades indígenas, por su parte, se convirtieron también en
fuente de derechos constitucionales al otorgárseles la ciudadanía colectiva, prime-
ro en la Constitución de Cádiz de 1812 y luego por un decreto de Bolívar en 1819,
lo que las introdujo en el juego político de la intermediación y la negociación.

Ciudadanos diferenciados en un marco liberal


A mediados del siglo XIX, contra ese republicanismo o viejo liberalismo de
fuerte arraigo comunitario y localista, se confrontaron las tesis del radicalismo
liberal. Al mismo tiempo, contra el ciudadano colectivo, la nación orgánica y las

11. GUERRA, François Xavier. Op. cit. Pág. 9.


12. URIBE de H., María Teresa. Op. cit.

202
formas corporativas de inclusión, se orientaron las reformas constitucionales pro-
puestas por estos doctrinarios13 .
Desde las tertulias, las logias masónicas, las academias, las sociedades de
amigos del país y los claustros universitarios, se desató una febril actividad contra
todo aquello que significaba alguna forma de corporativismo o comunitarismo. La
acción política fue desarrollada a través del Congreso, donde aprobaron una serie
de leyes tales como la abolición de la esclavitud, la disolución de los resguardos
de indígenas, los ejidos y estatutos diferenciales y estamentales de las villas y
ciudades, la desamortización de los bienes de la iglesia y la suspensión de diez-
mos y censos, la abolición del proteccionismo económico, de los impuestos indi-
rectos y de los monopolios estatales. Todo esto, con el ánimo manifiesto de remo-
ver las bases materiales sobre las cuales se mantenían vigentes las formas tradi-
cionales de sociabilidad y de producción, y de promover el surgimiento en las ruinas
de la vieja sociedad premoderna, del ciudadano individual, de la nación contrac-
tual y del Estado neutro, tanto frente a los planes particulares de vida como frente
a las fuerzas ciegas que estructuraban el ámbito del mercado.
La ciudadanía individual moderna constituía, para los radicales, la estrategia
de inclusión en el corpus de la nación y de la democracia, de todos aquellos suje-
tos descorporatizados de sus mundos comunitarios. De esta manera, se le ofrecía
reconocimiento público y participación electoral a los indios, negros, jornaleros,
aprendices, peones de hacienda o de mina, concertados, manumisos y habitantes
de los pequeños vecindarios; así mismo, a todas aquellas personas que, por perte-
necer a la esfera doméstica (del Oikos o la Domus), no tenían existencia legal
reconocida y, por tanto, su representación política estaba en cabeza del jefe domés-
tico que era, a su vez, el ciudadano vecino. A todos ellos se les ofrecía la posibi-
lidad de convertirse en sujetos libres e iguales con derecho universal al voto que,
en adelante, sería directo, secreto y sin restricciones por la índole económica o social
del ciudadano.
Esta estrategia de inclusión a través de la ciudadanía liberal suponía, a la vez,
desarrollar un amplio proceso de secularización como condición de la autonomía
y el uso de la razón de los nuevos ciudadanos que dejaban los mundos comunita-
rios. Esta secularización se refería no sólo a las creencias religiosas sino también
a otras sacralidades: las de la raza, la historia colectivamente vivida, el pasado, la
tradición, los arraigos y todas aquellas dimensiones que trascendían al individuo
y lo mantenían atado al colectivo por fuertes lazos culturales14 .

13. CAMACHO Roldán, Salvador. Mis Memorias. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bo-
gotá, 1946.
14. JARAMILLO Uribe, Jaime. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Temis. Bogotá, 1982.

203
La propuesta doctrinaria de los radicales provocó fuertes reacciones, acentuó
los procesos de descorporativización e individuación y logró la difusión de su
ideario en las capas medias e intelectuales, dejando su impronta en los corpus
constitucionales de 1851, 1853, 1858 y 1863. No obstante esta propuesta, no pudo
generalizarse la aceptación y el acogimiento de la hipótesis cívica del ciudadano
individual.
De esta manera, la dirigencia radical en el poder, agobiada por las demandas
de gobernabilidad y en una situación de guerra civil cuasipermanente, se vio en la
necesidad de hacer tratos, acuerdos de contingencia, negociaciones pragmáticas y
poco ortodoxas. Las negociaciones fueron no sólo con los localismos dominantes
y sus representantes sino también con estamentos y grupos sociales poderosos como
la jerarquía eclesiástica, el ejército, los terratenientes y los rematadores de rentas
del Estado, que veían amenazado el fundamento de su control social y su domina-
ción política por el avance triunfal del ciudadano individual y sus derechos.
Ante la dificultad de imponer el orden liberal moderno, en un territorio vasto,
fragmentado, profundamente diferenciado y controlado localmente por gamona-
les, caciques y clientelas, la estrategia política adoptada por el radicalismo en el
poder fue la de descentralizar los problemas y particularizar las soluciones. Se
adoptó, de manera paulatina, un régimen político federal que dejaba en manos de
los poderes locales y regionales la decisión de todos aquellos asuntos que no po-
dían resolver de igual manera para toda la nación15 .
La federación se fue abriendo paso en la medida en que se incrementaron las
dificultades que demandaban soluciones territorialmente diferenciales. El itinera-
rio hacia esta forma de régimen político se inició con la aprobación de una tímida
ley de descentralización de rentas y gastos en 1851; continuó con la reforma cons-
titucional de 1853, que otorgaba a las treinta y dos provincias la facultad de ela-
borar sus propias constituciones; siguió con la adopción formal del régimen fede-
ral en 1858, que le permitió a los nueve Estados en los cuales se fundieron aque-
llas, contar con estatutos propios y diferentes; finalizó con la consagración de la
soberanía absoluta de los Estados en 1863, unidos solamente por un pacto confe-
derativo bastante frágil que otorgaba a las élites regionales una autonomía prácti-
camente ilimitada para manejar sus asuntos públicos.
La estrategia confederativa acentuó de manera dramática la fragmentación y
la diferenciación de la nación y la ciudadanía. Y si bien es cierto que algunos ra-
dicales defendieron este régimen político con argumentos doctrinarios en torno a
las mejores condiciones que ofrecía para el desarrollo democrático16 , la adopción

15. RESTREPO Piedrahíta, Carlos. Constituciones de la primera república liberal. Tomo 1. Univer-
sidad Externado de Colombia. Bogotá, 1987. Págs. 104-121.
16. Ibid. Pág. 68.

204
de la federación significó ante todo una estrategia para mantener virtualmente el
orden liberal moderno sin perder el control político del gobierno. De nuevo, en el
terreno de la acción política, se fundían y amalgamaban las ciudadanías mestizas.

Ciudadanías plurales y diferenciadas


El modelo confederativo adoptado por los liberales radicales, le permitió a los
Estados regionales definir soberanamente el alcance y la profundidad de los dere-
chos civiles y políticos, la fijación de los umbrales de inclusión y exclusión, la
composición de sus cuerpos de representación y elección y, sobre todo, los asun-
tos pertinentes a la administración de sus territorios. Esto, proyectaba una imagen
de ciudadanía plural, diferenciada y profundamente enraizada con los poderes
regionales.
De esta manera, la ciudadanía cambiaba drásticamente a lo largo de todo el
territorio de la nación, donde predominó la influencia de los radicales se dio el más
amplio desarrollo de las ciudadanías modernas: unificación de derechos civiles y
políticos, voto universal, secreto y directo, ausencia de la autoridad pública en la
vida privada de las individuos, libre juego de las fuerzas del mercado y seculari-
zación del ámbito público.
En los espacios no controlados por el radicalismo o de fuerte presencia con-
servadora, se mantuvieron separados los derechos civiles de los políticos, y se
restringieron estos últimos a un círculo pequeño de electores y elegibles. Se man-
tuvo, además, una esfera estatal con bastante injerencia en el disciplinamiento social
y la predominancia de las formas vecinales y corporativas en la conformación de
lo social y en la acción política17 .
Paradójicamente, las ciudadanías que se consolidaron bajo la égida del mode-
lo liberal clásico resultaron diferenciadas y diversas, preservando por esta vía la
vitalidad de cierto comunitarismo y de los poderes locales y regionales. En estos
espacios fragmentados para la acción política, arraigaron y se reprodujeron los
partidos tradicionales, únicas estructuras con cobertura nacional.

El buen cristiano o las ciudadanías sacras


El proyecto radical, el único que tuvo como horizonte filosófico al liberalis-
mo clásico, se quebró definitivamente en la batalla de La Huinareda, en 1885. En
esta batalla, los radicales sufrieron una derrota militar y política que le abrió el

17. A este respecto son contrastantes las constituciones de los Estados Federales de Santander y An-
tioquia. Véase: Ibid. Págs. 245-268 y 421-449.

205
espacio al proyecto de la Regeneración y a la Constitución de 1886, de esencia
autoritaria y confesional18 .
El propósito principal del proyecto de la Regeneración fue la centralización
del poder y la administración a través de la instauración de una sola constitución
política que unificara y homogeneizara el territorio nacional. En este propósito se
desafiaron modelos normativos y legales únicos para todos los ciudadanos de la
nación, mediante la adopción de un régimen político centralizado, presidencialis-
ta, unitario y confesional19 .
De esta manera se nacionalizó la figura del ciudadano, poniendo fin a las
diferenciaciones y los particularismos del régimen federal. Al mismo tiempo, se
efectuó un sistemático recorte a las libertades públicas y a los derechos civiles
reconocidos en la Carta constitucional y se puso en marcha una legislación elec-
toral que reimplantaba el voto indirecto, separaba los derechos civiles de los po-
líticos y le imponía requisitos de renta e ilustración a los electores potenciales.
Además, la Constitución de 1886 consagró la figura del estado de sitio, que
permitía la suspensión de los derechos ciudadanos cuando, a juicio del Ejecutivo
nacional, el orden político estuviese turbado. Se reemplazaba, así, el Derecho de
Gentes que había sido el estatuto utilizado por republicanos y liberales para con-
trolar el orden público en situaciones de guerra civil. El estado de sitio se convirtió
en el mejor recurso político institucional para el control de los disidentes y los
desobedientes, y la gobernabilidad del régimen pasó a depender de las restriccio-
nes a los derechos ciudadanos.
La nacionalización de la ciudadanía vino acompañada, también, de una drás-
tica suspensión del proceso de secularización. El Estado regenerador adoptó de
nuevo la religión católica como guía para la conducción de la política. Para tal
efecto, firmó un concordato con la Santa Sede mediante el cual se le entregó el
control directo sobre varias formas de socialización de los sujetos, entre ellas la
educación y la administración civil de los llamados territorios nacionales, espacios
poco poblados y de escaso desarrollo donde se habían refugiado excluidos de toda
índole, principalmente grupos sobrevivientes de las etnias indígena y negra.
El ciudadano de la regeneración se recreó en los moldes del buen cristiano. El
demos o cuerpo político de la democracia, por ejemplo, era la comunidad de cre-
yentes. Lejos quedaba la imagen del ciudadano virtuoso e ilustrado del primer
republicanismo y del ciudadano tolerante y libertario del radicalismo liberal. El
acento comunitarista histórico y el sesgo religioso de este orden constitucional,

18. URIBE Vargas, Diego. Constituciones de Colombia. Instituto de Cultura Hispánica. Madrid, 1997
19. CARO, Miguel Antonio. Fundamentos constitucionales y políticos del Estado. En: JARAMILLO
Uribe, Jaime. Compilador. Antología del pensamiento político colombiano. Banco de la Repúbli-
ca. Bogotá, 1970. Pág. 151-156.

206
toleraba mal las tesis del interés individual, de la primacía de los sujetos, de la
neutralidad del aparato público, por el contrario, propugnaba por el bien común,
el interés colectivo, el predominio del Estado sobre los ciudadanos, todo esto en
el contexto de un cierto naturalismo revestido de positivismo en la concepción sobre
los derechos fundamentales del hombre20 .
Colombia entró, pues, al siglo XX con otra forma mestiza: la ciudadanía sacra.
Esta forma de ciudadanía elevaba la moral privada y doméstica al ámbito público
y pensaba en esta esfera como comunidad de creyentes. Bajo un modelo unificado
y unitario de nación, preservaba los ejes de la tradición: el terruño, las lealtades
parentales, los valores heredados de los mayores, las identidades culturales y to-
das aquellas dimensiones que trascendían al individuo, que la precedían y suce-
dían, frente a las cuales su capacidad de transformación era restringida.
Estas ciudadanías sacras contribuyen a otorgarle a la acción y a las prácticas
políticas un cierto sentido teológico y trágico; de salvación del mundo y de cruza-
da contra el mal; de preservación de lo propio y de temor frente al otro, cultural o
político, que pudiera significar alguna forma de cosmopolitismo o de pluralidad
social.
Si en la esfera de la acción política las prácticas de los sujetos estuvieron
definidas por un sentido sacro, en el discurso los regeneradores se movieron entre
dos campos bien diferentes: el de la razón instrumental y el de la tradición. El
primero tiene que ver con la preocupación por diseñar formas administrativas
modernas y eficientes para el control del territorio, poniendo el énfasis en una
legislación de corte positivista, despolitizada, funcional y desligada de los princi-
pios filosóficos y teóricos que preocuparon tanto a sus antecesores del siglo XIX.
Paralelamente a la esterilidad y al formalismo administrativo, se desarrolló un
género literario costumbrista. Este género fue de gran acogida entre el pueblo que
leía y de mucho impacto en la consolidación de identidades y sentidos de perte-
nencia. Los relatos memoriales de raza y terruño, de patria y de gesta, contribuye-
ron a definir supuestos rasgos sustantivos y permanentes de las gentes que se iden-
tificaban con esas imágenes y referentes simbólicos.
Estos relatos inmemoriales no se referían a una supuesta cultura nacional, sino
a los modos colectivos de ser de las regiones, las localidades y las aldeas que
encontraban en tales relatos el sentido de sus órdenes societales, de sus prácticas,
valores y creencias, reforzándose en ellas y en las diferencias con los extraños. El
relato memorial de la nación no existía porque, a pesar de los esfuerzos de los

20. GIRALDO Jiménez, Fabio. El iusnaturalismo en Colombia. Estudios políticos. Nº 7-8. Instituto
de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, diciembre de 1995 a junio de 1996.
Pág. 149-161.

207
gobiernos por crearla y de los historiadores por imaginarla, ésta no era visible como
entidad culturalmente integrada y socialmente cohesionada.
No obstante, en estos relatos cabe una cierta “invención de la tradición”. Ellos
cumplieron la tarea de revitalizarla, de sacralizarla, de otorgarle contenidos sus-
tantivos fijos, contribuyeron a mantener vivos los sentidos de pertenencia a un
colectivo histórico determinado.
De esta manera, en la esfera de la acción política, marcada por una práctica
teológica y un discurso exaltador de la tradición, se configuraron ciudadanías
mestizas, sacralizadas, que preservaron los derechos colectivos y la diferenciación
política territorial.

Hacia los derechos sociales y culturales


Las ciudadanías mestizas fueron doblemente sacralizadas por la religión y la
tradición. Estas ciudadanías sólo entran en crisis cuando las masas de obreros y
campesinos irrumpieron en el estrecho escenario de la política, demandando de-
rechos sociales y colectivos: el derecho a la tierra, a la formalización jurídica de
los contratos de trabajo, a la educación pública, a la salud, a la vivienda, a los medios
de consumo colectivo. En fin, el derecho a la ciudad y a la nación que beneficiaría
a grandes grupos de población, organizados ahora en nuevas sociabilidades mo-
dernas como los sindicatos y las asociaciones y ligadas a nuevas formas de acción
política como la huelga.
La lucha por los derechos sociales y por la inclusión de las masas en lo públi-
co coexistió con un proceso de ampliación de los derechos políticos y con faunas
aceleradas de secularización y de profanación de la tradición. La reforma consti-
tucional de 1910 reconoció los derechos de la oposición y de las minorías políti-
cas. La reforma de 1936 consagró de nuevo la universalidad de la ciudadanía mascu-
lina. En 1944 se estableció el voto directo y en 1957 se hizo extensivo a las mu-
jeres, que pudieron votar por primera vez en la historia republicana21 .
Sin embargo, estos desarrollos tan importantes no fueron demandados por las
masas, ni estuvieron precedidos de amplias movilizaciones, ni se constituyeron en
banderas de lucha para las nuevas organizaciones que con fuerza y decisión recla-
maban los derechos económicos y sociales. Al parecer, entre los actores políticos
del momento el imaginario de lo colectivo predominaba sobre el de lo individual;
así mismo, parecía que entre los grupos impulsadores de la lucha por la inclusión
y por el reconocimiento de sus demandas, tuvieron más sentido las reivindicacio-
nes sociales y económicas que las referidas a los derechos individuales.

21. URIBE Vargas, Diego. Op. cit.

208
En el horizonte se dibujaba la imagen de un ciudadano social y de un Estado
fuerte, dotado de funciones económicas y de estrategias asistenciales orientadas al
bienestar de la población. El modelo de Estado interventor y benefactor se avenía
mal con el universo de los derechos individuales, sobre todo con los referidos a la
propiedad y al libre juego de las fuerzas del mercado, las cuales estaban sujetas
desde entonces al control de rígidas políticas públicas. Por esta vía, la igualdad
jurídica cedía el paso a las demandas de equidad y de justicia social.
En esta propuesta de ciudadanías sociales y Estado interventor, confluían por
diversas razones los distintos partidos políticos que se disputaban el poder en el
país. Los liberales, que desde el principio del siglo habían dado un giro significa-
tivo hacia la social democracia, los comunistas y socialistas, que arremetían con-
tra toda forma de liberalismo burgués, y los conservadores, que si bien manifesta-
ban de manera ostensible su rechazo al abandono de las ciudadanías sacras en la
reforma constitucional de 1936, al mismo tiempo, en el marco de las encíclicas de
León XIII, defendían las tesis de un Estado justo.
Los procesos de industrialización y urbanización vividos en el país desde el
decenio de 1930 contribuyeron a disolver las sociabilidades tradicionales, los arrai-
gos localistas y los viejos comunitarismos. Sin embargo, no trajeron aparejada la
consolidación del modelo cívico ni el orden político centrado en el individuo. Por
el contrario, le abrieron la puerta a formas corporativas y asociativas de tipo mo-
derno como los sindicatos y las organizaciones campesinas e indígenas. Igualmente
al imaginario de los derechos económicos y sociales en el proceso de lucha por la
búsqueda de la inclusión, y al ascenso de movimientos sociales locales, vecinales,
étnicos y de género, que empezaron a sustituir a los viejos intermediarios de la
política tradicional en la tramitación de las demandas colectivas.

Ciudadanías socioculturales y neocomunitaristas


Estos movimientos sociales, plurales, diversos y fragmentados, portan como
bandera de lucha el derecho a la diferencia y la reivindicación a ser tratados de
manera asimétrica por el Estado de acuerdo con sus condiciones particulares de
vida, lo que ha significado una novedad en el escenario de la política y en el de-
bate filosófico de los últimos años en Colombia. De su accionar han dependido las
grandes reformas al régimen político desde la década de los ochenta y a ellos se
debe, en gran parte, tanto la citación a una Asamblea Nacional Constituyente en
1991, como el perfil neocomunitario y multicultural de la Carta política que allí se
promulgó.
Estos movimientos sociales de diverso tipo tienen diferencias muy marcadas
con los comunitarismos de corte antiguo. Adicionalmente, están revolucionando

209
las formas de hacer y pensar la política con su sentido de la diferencia, la revita-
lización de la participación ciudadana, la politización de asuntos considerados hasta
hace poco como de la esfera privada e íntima, y sus novedosas estrategias de ac-
ción colectiva. No obstante, hay que advertir que, tanto en su configuración como
en sus orientaciones, existe un eje de continuidad con los comunitarismos de viejo
cuño y un desdibujamiento cada vez mayor de los derechos políticos y civiles como
horizontes para la acción.
Estas continuidades históricas entre viejos y nuevos comunitarismos se pue-
den sintetizar en los siguientes puntos:
– Las asociaciones libres y voluntarias que definen las nuevas sociabilidades en
estos movimientos no se aglutinan en torno a una dimensión política. Por el
contrario, siguen patrones de identidad cultural o social. Los movimientos so-
ciales se reúnen en torno a una condición de género o de edad: las mujeres, los
jóvenes, los ancianos, los homosexuales; a una pertenencia étnica: negros e
indios; a una situación de necesidad: los pobladores urbanos, los vecindarios,
los colonos y campesinos; o a valores universales en riesgo: la paz, la natura-
leza o los derechos humanos. Estas identidades de fuerte arraigo social y cul-
tural no permiten el establecimiento de vínculos cívicos con el conjunto de la
sociedad y proyectan una imagen restringida de la política que se limita al logro
de sus objetivos específicos y fragmentados.
– Las pautas de acción de los neocomunitarismos se definen más por el movi-
miento que por la estructura. Presentan altos grados de flexibilidad y desregu-
lación y se mueven preferencialmente en la definición de políticas sectoriales
que no comprometen al sistema de dominación en su conjunto ni a la orienta-
ción ideológica de los gobiernos.
– Los movimientos sociales del presente, como los comunitarismos del pasado,
no tienen en principio una propuesta substitutiva al régimen político. Tienen,
más bien, un interés por lograr reconocimiento diferencial y por conquistar o
mantener ventajas comparativas de grupo.
– Algunos de los movimientos sociales del presente revelan arraigos territoria-
les para el ejercicio de la participación en espacios locales, barriales o étnicos
caracterizados por una fuerte identidad cultural y un sentido de pertenencia co-
lectivo que dificulta, en la práctica, la autonomía individual o la posibilidad de
disentir.
– Finalmente, valdría la pena mostrar que los neocomunitarismos modernos
comparten con los antiguos una visión pactista y orgánica de la nación y del
Estado, en tanto que hacen referencia a comunidades y colectivos diversos, he-
terogéneos, que se sienten diferentes entre sí reivindicando ese estatuto. Es, pre-
cisamente, en la reivindicación de esa diferencia desde donde proponen pac-

210
tos particulares con el Estado, cabeza central que debería manejar una relación
asimétrica y diferencial con diversas agrupaciones y con agendas particulari-
zadas.
En suma, las nuevas ciudadanías socio culturales, institucionalizadas por la
Carta de 1991, han acentuado la hipótesis comunitaria; han mantenido a los suje-
tos colectivos y a sus derechos como componentes elementales del orden político;
han revitalizado la participación social y el reconocimiento de las diferencias. Y,
como efecto no buscado, han contribuido a acentuar el déficit histórico de los
derechos civiles y políticos.
El desarrollo desigual y conflictivo de los derechos en Colombia ha favoreci-
do los derechos de orden colectivo. Estos, históricamente, han sido un referente
para la acción política. En torno a ellos se ha escenificado la lucha por la inclu-
sión, el reconocimiento y el derecho a la nación y a la ciudad. En este sentido, los
derechos colectivos han constituido referentes de identidad y una amplísima mo-
vilización social los ha demandado en los distintos momentos de la vida nacional.
De esta manera, los derechos colectivos han pasado a formar parte de la cul-
tura política, de la tradición histórica del pueblo colombiano, del repertorio estra-
tégico para la acción pública. Hacen parte del imaginario colectivo sobre la mane-
ra de proceder en situaciones diversas y se han constituido en una suerte de guía
o de camino para la acción política. Algo contrario ocurre con la hipótesis del
ciudadano individual que existe en el orden constitucional y en el sistema político,
y desde hace casi doscientos años rige las instituciones de la democracia moderna.
Sin embargo, la ciudadanía liberal no hace parte de la cultura política, no es una
guía para la acción colectiva ni convoca la movilización de la población en torno
a ella.
Esa suerte de desdibujamiento del ciudadano individual y sus derechos no ha
permitido el desarrollo de nexos o lazos propiamente políticos entre los sujetos.
Al mismo tiempo ha dificultado, sobre todo en los últimos años, la generación de
verdaderos proyectos políticos y puede contribuir a explicar la ausencia de virtu-
des cívicas, de la inmoralidad pública, la intolerancia política, el irrespeto por la
autonomía individual y la dignidad humana, expresados en la reiterada y persis-
tente violación de los derechos humanos de primera generación.
Además, no deja de ser curioso que ante la aceleración de las dinámicas bé-
licas, de la violencia molecular y disgregada y de la lamentable situación de los
derechos humanos que afecta a Colombia en los últimos años, la estrategia de los
grupos sociales afectados más directamente, sea la de demandar, de nuevo, dere-
chos colectivos: el derecho a la paz y el derecho a declararse neutrales frente a los
actores armados.

211
Las ciudadanías mestizas: entre la guerra y la paz
Las ciudadanías mestizas no han sido solamente el resultado de la complica-
ción de órdenes diferentes, el componente elemental de la trama política y el eje
estructurante del Estado moderno. Han significado, también, la garantía de la es-
tabilidad y permanencia de un régimen político de corte liberal y tradición repu-
blicana; han funcionado como obstáculo real y eficiente contra las tentaciones
autoritarias, dictatoriales o populistas tan frecuentes en otros países de América
Latina y han permitido el mantenimiento de ciertos niveles de gobernabilidad en
situaciones altamente conflictivas y turbulentas.
Las ciudadanías mestizas que se constituyeron en ese crisol del orden político
realmente existente, tuvieron la capacidad de resolver, en la práctica, la incapaci-
dad del aparato público para promulgar regulaciones y normas eficaces para todo
el territorio nacional, que fuesen acatadas y obedecidas por los diversos actores
sociales. En otras palabras, las ciudadanías mestizas saldaron las distancias, des-
igualdades y asimetrías entre los fundamentos éticos y jurídicos del Estado mo-
derno y los órdenes societales y colectivos representados en los circuitos locales
y regionales de poder22 .
La complejidad de los órdenes políticos realmente existentes y la acción des-
plegada desde las ciudadanías mestizas, han contribuido a trazar los umbrales
movedizos de la inclusión-exclusión. En este juego de intermediaciones se le ha
permitido a los excluidos de diferente adscripción social, étnica o electoral, entrar
y salir del corpus de la democracia, así como sacar partido y beneficios parciales
y puntuales de esta situación política. Este continuo tránsito, si bien ha favorecido
el patrimonialismo y las clientelas, ha mantenido abiertos los canales de participa-
ción electoral y ha contribuido a la legitimación de gobernantes y representantes.
Sin embargo, la eficacia de las ciudadanías mestizas en la “negociación del
desorden” no se logró en una esfera política pacificada y desarmada, como diría
Norbert Elías. Tal negociación ha sido posible en un contexto con altísimos con-
tenidos de violencia institucional y social. De ahí que las ciudadanías mestizas
expresen también otras complicaciones o mixturas: entre la guerra y la política,
entre la violencia y la ley, entre la palabra y la sangre.
Las ciudadanías mestizas se constituyeron y desarrollaron en el marco de las
guerras por el orden, de las confrontaciones armadas por la ciudadanía y la nación,
y en la batalla constitucional. En Colombia toda guerra civil terminaba con la
promulgación de una nueva Constitución que era, en parte, impuesta a los venci-
dos. De hecho, en las instituciones creadas por la nueva carta estaba inscrita la

22. ESCLANTE Gonzalbo, Fernando. Op. cit.

212
gramática de la confrontación bélica subsiguiente23 . En este contexto de violen-
cias cuasipermanentes y constantes, la posibilidad de éxito en las intermediacio-
nes entre representantes de órdenes diferentes estaba dada por la fuerza, por la
capacidad de levantarse en armas, por la posibilidad de desafiar al contradictor y
desobedecer sus mandatos o de imponerle condiciones.
De esta manera, la violencia —que recorre la historia de la nación colombia-
na— devino para los sectores excluidos en estrategia de reconocimiento de inclu-
sión, de ampliación del cuerpo político, aunque también de control social y elec-
toral. En suma, de acción política.
Al mismo tiempo, estos estados de guerra permanentes, le han permitido a los
diferentes regímenes políticos, desarrollar estrategias eficientes de gobernabilidad.
Estas estrategias van desde el discurso sobre el peligro comunista con base en el
cual se ha criminalizado la protesta social, hasta un reformismo institucional moder-
nizante que se justifica con el argumento de buscar la paz y la reconciliación,
pasando por formas diferentes de estados de excepción, que se declaran con la
justificación del conflicto armado pero que se utilizan para otros fines (reformas
laborales, económicas, fiscales o del aparato de justicia entre otros).
Las diferentes formas de ciudadanías mestizas se han forjado, pues, en el
universo de la complicación entre la guerra y la política. La acción política no se
limita al discurso y a la práctica, también entraña la fuerza, la sangre, la guerra,
como estrategias bastante socorridas para trazar umbrales de inclusión-exclusión
y para ampliar o restringir el derecho a la nación y a la ciudad.
A su vez, la guerra no es únicamente fuerza bruta, sangre y desolación. En
Colombia, la guerra tiene palabra, relatos, discursos, no sólo en el campo de las
justificaciones, como lo tiene en todas las guerras del mundo, sino que ha logrado
desarrollar una retórica eficaz y una diplomacia infinita y armada. A través de éstas
se hace la guerra y se ejerce la violencia para contar con mejores condiciones de
negociación y llegar fortalecidos a la mesa de diálogo, estrategia a la cual recurre
tanto el gobierno como los diversos actores armados.
Pero no se trata únicamente del diálogo público orientado hacia los procesos
de paz que desde hace quince años se desarrollan rutinariamente en el país. Se trata,
también, de una infinita trama de negociaciones e intermediaciones, semipúblicas,
semiprivadas, que tiene lugar en los universos locales y regionales entre los distin-
tos actores armados, de estos, en conjunto o por separado, con las comunidades o
con sectores de ella y con autoridades locales de diverso orden, lo que acentúa
dramáticamente la diferenciación de la violencia y dificulta el logro de acuerdos
de corte nacional.

23. VALENCIA Villa, Hernando. Cartas de batalla. Una crítica al constitucionalismo colombiano.
Bogotá, Cerec-Universidad Nacional de Colombia, 1987.

213
La complicación de la guerra y la política constituye, pues, otra dimensión de
los órdenes mestizos, que pueden explicar, en parte, la coexistencia de regímenes
políticos estatales, institucionalizados y gobernables, con una violencia societal y
política pertinaz y un franco deterioro de los derechos humanos de primera gene-
ración.
Esta complicación de órdenes no puede explicarse fácilmente en los marcos
conceptuales de la polemología24 . No se corresponde con la inversión de la fór-
mula de Clausewits, según la cual la política es la guerra continuada por otros
medios; ni con la relación amigo-enemigo de que habla Carl Schmitt, menos aún
con las tesis de la violencia simbólica que estaría en el origen de toda forma ins-
titucional y legal.
Se trata, por el contrario, de un orden complejo donde la guerra y la política
están imbricadas de tal manera que no es posible distinguir instancias, separacio-
nes, sustituciones o inversiones, y cuyas dinámicas constituyen la trama socio
política en la que se han constituido las diversas formas de ciudadanías mestizas
en Colombia.

24. RABOTNIKOF, Nora. Filosofía política. Monografías Temáticas. Nº 28. Madrid, Antrophos 1990.
Pág. 100 - 108.

214
Capítulo III

LOS TIEMPOS DE LA GUERRA:


GOBERNABILIDAD,
NEGOCIACIÓN Y SOBERANÍAS

215
Crisis política y gobernabilidad en Colombia
1980 - 1995*

¿Quién en la filigrana de la paz ha descubierto la guerra? ¿Quién en el clamor y


la confusión de la guerra, en el fango de las batallas ha buscado el principio de
inteligibilidad del orden, del Estado, de sus instituciones y de su historia?
Michel Foucault

Me propongo dos propósitos: uno, poner de presente la especificidad de la


violencia política en Colombia, sus distinciones y diferencias en el contexto lati-
noamericano; y el otro, con este referente de la violencia, introducir algunos ele-
mentos para el debate sobre la gobernabilidad, cuyas perspectivas se han polariza-
do en torno a dos posiciones: las neoconservadoras, que hacen depender la gober-
nabilidad de menos democracia, y las progresistas, según las cuales ésta sólo se
logra a través de un proceso de democratización creciente.
La opción por la diferencia no obedece a un prurito de distinguirse de los demás
ni de reiterar un cierto provincianismo intelectual, algo narcisista, que ha mante-
nido a la intelectualidad colombiana en situación marginal con relación a los en-
foques predominantes en la región. Se trata, más bien, de particularizar, de buscar
versiones que no se dejen atrapar por la mirada generalizante, de contra-decir o
decir lo distinto frente a lo similar con ánimo de conflictivizarlo.
Lo que pretendo discutir se puede enunciar sintéticamente así:

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 7-8. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antio-
quia. Medellín, junio de 1996.

217
– La violencia política y colectiva en una sociedad turbulenta como la colom-
biana no ha implicado la ruptura del orden institucional; tampoco ha sido la
manera de anunciar un nuevo orden que, como no es reconocido, se lo percibe
como desorden y caos. Por el contrario, la violencia omnipresente, difusa,
polifacética, de larga duración y continuidad constituyó, hasta bien entrado el
siglo XX, un eje estructurante del orden político desde donde se configuró el
ámbito de la política y se construyeron y recompusieron las relaciones entre
actores y fuerzas sociales, entre gobernantes y gobernados, entre incluidos y
excluidos, en fin, entre sociedad civil y Estado.
– En la segunda mitad de este siglo la violencia ha dejado de ser estructurante,
pero continúa agudizando sensiblemente la turbulencia social, porque juega un
papel central en las relaciones políticas en tanto mecanismo equilibrador de
poderes profundamente asimétricos; porque sigue siendo un medio comúnmen-
te aceptado de intercambio político entre adversarios; porque es una manera
de visibilización de la exclusión y de reconocimiento público y porque es una
alternativa para obtener beneficios políticos o para presionar negociaciones de
carácter social, privado o individual.
– Por parte del Estado, la situación semipermanente de violencia, más que cons-
tituirse en un riesgo para la estabilidad del régimen y crear climas de ingober-
nabilidad, ha servido para diseñar estrategias de gobernabilidad con miras a
garantizar la permanencia del sistema y ampliar la capacidad de maniobra de
los gobiernos que sucedieron al Frente Nacional. Todo ello sin que se perturbe
la continuidad del régimen político, sin que se violen las normas constitucio-
nales para el relevo de los gobiernos popularmente elegidos, sin rupturas ins-
titucionales abruptas o discontinuidades autoritarias, sin modificaciones del
sistema de partidos, sin cierres del congreso o suspensión de elecciones.
Visto desde esta perspectiva, el régimen político colombiano es excepcional-
mente estable y gobernable sin que ello signifique desarrollos democráticos, legi-
timidad política o representatividad colectiva. Parecería que Colombia va en con-
travía de los otros países de América Latina, enfrascados en “la transición demo-
crática”, en negociar los conflictos armados y en buscar formas más sólidas de
gobernabilidad.
Para desentrañar estas aparentes paradojas me propongo desarrollar los siguien-
tes puntos:
El significado histórico de la violencia en la conformación del orden político
colombiano. La violencia como eje estructurante de las relaciones políticas.
El significado estratégico de las violencias, y de sus dinámicas bélicas, en la
estabilidad y modernización del régimen político durante los últimos años. La
violencia como problema o la violencia como solución.

218
Una coda en torno al posible escenario para la construcción de un proceso de
gobernabilidad creciente con decrecientes niveles de violencia.

La violencia como eje estructurante


de las relaciones políticas
Cuando planteamos que la violencia fue el eje estructurante de las relaciones
políticas en Colombia, no hacemos referencia únicamente a la inversión de la
fórmula de Clausewits según la cual la política es la guerra continuada por otros
medios, ni a la mirada de Foucault que ve en la ley y en el orden institucional “la
sangre seca de guerras pasadas, de victorias efectivas y de derrotas que dejan su
signo profundo incluso si han sido disimuladas”1 . No hacemos referencia solamente
a la violencia simbólica, que estaría en el origen de todo orden social y que, ins-
titucionalizada y domesticada, garantiza la perpetuación de las relaciones de do-
minación-sujeción que, como piensa Balandier, le dan sentido al orden colectivo
de la sociedad2 .
No se trata sólo de asumir la visión de la polemología por contraposición a la
de los consensos y los contractualismos3 . Se trata de examinar, en las condiciones
históricas particulares de la formación del Estado nacional colombiano, la función
estructurante de la violencia, la indiferenciación entre guerra y política, que no
marca entre ellas distancias, separaciones, sustituciones o inversiones y cuya di-
námica es la trama constitutiva de la dimensión de lo público.

La guerra por la representación de lo público


El orden colonial fue el resultado de la confrontación violenta de tres troncos
étnicos, diferenciados en sus universos simbólicos, en sus cosmovisiones, en sus
representaciones colectivas en sus sociabilidades y expresiones culturales y esté-
ticas, los cuales terminaron nucleándose —a sangre y fuego— en torno al ethos
cultural de los dominadores, centrado en el imaginario del catolicismo y el hispa-
nismo que funda la comunidad cristiana. En la sociedad mestiza y blanqueada, el
catolicismo y la hispanidad instituyeron de sentido el mundo colonial y se impu-
sieron como matriz primordial del orden económico, moral e identitario del Vi-

1. FOUCAULT, Michel. La guerra en la filigrana de la paz. Genealogía del racismo. Ediciones La


Piqueta. Madrid, 1990.
2. BALANDIER, George. La violencia y la guerra: una antropología. Revue Internationale des
Sciences Sociales Nº 110. París, diciembre de 1986. Traducido por Elsa Blair. Instituto de Estu-
dios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, 1995.
3. RABOTNIKOF, Nora. Las promesas de la política. Filosofía Política. Monografías Temáticas Nº
28. Anthropos. Madrid, 1990. Págs. 100-108.

219
rreinato de la Nueva Granada, excluyendo de su entorno societal y territorial a las
etnias y a los grupos que no se integraron a ese corpus, dejándolas libradas a sus
propias fuerzas.
Lo público, entendido como lo común y lo colectivo, como lo que es visible
y discursivo, tuvo como primera expresión la comunidad cristiana. Los referentes
colectivos de identidad en la sociedad mestiza y blanqueada estuvieron definidos
por el imaginario hispano católico y la pertenencia a esta comunidad dependía de
la aceptación y la vivencia de tales creencias, refrendadas por la participación en
los ritos sacramentales que marcaran los ritmos vitales de los hombres y las mu-
jeres desde el nacimiento hasta la muerte.
La comunidad cristiana, como primera dimensión de lo público, define lími-
tes muy claros y precisos entre el nosotros incluido y el ellos excluido; entre el orden
cristiano y el caos turbulento. Las etnias dominadas fueron pensadas como bárba-
ras e inmorales y fueron excluidas del mundo instituido de sentido, pues para la
cultura dominante significaban el sin sentido. De esta manera se configuraron fron-
teras histórico culturales que escindieron y fracturaron, antagonizándolas, las partes
de un todo imaginario.
El advenimiento súbito, violento, revolucionario y radical del orden republi-
cano instituyó formal y jurídicamente una nueva esfera pública de corte moderno,
un Estado estructurado bajo la forma racional legal, regido por leyes abstractas y
generales y con su referente soberano en la nación, tal como lo habían realizado
los revolucionarios franceses del siglo XVIII y tal como la soñaron los intelectua-
les criollos que llevaron adelante el proceso emancipador.
La vieja comunidad cristiana del catolicismo y la hispanidad debía ser reem-
plazada por una nueva: la comunidad nacional, pensada, ante todo, como una
comunidad de ciudadanos autónomos y libres que, voluntaria y racionalmente,
decidían construir un orden legal a través de un vínculo contractual centrado en
los derechos del hombre.
La comunidad nacional así pensada, no tendría vínculos con el pasado, con la
naturaleza, con la tradición o la herencia. El orden nuevo no se recibe, se constru-
ye, se crea, y la manera de insertarse en ese corpus ciudadano no depende de con-
sideraciones étnicas o de creencias sino de la aceptación voluntaria de los funda-
mentos ético políticos del contrato social que definen los marcos de ese nuevo orden
así construido. Más que a un referente histórico cultural de nación, la intelectua-
lidad criolla está apelando a la república e imbricando la nación con el Estado
moderno.
Desde el momento mismo de la fundación de la república, este nuevo imagi-
nario político sobre lo público y el orden por él sustentado, implicó una doble
tensión: la primera es la que se instaura entre las nuevas representaciones colec-

220
tivas que apelan a una identidad política y ciudadana, frente a las identidades so-
cioculturales arraigadas en formas de sociabilidad primaria como las localidades,
los cabildos, los vecindarios, las parentelas y las sociedades de negocios; es decir,
la tensión entre lo público estatal (moderno) y lo privado doméstico (premoderno
y prepolítico). La segunda tensión, no menos importante que la primera e imbri-
cada con ella, es la que se configura entre la comunidad cristiana cohesionada en
torno al imaginario hispano católico y lo público moderno que induce un modelo
de representación laica y secularizada del nuevo orden social.
Esta doble tensión define un espacio de conflictos agrios y violentos por lo
que podríamos llamar la representación de lo público y es en este contexto donde
empiezan a definirse los perfiles de los partidos, el ámbito o espacio de la política,
el sentido de la misma y las prácticas asociadas con su quehacer; es decir, el or-
den-desorden republicano.
Estas guerras por la representación de lo público se expresaron desde el mo-
mento mismo de la Independencia (federalistas y centralistas, militares y civiles,
defensores de la ética civil o de la moral religiosa) y continúan haciéndose más
complejas y profundas a lo largo de todo el siglo XIX. Entre 1839 y 1903, tuvie-
ron lugar en Colombia ocho guerras civiles —sin contar levantamientos y pronun-
ciamientos bélicos locales y regionales—, motivadas directa e indirectamente por
tres asuntos: el problema religioso (imaginarios laicos y sacros); la tensión región-
nación (orden republicano versus caudillismo, clientelas y parentelas) y lo que
podríamos llamar “la batalla constitucional”4 , que es, quizá, el asunto más impor-
tante en la medida que los otros dos buscaban reflejo y expresión constitucional.
Examinando con detalle los pronunciamientos y discursos justificativos de los
adversarios en las guerras civiles decimonónicas, se puede concluir fácilmente que
todas ellas se hacían en nombre de la Constitución, en defensa del orden republi-
cano y como garantía última del desarrollo político democrático, bien porque el
partido en el poder la estaba violando (a juicio de los contradictores), bien porque
la carta vigente no llenaba las expectativas de quienes la impugnaban. Cabe agre-
gar que los pronunciamientos bélicos fueron redactados en el más prístino lengua-
je jurídico y con el más significativo respeto por los fundamentos del contrato social.
Es la lucha por el orden republicano y constitucional, la lucha por representar lo
público, la confrontación armada para establecer la ley.
Además de la Constitución como norma general, estas guerras tuvieron su
desarrollo en un campo específico de la esfera política: lo electoral. La expedición
o reforma de los códigos electorales tuvo el carácter de botín de guerra, de impo-

4. VALENCIA Villa, Hernando. Cartas de batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano.
Cerec, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1987.

221
sición a los vencidos o de bandera de lucha contra los adversarios en el poder.
Colombia tiene la historia electoral más larga de América Latina, pero también la
más trágica y violenta: los códigos electorales, el desarrollo de los comicios, los
fraudes reales o imaginarios han sembrado de muertos el itinerario histórico de la
nación.
Durante el siglo XIX, el ciclo Constitución-guerra-Constitución sólo era per-
turbado por otro similar: elecciones-exclusión-cambio de código electoral-guerra-
nuevo código. Basta citar algunos ejemplos a lo largo de la vida republicana.
La guerra civil de 1859 a 1863, encabezada por los liberales, tuvo como pro-
pósito explícito derogar el código electoral de 1858 denunciado como centralista
y orientado a perpetuar el dominio conservador, y terminó con la expedición de
una nueva Constitución. La guerra civil de 1876 a 1877 se desata por los conser-
vadores a propósito de las denuncias de fraude en la elección de don Aquileo Parra;
una vez éste gana la guerra, cambia las constituciones de los Estados que le eran
adversos y transforma los sistemas electorales. Idéntica razón aducen los liberales
revolucionarios del fin del siglo (1895 y 1899 a 1903) que acuden a la guerra para
lograr un reconocimiento político negado por la Constitución de 1886.
En el siglo XX no hay “guerras por la carta”, pero sí violencias y enfrenta-
mientos por lo electoral. La adopción de la cédula electoral en 1932 origina una
confrontación armada entre los dos partidos en los departamentos de Boyacá y
Santander; las denuncias de Laureano Gómez sobre el millón de cédulas falsas
emitidas por el gobierno liberal es el ámbito en el cual se desatan los demonios del
llamado período de la Violencia (1948-1959); el real o imaginario fraude contra la
Anapo (efímero tercer partido) en 1970 fue el útero donde se gestó el grupo gue-
rrillero M-19, convertido después en movimiento político. En suma, es la guerra
por la política, la guerra por la ley, siempre en los marcos de la institucionalidad
y en defensa de ella.
Lo que habría que anotar es que, pese a estas guerras y violencias continua-
das, no se logró imponer definitivamente un partido sobre el otro y lo que hoy se
llama “empate catastrófico” entre guerrillas y gobierno se puede extender al pasa-
do. Para aquellos temporalmente vencidos en el campo de batalla, la guerra seguía
siendo una posibilidad real y concreta de revertir la situación, mientras que para
los vencedores esa posibilidad era fuente de dudas e incertidumbres frente a las
cuales debía precaverse demostrando, a su vez, que también estaba dispuesto a hacer
la guerra y a no renunciar a ella. Así, se configuró lo que Foucault, siguiendo a
Hobbes, llama un estado de guerra permanente, que puede entenderse de la mane-
ra siguiente:
La guerra no consiste sólo en la batalla y en el choque efectivo, sino en un arco
de tiempo en el cual la voluntad de enfrentarse en batalla está bastante esclare-

222
cida [...] yo me represento la fuerza del otro, me representa el hecho de que el
otro representa a su vez mi fuerza y así sucesivamente [...] nos encontramos en
el teatro de las representaciones intercambiadas, dentro de una relación de miedo
que es una relación temporalmente indefinida pero no estamos realmente en
guerra5 .
Este estado de guerra permanente, por su carácter de empate catastrófico, no
excluyó del todo la posibilidad de acuerdos, de negociaciones, de pactos interpar-
tidistas, de una especie de diplomacia perpetua y armada donde se combinó, ma-
gistralmente, el enfrentamiento armado y el consenso, circunscribiendo cada vez
más la guerra a la esfera de la política e induciendo a los adversarios a utilizar la
fuerza para lograr reconocimiento social y participación política efectiva. Con esta
impronta quedó marcado el espacio de lo público, de tal manera que no ha podido
funcionar sino a través de las dinámicas bélicas.
Las guerras por la representación de lo público terminaron por escindirlo; por
partirlo a la mitad, desde el vértice hasta la base de la pirámide social, pasando a
definir dos campos excluyentes y confrontados entre amigos y enemigos, donde
no fue posible establecer un terreno común de identidad ciudadana y sentido de
pertenencia nacional.
La importancia política de los partidos contrastaba, de manera paradójica, con
el modelo de representación adoptada por la Constitución hasta bien entrado el siglo
XX. La esfera pública estaba escindida y controlada alternativamente por los par-
tidos liberal y conservador pero éstos no existían constitucionalmente, no existía
lo que podríamos llamar una democracia de partidos y el sistema de representa-
ción política se asemejaba más a un cuasi parlamentarismo que operaba con el
imaginario de la unidad del pueblo, de su indivisibilidad.
Desde el discurso, los partidos no tuvieron buen recibo. Por muchos años fueron
vistos como facciones, como divisiones irracionales y perversas que ponían en
peligro la democracia. No se los pensó desde la Constitución como actores polí-
ticos por excelencia, es más, la Carta de 1886 los prohibió explícitamente en el
artículo 47, que tuvo vigencia hasta 1991. En éste se señalaba que quedaban pro-
hibidas las juntas políticas de carácter permanente. Además, el reconocimiento de
la oposición política no se logró hasta 1908 y el voto indirecto no desapareció
totalmente hasta 1946.
Esta ambigüedad condujo a que la colectividad mayoritaria en las urnas, o
triunfadora ocasional en las guerras, se abrogara la representación del todo, del
cuerpo indivisible de la nación, excluyendo de la esfera política al contradictor,
quien pasaba a ser tratado como faccioso, como insurgente, conspirador contra la
democracia o como el hereje y el bárbaro en la vieja comunidad cristiana.

5. FOUCAULT, Michel. La guerra conjurada, la conquista, la sublevación. Op. cit. Pág. 101.

223
Esta visión holística y autocentrada de la política, la sacraliza, hace de ella una
teología, y del pluralismo y la divergencia una herejía. No se trata de un rezago del
mundo tradicional y premoderno, esta teología política es, en esencia, moderna,
de herencia republicana, es la manera híbrida y violenta como en Colombia cons-
truimos la modernidad.
La escisión de lo público terminó anulando este espacio de lo común y lo
colectivo, que es el campo privilegiado para la formación de universos simbólicos
de cohesión e identidad ciudadana y nacional. En su lugar, se instauraron las iden-
tidades partidistas como representantes de comunidades imaginadas que otorga-
ban sentido de pertenencia y representaciones colectivas de identidad a los sujetos
y a las sociabilidades locales, vecinales, parentales y regionales, creando sentidos
de nación y de patria que se confundían e imbricaban con los partidos.
Los partidos pasaron a acotar la esfera de la público escindido, a representar-
lo y a simbolizarlo. Sus imaginarios —y no los de la nación o del Estado— fueron
los que le otorgaron algún principio legitimador e integrador al Estado colombia-
no. Las identidades locales y regionales seguían arraigadas en las sociabilidades
premodernas pero se articulaban, asimétrica y conflictivamente, con las cúspides
de los partidos a través de una compleja trama de lealtades personales y de inter-
cambios políticos de los cuales la guerra fue el elemento nutricio.
Estas identidades partidistas, excluyentes y guerreras, no se definen por cri-
terios de decisión racional con acuerdo a fines o a valores tal como lo pensaba Weber.
Son identidades primordiales, fundamentalistas, que se asumen como patrimonio,
como herencia familiar, por tanto son inmodificables e intocables y ven en el con-
tradictor político un enemigo de su núcleo sacro y patriótico. Todas ellas eran rojas
o azules, no había nada más ni existía un lugar común de integración o cohesión
por encima de estas colectividades. Por eso, los adherentes a los partidos mataban
y morían no por una opción política, laica, transitoria, argumentable sino por la
religión, la patria, la familia, el terruño, la lealtad con los amigos y copartidarios.
La pervivencia histórica de los partidos tradicionales en Colombia, el fracaso
reiterado de los tercerismos y de las propuestas políticas que salieran de este marco,
la ausencia o irrelevancia de los populismos, de las dictaduras militares o “polos
autoritarios” y la práctica recurrente de los grupos de oposición —consistente en
adoptar estrategias armadas para combatir el régimen—, tuvieron que ver con la
manera como se constituyó en Colombia, tanto la identidad nacional como la es-
fera de lo político, donde la violencia tuvo una función estructurante.
Fue en ese eje integrador, como especie de hilo grueso, en el que se anudaron
desigual y conflictivamente los poderes locales y regionales; donde residió y se repro-
dujo el verdadero control social, la cohesión y los consensos transitorios, dando como
resultado un régimen político profundamente débil pero muy estable y permanente.

224
Este modelo sui generis de construcción de lo público sólo empieza a quebrarse,
a mostrar sus debilidades y fisuras, es decir, a entrar en crisis, cuando cambian las
tramas económicas y sociales; cuando el país se moderniza, se industrializa y se
urbaniza; cuando territorios y regiones antes dispersos se integran a través del
mercado, de las vías y de los medios electrónicos de comunicación; cuando las
masas irrumpen en el espacio de lo público escindido buscando reconocimiento y
representación autónoma y cuando la educación deja de ser patrimonio de élites y
empieza a llegar, masivamente, a otros sectores sociales.
Los partidos arraigados en las viejas sociabilidades en franca desaparición,
empiezan a perder pie, desligándose de la sociedad. Su legitimidad se ve dismi-
nuida cuando, por el pacto político del Frente Nacional (1958-1974), renuncian al
sectarismo y a utilizar la violencia, acordando compartir alternativa y paritariamente
lo público escindido.
El pacto frentenacionalista supone la terminación de la escisión y la suspen-
sión de la violencia que le dio sentido a la política. La esfera de lo público es
unificada, lo que si bien permitió disminuir los altos índices de violencia e instau-
rar el reconocimiento político al contradictor, trazó en ese mismo movimiento
nuevas exclusiones y otredades con relación a un universo social complejo y di-
verso que ya no cabía en los estrechos marcos del bipartidismo: una sociedad tur-
bulenta, librada a sus propias fuerzas, en la cual los actores sociales definían sus
prácticas y relaciones por fuera de los marcos de la ley, del orden institucional y
de la normatividad del régimen. Es a partir de 1965, durante el Frente Nacional,
cuando empiezan a organizarse los grupos guerrilleros orientados por la izquier-
da, cuyos enfrentamientos entre sí y con el Estado han configurado la historia
reciente de Colombia.

La violencia como problema y la violencia como solución


El desplazamiento de los ejes de exclusión y de la violencia política hacia otros
sectores y organizaciones sociales, cambia los meridianos y los paralelos de los
estados de guerra permanentes. Son otros los escenarios, otros los actores —más
plurales y complejos—, distintas las ideologías y los proyectos de orden colecti-
vo; pero el que no sufre mayores transformaciones es el sentido teológico y trági-
co de la política, la práctica de hacer política por medio de la guerra, la utilización
de la fuerza para lograr beneficios colectivos y equilibrios sociales o para impedir
manifestaciones de descontento por demandas insatisfechas. Las violencias y las
guerras siguen siendo una solución expedita y eficiente para el logro parcial de
objetivos de muchas organizaciones sociales, partidistas y del mismo Estado.
La violencia dejó de ser eje estructurante de la vida política colombiana y se

225
constituyó en estrategia de gobernabilidad del régimen político; estrategia mediante
la cual ha garantizado su permanencia y estabilidad, ampliando de paso la capa-
cidad de maniobra de los gobiernos del pos Frente Nacional.
Las violencias y sus dinámicas bélicas ya no estructuran la esfera política. Ya
no anudan las viejas y nuevas sociabilidades, ya no otorgan identidad, sentido,
propósitos comunes, así fuesen escindidos y enfrentados. Ahora, la violencia y las
dinámicas bélicas generan desestructuración, lo cual actúa directamente sobre la
turbulencia de la sociedad hasta adquirir perfiles de caos. En la sociedad turbulen-
ta, cruzada por múltiples dinámicas de acción y reacción, de venganzas y retalia-
ciones, las violencias se tornan difusas, moleculares sin aparente orden colectivo,
pero paradójicamente sin efectos sobre la estabilidad del régimen político. La
violencia pierde cada vez más sentido político pero gana proporcionalmente una
dimensión estratégica.

Las dinámicas bélicas en el pos Frente Nacional


Desde principios de la década del sesenta el país vive en un estado o situación
de guerra permanente, en una tensión de desafío que obliga a los adversarios a
mostrar fuerza y controles territoriales, no necesariamente para derrotar al otro sino
para mantener relativamente equilibradas las situaciones de conflicto. La prolon-
gación de los Estados de guerra permanente son, precisamente, los que crean el
ámbito de la violencia como estrategia.
Las guerrillas tuvieron, inicialmente, una actitud defensiva y una localización
periférica en los territorios tradicionalmente excluidos, en las fronteras histórico
culturales donde, también, buscaron refugio aquellos que no lograron insertarse
en las tramas socioeconómicas o político culturales que el sistema brindaba. El
accionar de las guerrillas, si bien incrementaba la violencia, el riesgo y el miedo
de la sociedad mayor, y convocaba contra ellas y sus territorios operaciones mili-
tares de gran envergadura —operación Marquetalia contra las Farc o la operación
Anorí contra el ELN—, no tuvo repercusiones desestabilizantes sobre el régimen
político, que se mantuvo incólume, pese también a las tentaciones populistas y
autoritarias militares a las que sucumbieron muchos países latinoamericanos que
empezaron a presentar fenómenos guerrilleros similares a los colombianos.
Mas el Estado de guerra permanente sí permitió a los gobiernos de turno ela-
borar un discurso sobre el gran peligro comunista que se cernía sobre la sociedad
colombiana y, desde allí, diseñar estrategias de gobernabilidad que no estaban
orientadas específicamente a derrotar al enemigo guerrillero —por lo demás di-
fuso, confundido con la sociedad, ambiguo, móvil—, sino más bien a controlar
unas supuestas bases de apoyo representadas en el ascenso de los movimientos
sociales.

226
Es así como el estado de sitio semipermanente, la militarización y la crimina-
lización de la protesta social, fueron estrategias de gobernabilidad muy eficientes
durante ese período. Con estas estrategias se controló y desvertebró el movimien-
to campesino de recuperadores de tierra en los primeros años de la década de los
setenta, el resurgimiento del movimiento obrero en los últimos años de la misma
y, fundamentalmente, los movimientos cívicos y sociales que crecieron y se desa-
rrollaron, precisamente, entre 1970 y 1980.
El estado de excepción, asumido como estrategia de gobernabilidad, no se
aplicó solamente al campo del orden público; sirvió también para tomar algunas
decisiones sobre política económica, inversión pública, reformas institucionales y
legislación penal. Decisiones y reformas que, de seguir el trámite normal en el
Congreso, habrían sido aprobadas con dificultad y en un proceso legislativo suma-
mente lento, lo cual no se justificaba mientras existiera un recurso constitucional
expedito como el estado de sitio, respaldado plenamente por la permanencia de la
guerra irregular6 .
Lo que queremos rescatar aquí es que el estado de guerra permanente ha posibi-
litado distintas situaciones: gobernar sin romper los marcos institucionales del
régimen democrático; controlar el desorden, la protesta pública y las situaciones
de ingobernabilidad —tal como las define Bobbio— y, en esa permanente tensión,
también ha permitido modernizar algunas de sus instituciones, transformarlas y
adecuarlas a los requerimientos de la vida moderna; en esta tensión, los grupos
populares y los movimientos sociales han logrado algunas reivindicaciones reales
y el acceso a beneficios públicos que quizá de otra manera habrían sido difíciles
de lograr.
Reformas institucionales tan importantes como la descentralización político
administrativa, la elección popular de los alcaldes en 1986 y la Constitución políti-
ca de 1991 —que introduce reformas democráticas muy avanzadas y novedosas—
tuvieron como telón de fondo los estados de guerra permanentes. Podría afirmarse,
también que el diseño de las políticas y los programas sociales de los últimos gobier-
nos han estado guiados por los estados de guerra y las dinámicas bélicas.

La negociación de las guerras, otra estrategia de gobernabilidad


El balance entre la violencia como problema y la violencia como solución es
inestable y precario. Tiende a romperse cuando en la sociedad empiezan a mani-
festarse los efectos de ese cambio en el sentido de la violencia que, de eje estruc-
turante de la esfera política, pasa a contribuir a su desestructuración, a la fragmen-

6. LEAL Buitrago, Francisco. Compilador. Estructura y coyuntura de la crisis política. En: Al filo
del caos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales —IEPRI— Universidad Na-
cional de Colombia, Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1990. Págs. 25-57.

227
tación, a la ruptura del tejido social, a la atomización de los actores, en fin, a la
turbulencia de la sociedad como conjunto. Esta transformación en el sentido de la
violencia la hace cada vez menos política y cada vez más social y delincuencial;
menos pública y más privada, cuasi molecular y verdaderamente dramática, con-
fundiendo los campos y transformando la típica relación amigo-enemigo.
Este desbalance hacia la violencia como problema ocurre en el decenio de 1980
y es acentuado por la entrada en la escena política de nuevos actores armados: los
ejércitos privados de los Dones del narcotráfico y los grupos paramilitares auspi-
ciados por las fuerzas armadas, con nexos directos o indirectos con narcotrafican-
tes y grandes propietarios urbanos y rurales. A su vez, estos dos nuevos actores están
fraccionados de acuerdo con lógicas regionales diversas.
En este contexto de percepción de desorden y caos se inicia un proceso de
diplomacia infinita y armada, llamado por nosotros diálogos de paz con las orga-
nizaciones guerrilleras, las que, para el inicio de los ochenta, también habían cam-
biado su estrategia defensiva y marginal para consolidar aparatos militares mejor
armados e incursionar en el corazón de la vida económica del país, incluso en las
grandes ciudades.
Esta diplomacia infinita y armada se inicia después de una guerra irregular de
más de veinte años y del fracaso parcial de la más fuerte arremetida militar para
terminar con el fenómeno de las guerrillas realizada durante el gobierno de Julio
César Turbay Ayala, quien ensayó las técnicas de contrainsurgencia y lucha contra
“el enemigo interno” tan en boga para esa época en los países del Cono Sur7 .
En marzo y abril de 1982, finalizando el gobierno de Turbay Ayala, fueron
aprobadas por el Congreso dos leyes de amnistía y fue nombrada la primera comi-
sión de paz para que iniciara conversaciones con los alzados en armas. El proceso
era ambiguo, las amnistías tímidas y destinadas a fracasar desde un comienzo y la
comisión se disolvió rápidamente sin mayores logros. Al parecer fracasaba tam-
bién la iniciativa negociada; sin embargo, se abrió un horizonte de posibilidad en
torno a la búsqueda de la paz, horizonte que los sucesivos gobiernos no han podido
volver a cerrar aunque por épocas predominen tácticas esencialmente guerreristas.
A principios de los ochenta se inicia pues un proceso que lleva quince años de
diplomacia armada y se desarrolla de acuerdo con las dinámicas bélicas, según las

7. Para el desarrollo de este punto se consultaron los siguientes textos: BEJARANO, Ana María.
Estrategias de paz y apertura democrática. Un balance de las administraciones Betancur y Barco.
En: LEAL Buitrago, Francisco. Op. cit. Págs. 27-57. En esta misma compilación, el texto de
PIZARRO Leongómez, Eduardo. La insurgencia armada raíces y perspectivas. Pág. 41. WILLS
Obregón, María Emma. Las políticas gubernamentales frente al proceso de paz. En: UNGAR
Bleier, Elisabeth. (Editora). Gobernabilidad en Colombia. Retos y perspectivas. Uniandes. Bo-
gotá, 1993. Págs. 129-185. BEJARANO, Jesús Antonio. Una agenda para la paz. Tercer Mundo
Editores. Bogotá, 1995.

228
cuales la fuerza es el recurso de la política, la solución más expedita para sostener
el equilibrio inestable entre los negociadores y para mantener abiertos los canales
de relación política entre la sociedad y el Estado.

Primer momento de la negociación del conflicto


Este proceso de diplomacia infinita y armada ha tenido cuatro grandes hitos.
El primero tuvo lugar durante el gobierno del conservador Belisario Betancur en
1984. La estrategia del presidente estaba orientada a remover lo que llamaba las
condiciones subjetivas y objetivas de la violencia: de un lado, diseñó un proceso
de diálogo multilateral y paralelo con los distintos grupos guerrilleros que debería
terminar con la dejación de armas y la conversión de estas agrupaciones en movi-
mientos políticos; del otro, propuso remover los obstáculos político sociales a la
paz mediante la puesta en marcha de reformas al régimen político y el diseño de
programas sociales para mejorar la calidad de vida de los pobladores de aquellas
zonas afectadas por la violencia.
Para poner en práctica la primera estrategia se decretó una ley de amnistía —
la más amplia y generosa de la historia colombiana— y se inició el tortuoso cami-
no de las negociaciones separadas con los distintos grupos. Para remover los con-
dicionamientos objetivos se propusieron al Congreso varias iniciativas: una ley
sobre partidos políticos que buscaba legalizar todas las fuerzas en conflicto, la
financiación estatal de las campañas electorales y el acceso a los medios de comu-
nicación de propiedad del Estado (televisión) en condiciones de igualdad para todos
los partidos. Pero quizá las más importantes fueron la descentralización político
administrativa y fiscal y la elección popular de los alcaldes, aprobadas a mediados
del decenio de 1980.
Estas reformas de modernización y democratización del régimen se enmar-
can, claramente, en las dinámicas bélicas y su propósito explícito fue deslegitimar
el discurso guerrillero y establecer canales y flujos eficientes entre la sociedad civil
y el Estado. Precisamente, es el trasfondo de asesinatos y de muertes —de los cuales
sólo un 15% aproximadamente tienen que ver con el conflicto armado— el que le
otorga a estas reformas la posibilidad de convertirse en leyes. Se trata de estrategias
de gobernabilidad para modernizar el régimen, para democratizarlo y volverlo más
eficiente; estrategias que se hacen posibles en el contexto de las dinámicas bélicas,
en el juego amigo-enemigo, en el campo de la diplomacia armada que intenta la paz
y moderniza el régimen sin renunciar a la guerra y al uso de la fuerza.
La negociación con las fuerzas insurgentes se concretó en sendos acuerdos
firmados: con las Farc, en marzo de 1983 en el legendario territorio de La Uribe;
con el M-19, en agosto de 1984 en Corinto Cauca, y, finalmente, con el EPL, en
marzo del mismo año en Medellín. Estos acuerdos no lograron funcionar siquiera

229
como treguas; por el contrario, se desenvolvieron en el marco de asesinatos de
dirigentes, ofensivas guerrilleras, contraofensivas militares y paramilitares, secues-
tros y desapariciones. De esta manera, se volvía a configurar el escenario de com-
binación de guerra y política: “estrategia bifronte” para el M-19; “combinación de
todas las formas de lucha” según el partido comunista y las Farc, y “mano tendida
y pulso firme” según el gobierno de Virgilio Barco Vargas.
Por algunos meses el gobierno mantuvo el pacto con quienes habían firmado
la paz, mientras que intentaba aniquilar a quienes se mantenían en la guerra. A su
vez, los que se acogieran a las negociaciones no renunciaron del todo a las armas,
pues veían en éstas no sólo la garantía para el mantenimiento de la tregua sino la
única posibilidad de supervivencia si ésta se rompía. En medio de la paz, la guerra
seguía siendo la solución y una estrategia útil y eficiente para modernizar y demo-
cratizar el régimen.
De esta primera ronda de negociaciones quedaron configurados dos partidos
políticos nuevos. Uno, la Unión Patriótica —UP—, de influencia comunista, hoy
prácticamente aniquilado por el paramilitarismo y la reacción militar en todo el país,
pero específicamente en aquellas zonas donde lograron influencia electoral y don-
de llegaron a controlar alcaldías y concejos municipales después de ser aprobada
la descentralización y la elección popular de los alcaldes en 1986. El otro partido
fue el Frente Popular, brazo político del EPL que se clandestinizó cuando se rom-
pió la tregua con ese movimiento a causa de los asesinatos de sus dos máximos
dirigentes; después de firmado el segundo acuerdo con este grupo, el movimiento
volvió al escenario público con el nombre de Esperanza, Paz y Libertad. Esta
primera ronda se cierra, parcialmente, después de la toma y la contratoma del Pa-
lacio de Justicia en noviembre de 1985. Queda abierta la posibilidad de hacer la
paz pero no se renuncia a hacer la guerra.

Segundo momento de la negociación del conflicto


El segundo momento de negociaciones tuvo lugar en el bienio final del go-
bierno de Virgilio Barco, después del fracaso parcial de su estrategia tecnocrática
y bipartidista para conjurar las guerras y la violencia. La propuesta del presidente
Barco fue la de repolitizar el régimen político y despolitizar la sociedad, especí-
ficamente las demandas sociales. Para lograrlo, en primer lugar, propuso acoger
institucionalmente la fórmula gobierno-oposición, declarando por tal al partido
conservador, eterno socio en el gobierno, es decir, buscó la oposición donde no
estaba, lo que condujo al fracaso su estrategia política.
Su segunda estrategia fue la de despolitizar la sociedad y el conflicto median-
te la inversión pública y el desarrollo de políticas sociales técnicamente diseñadas
y orientadas hacia las regiones y colectividades pobres influidas por la guerrilla.

230
Esta estrategia fue un fracaso en lo referente al conflicto armado pero logró éxitos
parciales en los dos pilares básicos de su política social: el Plan Nacional de Re-
habilitación —PNR— y el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta. Sin embar-
go, esta nueva modernización del régimen y la ampliación de la política social se
inscribía también en el tejido de las violencias y de las dinámicas bélicas.
La única manera de hacer reconocer estatalmente una demanda social estaba
mediada por el conflicto y por la eventual presencia guerrillera en la zona en cues-
tión, mientras que en las regiones donde no había presencia e influencia guerrille-
ra, las demandas sociales tenían muy pocas posibilidades de ser reconocidas y
solucionadas. La violencia volvía a ser el medio para resolver asuntos referidos a
la ingobernabilidad.
En este contexto de dinámicas bélicas, la segunda ronda de negociaciones no
podía reabrirse sino desde un acto de fuerza. Fue el secuestro y la liberación de
Álvaro Gómez Hurtado lo que, precisamente, propició una nueva ronda de nego-
ciaciones cuya conclusión tuvo lugar durante el gobierno de César Gaviria. En
marzo de 1990 se firmaron acuerdos de paz y reinserción a la vida civil con el M-
19 y entre enero y mayo de 1991 con el EPL, el PRT y el Quintín Lame.
Los acuerdos de paz, las mesas de concertación y diálogo con la sociedad civil
y el itinerario político generado por la búsqueda de la citación a una Asamblea
Nacional Constituyente con la presencia de todas las fuerzas políticas, establecie-
ron un nuevo clima de rechazo a la violencia y una posibilidad sin antecedentes
para modernizar el régimen en un contexto político e incluyente.
La citación a esta Asamblea Constituyente, propiciada por una acción decidi-
da de la sociedad civil que la demandó por medios electorales (Movimiento de la
Séptima Papeleta), ocurrió entre 1987 y 1991. Uno de los lapsos más críticos de
turbulencia social y violencias cruzadas: guerra entre los carteles del narcotráfico
de Medellín y Cali; guerra del gobierno y el cartel de Medellín; incremento inusita-
do de la violencia urbana y juvenil; guerra con la Coordinadora Nacional Guerrille-
ra —CNG—; guerra de los paramilitares contra la UP y líderes obreros, maestros
y defensores de los derechos humanos. Además, en este período fueron asesinados
cuatro candidatos presidenciales, tres de la izquierda: Jaime Pardo Leal y Bernardo
Jaramillo de la UP, y Carlos Pizarro Leongómez del M-19; y un liberal, Luis Carlos
Galán, quien tenía la mayor opción para llegar a la presidencia de la República.

Tercer momento de la negociación del conflicto


Decretada la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente
Gaviria ofreció participación en ella a los grupos guerrilleros reinsertados o que
hubiesen iniciado negociaciones de paz con el gobierno y demostraran su buena
voluntad suspendiendo acciones militares y secuestros, lo que constituía una clara

231
invitación a las organizaciones armadas que continuaban en la guerra para que
participaran en el diseño del nuevo orden político. Las guerrillas que en ese mo-
mento continuaban alzadas en armas eran las Farc, el ELN y una pequeña disiden-
cia del EPL, nucleadas en torno a la CNG.
Las organizaciones guerrilleras que continuaban en la guerra manifestaron su
interés por hacer parte de la Asamblea Nacional Constituyente —la más plural,
diversa y representativa que ha tenido el país en toda su historia—. Iniciaron acer-
camientos con el gobierno y con las comisiones de paz, pero al mismo tiempo
desataron una gran ofensiva para mostrar su capacidad militar y sentarse a nego-
ciar desde una posición de fuerza. A su vez, el gobierno actuó con el mismo cri-
terio y guiado por el principio según el cual el éxito de las negociaciones dependía
de la debilidad del adversario.
El mismo día en que los colombianos iban a las urnas para elegir a sus repre-
sentantes en la Asamblea Nacional Constituyente, las fuerzas militares respondie-
ron a los ataques de los alzados en armas con un gran operativo para borrar del mapa
a Casa Verde, sede del secretariado de las Farc. Como si fuese necesario expresar
simbólicamente el carácter dual de la vida política colombiana, la Constituyente
tuvo un doble nacimiento: en las urnas y en las batallas.
Otra vez la guerra y la política, imbricadas en un mismo movimiento, presi-
dían el alumbramiento del nuevo país.
La respuesta a la toma de Casa Verde fue una contraofensiva de la CNG que
se prolongó durante el primer semestre de 1991, cuyo significado, según sus de-
claraciones, era
Dar respuesta simbólica a la toma de Casa Verde y para significar, además, que
la suya era una presencia sin la cual la constituyente no sería representativa de las
fuerzas que determinan el sentido de la vida política nacional8 .

Si la Asamblea Nacional Constituyente fue, ante todo, una estrategia de gober-


nabilidad del régimen político —de donde éste sale modernizado y con las más
amplias perspectivas de democratización política—, al mismo tiempo desató otro
ciclo de dinámicas bélicas, de acciones y reacciones en torno a la guerra por el orden,
por la ley, por la Constitución del nuevo país. Se hace la guerra pero no se renuncia
a la paz y los adversarios se enfrentan no con el ánimo de que alguno de los dos
quede definitivamente derrotado sino para buscar mejores condiciones de negocia-
ción, es decir, para mantener, reproduciéndolas, las condiciones de la diplomacia
infinita y armada entre contradictores que buscan la paz pero por medio de la guerra.

8. OROZCO Abad, Iván. Después de Casa Verde lo más fácil sería negociar, pero ¿se quiere? Cien
Días Nº 13. Vol. 4. Cinep. Bogotá, enero-marzo de 1991.

232
Cuarto momento de la negociación del conflicto
El ambiente optimista que dejaron en los colombianos las nuevas institucio-
nes consagradas en la Carta de 1991 y algunas actas de presión de las organizacio-
nes armadas, condujeron de nuevo a los adversarios a la mesa de negociaciones en
junio de 1992. A estos diálogos asistió la CNG en su conjunto —incluido el ELN
que siempre había manifestado una posición adversa a los diálogos de paz— y por
parte del gobierno los consejeros de paz y una pléyade, bastante conspicua, de la
alta dirigencia Gavirista, muy avezada en los manejos tecnocráticos de la admi-
nistración pública pero poco conocedora de las realidades regionales y locales, de
las guerras endémicas de este país.
Las conversaciones tuvieron lugar fuera de Colombia, en Caracas primero y
Tlaxcala después, mostrando desde el principio graves ambigüedades y dificulta-
des. Los negociadores ocuparon el tiempo de reunión en asuntos estrictamente
procedimentales: los puntos que debía contener la agenda de negociaciones, el orden
en que deberían ser tratados los temas y la forma como entendía cada uno el cese
de hostilidades. Entre tanto, en Colombia se desataba una cadena de acciones
guerrilleras y contrarrespuestas militares que cada vez dejaban sin piso las propues-
tas de los que estaban sentados a la mesa del diálogo. Este, finalmente, terminó
por languidecer y desaparecer silenciosamente sin llegar a ningún acuerdo ni con-
venir fecha para un nuevo encuentro.
Fracasada esta cuarta ronda de negociaciones, el gobierno del presidente Gavi-
ria declaró “la guerra integral”, preparándose para lo que podría ser la batalla final
de una guerra irregular que duraba más de treinta años. Se crearon brigadas mó-
viles para perseguir a los efectivos guerrilleros, se invirtió una buena proporción
del presupuesto nacional en equipo militar adecuado para este tipo de guerra irre-
gular, se mejoró la inteligencia militar y se tomaron algunas medidas judiciales para
agilizar las capturas y el juzgamiento de los detenidos. Sintomáticamente, se vol-
vió a un lenguaje estigmatizador y descalificante para designar a los alzados en
armas, lenguaje que no se utilizaba desde las épocas del Estatuto de Seguridad del
presidente Turbay Ayala.
Entrábamos de nuevo en un ciclo de guerra, pero lo sorprendente es que, al
mismo tiempo, se creaban o se fortalecían una serie de consejerías presidenciales
destinadas a restablecer relaciones políticas con la sociedad civil, a defender los
derechos humanos, a hacer pedagogía participativa y ciudadana, a buscar la paz,
la convivencia y la tolerancia. Y si bien se ha venido difundiendo un nuevo ima-
ginario sobre la política, no ha tenido efectos visibles sobre la disminución de la
violencia o de las guerras.
La ambivalencia del gobierno del presidente Gaviria, que combinó guerra
integral con estrategias políticas de democratización del régimen, tuvo su correla-
to en una CNG ambigua, difusa, sin determinación y, al parecer, escindida entre

233
quienes querían regresar a la mesa de negociación y los que se mantenían en la
propuesta armada.
El nuevo perfil que presentan los actuales estados de guerra refleja una dimen-
sión cada vez más territorializada y regional, por tanto, más diversa y plural, pues
las alianzas y confrontaciones entre grupos distintos parecen no seguir un patrón
nacional; se diversifican regionalmente de acuerdo con las dinámicas locales o
territoriales y quienes son eventuales aliados en un lugar, pueden ser enemigos
mortales en otro. La violencia, a pesar de las turbulencias sociales y las increíbles
tasas de asesinatos y masacres, continúa siendo la solución para lograr equilibrios
precarios y definir temporalmente la soberanía territorial.
El gobierno de Ernesto Samper, instalado en agosto de 1994, retoma la inicia-
tiva de paz negociada y para tal fin nombra un alto comisionado con la autonomía
y el apoyo necesarios para continuar los ejercicios diplomáticos en este campo. Al
mismo tiempo, desde el Ministerio de Defensa se pone a funcionar una estrategia
de guerra, autorizando la creación de grupos de autodefensa privada para colabo-
rar con la inteligencia militar y apoyar a la población que es afectada por las or-
ganizaciones guerrilleras.
El gobierno de Samper, deslegitimado y débil desde sus inicios por las reite-
radas denuncias sobre la presencia de dineros del cartel de Cali en su campaña
electoral, agota rápidamente su estrategia de paz y empieza a mostrar claros indi-
cios de un giro a la derecha para ganarse el apoyo de los militares y de algunos
sectores empresariales que siempre se han opuesto a salidas negociadas y que ven
con mucho entusiasmo las cooperativas de vigilancia privada.
Así, la combinación de la guerra y la paz deja de ser alternativa, sustitutiva,
una seguida de la otra, para ser paralela, simultánea y bifronte, lo que genera un
discurso estatal escindido que sólo contribuye a incrementar las turbulencias so-
ciales y a multiplicar la violencia y la impunidad.

Una pequeña coda para concluir


La diplomacia infinita y armada que viene desarrollándose en Colombia des-
de hace muchos años no ha logrado ninguno de sus propósitos explícitos pero sí
el de mantener, reproduciéndolos, los estados de guerra permanentes y la violen-
cia como forma de encontrar algún equilibrio de poderes en una sociedad marca-
damente turbulenta.
Los estados de guerra permanentes y sus dinámicas bélicas más que desesta-
bilizar el régimen político han contribuido a sostenerlo, a aumentar el espacio de
maniobra de las últimas administraciones, a modernizar y democratizar las insti-
tuciones políticas y a gobernar una sociedad turbulenta manteniendo las relacio-
nes políticas en el marco de la fuerza y la violencia.

234
La violencia y los estados de guerra permanentes le han otorgado gobernabi-
lidad al régimen y han cumplido la función de poner en relación al Estado y la
sociedad civil, de abrir canales y flujos entre ambas entidades. Pese a todo, para
muchos estamentos y grupos sociales la violencia sigue siendo una solución antes
que un problema.
Decir que el régimen político colombiano es gobernable no significa que la
sociedad lo sea, tampoco que sea democrática o que los gobiernos tengan repre-
sentatividad y mucho menos legitimidad, o que sean particularmente eficientes o
eficaces. En el caso colombiano, la gobernabilidad no está asociada con menos
democracia, no tiene que ver con el ajuste de la maquinaria del Estado, bastante
modernizada por lo demás, o con la creación de instituciones de participación
ciudadana o espacios constitucionales para el desarrollo de la política; tampoco con
el tamaño del Estado ni con la ausencia de programas sociales.
No parece suficiente decir que la gobernabilidad depende de la apertura de
canales y flujos de doble vía entre sociedad civil y Estado, pues en Colombia esas
relaciones, canales y flujos están inscritos en las tramas de la violencia, se agen-
cian a través de la fuerza y se sustentan en las dinámicas bélicas y en la puesta en
escena de éstas como garantía de la gobernabilidad del régimen, de alguna parti-
cipación social y de la atención a las demandas de las masas.
La garantía de la gobernabilidad en Colombia se sale de la alternativa de más
o menos democracia y está determinada, en primer lugar, por la posibilidad de
desactivación de las dinámicas bélicas de larga duración y continuidad; en segun-
do lugar, por la posibilidad de disminuir las turbulencias sociales, acordando un
orden mínimo que le otorgue algún sentido común y colectivo a las fuerzas y actores
sociales que chocan y se entrecruzan y, en tercer lugar, por la posibilidad de gene-
rar una esfera o espacio de lo público, autónomo, desprivatizado e incluyente donde
los múltiples fragmentos sociales logren alguna forma de integración ciudadana.
En Colombia la gobernabilidad está referida a transformar el carácter de las
relaciones políticas, a desteologizarlas y desacralizarlas; pero también a repoliti-
zar la sociedad, generando nuevos imaginarios políticos donde la violencia más
que una solución sea percibida como problema. La gobernabilidad en Colombia
es un asunto de cultura política, de referentes colectivos de identidad, de recons-
trucción de lo público y de la república, de claridad y transparencia en el manejo
del Estado y de integración ciudadana en los marcos de la ley colectivamente asu-
mida.

235
La negociación de los conflictos en el ámbito
de viejas y nuevas sociabilidades*

Cuando de negociación de conflictos se habla, por lo menos en Colombia, se


aceptan de entrada algunos implícitos que tomados acríticamente oscurecen y difi-
cultan los análisis y las propuestas en torno a estos temas; en primera instancia, trataré
de poner en cuestión algunos de esos implícitos y desde allí plantear nuevas mi-
radas sobre los conflictos y las negociaciones; miradas y preguntas que no preten-
den ser sustitutivas sino más bien complementarias de otras interpretaciones.
Los implícitos mencionados se pueden sintetizar en tres grandes puntos:
– La violencia sería en parte el resultado de una incapacidad profunda de los
actores sociales comprometidos en situaciones de tensión y conflicto para ne-
gociar, para entrar en tratos, para tramitar sus diferencias y establecer míni-
mos mecanismos de acuerdo entre ellos.
– El segundo implícito, devenido del primero, tiene que ver con la precariedad
del orden institucional y legal para servir de canal y de referente en el tránsito
de las demandas sociales, lo que dejaría por fuera y a la deriva el mundo de lo
social privado, haciendo ineficaces tanto la ley como el orden del Estado.
– En tercer lugar, se enfatiza en la profunda escisión, casi abismo, entre el Es-
tado, el régimen y la sociedad política de un lado, y la sociedad civil y las or-
ganizaciones comunitarias de otro; planteando de esta manera, una situación

* Publicado en: Conflicto y contexto. Tercer Mundo Editores, Instituto SER de Investigaciones,
Colciencias, Programa de Reinserción. Bogotá, enero de 1997.

237
de polarización tan extrema que de hecho llevaría a pensar en la existencia de
dos órdenes cuasiautónomos paralelos, cuyos vínculos y contactos serían es-
casos, precarios y de alta conflictividad. El orden estatal público y el orden
societal privado.
Estas tesis, convertidas en discurso común, tienen un cierto valor analítico y
en buena parte revelan facetas innegables de nuestra confusa realidad; sin embar-
go, con el ánimo de polemizar y tomando en consideración algunas experiencias
puntuales de la historia reciente de la ciudad de Medellín y de algunas regiones de
alta conflictividad del departamento de Antioquia, pudiera argumentar que tan larga
y ancha como las experiencias de violencia es la tradición de negociación, de tran-
sacciones, de alianzas aleatorias y transitorias entre enemigos declarados: de acuer-
dos semipúblicos entre diferentes segmentos, redes, asociaciones, instituciones
públicas y privadas de que está hecha la nación colombiana.
A su vez habría que admitir también que entre el mundo de lo estatal público
y lo social privado existen más vínculos, relaciones y formas de cooperación e
intermediación de los generalmente aceptados y que la real estrechez de los cana-
les formales entre ambas instancias ha dado pie para el seguimiento de muy com-
plejas tramas, circuitos, vericuetos y laberintos, que si bien no se enmarcan en el
sentido de la racionalidad formal han sido eficaces para garantizar —a su mane-
ra— la estabilidad del régimen político y del aparato legal en Colombia.
Como alternativa para discutir los asuntos referidos a la negociación de con-
flictos, propondría otras maneras de mirar y otras preguntas a formular, es decir,
en lugar de mirar desde el orden de lo estatal público, o desde el orden de lo social
privado para constatar el desorden generalizado, el caos creciente o los faltantes,
creencias o falencias, la idea sería situar la mirada en esa zona gris y opaca donde
ambos órdenes hipotéticos se entrecruzan y preguntarse por el sentido que instru-
yen las tramas, circuitos o redes de relaciones entre ambas instancias; por el ca-
rácter de los vínculos, las representaciones e intermediaciones; por el significado
de acuerdos contingentes y no explícitos que insinúan, aunque de manera difusa,
la existencia de otros órdenes para nada arbitrarios o aislados o separados entre sí
sino articulados de diversa manera y produciéndose modificaciones recíprocas.
Esta perspectiva: cambio de mirada y de preguntas, se enmarca en las tesis de
Guillermo O’Donell, según las cuales los estados y sus sistemas legales y norma-
tivos se entrelazan de manera diferente con sus sociedades respectivas, y ese en-
trelazamiento tendría un enorme influjo no sólo en el tipo de democracia que se
pueda construir —si es que se construye— sino también en la eficacia y el real fun-
cionamiento de los sistemas legales. O sea que para O’Donell la clave interpreta-
tiva no estaría en los sistemas sino en los entrecruzamientos.
Esta perspectiva reconoce también su deuda metodológica con los aportes

238
analíticos de teóricos como Todorov —Las morales de la historia— y Fernando
Escalante Gonzalbo —Los ciudadanos imaginarios—, para quienes el dato origi-
nario no son los individuos libres autónomos y autosuficientes, en los que se fun-
da el modelo democrático de la ciudadanía, sino la vida social organizada en pau-
tas, en creencias de identidades, en jerarquías y sentidos que mantiene cierta regu-
laridad y permanencia, y que producen verdaderos órdenes de hecho e informales
en tanto que son vividos y reproducidos como tales.
Estos órdenes de hecho —factuales— serían entendidos como conjuntos de
regularidades, de normas, de saberes de procedimientos y de usos, dotados de
sentidos que definen qué hacer, cómo hacerlo y cómo comportarse: especies de
respuestas colectivas e históricas a necesidades sociales de muy diverso carácter.
No se trataría de órdenes completos, homogéneos y coherentes, además no
serían en sí mismos buenos o justos pues no se sustentan en discursos filosóficos
o éticos y se mantienen con cierta independencia de las instituciones formales. Se
trata más bien, como dice Fernando Escalante, de esa sabiduría casi inasible de saber
cómo hacer las cosas, cómo comportarse, especialmente en situaciones nuevas,
riesgosas y azarosas.
Se trataría de construcciones colectivas cuya consistencia se haría evidente sólo
en el largo plazo, en la larga duración.

La imposición de un orden o la negociación del desorden


Buena parte de las endémicas crisis políticas colombianas pueden explicarse
por la tensión existente entre las demandas de la intelectualidad política por ins-
taurar un orden republicano, democrático y ciudadano y los requerimientos para
gobernar y ejercer el poder político y el control territorial a sociabilidades segmen-
tadas, fracturadas, dispersas, y sin elementos modernos de cohesión, es decir, sin
sentido de lo público que otorgue a los sujetos —individual o colectivamente—
algún grado de integración en torno al orden estatal y a la vigencia de la ley.
Esta tensión entre el modelo republicano y ciudadano y las exigencias de poder,
dominio, obediencia y control territorial y social, podría denominarse como la lucha
por el orden fáctico, de hecho, a través de la negociación del desorden.
Lo que se advierte al estudiar la historia política del siglo XIX es precisamen-
te esa búsqueda incansable del orden republicano y las guerras por la representa-
ción de lo público, concebido como ciudadano por los liberales o como comuni-
dad cristiana por los conservadores. Ambas colectividades estuvieron interesadas
en la consolidación de una esfera pública sólida, capaz de instaurar, hacer recono-
cer y obedecer el orden jurídico político, donde el Estado fuese el centro y el vértice
organizador de la vida social.

239
En otras palabras, se buscaba afanosamente instaurar la centralidad del Esta-
do de derecho, la vigencia de la ley y la capacidad de acción política para garan-
tizar el funcionamiento de la sociedad como conjunto.
El siglo XX no mostró mayores logros en este campo; por el contrario, la
situación se tornó más confusa a partir de los años treinta con la entrada de las masas
en la política, demandando reconocimiento y participación, lo que puso en jaque
las viejas sociabilidades tradicionales en las que se arraigaban los partidos y se
legitimaba el Estado: situación que han venido acelerando, a partir de los años
ochenta, las nuevas tendencias que se advierten en el mundo occidental y en Amé-
rica Latina, referidas a la pérdida de centralidad del Estado y a un cierto despla-
zamiento de la política hacia la sociedad civil, que ha sido analizado por N. Luhman,
Agnes Heller y J. Habermas para el continente europeo, y por Marcelo Cavarozzi
y Norbert Lechner para Latinoamérica.
Además de las constataciones teóricas, lo que se advierte empíricamente en
la Colombia de los años noventa del siglo XX, es la pluralidad de colectividades
o sociabilidades fragmentadas, con fuertes identidades en su interior, surgidas de
lo vivido en común y regidas por lógicas y sentidos particulares que no se enmar-
carían en el modelo republicano ciudadano que simula un solo centro de poder,
dirección y control, y un espacio público homogéneo y sin fisuras. En contraste,
el mundo de lo social privado está hecho de sociabilidades muy abigarradas y
complejas, algunas de origen premoderno, étnicas, religiosas, campesinas, pueble-
rinas, vecinales; otras devenidas del desarrollo industrial, de la urbanización, el
mercado, la burocracia. Identidades postradicionales las llama Hosbawm: que
coexisten, conflictivamente, sin que logren ser razonablemente acotadas por el
Estado o conducidas por la política.
Esta pluralidad de órdenes, incluido el republicano-ciudano, con sus respec-
tivos discursos, justificaciones, símbolos y representaciones colectivas, darían una
imagen descomunal de desorden y de caos; sin embargo, no sólo es posible iden-
tificar órdenes complejos en estas diversas sociabilidades sino también pautas más
o menos regulares de relación entre ellas y de ellas por separado o por grupos con
lo estatal público, al menos con instituciones, organismos, instancias, parcelas,
sectores del poder público en algunas de sus ramas o en la administración territo-
rial o local. Relaciones y vínculos entre instituciones públicas y privadas, cuyas
acciones y reacciones estarían produciendo múltiples modificaciones recíprocas.
A la imagen hipotética de un universo institucional jurídico que girara en torno
a un solo centro donde se toman las decisiones que retornan a la sociedad en for-
ma de políticas, programas o acciones vinculantes, se opone —desde lo social pri-
vado— la imagen de un universo descentrado o multicéntrico, donde muchas ins-
tancias, estamentos, grupos, organizaciones armadas o desarmadas, legales o cri-

240
minales, ejercen poder, imponen obediencia, concitan consensos o rechazos; y las
decisiones, más que de una cúspide central de gobierno o de cúpulas de organiza-
ciones sociales, más o menos legales, serían el resultado de múltiples y pequeñas
decisiones, de muy complejas transacciones e intermediaciones, de acciones y
reacciones colectivas que se producen simultáneamente en muy diversos puntos
de la trama social y de la geografía colombiana.
Relaciones y modificaciones recíprocas, descentradas o multicéntricas, don-
de el Estado —o lo que se toma por tal— no está ausente, pero su presencia es
diferencial y desagregada, de manera que algunos de sus institutos descentraliza-
dos, instancias de administración local, regional o nacional, u organismos de se-
guridad o de justicia, establecen relaciones de cooperación y de complementarie-
dad con algunas sociabilidades, incluso armadas o criminales, mientras otras par-
tes del mismo Estado confrontan abiertamente con ellas: alianzas, cooperaciones
y guerras inestables que con frecuencia cambian y se transforman en el tiempo y
en el territorio pero con una particularidad, siempre se revisten simultáneamente
de legalidad y violencia.
De esta manera, la tensión implícita entre la voluntad por imponer un orden
republicano y democrático y los requerimientos de control político y de gobierno,
en sociedades tan desiguales y fragmentadas, fueron consolidando a lo largo de la
historia colombiana adecuaciones y transacciones del modelo republicano ciuda-
dano; a su vez, las viejas y nuevas sociabilidades se apropiaron del modelo y le
dieron nuevo significado para producir hibridaciones y enraizamientos que han ido
perfilando un cierto orden de hecho.
Es decir, ante la dificultad real por imponer, hacer reconocer y acatar el orden
republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos preca-
rios, termina por negociarse el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regu-
laridades más o menos explícitas, que sólo existen como tales en esa zona difusa,
semipública —semiprivada— donde los órdenes político institucionales y los ór-
denes societales se entrecruzan, es decir, en los entrelazamientos, como diría Gui-
llermo O’Donell.
Piénsese por ejemplo en lo que ha sido la historia reciente de los movimientos
cívicos y las marchas campesinas: la trama múltiple de micronegociaciones que
cada una de ellas implica, la adopción de formas no convencionales y perturbado-
ras del orden en movilizaciones como el paro, la marcha, la ocupación de oficinas;
los compromisos poco ortodoxos y transaccionales que adquieren los funcionarios
públicos y demás negociadores de estos eventos, aun en contra de la ley o de la
definición de políticas públicas; el uso discrecional y selectivo de los instrumen-
tos legales pero también de las medidas de fuerza de las autoridades civiles, mi-
litares y judiciales que tendrían que controlar por vía coactiva ese desorden públi-

241
co; la acción ambivalente, a veces como autoridades, a veces como pobladores que
asumen esas coyunturas, alcaldes, concejales, policías, curas, párrocos, jueces y
representantes del gobierno, pero también guerrilleros, paramilitares y narcotrafi-
cantes.
A su vez, las sociabilidades y grupos movilizados, además de la fuerza, hacen
también uso de la norma, de la ley, de la juridicidad, se revisten con lo legal, así
sólo se trate de acciones no convencionales y perturbadoras del orden; acciones y
reacciones que modifican las reglas de juego de unos y otros para producir otras
reglas, otras pautas implícitas que van definiendo maneras de hacer, de compor-
tarse, de relacionarse, de lograr objetivos de beneficio común; en suma, órdenes
de hecho, no convencionales, cruzados por transacciones y negociaciones muy
complejas y dominadas por la discrecionalidad y lo selectivo pero en ningún caso
caóticas o anárquicas sino regidas por reglas que se expresan en el saber hacer; en
este caso las más obvias: por parte de los pobladores, hacer marchas y paros como
la manera más eficiente para lograr atención del Estado, y por parte de los actores
gubernamentales y los negociadores, establecer acuerdos y transacciones para acotar
el desorden, hacerlo manejable y tolerable; pero en esos eventos todos los actores
involucrados utilizan de manera instrumental e indiscriminada la violencia, la fuerza
o la ley.
Piénsese también en los acuerdos semipúblicos semiprivados de las autorida-
des locales y regionales con grupos de diferente corte al margen de la ley: guerri-
lleros, paramilitares y narcotraficantes; la guerrilla y los paramilitares negocian,
cada uno por su lado, con finqueros y comerciantes, cuotas de guerra que implican
protección y seguridad; negocian con los alcaldes y concejales participación en el
reparto del presupuesto para favorecer a sus poblaciones de apoyo en el diseño de
planes de desarrollo y en los proyectos de inversión y programas sociales; acuer-
dos y transacciones de las cuales también hacen parte entidades nacionales y las
empresas extranjeras que tienen asiento en las localidades.
Los narcotraficantes, a su vez, negocian con todos por diversos caminos: con
la guerrilla, pago de gramaje y protección de laboratorios; con los paramilitares,
apoyo logístico, dinero, armas y vehículos para su guerra contra el comunismo;
con alcaldes, concejales y jefes políticos las colaboraciones e intermediaciones son
de más amplio espectro pues van desde inversiones sociales en los municipios para
apoyar la gestión de un alcalde popular hasta la financiación de campañas electo-
rales y la participación en el diseño de leyes y códigos que los favorezcan.
Todos estos grupos al margen de la ley, juntos o por separado, negocian y
transan con los organismos de seguridad del Estado. No es extraño observar alian-
zas entre los paramilitares y militares contra la guerrilla o contra los miembros del
poder judicial, o de estos últimos y los militares contra los simpatizantes de par-

242
tidos alternativos o grupos de izquierda, y negociaciones entre paramilitares y re-
insertados en contra de las guerrillas activas.
En este contexto de múltiples negociaciones y transacciones también es fre-
cuente observar especies de pactos de caballeros entre ejército y guerrillas para
reconocer territorios propios y no interferirse o entre organizaciones guerrilleras
de diferente nombre e incluso entre paramilitares y guerrilleros.
Se trata, en fin, de lograr algún mecanismo de seguridad y protección, bien
para neutralizar una acción punitiva y represiva o bien para reorientar esa acción
contra un enemigo común o para establecer alianzas en contra de un tercero que
pasa a ser percibido como amenaza del orden precario; negociaciones y transac-
ciones de las cuales no están ausentes las entidades públicas y los organismos de
seguridad del Estado.
Los ejemplos que se traen a cuento en este artículo se refieren más a las zonas
rurales y las regiones apartadas de la sede del gobierno central, pero situaciones
similares se viven en los barrios de las grandes ciudades o en sus zonas comercia-
les e industriales, donde es posible establecer las más conspicuas alianzas y nego-
ciaciones: entre milicias y bandas contra la policía; entre la policía y las bandas
contra las milicias de perfil izquierdista; entre ejército y milicias contra policía
corrupta así como la participación de todas estas agrupaciones en programas cívi-
cos y ciudadanos de las alcaldías y las consejerías presidenciales, lo que no es óbice
para que los ciudadanos de bien, y a veces funcionarios públicos, demanden pro-
tección y seguridad a milicias o delincuentes organizados.
Las confrontaciones múltiples que se viven en el territorio nacional, no sólo
ahora sino de tiempo atrás están poniendo de presente que el Estado, el gobierno,
la administración y la política, no tienen títulos ni fuerza suficiente para exigir
obediencia, hacer cumplir sus mandatos, respetar sus prohibiciones y lograr el
acatamiento del orden institucional sin condiciones, lo que no quiere decir que éste
no exista o que sea formal o decorativo. El orden institucional existe y funciona,
pero mediante la negociación y la transacción de sus mandatos no logra imponer
el orden y someter los desórdenes; por tanto la estrategia es negociar el desorden,
la desobediencia, logrando de esta manera acotarlo, controlarlo, para preservar la
continuidad del régimen y la estabilidad del sistema en conjunto.

La intermediación política y la gestión del desorden


Negociar el desorden y la desobediencia es también gestionar, esta gestión del
desorden marca definitivamente su impronta en la estructura estatal y en el senti-
do de la acción política.
Ante la dificultad de instaurar un modelo republicano y democrático, y su

243
correlato —la representación política de grupos e intereses que se dirimen de manera
transparente y discursiva en el ámbito de lo público—, en Colombia se ha venido
configurando, a lo largo de la historia, un sustituto muy eficiente de la represen-
tación: el modelo de la intermediación, mediante el cual se realiza la gestión del
desorden, gestión que se sitúa en esa zona gris y difusa de los entrecruzamientos
societales y estatales, esfera semipública semiprivada donde se perfila el llamado
orden fáctico.
Este orden fáctico de la intermediación tiene semejanzas muy notables con el
tipo de dominación patrimonial que describió Max Weber, y quizá por eso Gui-
llermo O’Donell al referirse a las democracias latinoamericanas, habla de estados
patrimoniales, democracias delegativas y ciudadanías de baja intensidad.
El gobierno central y las administraciones regionales se encuentran impedi-
das para negociar su gestión con grupos y sociabilidades muy diversas: con nota-
bles locales, con jefes departamentales, con funcionarios cuasiautónomos que
defienden sus competencias como si fuesen privilegios personales, con militares,
jerarcas de la iglesia, curas párrocos; con sindicatos, asociaciones civiles, grupos
comunitarios. Esto no constituye, como podría pensarse, rasgos premodernos, sino
un modelo eficiente de mediación ante la dificultad de instaurar el orden cívico y
republicano.
Este sistema desregulado de intermediaciones incide de manera drástica en la
estructura institucional del Estado y el gobierno, los cuales pasan a organizarse y
a funcionar como una extensión del poder doméstico, con fuertes rasgos persona-
listas y faccionalistas ampliamente establecidos por la literatura politológica co-
lombiana, en los cuales no vale la pena seguir insistiendo.
Para el ciudadano, el sistema desregulado de intermediaciones le provee ac-
ceso formal a la participación electoral, a la formación de partidos, a la libre ex-
presión de sus opiniones y a reclamar del Estado y la ley protección, seguridad y
apoyo en sus demandas sociales; mas la realidad conocida por este ciudadano es
que su acceso a los bienes públicos sólo se logra mediante su inserción en las tra-
mas de intermediación, también llamadas clientela, en los circuitos semipúblicos
semiprivados que se extienden desde lo local y vecinal hasta las cúpulas del Esta-
do; o en su defecto, si le asiste el apoyo tácito o expreso de alguna organización
armada. Por ello, tanto desde la perspectiva del gobierno y de la administración,
como desde la esfera del ciudadano corriente, resultan imprescindibles las tramas
de los intermediarios políticos.
Estas tramas, donde se desarrolla la política real y sus intermediarios, no tie-
nen —como pudiera pensarse— un poder ilimitado u omnímodo; su situación está
marcada por la precariedad y depende de la eficiencia de su intermediación y de
su capacidad para mantener el desorden en umbrales manejables, pero también,

244
en el logro de objetivos, así sean parciales, para las sociedades con las que desa-
rrolla su gestión; para ello, tiene que negociar con unos y con otros. Su poder es
puesto a prueba permanentemente en cada conflicto, en cada crisis, y aumenta o
disminuye de acuerdo con la cantidad y la complejidad de sociabilidades que lo-
gre manejar o en las que consiga incidir.
La particularidad de este orden de hecho es que el Estado y su organización
jurídica no pueden ser —no son— mediadores institucionales ni ejes organizado-
res de la vida política, mas su autoridad y su ley están ahí, como un recurso polí-
tico, entre otros, de los cuales el intermediario puede hacer uso selectivo y discre-
cional. En los órdenes de hecho dominados por tramas de intermediación, la ley y
el derecho no son ejes del orden social sino, más bien, armas para usar contra los
enemigos.
En ausencia de una real mediación del Estado, los intermediarios políticos
cumplen con la función estabilizante de conectar e interrelacionar la sociedad con
el Estado; los entrelazamientos de que habla O’Donell ocurren a través de las tra-
mas de intermediación.
De esta manera, los intermediarios cumplen la función de comunicar y poner
en relación esferas distintas, separadas, regidas por distintas lógicas, sentidos y
códigos; ellos traducen e interpretan para sus públicos y sus tramas clientelares.
El sentido de la política pública y de la ley de Estado, acomodándola a los reque-
rimientos centrales de su permanencia como intermediarios y a la estabilidad del
sistema en conjunto, interpreta y traduce —para la administración central— las
diversas y complejas demandas societales, ajustándolas a la lógica de la interme-
diación que es la clave central del orden de facto.
Por eso, tanto las decisiones institucionales como las demandas y los reque-
rimientos de las sociabilidades terminan adaptadas, ajustadas, reinterpretadas y
traducidas a otro lenguaje, a otro sistema de comunicaciones, a otro código de orden.
Así, la intermediación se convierte en la pieza clave del orden político fáctico y la
política asume la forma de intermediación por su rápida gestión frente a la dili-
gencia de unos y la permisividad de otros.
Además de la función de comunicación entre esferas muy diferenciadas, este
orden fáctico descansa sobre la reciprocidad como forma elemental de acción
política y de gestión gubernamental. Es necesario argumentar, negociar, traducir
y convencer a unos y otros, pero también amenazar, presionar, ejercer violencia,
levantarse en armas y utilizar la fuerza. Todo hace parte del juego de las recipro-
cidades con reglas muy claras, al menos para los que están en él.
En este sistema de reciprocidades, la violencia y la ley se constituyen en re-
cursos susceptibles de ser usados cuando la dinámica de la negociación así lo in-
dique; en él no hay firmes compromisos ideológicos ni virtudes republicanas como

245
la ética o el compromiso moral con el Estado o el movimiento; hay transacciones,
intercambios, premios, castigos, sobornos y componendas con dosis distintas de
violencia y ley, según el caso.
Las sociabilidades plurales y diversas producen sus formas de poder y de orden
no estatales; el Estado impone su definición hipotética de orden político, y los
intermediarios, mediante un sistema de reciprocidades, gestionan la coherencia y
la estabilidad del conjunto.
Los partidos políticos, como es apenas lógico, coordinan tramas y redes de
clientelas y de intermediarios, pero no son los únicos; en los últimos años han venido
perdiendo la capacidad en la gestión del desorden y se han limitado sus capacida-
des reales de negociar la desobediencia social, es decir, ha entrado en crisis la trama
de intermediación partidista, lo que implicó la necesidad de ampliar la red hacia
sociabilidades no tradicionales, pero también hacia formas de intermediación ile-
gales y criminales.
Efectivamente, el modelo se amplió hacia líderes cívicos relativamente inde-
pendientes, movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y no gubernamen-
tales, que sí bien sólo marginalmente participan en elecciones y no tienen una
presencia significativa en la fronda burocrática, se convierten en piezas claves para
la gestión del desorden, allí donde los violentos nunca han logrado llegar o fueron
desbordados por las particularidades de las sociabilidades postradicionales o ar-
madas.
En períodos de relativa estabilidad política las tramas de intermediación son
más visibles, más reconciliables, y aunque el modelo de intermediación se susten-
ta sobre la negociación del orden estatal, es decir, sobre su corrupción, ésta es más
tolerada porque de alguna manera significa seguridad y protección para los suje-
tos sociales. Cuando entra en crisis una trama tradicional de intermediación, de
reciprocidades, debe ampliarse hacia grupos cada vez más complejos e ilegales con
lo cual la intermediación se hace más opaca, y al mismo tiempo más visible la
corrupción.
En períodos de crisis agudas y largas, como la que vive Colombia, ya no es
suficiente negociar con políticos reconocidos, con poderes locales, regionales,
gremiales, corporativos, vecinales o no gubernamentales, sino que el sistema de
reciprocidades debe ampliarse a grupos al margen de la ley, como guerrilleros más
o menos independientes, paramilitares, milicias, bandas armadas y narcotrafican-
tes, dado el giro que van tomando los desórdenes y las desobediencias sociales; de
esa manera, se mantiene una precaria estabilidad política a costa de la generaliza-
ción de la corrupción.
La tolerancia a la corrupción es el eje central del modelo de intermediación,
pues resulta indispensable para que los intermediarios manejen a discreción los

246
cargos públicos claves, los recursos y fondos del Estado, y tengan un margen de
maniobra fuera de la ley para negociar favores o intercambios, o para neutralizar
enemigos; es decir, la corrupción mantiene el orden y la estabilidad del régimen,
pero antes que un sentido privado o particular la corrupción tiene un claro propó-
sito político, la salvaguarda del régimen como conjunto.
Cuando un sistema de intermediaciones entra en decadencia, cuando es inca-
paz por múltiples razones puntuales de gestionar el desorden, de acotar los con-
flictos y de reducir la complejidad social, su incapacidad se hace más evidente y
más escandalosos los tratos, las intermediaciones y las negociaciones. Los inter-
mediarios resultan ser no sólo corruptos y proclives al crimen sino también inúti-
les, y en ese contexto emerge una demanda ciudadana cada vez más acuciante por
legalidad, por la vigencia del orden de Estado.
Esto explica por qué las crisis más profundas y desestabilizantes, en Colom-
bia, no se producen necesariamente en los períodos más agudos de violencia. Esta,
hace parte del modelo de reciprocidades. Dichas crisis se producen cuando falla,
en las cúpulas del poder público, el sistema de reciprocidades, o cuando se expre-
san intolerancias con la corrupción, pues, en el orden fáctico al que se viene alu-
diendo, la intransigencia y las rigideces son todo menos una virtud, y la gestión
eficaz de los intereses de una trama de intermediarios no depende de la vigencia
de la ley ni de su aplicación correcta, sino del acomodo de ésta y, ante todo, de la
prudencia, el silencio y la confianza en todos los puntos de la trama de intermedia-
ciones; sí éstas fallan, hace crisis todo el modelo y, por ende, el régimen que se
sustenta en él.
La intermediación, con sus mecanismos de traducción y ajustes, con su siste-
ma de reciprocidades, tratos y contratos, con sus lealtades acotadas, con sus ex-
presiones de criminalidad y corrupción, constituye para el ciudadano corriente la
nueva imagen de la política; de allí su rechazo a entrar en esos tratos, de participar
o ser representado; un imaginario bastante degradado, pero con su propia lógica,
su sentido, su razón y, lo más importante, con su orden propio.
En resumen, el propósito era poner bajo una luz distinta el aparente caos y el
desorden de la sociedad colombiana, situando la mirada en otro lugar, en esa es-
fera semipública semiprivada donde se realiza la acción política y se verifican los
entrecruzamientos entre el hipotético orden del Estado y el de la sociedad para ir
descubriendo un posible orden de hecho que surge de la negociación del desorden
cuando el Estado no es capaz de imponer el suyo.

247
Las soberanías en disputa:
¿Conflicto de identidades o de derechos?*

En Colombia, la violencia es una experiencia fundadora de la que todo parece


derivar...
Daniel Pécaut

Las múltiples y complejas relaciones entre guerra y Nación han sido temas
centrales de reflexión tanto para la historia como para la filosofía y la ciencia
política. Existen algunos acuerdos más o menos explícitos entre los estudiosos que
se ocupan de esta relación en torno a la importancia de la guerra, tanto en el sur-
gimiento de los Estados modernos y democráticos como en la unificación y cohe-
sión de las nacionalidades que le sirven de soporte a los entes estatales.
Desde Thomas Hobbes hasta Carl Schmitt; desde Norbert Elias hasta Charles
Tilly; desde Michel Foucault hasta Nicos Poulantzas1 , las guerras por la Nación
han sido pensadas como fundadoras de orden y derecho. Así mismo, el Estado
soberano que de allí resulta, ha sido visto como el recurso por excelencia para

* Publicado en Estudios Políticos Nº 15. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.


Medellín, julio-diciembre de 1999.
1. HOBBES, Thomas. Leviatán. Segunda edición. Madrid, 1980. SCHMITT, Carl. El Leviatán. En:
La doctrina de Thomas Hobbes. Amalgama Arte Editorial. México, 1997. TILLY, Charles. Las
revoluciones europeas 1492-1992. Crítica. Barcelona, 1995. ELIAS, Norbert. El proceso de la
civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica.
México, 1989. FOUCAULT, Michel. Genealogía del racismo. Editorial Piqueta. Madrid, 1990.

249
despojar a la sociedad nacional de la hostilidad y la conflictividad que la acompa-
ñan, para controlar las violencias recíprocas entre los sujetos sociales, monopoli-
zar las armas y los recursos bélicos, asegurar la integridad de los sujetos en sus
vidas y en sus bienes y conjurar el miedo, la incertidumbre y la inseguridad que
produce el saberse igual a los otros y, por lo tanto, vulnerable ante sus agresiones
y ataques2 .
De esta manera, la guerra produce orden político y está presente en el acto
fundador del Estado nacional; y éste, una vez institucionalizado por la vía del
consenso y fijado en formas jurídico-constitucionales, tendría, como propósito
central, mantener ese orden y evitar la violencia, la hostilidad y las agresiones entre
los diversos actores de la Nación. La guerra, por su parte, quedaría circunscrita a
las fronteras del Estado y quizá, también, a los bordes del ámbito político cultural,
integrado en torno a la identidad dominante pero siempre en condición de limina-
lidad y externalidad.
Sin embargo, los polemólogos, sobre todo aquellos que siguen la estela de
Hobbes, van más allá3 . Para éstos, la guerra no desaparece de las Naciones-Esta-
do, simplemente se ritualiza, se domestica, se convierte en monopolio del Estado
pues detrás del contrato social, en el fondo del orden institucional moderno y por
encima de la ley palpita la guerra y amenaza con su retorno para instalar de nuevo
la anarquía, el miedo y la barbarie en los contextos sociales nacionales.
Si esto es así, no sería nada nuevo afirmar que en Colombia la guerra y la
violencia han sido ejes estructurantes y vertebradores del Estado nacional o de lo
que tenemos por tal, y nada se agregaría a lo ya dicho por los clásicos desde hace
casi cuatrocientos años o a la interpretación sobre nuestras violencias endémicas
y nuestras guerras interminables.
A pesar de ello, me propongo, de manera sintética y quizá también esquemá-
tica, explorar la compleja y no siempre bien comprendida relación entre guerra y
Nación; esto, a partir de tres puntos expuestos en el horizonte analítico de la polemo-
logía y en el sentido del epígrafe que acompaña este texto.
El primer punto intenta descifrar de qué manera el conflicto armado, visto en
la larga duración y como eje de pervivencia histórica, ha permitido la conforma-
ción no de uno sino de varios órdenes políticos alternativos con pretensiones so-
beranas; de qué manera ha contribuido a generar formas embrionarias de repre-
sentación de intereses colectivos y le ha disputado el control político al aparato
público.

2. Esta tesis corresponde a Thomas Hobbes. Op. cit.


3. Para Carl Schmitt, “El Estado es solamente una guerra civil continuadamente impedida por una
gran potencia”. SCHMITT, Carl. Op. cit.

250
En el segundo punto se pretende mostrar de qué manera los diversos órdenes,
el legal y los alternativos, que proyectan una imagen de espejo trizado, de frag-
mentación y amplia diferenciación territorial, están vertebrados en torno a un eje
central: el de la guerra. Este eje es el que le da sentido de permanencia y continui-
dad al conjunto histórico que llamamos Colombia, en tanto que define e integra
territorios y regiones; en tanto es el patrón que guía poblamientos, procesos de
urbanización y de movilidad social; en tanto contribuye a proveer identidades y
diferencias, modos de acción y de comportamiento sociales e individuales y ha
dejado sus huellas y sus marcas tanto en las memorias y los imaginarios colecti-
vos como en las instituciones jurídicas y constitucionales que nos rigen4 .
En el tercer punto se pretende discutir si esta pluralidad de órdenes en disputa
representa proyectos políticos o sociales excluyentes; si son portadores de identi-
dades sustantivas e inmodificables o de éticas y valores irreconciliables, o si, por
el contrario, existe una urdimbre común a todos estos órdenes, generada en parte
por las dinámicas y las gramáticas bélicas que terminan por darle sentido a lo que
tenemos por Nación.

Los estados de guerra y la soberanía en vilo


El conflicto armado es un eje de larga duración que atraviesa la historia de la
Nación colombiana. Sin embargo, esto no significa, necesariamente, una confron-
tación continua, permanente y generalizada; una guerra abierta y sin pausa entre
hostiles con su cauda de muertes, destrucción y sangre derramada. La naturaleza
de nuestro conflicto armado se enmarca de mejor manera en un viejo concepto
hobbesiano retomado por Foucault: los estados de guerra5 . Para a estos autores,
los estados de guerra son situaciones en las cuales el poder institucional no es
soberano, por lo menos en algunas partes del territorio y entre sectores amplios de
la colectividad nacional en los cuales prevalece la voluntad manifiesta de no so-
meterse al orden estatal y de resistirse a sus intentos de establecer dominio y con-
trol, manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo y de combatirlo con las
armas en la mano, así como de agrupar a los sujetos sociales de su entorno en bandos
capaces de matar y de morir.

4. El tema jurídico no se aborda en este artículo, pero al respecto puede consultarse: VALENCIA
Villa, Hernando. Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano. Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1987.
PÉREZ, William Fredy, et. al. Estado de derecho y sistema penal. La emergencia permanente de
la reacción punitiva en Colombia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia,
Biblioteca Jurídica Dike. Medellín, 1997.
5. FOUCAULT, Michel. La guerra conjurada, la conquista y la sublevación. Op. cit. Pág. 101.

251
Los estados de guerra no son todavía la guerra como acción6 y lo que los define
es el animus belli, el mantenimiento de la hostilidad como horizonte abierto para
dirimir las tensiones y los conflictos propios del mundo social y la violencia como
estrategia para la solución de los problemas de la vida en común. El estado de guerra
se configura cuando el pueblo de la Nación no ha sido pacificado y desarmado y
lo que predomina es la voluntad de disputar con las armas el dominio del Estado
o de resistir, también con las armas, sus intentos de control-dominación, manifes-
tando de esta manera que no se acepta otro poder que el propio. Además, los es-
tados de guerra y la fragilidad de los procesos integradores en el campo del reco-
nocimiento de derechos dificultan la formación de la conciencia nacional, que es
condición para que el Estado moderno llegue a ser soberano y legítimo.
En los estados de guerra como ejes de pervivencia histórica, se presentan
acciones bélicas y violencias múltiples, así como coyunturas de agudización se-
guidas de períodos de baja intensidad. En los estados de guerra se configuran re-
giones y territorios relativamente pacíficos que coexisten con espacios particular-
mente violentos. Pero, en general, lo que predomina es el animus belli, las descon-
fianzas, los signos manifiestos de desafío y, ante todo, la voluntad de no someterse
a la soberanía interna o a otro poder que no provenga de su propio mandato.
En el caso colombiano puede argumentarse que el estado de guerra se desdo-
bla y se despliega en ejes más concretos y particulares: el del refugio-resistencia;
el de la confrontación-insurgencia y el de la contrainsurgencia en sus dos moda-
lidades: la política legal y la semiprivada ilegal. Estos ejes, cuyo conjunto confor-
ma el estado de guerra, no tienen necesariamente un orden de sucesión en el tiem-
po; por el contrario, pueden coexistir en una misma coyuntura y territorio, pueden
tener un predominio diferencial en las regiones o pueden generar repercusiones
distintas y desiguales en los espacios sociales. Pero, lo que importa advertir es que
cada uno de ellos pone de manifiesto un perfil o una cara de ese poliedro al que
hemos venido llamando estado de guerra.
El correlato de los estados de guerra en arcos prolongados de tiempo es la
fragilidad de la soberanía estatal7 , pues no se logra ni por la vía del consenso ni a
través de la violencia, la pacificación de la sociedad, la estatalización de la guerra
y, menos aún, el establecimiento de la autoridad necesaria para garantizar razona-
blemente la vigencia del orden constitucional y legal. En los estados de guerra la
soberanía interna permanece en vilo, en disputa, situación que se manifiesta en la
conformación de la Nación, expresándose en ámbitos tan importantes como el
6. La distinción entre el estado de guerra y la guerra como acción corresponde a la lectura que Foucault
hace de Hobbes. Véase: Ibid.
7. ALONSO Espinal, Manuel Alberto. VÉLEZ Rendón, Juan Carlos. Guerra, soberanía y órdenes
alternos. Estudios Políticos Nº 13. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Medellín, julio-diciembre de 1998. Págs. 41-75.

252
territorio, la comunidad imaginada, los referentes institucionales y la formación
de burocracias.

El territorio
El territorio de la Nación colombiana ha sido siempre más amplio, grande y
extendido que aquel efectivamente controlado por los recursos institucionales del
poder público8 . A ese vasto territorio, no controlado o excluido de la nacionalidad
reconocida y representada, llegaron, a lo largo de los años, aquellos pobladores que
por diversas razones no cabían en los marcos estrechos de la pretendida identidad
fundante de la Nación: negros cimarrones huidos y enmontados; indios evadidos
de los resguardos que resistían la autoridad del blanco; delincuentes perseguidos
por la justicia, bandidos y asaltantes de caminos; derrotados en las guerras civiles
o jóvenes que huían del reclutamiento; perseguidos por los poderes locales o los
notables regionales, prostitutas, jugadores y malentretenidos condenados a destierro
por las leyes de vagancia. En suma, una población heterogénea y diversa por sus
orígenes étnicos y su condición social, identificada solamente por el estigma de la
exclusión y por la búsqueda de refugio lejos del control de las autoridades9 .
Estos territorios vastos, donde predominaba el eje de refugio y resistencia,
fueron áreas escasamente pobladas, cuyos habitantes estaban dispersos o eran iti-
nerantes en un territorio muy grande, de fronteras abiertas y de difícil comunica-
ción. Las actividades económicas eran extractivas (oro, caucho, tagua, maderas),
combinadas con pequeñas unidades de pancoger. A estos territorios llegaron de
manera aluvial pobladores de toda especie cuyas formas de integración social no
trascendían el marco de las comunidades de vecindad ni compartían mayores re-
ferentes de pertenencia al pueblo de la Nación o a la colectividad política repre-
sentada en la democracia (el demos). Territorios vastos que no son muy distintos
a los lugares escogidos por las guerrillas para situar sus efectivos y reclutar sus bases
de apoyo desde hace casi cuarenta años, que coinciden en muchos lugares con las
actuales zonas de cultivos ilícitas y que hoy son escenario de acciones de recon-
quista paramilitar. Para ilustrarlo, se puede pensar en Urabá, en el Magdalena Medio,
en el Sur de Bolívar, en el Bajo Cauca, en la Bota Caucana, en el Páramo del
Sumapaz, en el Ariari, en el Guaviare y en las orillas de los ríos de las planicies
orientales. Y en los años más recientes El Caguán, Putumayo y Nariño en el sur
del país, Antioquia y el Valle del Cauca.

8. Sobre el significado del territorio, véase: SACK, Robert. El significado de la territorialidad. En:
PÉREZ Herrero, Pedro. Compilador. Región e Historia de México 1700-1850. Universidad Au-
tónoma Metropolitana. México, 1991. Págs. 194-195.
9. GONZÁLEZ, Fernán. Aproximación a la configuración política de Colombia. Controversia. Nº
154. Cinep. Bogotá, 1989. SÁNCHEZ, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad colombiana. El
Áncora. Bogotá, 1991.

253
En estos territorios vastos se conformarán, pues, las territorialidades del con-
flicto y los subsecuentes órdenes políticos alternativos que hoy prefiguran la com-
petencia de soberanías.

La escisión de la comunidad imaginada


No sólo las colectividades excluidas y refugiadas en los territorios vastos
quedaron a la vera de la nacionalidad. Para los sectores supuestamente integrados
en la comunidad de cultura y de valores, así como en el corpus de la democracia,
los referentes nacionalitarios se forjaron por la vía de la adscripción partidista, más
específicamente sobre las tramas doméstico-locales de estas asociaciones, tejidas
en torno a formas societales de patronazgo, cuyos nexos estaban sustentados en la
dupla protección-lealtad. Para los virtuales ciudadanos y sus armazones parenta-
les, el partido, representado en la persona del intermediario local, fue quizá el único
referente nacional que trascendió la esfera de la parroquia, de tal manera que la
comunidad imaginada se imbricaba con el partido y se confundía con él10 .
El referente partidista como constituyente de sentido de pertenencia nacional
estuvo tejido con las confrontaciones armadas de estas organizaciones, con sus
guerras civiles interminables, con sus violencias recíprocas y sus persecuciones
sangrientas. De esta manera y mediado por las lógicas bélicas, los odios hereda-
dos y las mutuas desconfianzas, el imaginario nacional se partió inicialmente en
dos y los sujetos sociales aprendieron la Nación por la vía traumática de los con-
flictos armados entre los partidos. Estos, a su vez, antes que organizaciones civiles
modernas, orientadas al debate de proyectos políticos y de gobierno, fueron refe-
rentes de identidad colectiva, sentidos de pertenencia social, atributos devenidos
de la familia de origen, de la localidad de nacimiento y de la comunidad de sangre,
pero sobre todo de la sangre derramada.
Quizá por esto el imaginario de la violencia nutre la memoria y las historias
vecinales, locales y regionales, uniendo el pasado con el presente y forjando una
suerte de omnipresencia en torno a la cual se concibe la Nación; quizá por esto, el
país no tiene mitos de origen unificados y los que provienen de la fundación de la
República tienen color partidista. En Colombia no existe una fiesta nacional sino
dos, y sus respectivas historias y memorias, tanto públicas como privadas, están
referidas al horizonte de los conflictos armados. De esta manera la identidad na-
cional fue construida sobre referentes bélicos y escindida en dos mitades. Mas
cuando con el empuje de la modernización económica, la urbanización acelerada
y los procesos de secularización se descompusieron los anclajes socio regionales
y locales de los partidos y se desdibujaron las virtuales identidades nacionales, se

10. ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo. Primera reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México, 1997. Págs. 17-25.

254
hicieron leves, adjetivas y descentradas, y proyectaron la imagen de un país frag-
mentado, lo que se acentuó cuando el viejo conflicto interpartidista hizo tránsito
hacia la guerra social y se instauró el control territorial por parte de las nacientes
agrupaciones guerrilleras11 .
Así, el eje exclusión-refugio que predominó durante varias décadas fue dan-
do paso al eje refugio-confrontación, en el que adquirieron forma los órdenes
políticos alternativos de hecho. Por estas razones, los estados de guerra en larga
duración, con unos períodos de confrontación aguda y otros de baja intensidad,
prefiguraron una soberanía en vilo, una identidad nacional difusa e impregnada por
referentes bélicos y una ciudadanía virtual forjada en los moldes de la protección
y la lealtad.

La fragilidad del referente institucional


El estado de guerra cuasipermanente y su correlato, la soberanía en vilo, se
expresan también en la debilidad del referente institucional, un tema reiterativo en
los estudios sobre la violencia en Colombia y que ha sido visto generalmente como
ausencia de Estado12 . Lo que aquí se quiere plantear es que el orden institucional
público, aunque pudiera mostrar omnipresencia en la Nación, no ha tenido omni-
potencia, no constituye una autoridad razonablemente acatada o violentamente
impuesta, pese a los esfuerzos del gobierno en un sentido y en otro. Sin omnipo-
tencia institucional, es decir, sin una autoridad única, suprema y universal dentro
del territorio, no hay soberanía en sentido absoluto. Además, el orden institucio-
nal público presenta serios problemas en la esfera de la soberanía representada, o
sea, en aquella otorgada a través del consenso por el pueblo de la Nación13 .
Como expresión de la voluntad política, muy diversos sectores, territorios y
grupos sociales carecen de presencia en el demos o comunidad política; a menudo
no se sienten representados por sus representantes y se mantiene la distancia entre
las formas de autoridad local —con sus rasgos de patronazgo— y las normas
democráticas que se consagran en la Constitución. Como expresión simbólica del
pueblo de la Nación, la institucionalidad pública no logra producir un orden ins-
tituyente de sentido que provea alguna forma de conciencia nacional o de integra-

11. PÉCAUT, Daniel. Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de vio-
lencia. En: LEAL Buitrago, Francisco. Compilador. Los laberintos de la guerra. Utopías e incer-
tidumbres sobre la paz. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1999. Págs. 193-243.
12. Sobre ese debate, véase: CHERNIC, Marc. La negociación de una paz entre múltiples formas de
violencia.
13. Para una distinción entre soberanía absoluta y soberanía representada, véase: HABERMAS, Jürgen.
El Estado Nacional Europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y la ciudadanía. En: La
inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós. Barcelona, 1999. Págs. 87-91.

255
ción social. Adicionalmente, las normas y leyes del Estado, sólo de manera res-
tringida, constituyen referentes para la acción de los sujetos en la esfera pública14 .
Cuando la soberanía permanece en vilo, en arcos de tiempo prolongados, la
ciudadanía se torna virtual y los derechos de todos se hacen precarios y vulnera-
bles. El ciudadano corriente sabe que no puede esperar que la autoridad actúe de
manera eficiente y de acuerdo con la ley si algún derecho le es violado o si es víctima
de algún delito. Librado a sus propias fuerzas, el ciudadano tomará decisiones
privadas y pragmáticas buscando la justicia por mano propia o la protección de algún
poder armado que le ofrezca una seguridad precaria y transitoria pero que valora
como más eficiente y expedita. En suma, actúa de acuerdo con los órdenes alter-
nativos de hecho y no con referencia a la ley o al orden institucional.
Esto quiere decir que la soberanía del Estado-Nación o lo que tenemos por tal,
es puesta en vilo por los poderes armados y la delincuencia común y organizada,
así como por los ciudadanos corrientes y desarmados, quienes con sus acciones
moleculares de justicia y seguridad privadas desconocen la soberanía estatal con-
tribuyendo a mantener el animus belli y a prolongar los estados de guerra. De ahí
que la oferta de seguridad y vigilancia constituya hoy una práctica común, tanto
de los actores armados contrainstitucionales (guerrillas) o parainstitucionales (pa-
ramilitares), como también de una gama amplia de organizaciones que cubren un
espectro que va desde las milicias urbanas y las bandas de barrio en las grandes
ciudades, hasta grupos de la fuerza pública que operan de manera encubierta,
pasando por asociaciones vecinales del tipo de las Convivir. De alguna manera, este
rasgo de protección-lealtad, propio de los patronazgos, se vuelve a encontrar en
las prácticas de los grupos armados y en los referentes simbólicos para el accionar
de los sujetos sociales15 .

El escaso control sobre las burocracias


La fragilidad de la soberanía se manifiesta también en el escaso control que
tienen los altos poderes públicos sobre sus burocracias locales y regionales, sobre
sectores de las fuerzas de seguridad y sobre un conjunto de empleados estatales
que desempeñan sus labores en territorialidades de conflicto. Es decir, una sobe-

14. Sobre el papel de la institucionalidad en la conformación e integración de la Nación, véase: Ibid.


Pág. 84
15. Para ampliar este tema, véase: PÉCAUT, Daniel. La pérdida de los derechos, del significado de
la experiencia y de la inserción social. A propósito de los desplazados. Estudios políticos Nº 14.
Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, enero-junio de 1999. Págs.
13-31. Sobre las lógicas de protección en las áreas urbanas, véase: JARAMILLO A., Ana María,
et. al. En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Corporación
Región. Medellín, 1998. Págs. 57-86.

256
ranía en vilo y una ciudadanía virtual terminan por producir fenómenos de inorga-
nicidad y de fragmentación en la amplia y compleja fronda de la burocracia esta-
tal. Alcaldes, concejales, funcionarios locales o de institutos descentralizados del
Estado, jueces, miembros de la rama legislativa y funcionarios de diversa natura-
leza no desarrollan la gestión y la administración públicas de acuerdo con el orden
institucional que representan, sino que son imbricados y controlados por las tra-
mas y los complejos circuitos de los grupos armados de diferente signo, de tal
manera que fragmentos significativos de la burocracia estatal terminan desarrollan-
do sus labores públicas en el marco de los órdenes políticos alternativos y bajo las
demandas concretas del conflicto armado.
La fragilidad del referente institucional y la inorganicidad del aparato público
no quieren decir que el Estado colombiano hubiese desaparecido o que el orden
propiciado por las instituciones jurídicas sea un asunto de mera apariencia. Por el
contrario, las instituciones jurídicas existen y actúan y la burocracia desarrolla sus
funciones en un amplio marco de actividades, proyectos y programas. Lo que ocurre
es que la administración y la gestión transcurren por los circuitos del conflicto
armado y bajo las lógicas y las gramáticas bélicas. Por esto, en ocasiones y en unas
regiones más que en otras, la ley se usa para favorecer a los amigos y atacar a los
enemigos. Así, no debe sorprender que sectores significativos de la burocracia
resulten involucrados en estrategias de lucha contra el gobierno que representan.
Por estas razones, el orden institucional público no es el orden de la Nación,
es uno que se disputa con otros la soberanía interna. En este campo de competen-
cias bélicas, de seguridades privadas, de lealtades personales, resulta precaria y muy
débil la conciencia de nacionalidad así como la integración política y simbólica
del pueblo en el Estado Nación.

Las gramáticas del conflicto armado


y las territorialidades bélicas
Los territorios en los cuales surgieron o se instalaron las organizaciones gue-
rrilleras en su lucha contraestatal hace más de medio siglo, tenían una clara con-
notación de estrategia militar. Correspondían en su mayoría a esos territorios vas-
tos de refugio y resistencia donde la presencia institucional era virtual y sus resi-
dentes manifestaban, de alguna manera, distancias, reticencias o francas hostili-
dades con el poder institucional, bien porque lo hubiesen combatido con las armas
en la mano16 , bien porque hubiesen sido desplazados por éste de sus lugares de

16 .Sobre la continuidad de territorios y grupos sociales entre la violencia de los años cincuenta y la
instalación de las organizaciones armadas en los sesenta y setenta, véase: ALONSO, Manuel Al-
berto. Conflicto armado y configuración regional. Editorial Universidad de Antioquia, Instituto

257
origen o simplemente porque buscaban evadirse de su control-dominación.
Los territorios vastos permitían desarrollar una guerra de movimientos (gue-
rra de guerrillas) cuyo sentido era la autoprotección de sus efectivos, la movilidad
en el territorio y la consecución de abastecimientos y de recursos económicos. A
su vez, la relación de las guerrillas con los habitantes del territorio no resultaba
particularmente conflictiva y, en muchos casos, contaron con su apoyo y recono-
cimiento, surgidos del hecho de compartir una suerte común de refugio y hostili-
dad hacia el orden institucional; quizá, también, se forjaron ciertas identidades
surgidas de una visión compartida de rebeldía y victimismo, sin que por ello pue-
da decirse que existiera alguna forma de consenso explícito o público en relación
con los propósitos político militares de las organizaciones guerrilleras17 .
La acción en principio societal de estas organizaciones insurgentes y su mo-
vilidad por territorios amplios fue trazando un mapa definido en torno a los itine-
rarios y desplazamientos del grupo armado; en torno a los núcleos poblados don-
de se abastecían; en torno a las zonas de descanso o de reposo donde situaban sus
campamentos o en torno a las áreas que les servían de refugio para guardar armas
o secuestrados, ya que esta práctica se convirtió en una de las estrategias principa-
les de financiación para estas organizaciones armadas.
Fue precisamente el accionar de estos grupos insurgentes en su guerra de
movimientos el que permitió el establecimiento de fronteras en los territorios vastos,
la articulación de espacios en torno a sus rutas de desplazamiento y la relación de
grupos aislados de pobladores de acuerdo con sus demandas de refugio y confron-
tación. Estas fronteras, más simbólicas que reales, cumplieron una función funda-
mental: definir un adentro y un afuera, construyendo de esta manera una territo-
rialidad bélica en el interior de la cual operaron otros mandatos y autoridades, nuevas
normas y prohibiciones que fueron perfilando los órdenes alternativos con preten-
siones soberanas.
Estas territorialidades bélicas, cuyas marcas y fronteras se definían por el
desdoblamiento del eje refugio-confrontación y de acuerdo con los requerimien-
tos de una guerra de movimientos, tenían una particularidad: se superponían al

de Estudios Políticos, Medellín, 1997. URIBE de H., María Teresa. Urabá Región o territorio.
Corpourabá, Universidad de Antioquia. Medellín, 1992.
17. Existe una amplia literatura sobre el surgimiento y desarrollo de las guerrillas en Colombia. Véase,
entre otros: SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo. Editores. Pasado y presente de la
violencia en Colombia. Cerec. Bogotá, 1986. PIZARRO Leongómez, Eduardo. Las Farc: de la
autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1991.
VILLARRAGA, Álvaro y PLAZAS, Nelson. Para reconstruir los sueños: una historia del EPL.
Fundación Progresar. Bogotá, 1994. MEDINA Gallego, Carlos. ELN, una historia contada dos
veces. Rodrigo Quito Editores. Bogotá, 1996.

258
modelo institucional de ordenamiento territorial. Es decir que las territorialidades
bélicas tomaban espacios veredales de varios municipios vecinos y, con frecuen-
cia, áreas menores de departamentos contiguos, conectados entre sí por acciden-
tes geográficos: valles y cañones de ríos, páramos de difícil acceso, crestas de las
cordilleras fueron integradas a estos territorios a través de una intrincada red de
trochas y de caminos de herradura que les permitía desplazarse, con rapidez y
relativa seguridad, de un municipio a otro o entre varios departamentos18 .
Cuando los primeros frentes guerrilleros se desdoblaron y expandieron por la
geografía nacional, buscando nuevas localizaciones en zonas de alta productivi-
dad económica, desarrollo infraestructural o explotación empresarial19 , fue clara
su intencionalidad estratégica de conectar territorialidades bélicas entre sí, amplian-
do, de esta manera, su presencia y control sobre macrorregiones del país; sobre
zonas cercanas a las grandes ciudades y sobre municipios con florecientes econo-
mías comerciales que habían estado al margen del conflicto armado.
Estas territorialidades y macrorregiones bélicas subvirtieron, en la práctica,
la división político administrativa del país, organizada en torno a municipios y
departamentos y con base en la cual se desarrollaban los servicios de gestión,
administración y seguridad públicas. Se configuró, por esta vía, un nuevo mapa de
Colombia y unas nuevas realidades regionales que desvertebraron los viejos de-
partamentos y los referentes territoriales locales, cambiando, de esta forma, los
meridianos y los paralelos de la geografía y la demografía de la Nación.
La configuración de las territorialidades bélicas tuvo que ver, también, con las
respuestas estatales a los desafíos planteados por los insurgentes. Desde la admi-
nistración y en nombre del mantenimiento del orden público, estos territorios fue-
ron nombrados y señalados como rebeldes, conflictivos, no integrados y definiti-
vamente diferentes al resto de la Nación, la mayoría de las ocasiones para desatar
operaciones militares y acciones contrainsurgentes20 , y, en otras pocas ocasiones,
para poner en práctica procesos acelerados de inversión pública y desarrollo so-
cial; esto último, cuando se aceptó la tesis según la cual la violencia guerrillera tenía

18. Sobre la geografía de la violencia, véase: REYES, Alejandro. Regionalización de los conflictos
agrarios y violencia política en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. CUBIDES
Fernando, OLAYA Ana Cecilia y ORTIZ Carlos M. La violencia y el municipio colombiano 1980-
1987. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1998.
19. Sobre la expansión del movimiento guerrillero, véase: ECHANDÍA Castillo, Camilo. Expansión
territorial de la guerrilla colombiana: geografía, economía y violencia. Programa de Estudios sobre
la Seguridad, Justicia y Violencia. Bogotá. ZULUAGA Nieto, Jaime. Dinámicas del conflicto
interno armado y desplazamiento forzado. Bogotá, 1998.
20. Para ampliar el tema sobre las acciones militares de la contrainsurgencia, véase: LEAL Buitrago,
Francisco. Las utopías de la paz. Op. cit. Pág. 123-131.

259
componentes objetivos además de los subjetivos y voluntaristas21 .
Así se designara a estas territorialidades como “repúblicas independientes”,
“zonas rojas” o “de orden público”, o se refiriesen a ellas como “áreas P.N.R.”, lo
que se señalaba era que se trataba de espacios distintos, signados por la guerra,
diferentes y hostiles, que ameritaban un tratamiento especial y diferencial. Así, las
gramáticas del conflicto, el eje de insurgencia-contrainsurgencia y las acciones y
reacciones propiciadas por un conflicto con estas características, contribuyeron a
consolidar las territorialidades bélicas, a marcar y diferenciar espacios y poblado-
res, a reforzar sentidos de pertenencia y diferencia, dando paso, de esta manera, al
surgimiento de una suerte de identidades adjetivas que poco tenían que ver con la
política o las formas culturales sustantivas y mucho con el hecho de compartir una
historia común y de habitar un territorio formado, nombrado y pensado desde la
guerra.

De las territorialidades bélicas a los órdenes alternativos de hecho


Las territorialidades bélicas no se circunscriben a un espacio para las opera-
ciones militares de insurgentes o contrainsurgentes, a una geografía de la violen-
cia o a una geopolítica del conflicto armado. Son algo más, pues en arcos de tiem-
po prolongado se van configurando en órdenes alternativos de hecho en tanto que
reclaman para sí el monopolio de los impuestos, proveen orden y organización en
sus ámbitos territoriales, configuran ejércitos capaces de defender fronteras y dis-
putar nuevos espacios y construyen algún consenso así como formas embrionarias
de representación.
El cobro de impuestos. En las territorialidades bélicas los grupos armados
reclaman para sí el monopolio de los impuestos a través de varias formas de exac-
ción económica y del secuestro de particulares. Esto les permite, además de finan-
ciar y expandir sus ejércitos y actividades, tener control sobre el excedente econó-
mico generado en los territorios por ellos controlados, hacer presencia en zonas
aledañas y distantes donde sólo actúan esporádicamente, demostrar que tienen poder
coercitivo suficiente para obligar a los particulares al pago de impuestos y demos-
trar al Estado que no es soberano en esos territorios22 .

21. BEJARANO, Ana María. Estrategias de paz y apertura democrática. Un balance de las adminis-
traciones Betancur y Barco. En: LEAL Buitrago, Francisco. Editor. Al filo del caos. Tercer Mundo
Editores. Bogotá, 1990. WILLS Obregón, María Emma. Las políticas gubernamentales frente al
proceso de paz. En: UNGAR Bleier, Elisabeth. Editora. Gobernabilidad en Colombia. Retos y
perspectivas. Universidad de Los Andes. Bogotá, 1993.
22. Sobre el monopolio de los impuestos en el surgimiento de los estados modernos véase TILLY,
Charles. Coerción, capital y los estados europeos: 990-1990. Madrid, Alianza. 1992.

260
Estas prácticas generalizadas y ampliadas a sectores de mediana y baja capa-
cidad económica, se han convertido en factores de grave perturbación, les han ge-
nerado una amplia gama de enemigos y contradictores, y en buena medida han
deslegitimado sus propósitos públicos, aproximándolos a formas delincuenciales
comunes. Pero, independientemente del rechazo y las sanciones morales que este
proceder guerrillero concite, lo que se pone de manifiesto es la expresión de un
poder que, sustentado en la fuerza de las armas, obliga al pago de impuestos y
pretende el ejercicio de una autoridad soberana.
El orden predecible. Las organizaciones guerrilleras se ocupan también de
controlar la población residente o la que llega de manera aluvial a las zonas rura-
les y a los pequeños caseríos de su entorno. Son bien conocidas las actividades de
estos grupos en las zonas de colonización —pero no solamente allí—, en la distri-
bución de las tierras baldías, en la organización de la población en el territorio, en
la definición de derechos de posesión y explotación de minas y de recursos made-
reros o pesqueros, en el control de precios a los abastecimientos y de retribuciones
salariales a la mano de obra, así como la realización con los pobladores de peque-
ñas obras públicas de interés común como caminos, puentes, escuelas o casetas
comunales; de hecho, en algunos de los poblados de las zonas de colonización
reciente, han cumplido el rol de fundadores, con todo lo que ello significa en el
horizonte de las identidades locales y las memorias colectivas23 .
Estos poderes políticos insurgentes han servido como eje articulador e inte-
grador para poblaciones de orígenes étnicos y regionales muy diversos, entre los
cuales logran cierto reconocimiento para dirimir conflictos entre vecinos, tensio-
nes domésticas, control a la delincuencia menor y protección a los pobladores. Se
trata de un rasgo propio de los viejos patronazgos en un contexto diferente y sig-
nado por la guerra, pero cumplen con la función semiestatal de ofrecer protección,
orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta.
En las territorialidades bélicas, dada su prolongación en el tiempo, se va es-
tableciendo un principio de orden y organización, un embrión de Estado con ca-
pacidad para dirigir la vida en común, dirimir las disputas, sancionar conductas
consideradas por ellos como delictivas, ofrecer protección contra la expansión del
latifundio y las arremetidas de orden institucional y exigir lealtad y reconocimien-
to a su dominio y control.
Estos poderes alternativos van configurando soberanías en tanto que proveen
un orden predecible, formado por normas explícitas e implícitas que los poblado-
res conocen, aceptan o le son impuestas y que son percibidas por ellos como una

23. Para la descripción de algunos de estos procesos, véase: URIBE de H., María Teresa. Urabá: Re-
gión o territorio. Op. cit.

261
ley con capacidad de sanción y de castigo, pero que regulan y dirigen la vida en
común. Se trata de una autoridad que pretende ser absoluta, suprema y universal
en el territorio y que exige lealtad y obediencia, sirviendo como principio inteli-
gible del universo social y como guía para las acciones y los comportamientos de
los pobladores.
Para los habitantes de las territorialidades bélicas, incluidos los funcionarios
públicos, es claro que sobre ellos gravitan dos órdenes políticos y jurídicos con
capacidad de sanción y de castigo, pero con diferentes niveles de eficiencia: el del
Estado y el del contra Estado; “la ley de atrás” en el Magdalena Medio, “la ley del
monte” en Urabá y “la ley de la guerrilla” en el cañón del Cauca, son entre otras,
formas nominativas a través de las cuales los pobladores de estos territorios se
refieren a la disputa entre soberanías.
Estos órdenes alternativos están sustentados en un poder armado, autoritario
y discrecional, que aplica leyes y castigos draconianos, exige obediencia y lealtad
a las órdenes impartidas, sin dejar mucho espacio para la autonomía en las deci-
siones individuales, y cuyo desacato se paga con la vida o el extrañamiento del
territorio. Sin embargo, como todo poder, tiene un componente de consenso que
les otorga reconocimiento y alguna forma de representación de intereses.
Las identidades de los pobladores comunes con los grupos armados no tienen
propiamente un sentido político ni significan un acuerdo explícito en torno a un
proyecto de Estado o de Nación o a un modelo de desarrollo económico determi-
nado. Se trata, más bien, de un sentir moral tejido sobre la experiencia de la exclu-
sión y el refugio, sobre las heridas dejadas por la ausencia de reconocimiento y
por la desigualdad social y, quizás también, sobre una noción difusa de justicia,
más cercana a la venganza, que legitima el accionar violento de los armados como
manera de establecer el equilibrio social roto por otras violencias anteriores.
Memorias de guerras y éxodos que sólo se relatan cuando alguien pregunta
por ellas, pero que develan otra historia de Colombia, oculta, verbal, que no tras-
ciende la testimonial pero que, de alguna manera, se constituye en referente para
la construcción de identidades y para otorgarle sentido a lo que tenemos por Na-
ción.
Estos consensos precarios se sustentan, también, en las tramas sociales que
establecen los grupos armados con los pobladores de los territorios bélicos, pues
estas son las zonas privilegiadas para el reclutamiento de efectivos. De esta mane-
ra, los vecinos, desde su infancia, conocen a los grupos armados, están relaciona-
dos con algunos de sus integrantes por lazos de sangre y de parentesco, presentán-
dose, con mucha frecuencia, casos de dos y hasta tres generaciones de una misma
familia que han vivido siempre bajo el poder guerrillero y lo han seguido en sus
expansiones y nuevos emplazamientos.

262
El principio de identificación entre pobladores y grupo armado, ese nosotros
territorial y societal, se refuerza por las acciones de la contrainsurgencia militar,
pues las fuerzas armadas del Estado llegan a estas áreas como a un territorio ene-
migo y sus prácticas bélicas se asemejan más a las de un ejército de ocupación en
un país extranjero en donde cada habitante es un enemigo potencial, que a las de
un organismo representante del poder público y de la soberanía de la propia Na-
ción. De esta manera, la acción contrainsurgente contribuyó a acentuar pertenen-
cias y lealtades con los grupos insurgentes, a reforzar hostilidades y diferencias
con lo institucional, a incrementar las desconfianzas, los temores y el animus belli
de los habitantes de las zonas en conflicto y a que los órdenes alternativos se fue-
ran consolidando.
Consenso y representación. En los territorios en los que ejercen presencia y
control, los actores armados de la guerrilla han logrado mantener alguna forma de
representación de intereses y hacerse cargo de algunas de las demandas sociales
de los colectivos locales y regionales. Se trata de una representación que no se
soporta en ningún procedimiento democrático ni que está mediada por alguna forma
de consulta; se trata, por el contrario, de una situación de preeminencia en un
colectivo que se presupone identificado con ellos y a nombre del cual (en su repre-
sentación) establecen relaciones con los poderes locales, los funcionarios públi-
cos, las organizaciones sociales y los individuos particulares.
Es una representación sin elección, autorreferida y que opera a la manera de
las estructuras de patronazgo24 . Mas a través de esta forma embrionaria de repre-
sentación-intermediación, las organizaciones insurgentes y las milicias urbanas
desarrollan una amplia gama de micro negociaciones semiprivadas a través de las
cuales logran reorientar los proyectos de desarrollo local, las inversiones públicas,
la gestión de los alcaldes, las determinaciones de los concejales, las solicitudes de
las acciones comunales y de las organizaciones sociales. Además, ejercen vigilan-
cia y control sobre el manejo administrativo en los municipios y juzgan y castigan
a quienes, a su juicio, defraudan el erario público o son culpables de alguna forma
de corrupción.
Esta amplia gama de micro negociaciones e intermediaciones se expande hacia
actores corporativos y representantes de grandes y pequeñas empresas legales o
ilegales situadas en el territorio, con las cuales se logran acuerdos, más o menos
forzados, tanto en el campo de la inversión social en veredas y zonas indicadas por
las guerrillas, como también en la esfera laboral mediante la vinculación de traba-
jadores a dichas empresas y la salida de aquellos que no les ofrecen garantías. Con

24. Utilizamos aquí el concepto de patronazgo en el sentido que le otorga Charles Tilly. Op. cit. Pág.
58.

263
los actores gubernamentales se incide en el otorgamiento de viviendas, en la lega-
lización de barrios de invasión, en la comercialización de productos agrícolas y en
otras actividades cuyos rasgos de patronazgo son evidentes. Además, y de manera
indirecta, la simple presencia de la guerrilla permite que los colectivos sociales en
las territorialidades bélicas logren incrementar su capacidad de maniobra y de
negociación con los poderes públicos y los pequeños y grandes empresarios, aun-
que quienes articulen demandas y movilizaciones sociales no tengan relaciones
orgánicas y directas con los grupos armados.
Por estas razones, las territorialidades bélicas son algo más que los espacios
donde se libra una guerra de larga duración. Son verdaderos órdenes alternativos
de hecho con pretensiones soberanas, pues la dominación en arcos de tiempo pro-
longadas incide en la construcción de tramas y sociabilidades, define y redefine
pertenencias y diferencias, configura órdenes predecibles, marcos normativos para
el desenvolvimiento de la vida en común y reclama territorios exclusivos y exclu-
yentes, lo que le define los perfiles más visibles a la competencia de soberanías.
Los órdenes alternativos y sus fragilidades. Sin embargo, estos órdenes
alternativos de hecho no son tan sólidos y permanentes como pudiera pensarse. El
despliegue de la contrainsurgencia en su dimensión privada e ilegal (el paramili-
tarismo) ha venido a poner en vilo las soberanías de los órdenes alternativos, tras-
tocando de esta manera los ámbitos regionales, redefiniendo el orden de lo nacio-
nal o de lo que tenemos por tal e incrementando las acciones violentas, la sangre
derramada y las mutuas hostilidades. Las expresiones más visibles del despliegue
de la contrainsurgencia han sido los desplazamientos masivos de población, el
tránsito hacia la guerra como acción y la reactivación de todos los ejes que confi-
guran el estado de guerra: el refugio, la resistencia, la insurgencia y la contrainsur-
gencia25 .
Si bien este eje de contrainsurgencia privada e ilegal no es nuevo y ha sido
una estrategia de control a la expansión de las guerrillas prácticamente desde su
surgimiento, con períodos de mayor auge seguidos de alguna declinación 26 , lo

25. Sobre el desplazamiento, el refugio y la agudización del conflicto armado en los años noventa,
véase: Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos –Codhes–. Un país que huye:
desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. Editora Guadalupe. Bogotá, 1999. GI-
RALDO, Carlos Alberto. Relatos e imágenes. El desplazamiento en Colombia. Cinep. Bogotá,
1997.
26. Sobre el surgimiento y desarrollo de los paramilitares, véase: MELO, Jorge Orlando. Los para-
militares y su impacto sobre la política. En: LEAL Buitrago, Francisco. Editor. Al filo del caos.
Op. cit. MEDINA GALLEGO, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia.
Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá. Editorial Documentos Periodísti-
cos. Bogotá, 1990. PALACIOS, Germán. La irrupción del paraestado. Cerec. Ilsa. Bogotá, 1989.
REYES, Alejandro. Paramilitares en Colombia contexto, aliados y consecuencias. Análisis polí-

264
novedoso en esta coyuntura es que los paramilitares han logrado consolidar apa-
ratos de guerra con cobertura multirregional y capacidad de acción bélica en sitios
muy alejados de sus lugares de emplazamiento. Así, han podido coordinar accio-
nes en buena parte de la Nación, subsumiendo organizaciones similares de ámbito
local; cuentan, además, con un mando unificado, un lenguaje común centrado en
el anticomunismo; han definido un objetivo central que orienta sus acciones hacia
la reconquista y el desvertebramiento de los territorios de control guerrillero y han
adoptado para ellos una estrategia similar a la de sus enemigos: la guerra de mo-
vimientos.
Esto significa que el accionar del paramilitarismo se orienta preferentemente
a disputarle a las organizaciones insurgentes el control territorial, el monopolio sobre
los impuestos y los recursos económicos, así como las tramas de sociabilidad sobre
las cuales arraigan los mecanismos de representación e intermediación, intentan-
do, por esta vía, ganar algún reconocimiento social.
Mediante la oferta de seguridad y vigilancia, los paramilitares, con un claro
conocimiento de las territorialidades bélicas, incursionan en aquellos puntos no-
dales (pequeños caseríos o veredas) en los cuales las organizaciones insurgentes
se refugian, se abastecen, se autoprotegen y guardan armas y secuestrados; inte-
rrumpen y fracturan sus corredores de movilización, alterando comunicaciones,
redes camineras, aislando espacios y desdibujando fronteras consideradas por
muchos infranqueables. Esto, mediante acciones de comando, muchas veces guia-
das por antiguos colaboradores de la guerrilla, a través de estrategias de terror
colectivo como las masacres indiscriminadas, los asesinatos selectivos, las tortu-
ras en frente a la población obligada a presenciarlas, las órdenes de desalojo y la
sevicia con las víctimas, disputando, de esta manera, el monopolio de la violencia.
Buena parte del desplazamiento aluvial y masivo que se produce hoy en Colombia
proviene de estas territorialidades bélicas en disputa27 .
El accionar de los paramilitares también se orienta a neutralizar o recabar para
sí las fuentes de financiación de los grupos insurgentes, lo que significa una dis-
puta por el monopolio de los impuestos y los recursos económicos. Se trata de una
oferta de seguridad, protección y vigilancia para aquellos sectores sometidos de
tiempo atrás a las exacciones y las extorsiones de las guerrillas, lo que les genera
solidaridades, apoyos y financiaciones de parte de los afectados así como las sim-
patías de alguna parte de la población, de todos los estratos económicos, que en

tico. Nº 12. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional


de Colombia. Bogotá, enero-abril de 1991. CUBIDES, Fernando. Los paramilitares y su estrate-
gia. Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia, Violencia y Paz Pública. Documentos de Tra-
bajo Nº 8. Bogotá, Octubre de 1997.
27. Consultoría para a el Desplazamiento y los Derechos Humanos, Codhes. Op. cit.

265
algún momento fueron víctimas del accionar insurgente; también convocan apo-
yos directos o indirectos —del estilo de “dejar hacer”— de las autoridades civiles
y militares de aquellos territorios donde actúan, dada la coincidencia de intereses
estratégicos y de la existencia de un enemigo común.
La disputa por el monopolio de los impuestos se expande por el control de los
recursos económicos de las territorialidades bélicas, tales como minas de oro o
carbón, cultivos y laboratorios de coca y amapola, explotaciones agrícolas, empre-
sariales, o recursos naturales susceptibles de ser explotados por grandes compa-
ñías nacionales o internacionales (petróleo, recursos hídricos, maderas). Por esta
vía, los actores armados entran en relación con una gama muy grande de intereses
económicos legales y delincuenciales: actores gubernamentales, narcotraficantes,
gestores de macroproyectos públicos, generando una coimplicación de intereses
que le otorga al conflicto armado perfiles muy diversos que no sólo amplían el
animus belli a nuevos sectores sociales no involucrados en la confrontación sino
que oscurece y complejiza el conflicto, de tal manera que a veces los hechos de
sangre y las retaliaciones no parecen tener una relación muy clara con la natura-
leza político militar del conflicto ni con las razones morales aducidas.
Los efectos de la contrainsurgencia paramilitar sobre los órdenes alternativos
es devastador. El viejo principio de organización predecible se vuelve arbitrario,
azaroso, deja de ser una orientación para la acción incrementando los niveles de
incertidumbre y desconfianza, en tanto que la presencia orgánica de los paramili-
tares en las territorialidades bélicas y en las cabeceras municipales introduce otro
principio de orden, otros mandatos y prohibiciones; vigila, castiga y aplica nor-
mas que si bien no son muy diferentes en su contenido a las enunciadas por las
soberanías anteriores, demanda obediencia y lealtades irrestrictas y absolutas cuyo
desacato se paga con la vida.
Se trata pues de una coimplicación de órdenes autoritarios y verticales frente
a los cuales el poblador común queda indefenso, vulnerable, sin derechos y libra-
do a sus propias fuerzas. La demanda de protección y seguridad se hace más pe-
rentoria y se redefinen las adscripciones a uno u otro actor armado de acuerdo con
el poder que logre imponerse y no con la voluntad política de los habitantes de estos
territorios.
La guerra por las territorialidades bélicas que escenifican guerrilleros y para-
militares se libra sobre el cuerpo de la sociedad civil. Es también la disputa por las
organizaciones sociales y comunitarias, por los intermediarios locales, por las
burocracias situadas en los municipios y las regiones, por los espacios de acuerdo
y micro negociación. En fin, es la lucha por el reconocimiento a su situación de
dominio, la búsqueda de consensos precarios tejidos como antes en torno a las
heridas morales de las víctimas, lo que refuerza esa noción de justicia cercana a la

266
venganza donde la violencia actual está justificada por una anterior y se acepta como
solución a los problemas de la vida en común el uso de la fuerza y la sangre de-
rramada.
Por estas razones, los asesinatos, las masacres y los desplazamientos forza-
dos recaen también sobre los intermediarios. Las burocracias locales y los dirigentes
de organizaciones sociales28 . Y si bien esta disputa de soberanías alternativas frac-
tura ese nosotros precario de las territorialidades bélicas y descompone el tejido
social de las regiones, también es cierto que va configurando otras redes, otros
circuitos de poder y otras representaciones colectivas, tanto entre los desplazados
en sus nuevos emplazamientos urbanos y rurales, como entre los que se quedan en
los territorios, pero siempre en el horizonte de los estados de guerra y de acuerdo
con las gramáticas y las lógicas que ella desencadena.
Las identidades que se configuran en el crisol de las guerras son frágiles y
adjetivas, no sólo por la heterogeneidad social y cultural de los pobladores sino,
ante todo, porque éstas saben por la propia experiencia y los viejos relatos fami-
liares, que todo dominio es frágil, vulnerable y en permanente disputa, y que la
protección otorgada por unos u otros puede desaparecer en los avatares del con-
flicto. Por esto, mientras ocurre la sustitución de poderes, que nunca es definitiva,
las gentes recurren a la invisibilización, al silencio o al éxodo pues siempre gravita
el riesgo de ser clasificado como colaborador de unos u otros con las dramáticas
consecuencias que ello implica29 .
Las adscripciones a los diferentes órdenes en disputa tienen que ver más con
razones circunstanciales, como vivir en un territorio marcado por un dominio en
particular o con estrategias de supervivencia, que con acuerdos públicos en torno
a un proyecto político determinado o con identidades culturales o valorativas. De
ahí las porosidades que hacen posible el cambio de un bando a otro, tanto de gru-
pos armados como de personas desarmadas, la creciente mercenarización de los
ejércitos, el carácter cada vez más opaco y más civil de la confrontación, la amplí-
sima diferenciación regional y la predominancia de los intereses semiprivados sobre
los públicos y políticos.

¿Conflicto de identidades o conflicto de derechos?


Colombia es una Nación pluriétnica y multicultural, con una amplia diferen-
ciación regional y una diversidad de conflictos que se anudan de diferente manera
en los espacios territoriales. Está atravesada por confrontaciones políticas que se

28. Ibid.
29. PÉCAUT, Daniel. Op. cit. Pág. 17

267
dirimen por la fuerza de las armas y el recurso permanente a la violencia. Sin
embargo, lo que sustenta y mantiene vigente el Estado de guerra con sus ejes
constitutivos: refugio, resistencia, insurgencia y contrainsurgencia, no parece pro-
venir de demandas insatisfechas de las etnias minoritarias o de identidades arrai-
gadas con referentes culturales o éticos excluyentes o de la pervivencia de pueblos
históricos que demanden autonomía o autodeterminación política a la manera de
la Europa Oriental, los Balcanes o el África Central.
Es decir, las territorialidades bélicas y los órdenes alternativos de hecho no se
sustentan sobre diferencias étnicas, culturales o religiosas. Estos asuntos, aunque
presentes y conflictivos en la vida nacional, no se convierten en argumentos o en
justificaciones morales para alzarse en armas. Por el contrario, en las territoriali-
dades bélicas predomina la heterogeneidad de las poblaciones que las habitan, la
complejidad de su composición social y cultural, donde el referente colectivo más
fuerte parece ser el de las heridas morales por su condición de víctimas de un
conflicto de larga duración y una historia de refugios, resistencias y rebeldías.
Es decir, que lo que se pone en juego en esta guerra interminable no pasa por
el tamiz de las culturas o de las identidades contrapuestas y mutuamente exclu-
yentes; no son diferentes proyectos de Nación los que se dirimen por las armas ni
son argumentos multiculturalistas los que se confrontan en la guerra. De hecho, la
cuestión nacional está prácticamente ausente de las agendas de negociación de los
diferentes grupos cuyas propuestas apuntan más a proyectos de Estado y de siste-
ma económico que a los asuntos de la cultura, y la integración del pueblo de la
Nación o las identidades y los sentidos de pertenencia de los colombianos. El tema
sólo se aborda en relación con la autonomía y la autodeterminación en el contexto
internacional30 .
Por el contrario, podría decirse que el sustrato cultural y valorativo-moral de
amigos y enemigos tiene más puntos de coincidencia que de diferencia. Todos los
grupos armados que se disputan la soberanía, incluido el orden institucional, enun-
cian una preocupación por la moral privada, por los comportamientos sociales que
atentan contra las formas tradicionales de vida. Por esto, es frecuente que persigan
pequeños delincuentes, homosexuales, prostitutas, concubinatos, desórdenes fami-
liares, consumo y expendio de drogas, así como formas de vestir o de arreglar el

30. Para una comparación de las agendas y las propuestas de los actores del conflicto, véase: Pro-
puesta de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar por un gobierno popular; Visión del ELN
sobre los temas de una posible negociación; Palabras del Señor Presidente de la República An-
drés Pastrana Arango en la instalación de la mesa de diálogo con las Farc-EP; intervención de las
Farc-EP en la instalación de la mesa de diálogo. En: Mandato ciudadano por la paz, la vida y la
libertad. En: Redefinición del Estado. Bogotá, febrero de 1999.

268
cuerpo que se consideran poco convencionales, lo que viene acompañado de una
ausencia de virtudes públicas y del irrespeto por la autonomía individual y la li-
bertad para decidir las formas de vida buena.
En el campo de los proyectos político-económicos en nombre de los cuales se
argumentan las razones de esta guerra interminable, la situación no parece muy
diferente. En su formulación canónica, las posturas se manifiestan como antagó-
nicas e irreconciliables en tanto que ponen frente a frente dos sistemas mutuamen-
te excluyentes: capitalismo y socialismo, pero en la esfera de los lenguajes polí-
ticos, en los propósitos que enuncian, en los programas que proponen, en los diag-
nósticos y las interpretaciones que ofrecen, parecen existir más coincidencias que
antagonismos y más puntos de acuerdo que de diferencia. La comparación de las
agendas de los diferentes grupos guerrilleros, del gobierno y de los paramilitares
así lo dejan ver.
Además, los temas de estas agendas y las reformas que se proponen, aunque
amplias y complejas, son del orden de los asuntos negociables que en cualquier
democracia madura con una representación amplia de los diversos sectores socia-
les y grupos de interés, bien podrían ser discutidos y adoptados por el congreso,
para resolverlos adecuada y consensualmente, sin tener que pasar por la guerra y
la sangre derramada.
En el ámbito público y discursivo las distancias parecen acortarse, pero lo
paradójico es que la guerra se estaría alimentando de sus propios contextos, de sus
dinámicas y sus gramáticas, de la hostilidad manifiesta entre los enemigos y de la
disputa por la soberanía y por el orden. En suma, el estado de guerra cuasiperma-
nente estaría reproduciendo las condiciones de su mantenimiento y expansión en
una esfera semiprivada y opaca donde se juegan intereses de muy diversa natura-
leza.
Podría pensarse, entonces, que lo que esta guerra pone en juego son los dere-
chos ciudadanos, diferencialmente reconocidos y precariamente amparados como
manifestación de la competencia de soberanías y de la existencia de varios órde-
nes: el legal y los alternativos. Si no existe una soberanía única, reconocida y
universal en el territorio de la Nación, la ciudadanía es virtual y los derechos de
los actores sociales, aunque consagrados institucionalmente, no son amparados por
ninguno de los órdenes en disputa, razón por la cual los sujetos dependen de la
protección-seguridad que sean capaces de brindarle los diferentes aparatos de
guerra.
Sin embargo, no se trata de una protección de derechos públicos, iguales y
reconocidos para todos, sino de una suerte de tutela que exige lealtad incondicio-
nal y provee formas adscriptivas y semiforzadas a los órdenes en competencia. Con

269
esto, el sujeto de los derechos pierde autonomía y capacidad de acción política y,
al mismo tiempo, la esfera pública se eclipsa y no se logra cohesionar e integrar
el pueblo de la Nación. En este contexto de órdenes en disputa, de pretensiones
particularistas y autoridades confrontadas, los ciudadanos virtuales, unos más que
otros, quedan privados de sus derechos y sujetos a los desenvolvimientos del es-
tado de guerra.

270
Las soberanías en vilo
en un contexto de guerra y paz*

Un excurso pertinente
Volver sobre el tema de las soberanías en tiempos de globalización económi-
ca y de internacionalización del derecho parecería anacrónico, por decir lo menos,
y más aún cuando el Estado nacional —depositario de la soberanía y su represen-
tante legal— parecería terminar su ciclo histórico para dar paso a formas nuevas
de integración económica y de organización política, a otras territorialidades y a
una creciente complejidad y diferenciación culturales que se estarían llevando de
calle la pretendida homogeneidad de las sociedades modernas1 . No obstante, ese
concepto decimonónico y aparentemente anticuado puede ofrecer algunas claves
para interpretar la gramática de la guerra en Colombia y para situar las perspecti-
vas de la paz en horizontes quizá más realistas.
La particularidad de la confrontación armada en Colombia, la multiplicidad y
coimplicación de los actores, la simultaneidad de conflictos de diferente orden, sus

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 13. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Medellín, julio-diciembre de 1998.
1. BEINER, Roland. Liberalismo, nacionalismo, ciudadanía. Tres modelos de comunidad política.
Revista Internacional de Filosofía Política. Nº 10. Madrid, diciembre de 1997. Págs. 5-23.

271
largas duraciones y sus coyunturas de agudización, sus expresiones regionales di-
ferenciadas, su carácter cada vez más civil y las porosidades que hacen posible el
cambio de bando de los actores, como si los motivos que los llevaron a empuñar
las armas fuesen banales o circunstanciales, conducen necesariamente a pensar de
nuevo en Tomás Hobbes.
Este autor británico —el gran teórico de la guerra y de la soberanía— pensa-
ba, y con cierta razón, que la anarquía, la violencia múltiple y desagregada y las
confrontaciones civiles estaban intrínsecamente relacionadas con la ausencia de
soberanía, con la inexistencia o la fragilidad de un aparato institucional público
que lograra imponerse sobre los grupos y los individuos en conflicto, despojándo-
los de sus relaciones belicosas, de la hostilidad y las agresiones recíprocas, para
instaurar un orden jurídico político con capacidad vinculante, pero, ante todo, con
suficiente poder para dirigir y controlar la vida social en el marco de un Estado de
nuevo tipo: el Estado Nación2 .
De esta manera, la soberanía estatal —el Leviatán— aparece como la vía para
conjurar la guerra, como aquello que podría asegurar la integridad de los sujetos
en sus vidas y bienes, como una estrategia para protegerse del miedo, la incerti-
dumbre y la inseguridad que produce el saberse vulnerable ante los ataques de los
otros hombres. Sólo el Leviatán, más fuerte y poderoso que todas los demás, po-
dría someterlos a un orden jurídico legal pues únicamente a través de la soberanía
se podría definir un territorio propio, pacificar la población que lo habita, poseer
el monopolio de las armas y de los recursos bélicos, definir pertenencias y dife-
rencias, agresores y enemigos —tanto internos como externos— y declarar la guerra
cuando las circunstancias así lo ameriten.
La presencia omnipotente del Leviatán no hace desaparecer la guerra y la
violencia, las estataliza, les pone límites, las domestica y las sitúa en las fronteras
geográficas del Estado en sus límites político culturales e ideológicos; lo que no
se enmarque allí, queda en condición de exterioridad o liminalidad. Para Hobbes,
y sobre todo para los polemólogos que siguen su estela, la guerra se manifiesta como
fundadora de orden, como fundamento y principio de la soberanía, con justifica-
ción moral del Estado y del derecho, como la manera de ponerle fin a los estados
de belicosidad.
Sin embargo, la soberanía no se instaura de una vez y para siempre pues más
allá del contrato social, en el fondo del orden institucional moderno, y a veces
coexistiendo con la ley, palpita la guerra y amenaza con su retorno para reinstalar
la anarquía, el miedo y la barbarie en el ámbito social. Por esto el Estado Leviatán
deberá mantener la espada desenvainada, no sólo para defender las fronteras de la

2. HOBBES, Tomas. Leviatán. Editora Nacional. Madrid, 1980. Pág. 22.

272
nación sino para evitar el posible retorno de los estados o situaciones de guerra3 .
“Según Hobbes, el Estado es solamente una guerra civil continuadamente
impedida por una gran potencia”4 . Es en la omnipresencia, pero, más que eso, en
la omnipotencia del Estado en donde reside su soberanía; es decir, en su capacidad
para someter a su dominio y control a diferentes sectores sociales, agrupaciones
territoriales, bandas armadas, asociaciones religiosas, grupos étnicos, estamentos
particulares, poderes locales o regionales e individuos aislados, situándose por
encima de ellas y en condición de neutralidad frente a sus disputas y tensiones.
Cuando la soberanía es frágil o de carácter formal persistirá el estado de gue-
rra, que para este autor no es otra cosa que la voluntad permanente y no declinable
de entrar en batalla, de ejercer la violencia y la fuerza bruta hacia el contradictor,
de lograr el propio interés sometiendo por las armas y la sangre derramada a todos
aquellos que se interpongan en el camino. Sin embargo, el estado o situación de guerra
no es todavía la guerra, la confrontación abierta y directa, el humo de las batallas,
los cadáveres esparcidos, las ciudades destruidas y el terror pintado en los rostros
de los sobrevivientes; esta imagen se corresponde más con la guerra como acción5 .
La guerra como estado o situación remite, más bien, a una soberanía débil o
no resuelta y puesta en cuestión por poderes armados que le disputan el ejercicio
de la dominación-sujeción en la que prevalece la voluntad de los diferentes ban-
dos para enfrentarse, para combatir, para utilizar la fuerza y la violencia y para
agrupar a los sujetos sociales en grupos capaces de matar y de morir. Lo predomi-
nante en el escenario del estado de guerra son las mutuas desconfianzas, las ma-
nifestaciones de hostilidad entre las partes, el desafío permanente y la voluntad
manifiesta de no reconocer más poder que el propio, prevalidos los grupos concu-
rrentes de la fuerza que otorga la violencia y de su capacidad para usarla en contra
del enemigo.
En el estado de guerra la soberanía está en disputa y existe una tendencia al
equilibrio de las fuerzas sobre la base de los desequilibrios. Según Hobbes, los
débiles lo son sólo temporalmente pues pueden recurrir a la astucia, a la estrata-
gema, a las sorpresas o a las alianzas para imponer su voluntad y hacer valer sus
intereses6 . Los fuertes o aquellos que coyunturalmente poseen mayores recursos

3 . En este sentido interpretan la teoría hobbesiana pensadores tan distantes como Carl Schmitt, Michel
Foucault. Véase: SCHMITT, Carl. El Leviatán en la doctrina del estado en Tomás Hobbes. Amal-
gama Arte Editorial. México, 1997. Michel Foucault. Genealogía del racismo. Editorial La Pi-
queta. Madrid. Pág. 5-63.
4. SCHMITT Carl. Op. cit. Pág. 61.
5. Esta distinción entre estado de guerra y guerra como acción pertenece a Michel Foucault. La gue-
rra conjurada, la conquista y la sublevación. Op. cit. Pág. 101.
6. Ibid. Pág. 103.

273
de poder porque, como diría Tilly7 , han logrado construir un sistema de impues-
tos, armar ejércitos más poderosos y encontrar apoyo en un grupo social que se
vea representado en ellos, preferirán la paz. Sin embargo, tendrán que demostrar
que están dispuestos a entrar en guerra, a combatir y a ordenar por las armas el
territorio y la sociedad por ellos controlada.
Cuando prevalece el estado de guerra, cuando la soberanía está en vilo, todos
tienen el poder que da la violencia. “Ante este poder todos son iguales a como diría
Hegel, cada uno es débil frente a las demás y por tanto cada uno es enemigo y
competidor de los otros”8 , de ahí la celebre frase bellurn omnium contra omnes.
Carl Schmitt en su texto El Leviatán en la doctrina del estado en Tomás Hobbes,
hace una hermosísima descripción del referente simbólico y el significado de la
figura del Leviatán, tomado de la ilustración en la portada de la primera edición de
este libro, publicado en Inglaterra en 1651:
Un gran hombre, gigantesco, compuesto de innumerables hombres pequeños,
empuña una espada en su mano derecha y en su izquierda un báculo pastoral ex-
tendido protectoramente sobre una ciudad pacífica. Debajo de cada brazo, tanto
el terrenal como el espiritual, se encuentra una columna de cinco ilustraciones;
bajo la espada, un castillo, una corona, un cañón y luego armas, lanzas y bande-
ras y finalmente una batalla; correspondientes en la serie paralela, debajo del brazo
espiritual, tenemos una iglesia, una mitra, los rayos de la excomunión, distincio-
nes agudas y dilemas y por último un concilio9 .

Esta imagen simbólica de la soberanía estatal, que evoca un poder supremo y


omnipotente, extendido sobre todas las esferas de la vida social —desde las pro-
fanas hasta las sagradas—; este gran hombre, poderoso y paternal al mismo tiem-
po, en cuyo cuerpo majestuoso se apretuja la masa de ciudadanos como signifi-
cando que éstos se han privado de su poder y belicosidad personales para entre-
garlos, en un hipotético contrato, al Estado soberano, significa, en últimas, la
conjuración de la guerra, la alternativa a la violencia, al terror, al miedo que, a pesar
de todo, laten y se mantienen como amenaza perpetua de anarquía y revolución.
De allí la espada desenvainada, pero también el báculo protector que alude a la
dominación cultural y a la dirección intelectual de la condición civil de los ciuda-
danos, apelando a los componentes de todo poder: la violencia y el consenso.
Esta figura del Leviatán, tan llena de sugerencias y evocaciones, logra al mismo
tiempo recrear simbólicamente la historia que la sustenta, poniendo en imágenes,
emblemas y composiciones, los largos procesos históricos de construcción del

7. TILLY, Charles. Las revoluciones europeas. 1492-1992. Editorial Crítica. 1995. Pág. 28.
8. SCHMITT, Carl. Op. cit. Pág. 73.
9. Ibid. Pág. 55.

274
Estado Nación: la unificación de poderes y territorios, la pacificación e integra-
ción cultural de la Nación y la instauración de un marco jurídico legal con capa-
cidad vinculante, para el desenvolvimiento de la vida de los sujetos como ciuda-
danos.
Esta noción de Estado absoluto y soberanía plena que se desarrolla en la teo-
ría hobbesiana, no presupone ninguna acción ciudadana orientada a la búsqueda
de consensos o de acuerdos para fundarla o representarla. Supone un marco ins-
titucional de acción estatal que garantice los derechos civiles, pero carece de di-
mensiones democráticas o de alguna forma de acción republicana o representati-
va. Para Hobbes, el Estado Nación es la soberanía misma, su encarnación, su ex-
presión inmediata. En cambio, para los contractualistas liberales que siguen el ideal
democrático10 , la soberanía es ante todo representación; y más que en la guerra y
la violencia está fundada en los consensos, en los acuerdos interpares, en la co-
operación de sectores y fuerzas sociales de diverso orden. Es una soberanía de origen
popular y por lo tanto el Estado emana de esa voluntad y carece de la omnipotencia
que le asignaba Hobbes pues debe desenvolverse en un marco jurídico que le define
límites y controles.
Los contractualistas liberales, tanto los clásicos como los contemporáneos, han
desconfiado siempre de las ventajas de la soberanía absoluta y de la capacidad del
Estado para garantizar la seguridad ciudadana y evitar la violencia. Hoy, más que
nunca, sigue teniendo validez la crítica de Locke a Hobbes según la cual “resulta-
ría insensato pensar que uno puede protegerse de las zorras y las mofetas refugián-
dose en la jaula del león”11 .
Cambiar pequeños terrores por el terror supremo en aras de garantizar la se-
guridad, ha sido una mala experiencia histórica, cuyas expresiones más evidentes
se pueden encontrar, sin ir más lejos, en nuestro corto y conflictivo siglo XX. Los
totalitarismos, los fascismos, las dictaduras militares del Tercer Mundo están ahí
para poner de manifiesto los peligros que para los ciudadanos entraña refugiarse
en la jaula del león pues el Leviatán enérgico y protector con el que soñaba Hobbes,
bien puede convertirse en un monstruo que devora a sus enemigos pero también a
sus amigos.
Pero aún para los demócratas y liberales más radicales, el Estado, en tanto que
representante por excelencia de la voluntad popular, debe evocar de alguna mane-
ra al viejo Leviatán; debe mantener una relativa autonomía frente a los poderes
privados —sagrados y profanos—; debe asegurar el dominio suficiente para con-

10. CORTÉS Rodas, Francisco. Racionalidad comunicativa y política deliberativa en Habermas. Es-
tudios de Filosofía. Nº 12. Universidad de Antioquia. Medellín, agosto 1995. Págs. 107-120.
11. SERRANO Gómez, Enrique. Consenso y conflicto. Schmitt y Arendt. La definición de lo polí-
tico. Grupo Editorial Interlínea. México, 1990. Pág. 17.

275
servar el monopolio de la violencia legítima, a la sociedad pacificada y desarma-
da, y al territorio y al conjunto de los pobladores integrados en tanto que ciudada-
nos al corpus de la Nación. Para los contractualistas liberales, se trata de un Le-
viatán domesticado pero sin que pierda por ello su condición soberana que es su
razón de ser y su principio de legitimidad.
De esta manera la soberanía —absoluta o representada— se convierte en el
núcleo central del poder político, del orden institucional y, para casi todos, en la
condición necesaria aunque insuficiente para el desarrollo de las democracias
modernas. Las que hoy se reconocen como verdaderas poliarquías12 , se consoli-
daron en contextos históricos de sangre y muerte, de guerras intestinas, de violen-
cias disgregadas y moleculares, de largos períodos de inestabilidad política, de
revoluciones y contrarrevoluciones, de invasiones y conquistas, de atropellos cultu-
rales, lingüísticos, étnicos y religiosos; en fin, de procesos autoritarios de domina-
ción-sujeción a través de los cuales un grupo que se definió así mismo como na-
cional, logró imponerse sobre los demás e instaurar la soberanía en territorios y
conjuntos sociales determinados.
Lo que muchas veces se olvida es que si bien los regímenes democráticos tienen
como precondición la soberanía del Estado, la construcción histórica de ella tiene
poco que ver con la democracia y muchísima relación con la violencia y la sangre
derramada.
Desde la perspectiva histórico social, Charles Tilly13 se aproxima a la idea de
los estados de guerra de otra manera y los define como situaciones revoluciona-
rias. Es decir, como un evento o una sucesión de eventos conflictivos, sucedidos
en un arco de espacio y de tiempo, y que ponen de manifiesto la ruptura de la
soberanía a la competencia de soberanías múltiples. Las situaciones revoluciona-
rias según Tilly, no conducen necesariamente a un resultado revolucionario, esto
es, al establecimiento de la soberanía bajo una nueva dirección, por el contrario,
pueden desembocar en el restablecimiento del statu quo o diluirse para configu-
rarse tiempo después bajo otras formas de confrontación o bajo otras situaciones
revolucionarias.
En lo que coinciden el filósofo y el historiador es que en los estados de guerra
o en las situaciones revolucionarias, lo que está en disputa es la soberanía. Ello
ocurre, según Tilly, cuando aparecen contendientes o coaliciones de contendien-
tes, con aspiraciones incompatibles entre sí de controlar el Estado o una parte del

12. Asumimos aquí el concepto de poliarquía elaborado por Robert Dahí y citado por: Guillermo
O’Donell. Estado, democratización y ciudadanía. Nueva Sociedad. Nº 28. Caracas, noviembre-
diciembre de 1993. Pág. 62.
13. TILLY, Charles. Op. cit. Pág. 28. Véase también del mismo autor. Coerción, Capital y los Estados
Europeos 990-1990. Alianza. Madrid, 1992.

276
mismo; cuando el apoyo de esas aspiraciones es respaldado por parte de un sector
importante de los ciudadanos y cuando los gobernantes son incapaces o no tienen
voluntad suficiente para suprimir la coalición alternativa o el apoyo de sus aspira-
ciones14 .
Si la soberanía es el resultado de la construcción histórica del Estado Nación
y si ella, expresada en el Leviatán —omnipotente o domesticado— es la manera
de superar los estados o situaciones de guerra, tendríamos que aceptar, al menos
en el orden hipotético, dos tesis:
– Que la naturaleza de las confrontaciones armadas y de la violencia molecular
en Colombia, expresa estados de guerra prolongados a la manera hobbesiana
y devela la existencia de verdaderos dominios territoriales, contraestatales o
paraestatales, que no sólo mantienen en vilo la soberanía del Estado sino que
van configurando órdenes de facto con pretensiones también soberanas.
– Los estados de guerra prolongados y las soberanías en disputa permiten afir-
mar que el conflicto armado en Colombia se enmarca en las guerras por una
construcción nacional. Se trata de guerras por el orden justo; por la represen-
tación soberana; por el dominio territorial; por el control institucional de los
bienes públicos; por la sujeción de pobladores y residentes. En fin, guerras por
la soberanía que se coimplican y se entrecruzan con los conflictos propios de
las sociedades modernas devenidos de la complejidad y la diferenciación que
les son propias: violencias urbanas, juveniles, de exclusión, y con el nuevo
escenario de la globalización y de la sociedad de consumo en el cual se des-
taca el fenómeno del narcotráfico15 .
La soberanía es pues el referente analítico de ambas tesis, el concepto que
permitiría ir más allá de las causas y de las justificaciones morales de las guerras
y desentrañar tanto su gramática como sus dinámicas concretas.

Los estados de guerra y la competencia de soberanías


El estado de guerra se expresa en Colombia por una debilidad endémica de la
soberanía puesta en vilo, tanto en el pasado como en el presente, por grupos arma-
dos de diferente adscripción ideológica, ubicación territorial o condición social.
Los rasgos más destacados de estos grupos fueron: no reconocer una autoridad
pública u otro poder distinto al propio; resistir los intentos de dominación-suje-
ción realizados desde el Estado y mantener viva la hostilidad y la voluntad de entrar

14. Ibid.
15. PÉCAUT, Daniel. Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de vio-
lencia. Ponencia presentada en la Universidad de los Andes. Bogotá. Pág. 2.

277
en guerra o de usar la violencia cuando sentían vulnerados o en peligro sus circui-
tos privados de poder.
Los estados de guerra (Hobbes) o las situaciones revolucionarias (Tilly), no
lograban una transferencia de poder a los grupos en conflicto ni la instauración de
un orden soberano que los sometiera a todos. La prolongación de estas situaciones
en arcos de tiempo indeterminados producen modificaciones significativas en la
naturaleza del conflicto armado y en las dinámicas de la guerra.
Los analistas políticos en Colombia han interpretado esta debilidad endémica
de la soberanía como ausencia de Estado, pero, más que de omnipresencia, el Estado
Nacional ha carecido de omnipotencia para tomar la decisión soberana, lo que
devela no sólo el fracaso del consenso y de los instrumentos legales para la instau-
ración de una soberanía representada —o Leviatán domado— sino ante todo, el
fracaso en el uso de las armas y de la fuerza para restaurar el orden institucional
a través de un Leviatán omnipotente.
Desde hace más de cuarenta años, para referirse sólo a la historia reciente, el
Estado colombiano ha recurrido a las armas para someter una guerrilla que en sus
inicios, fue débil, campesina y modesta16 ; ha usado de manera discrecional y laxa
los recursos de la excepcionalidad (estado de sitio) y más recientemente ha tole-
rado la parainstitucionalidad y otras estrategias privadas para controlar el poder
armado de la guerrilla, con lo cual se han debilitado, aún más, la soberanía y el
poder del Estado, agudizando la confrontación y ampliándola a sectores de la
sociedad ajenos al conflicto.
Si para Hobbes la soberanía del Estado “es una guerra civil continuadamente
impedida por una gran potencia”17 , entonces, su impotencia o, lo que es lo mismo,
la fragilidad de su soberanía, no sería otra cosa que un estado de guerra prolon-
gado e indeterminado en el cual ni el aparato público, ni aquellos que intentan
subsanar su fragilidad (los paramilitares), ni sus enemigos reconocidos (las gue-
rrillas), han logrado imponerse sobre los demás para terminar con la belicosidad
social, fundar orden y derecho, mantener el monopolio de las armas e instaurar,
por fin, alguna forma de soberanía que pueda llamarse así.
Por el contrario, la soberanía ha permanecido en vilo, en disputa por largos
períodos. Es decir, se mantienen por tiempo indefinido los estados de guerra, per-
mitiendo que en varias regiones del territorio nacional se configuren órdenes al-
ternativos de facto con pretensiones también soberanas. En estos espacios se de-
finen formas particulares y no convencionales de hacer y representar la política,

16. En los relatos memoriales de las Farc se enfatiza en este origen modesto, campesino y de resis-
tencia que tuvo esta organización guerrillera. Véase, por ejemplo, el Discurso de las Farc en la
instalación de las mesas de diálogo. San Vicente del Caguán, enero 7 de 1999.
17. SCHMITT, Charles. Op. cit. Pág. 61.

278
de usar los recursos colectivos y de fuerza; se trazan fronteras y se delimitan terri-
torios exclusivos; se instalan autoridades y mandos alternativos; se establecen
circuitos de poder a través de los cuales se mantiene, en los espacios controlados
de esta manera, la capacidad para tomar decisiones soberanas: desplazar población
no confiable y concitar obediencia y acato de quienes allí residen, bien sean éstos
ciudadanos corrientes o representantes y administradores del poder público18 .
Es precisamente la prolongación del conflicto en un arco de tiempo indefini-
do, lo que permite que se transite de la debilidad endémica de la soberanía estatal
a la competencia de soberanías, donde aquella que representa a la institución le-
gal, coexiste, se superpone o se confronta con otras soberanías alternativas, que
controlan territorialidades difusas pero que no logran una transferencia del poder
del Estado ni concitar el apoyo decidido de un sector importante de los ciudada-
nos de la Nación19 , manteniendo, eso sí, la incapacidad de los sucesivos gobiernos
para someter los contradictores y hacer obedecer sus normas al conjunto de la
Nación.
Los estados de guerra prolongados como los que se presentan en Colombia,
generan su propia dinámica interna, adquieren lógicas particulares y le dan salida
a situaciones inéditas que a veces tienen poco que ver con las razones morales o
las justificaciones que llevaron a los contendientes a empuñar las armas. Los es-
tados de guerra o las situaciones revolucionarias que no desembocan en un resul-
tado revolucionario y que se mantienen en un arco de tiempo prolongado, encuen-
tran en su propio devenir las condiciones para su mantenimiento y reproducción,
así como para su deslizamiento hacia la guerra como acción. El perfil más desta-
cado del estado de guerra en Colombia es, pues, la competencia de soberanías.
El aparato público mantiene el control sobre la formalidad institucional y
desarrolla sus acciones político-militares, administrativas y de gestión en el mar-
co del ordenamiento territorial vigente pero no es soberano en buena parte de la
Nación. Según recientes estudios20 , para 1995 la guerrilla tenía presencia en algo
más de la mitad de los municipios colombianos pero, más allá de las estadísticas
que son bastante significativas en sí mismas, esa presencia ha logrado configurar
territorialidades más amplias, cuasirregiones que articulan varios municipios ve-

18. URIBE de H., María Teresa. Las dinámicas bélicas en la Colombia de hoy. En: Democracia y paz.
Alfonso Monsalve y Eduardo Domínguez. Editores. Editorial Pontificia Bolivariana. Medellín,
1999. Pág. 172.
19. Charles Tilly, en su análisis sobre las revoluciones europeas, distingue metodológicamente entre
las situaciones revolucionarias y los resultados revolucionarios; las primeras no siempre desem-
bocan en las segundas.: TILLY, Charles. Op. cit. Pág. 33.
20. ZULUAGA Nieto, Jaime. Dinámica del conflicto interno armado y desplazamiento forzado. Es-
tudios Políticos Nº 13. Bogotá, 1998. Pág. 4. Medellín, julio-diciembre 1998.

279
cinos o, al menos, partes de ellos —algunas veces pertenecientes a varios depar-
tamentos—, integrándolos y cohesionándolos bajo un mismo mando político mi-
litar.
Estas cuasirregiones o territorialidades bélicas tuvieron en el pasado una cla-
ra significación estratégica, geopolítica, cuyo sentido era la autoprotección de sus
efectivos, la movilidad en el territorio y la consecución de recursos y abastecimien-
tos, acorde con la lógica de una guerra de guerrillas o guerra de movimientos. Estas
territorialidades bélicas podían conectarse entre sí por accidentes geográficos: valles
y cañones de los ríos, páramos de difícil acceso, crestas de las cordilleras y un
intrincado sistema de viejos y nuevos caminos de herradura, conocidos sólo por
los lugareños, y que permitían a las agrupaciones guerrilleras ir rápidamente y sin
mayores riesgos de un sitio a otro para mantener en jaque a las fuerzas institucio-
nales.
Entre tanto, el país formal, el institucional, el urbano, se movía por otros
corredores viales y tanto el departamento como el municipio, con su cabecera y
zona rural, constituían los referentes espaciales para la administración y la gestión
públicas o para el control militar.
De esta manera, los Estados de guerra prolongadas configuraron un nuevo
mapa de Colombia, una nueva división territorial que desbordaba, con mucho,
aquella que se reconocía institucionalmente y con base en la cual se ejercía la
administración y la gestión públicas. Se definieron fronteras internas que delimi-
taban poderes exclusivos y que sólo podían descubrirse desde la gramática bélica;
es decir, desde las estrategias puestas en ejecución por los sectores armados y desde
los requerimientos exigidos por la confrontación propia de una guerra de guerri-
llas: autoprotección, movilidad, abastecimientos y recursos económicos.
Los estados de guerra prolongados construyeron otra Colombia, invisible,
marginal y distante de los grandes centros urbanos, de las zonas económicas más
productivas y de las sedes principales del poder público pero con la suficiente
capacidad de mantener en vilo la soberanía del Estado y de construir órdenes de
facto con pretensiones soberanas. Otra Colombia donde reinaban las guerrillas
societales muy imbricadas con la población residente, que empezó a reconocer en
ellas un poder concreto, autoritario y discrecional es cierto, pero capaz de consti-
tuirse en principio de orden, dirigir la vida en común, dirimir las disputas entre
vecinos, sancionar las conductas consideradas por ellos como delictivas y ofrecer
dominio y protección; y si bien buena parte de estos pobladores, campesinos y
colonos en su mayoría, no estaban muy enterados de los propósitos políticos o de
las razones morales de los insurgentes, su presencia era aceptada porque no per-
turbaba demasiado la cotidianidad de sus vidas y porque encarnaban una autoridad
armada a la cual podían recurrir para dirimir conflictos y tensiones de la vida local.

280
Es decir, se empezó a reconocerle a las guerrillas soberanía territorial en sus
zonas de influencia y alguna forma de representatividad y reconocimiento social.
Sin embargo, para otros pobladores, grandes o medianos propietarios, residentes
en sus territorios o en sitios aledaños, la acción de las agrupaciones guerrilleras sí
se convirtió en un elemento grave de perturbación, y no precisamente por su dis-
curso político o por sus razones morales para alzarse en armas sino, ante todo, por
el sistema de impuestos para financiar la guerra que autoritariamente instituyeron
a través del secuestro extorsivo y diferentes formas de exacción económica.
El cobro de impuestos de guerra le generó a los insurgentes muchos enemigos
y deslegitimó, en buena medida, sus propósitos públicos. Pero, al mismo tiempo,
puso de manifiesto la existencia de soberanías alternativas en algunas regiones del
país, esto es, la existencia de grupos alzados en armas capaces de obligar el pago
de impuestos, controlar territorios, organizar la población residente y encontrar
algún reconocimiento social21 .
Este modelo de acción guerrillera y las eventuales incursiones del ejército na-
cional en persecución de los insurgentes, contribuyeron a crear adhesiones más sóli-
das entre población residente y guerrilla, pues las fuerzas armadas del Estado llega-
ron a estas zonas apartadas de la geografía nacional como a un territorio enemigo;
de ahí que sus prácticas bélicas se asemejaran más a las de un ejército de ocupación
en un país extranjero que a las de un organismo representante del poder público y
de la soberanía de la propia Nación. De esta manera, la acción contrainsurgente —
sin proponérselo— contribuyó a fortalecer las soberanías alternativas y a que el
aparato administrativo del Estado, perdiera pie en las llamadas zonas rojas22 .
En suma, la dinámica del conflicto armado y el contrapunto de acciones y
reacciones en un arco de tiempo prolongado, posibilitaron la lenta configuración
de soberanías alternativas, de poderes territoriales autónomos, informales, fácti-
cos y autoritarios pero no por ello ineficaces, irrelevantes o no vinculantes. Estas
cuasirregiones fueron el resultado de las gramáticas bélicas, configuradas en tor-
no a una conjugación de estrategias contrapuestas: aquellas devenidas de las exi-
gencias de una guerra de movimientos (autoprotección, movilidad, abastecimien-
tos y recursos económicos) y aquellas referidas a las acciones estatales de contra-
insurgencia que, en la perspectiva de la teoría de la seguridad nacional, convirtie-
ron en enemigos internos no sólo a los guerrilleros sino también a los residentes
en las zonas de conflicto, a los disidentes políticos y a la dirigencia de la protesta
social.

21. Estas son las características que definen, según Tilly, las situaciones de soberanías en disputa. Véase:
Las revoluciones europeas. 1492-1992. Op. cit.
22 .LEAL Buitrago, Francisco. Las utopías de la paz. En: Alfonso Monsalve y Eduardo Domínguez.
Editores. Op. cit. Pág. 115.

281
De la guerra como acción
El estado de guerra en arcos de tiempo prolongados y territorialmente dife-
renciados, termina por alimentarse cada vez más de su propia dinámica y cada vez
menos de las razones morales o de las causas aducidas para usar las armas en contra
de supuestos o reales enemigos. Pero quizá lo más importante es que al prolongar-
se y diferenciarse el conflicto, no se mantiene congelada o relativamente estable
la situación original en la cual éste se produjo. Por el contrario, el contexto o la
matriz histórico política y económica se transforma, se despliega en múltiples
direcciones, se redefinen los actores y las poblaciones o grupos de apoyo, lo que
se manifiesta en nuevos factores de conflicto o de cooperación, sin relación entre
sí y sin que se puedan establecer cadenas de causalidad o de continuidad entre ellos
y la situación original.
Se trata, entonces, de una suerte de situaciones diferentes que terminan pro-
piciando conjugaciones de escenarios, de actores y de eventos violentos, cuyo
conjunto configura lo que Tilly llama la situación crítica23 y lo que en palabras de
Schmitt sería la guerra como acción o guerra total24 .
En Colombia, en la década de los ochenta, se empiezan a manifestar cambios
importantes, tanto en las estrategias de los diversos actores armados: insurgentes,
gubernamentales y sociales, como en el contexto sociocultural y económico en el
cual el viejo conflicto se venía desarrollando, lo que cambia los referentes para el
accionar de estos grupos y el sentido y la intensidad de la propia guerra. Las modi-
ficaciones más importantes en el contexto en el que se venía desarrollando el es-
tado de guerra prolongado tienen que ver con la generalización de la violencia y
la irrupción de la economía del narcotráfico. Al mismo tiempo, y no necesariamente
ligadas con los cambios en el contexto, se presentan modificaciones considerables
en las estrategias de los actores armados en los siguientes aspectos: el tránsito de
la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, la apertura de escenarios de
diálogo de diplomacia armada y el giro parainstitucional y privado de una guerra
que se va haciendo cada vez más total.

La violencia generalizada
El estado de guerra prolongado se vio sustancialmente modificado con la irrup-
ción de los conflictos que acompañan siempre los fenómenos de la modernización:
urbanos, económicos, tecnológicos y de la comunicación mediática; con las ex-
clusiones y las maneras fragmentarias de integración de los sujetos sociales a las

23. TILLY, Charles. Las revoluciones europeas. 1492-1992. Op. cit. Pág. 28.
24. SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Alianza Universidad. Madrid, 1991. Pág. 139.

282
urbes y a los nuevos modelos productivos, así como con los cambios culturales
abruptos en los valores y en las morales tradicionales25 .
Estos cambios multipolares y polivalentes crean climas de complejidad, de
diferenciación y de desgarramiento de las viejas sociabilidades en cualquier lugar
donde ocurren de manera acelerada. Pero en el contexto colombiano se tornaron
particularmente violentos y conflictivos debido, en parte, a la vigencia de estados
de guerra prolongados que habían debilitado la soberanía estatal y fracturado el
aparato institucional haciéndolo inorgánico en su ejercicio administrativo, inefi-
caz en el control militar y policial y profundamente ingobernable a la sociedad.
Bajo el ambiguo nombre de violencia generalizada se agruparon diferentes
modalidades de acción armada: juveniles, delincuenciales, interpersonales, domés-
ticas, de barrio y vecindario, de autodefensa y seguridad privada, cuyo perfil era
difuso, molecular, cambiante e inestable; modalidades de acción armada sin defi-
nición clara de enemigo y que se articulaban de manera bastante irregular y sinuo-
sa con los viejos y nuevos actores del conflicto, entre ellos los dones del tráfico de
drogas ilícitas.
Estas violencias difusas obedecían a una pluralidad de causas y de situacio-
nes sin relación aparente entre ellas, pero tenían en común que no se articulaban
en torno a una identidad específica preexistente sino a estructuras de patronazgo
y clientela, muchas de ellas surgidas de la dinámica de los conflictos librados a su
propia suerte. Esta característica las hacía móviles, porosas y de fácil encuadra-
miento en las gramáticas de los conflictos preexistentes26 .
La percepción generalizada era la de un profundo desorden, una suerte de caos
social en el cual la autoridad pública parecía estar desbordada por las realidades
violentas, permeada por los intereses de la delincuencia organizada y subyugada
por la acción guerrillera. Esta percepción de desorden y de caos se acentuaba cuando
las interpretaciones tradicionales eran ineficaces para explicar una nueva situación
que parecía no obedecer a ninguna lógica pública, haciéndose cada vez más opa-
ca, más mecánica, más automática y más total27 .
Esta situación aparentemente caótica y anárquica del universo de lo social,
convocó las demandas de seguridad ciudadana, lo que le abrió las puertas, tanto a

25. A las violencias asociadas con estas transformaciones, las denomina Daniel Pécaut violencias
modernas para distinguirlas de conflictos tradicionales de un ámbito predominantemente rural.
PECAUT, Daniel. Op. cit. Pág. 2.
26. Sobre el accionar de los grupos portadores de estas nuevas formas de violencia, véase: JARAMI-
LLO, Ana María. et al. En La Encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa.
Corporación Región. Medellín, 1998. Pág. 57-86.
27. Estas son las características que le asigna Schmitt a la guerra como acción o guerra total. Véase:
El Concepto de lo político. Op. cit. Pág. 130.

283
las organizaciones privadas de violencia y justicia, como a reacciones ilegales de
las fuerzas de seguridad del Estado, haciendo cada vez más confusas y grises las
diferencias entre lo político y lo delincuencial; entre lo legal y lo ilegal; entre la
violencia organizada y la desorganizada; entre lo societal y lo militar; entre la justicia
y la venganza.
A su vez, la estructura de patronazgo y clientela de estas violencias difusas
les permitía adecuarse a las realidades propias de las soberanías en disputa; pasar
de una organización armada —delincuencial o política— a otra, como si fuesen
banales o fútiles los motivos que llevaron a los diversos actores a dividirse en bandos
capaces de matar y de morir28 .
La dificultad para interpretar las modificaciones que el contexto producía en
un estado de guerra prolongada, llevó a los analistas políticos a centrar su mirada
en la dimensión cuantitativa, pues cada vez era más difícil diferenciar las modali-
dades de acción violenta, las prácticas militares de cada actor o las razones de tantas
muertes. Sólo parecía posible conocer el número de víctimas, el arma homicida y,
quizá, el lugar donde ocurrían los hechos de sangre. “Para tener una idea de la
magnitud del problema, baste considerar que mientras en América Latina el pro-
medio de homicidios por cada cien mil habitantes es de veintiuno, en Colombia
son setenta y cuatro; que para toda el mundo los homicidios representan el 1% de
las muertes mientras que entre nosotros es el 25%, lo que significa que por esta
causa mueren más personas que por cualquier enfermedad” 29 .
Lo que se ponía de manifiesto con esta situación era la expansión del animus
belli30 a otros espacios y otros actores de la vida social, ajenos o no, comprome-
tidos hasta el momento con el conflicto armado; los efectos perturbadores de la
estructura patrón clientela, sobre los referentes políticos y públicos de los actores
armados y sociales; la conjunción de escenarios de guerra y delincuencia; las
porosidades y deslizamientos de los actores armados de un campo a otro y, lo que
es más importante, la aparente pérdida de sentido de la guerra misma. En suma, se
ponía de manifiesto un cambio cualitativo, no sólo cuantitativo, del conflicto ar-
mado, que consistía en el giro del Estado de guerra a la guerra como acción, y que
ésta, parecía justificarse a sí misma, haciéndose cada vez más total31 .

28. PÉCAUT, Daniel. De la violencia banalizada al terror. El caso colombiano. Controversia. Nº 171.
Cinep. Bogotá, 1997. Pág. 9-33.
29. ZULUAGA Nieto, Jaime. Op. cit. Pág. 3.
30. Carl Schmitt señala que la hostilidad o el animus belli no precede al conflicto; por el contrario,
se alimenta de él y en la medida en que se agudiza, la hostilidad se hace más total. SCHMITT,
Carl. El concepto de lo político. Op. cit. Pág. 139.
31. Ibid. Pág. 139.

284
La economía de la droga
La economía de la droga modificó, también de manera significativa, el con-
texto de los conflictos armados. Su irrupción y rápida expansión verificada en
los años ochenta, estuvo posibilitada, en parte, por una soberanía estatal frágil y,
en parte, por el incremento sustancial en la demanda internacional de estupefa-
cientes.
Las manifestaciones del narcotráfico en la vida colombiana son de muy di-
versa naturaleza, pero en lo que atañe al conflicto armado fueron de particular
significación dos aspectos: en primer lugar, las maneras como los narcotraficantes
se articularon tanto a los actores tradicionales de la guerra en el mundo rural como
a las nuevas modalidades de acción violenta que se desarrollaban en las grandes
ciudades; y, en segundo lugar, la gran cantidad de recursos económicos generados
por el tráfico ilegal, que por canales diversos llegaron a las arcas de los distintos
actores armados y al universo de la política tradicional que, dada su estructura de
patronazgo y clientela, facilitaba la estrategia de control sobre lo institucional puesta
en práctica por estos nuevos actores violentos: los narcotraficantes.
La expansión de la economía del narcotráfico produjo modificaciones para-
dójicas y contrastantes. Le dio organicidad y potenció las llamadas violencias
urbanas, juveniles, delincuenciales, comunes y vecinales, anudando milicias y
bandas a sus estrategias de distribución y mercadeo de estupefacientes, así como
a las guerras privadas en contra de una gama muy amplia de enemigos y contra-
dictores: y, al mismo tiempo, produjo efectos desorganizadores y dislocadores en
algunos sectores de la burocracia estatal de las diversas ramas del poder público,
de las fuerzas de seguridad y de ciertos actores de la política partidista, que con su
accionar corrupto ponían en vilo la soberanía estatal pero esta vez desde dentro
del régimen político y en el ámbito de los órganos de representación, elección y
gestión públicas32 .
Esta forma de articulación de los narcotraficantes con los actores legales e
ilegales de la vida colombiana, y su doble efecto —organizador en un ámbito
desorganizador en otro—, ha estado determinada, en parte, porque unos y otros
comparten un sustrato sociocultural similar, donde predominan formas de asocia-
ción que se enmarcan en la relación de patronazgo y clientela; donde los vínculos
que unen a los asociados no están determinados por entidades culturales, sociales
o de clase sino por relaciones bidireccionales de intercambio, centrado en los re-
cursos de poder (institucionales, de fuerza, violencia o control territorial) que posee
un patrón en particular.

32. El llamado proceso 8.000 develó la presencia de los intereses ilícitos del narcotráfico en la buro-
cracia del gobierno y en otras ramas del poder público.

285
El personalismo es de la naturaleza de estas asociaciones clientelares, obede-
ce a un patrón, se lo reconoce y acata, no por lo que él significa en el ámbito público
sino por la cantidad de recursos institucionales, económicos, de violencia o de fuerza
que pueda movilizar en un momento dado, para sus intereses privados y los de su
clientela. El faccionalismo es otra característica de las relaciones patrón-clientela,
es decir, la tendencia a la división interna, al surgimiento de nuevos patrones, a las
escisiones y recomposiciones de las clientelas. A su vez, los personalismos y los
faccionalismos tienden a ser centralizados, de base regional o local, y aunque
eventualmente pueden dar pie a alianzas o federaciones de patrones en el contexto
nacional, también son frecuentes las guerras a muerte en las que se definen nuevos
patronazgos y se realinderan las clientelas33 .
La articulación de los narcotraficantes con los sectores armados siguió el mismo
patrón diferencial y desregulado. En su condición de nuevos terratenientes rurales
en zonas con fuerte presencia guerrillera34 hicieron causa común con propietarios
tradicionales quienes venían deslizándose hacia estrategias paramilitares para
combatir a la guerrilla y desmontar su sistema impositivo de secuestros y extor-
siones. Esta convergencia de intereses complicó a las fuerzas armadas —por lo
menos a algunos de sus efectivos de diferente rango— dado que, para todos ellos,
la guerrilla era el enemigo principal. La alianza táctica permitió que buena parte
de las ganancias del tráfico de narcóticos así como sus recursos de fuerza (ejérci-
tos, armas, tácticas de terror) fluyeran hacia algunas organizaciones paramilitares
posibilitando su consolidación y extensión35 . Sin embargo, en otras regiones de
características diferentes, fuerza pública y narcotraficantes se sitúan en condición
de enemigos irreconciliables y se confrontan militarmente con un altísimo costo
en vidas para las instituciones armadas.
La situación es totalmente diferente en las zonas de colonización de frontera
abierta. En estas regiones ha tenido mayor ocurrencia la expansión de cultivos
ilícitos y es donde la articulación de los narcotraficantes con los grupos armados
ha seguido un patrón diferente. En estas zonas, la convergencia de intereses tác-
ticos se nucleó en torno a los pequeños cultivadores de coca y amapola. Alrededor
de ellos y de sus necesidades y demandas, guerrilla y narcotráfico entraron en

33. Estas estructuras de patronazgo y clientela presentes en la historia Latinoamericana desde el si-
glo XIX hasta hoy, son las que le han permitido a Fernando Escalante Gonzalbo afirmar que el
orden político de estas naciones es “algo a medio camino entre el orden clásico de la Sicilia mafiosa
y el tipo weberiano de dominación patrimonial”. Véase: Los crímenes de la patria. Las guerras de
construcción nacional en México. Metapolítica. Vol. 2. Nº 5. Cepcom. México, 1998. Pág. 9.
34. ZULUAGA Nieto, Jaime. Op. cit. Pág. 5.
35. MEDINA Gallego, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, de-
sarrollo y consolidación. Editorial Documentos Periodísticos. Bogotá, 1990.

286
contacto, permitiendo la irrigación de las finanzas de la primera a través de la
retribución que recibían por servicios prestados, tales como vigilancia de labora-
torios, uso común de redes de abastecimiento, de insumos y armas; además del
cobro de un impuesto extorsivo llamado gramaje y cobrado sobre las drogas ilíci-
tas que salen de las regiones de cultivo36 .
Esta convergencia de intereses tácticos, diferenciada regionalmente, hace que
guerrilleros y narcotraficantes no siempre estén situados en condición de enemi-
gos, y mientras que en algunas zonas se enfrentan a muerte a través de los para-
militares, en otras desarrollan tácticas fragmentarias de cooperación y complemen-
tariedad.
En suma, la economía del narcotráfico se benefició de los estados de guerra
prolongados, de los órdenes regionales de facto, de las soberanías en disputa. Su
articulación con los actores institucionales, partidistas, armados o sociales, se ajustó
de una manera muy eficaz al mapa de los conflictos armados y de los poderes
fragmentados, así como a las diversas armazones de patronazgo y clientela. Al
mismo tiempo, la economía del narcotráfico modificó sustancialmente el contex-
to del conflicto armado, no sólo porque con sus capitales ilícitos financia a los
diferentes ejércitos sino porque amplía el universo de los conflictos y las violen-
cias, haciendo de ellos algo cada vez menos público, más opaco, más privado y
con altos grados de complejidad y diferenciación regional.

La diplomacia y la guerra
Además de las modificaciones del contexto sociocultural y económico que
transformaron profundamente las dinámicas bélicas a partir de la década de los
ochenta, se presentaron cambios significativos en las estrategias de los actores
armados, redefiniciones en sus poblaciones de apoyo y el surgimiento de un polo
de opinión opuesto a la guerra que empezó a buscar formas de negociación de los
conflictos. Es decir, se configuraron escenarios de diplomacia prolongada y gue-
rra generalizada poniendo de manifiesto que se transitaba hacia un momento cua-
litativamente distinto de la confrontación.
A principios de la década de los ochenta se inició, tardíamente por lo demás,
el largo y tortuoso proceso de negociación y acuerdos entre las diferentes agrupa-
ciones guerrilleras y el gobierno nacional. Se necesitaron algo más de veinte años
de guerra irregular para que los actores del conflicto aceptaran la posibilidad de
ensayar estrategias dialógicas y consensuales para ponerle fin a un estado de gue-
rra prolongado, que cada vez se tornaba más complejo y se diferenciaba territo-

36. ZULUAGA Nieto, Jaime. Op. cit. Pág. 6.

287
rialmente sin presentar alternativas claras de salida. Pero cuando los actores arma-
dos se sentaron a la mesa del diálogo, las gramáticas bélicas y las modificaciones
del contexto habían creado realidades inéditas que superaban ampliamente las
causas primeras o las justificaciones morales del conflicto.
Los diálogos fueron multilaterales, con cada agrupación por separado, diferi-
dos en el tiempo, con agendas distintas, tratamientos desiguales para los insurgen-
tes y siempre parciales e incompletos, de tal manera que mientras con unos se fir-
maba la paz, con los otros se mantenía la guerra. Además, fueron frecuentes las
divisiones en las organizaciones guerrilleras y, por lo general, quedaban reductos
que se negaban a obedecer los compromisos adquiridos por las cúpulas en las mesas
de negociación37 .
Los interlocutores gubernamentales tampoco lograron desarrollar una acción
coherente y orgánica. Aunque públicamente no hubo oposición a las negociacio-
nes, ésta no fue una política que comprometiera a toda la burocracia estatal. Algu-
nos sectores de las fuerzas armadas, la rama judicial, el congreso y las administra-
ciones territoriales, mantuvieron el animus belli, su opción por la guerra como
solución y, por acción u omisión, llenaron de obstáculos el camino de los acuerdos.
Las conversaciones se desarrollaron en climas bastante ambiguos, producidos
por una mezcla perversa de voluntarismos y desconfianzas. Casi siempre se rom-
pían abruptamente por actos de violencia o de fuerza, seguidas de asesinatos se-
lectivos, secuestros, desapariciones, ofensivas militares, escaladas guerrilleras y
acusaciones sobre las responsabilidades de cada cual en el fracaso de los diálogos38 .
Estos se reanudaban tiempo después, inducidos la mayoría de las veces por nue-
vos actos de fuerza, instaurando una suerte de diplomacia armada que lleva más
de quince años.
De esta manera, el escenario de los diálogos ponía de manifiesto los perfiles
más visibles de los estados de guerra: se buscaba la paz pero no se renunciaba a la
contienda; se confrontaban varias soberanías pero ninguna de ellas —incluida la
estatal— tenían suficiente control y autoridad para hacer respetar los acuerdos
suscritos y los compromisos adquiridos a nombre de sus representados, y, entre
tanto, se combinaba magistralmente la diplomacia con la guerra. La garantía para
el reconocimiento como interlocutor válido era el despliegue de acciones milita-
res. Tanto para las agrupaciones guerrilleras como para el gobierno, los diálogos
constituían un escenario de medición de fuerzas, un espacio para desplegar y mostrar
el poder de cada cual, para concitar el miedo y el respeto en el enemigo, para
doblegarlo y obligarlo al sometimiento.

37. BEJARANO, Ana María. Op. cit. 27-55. WILLS Obregón, María Emma. Op. cit. Pág. 129.
BEJARANO, Jesús Antonio. Op. cit.
38. WILLS Obregón, María Emma. Op. cit. Pág. 142.

288
Lo que estaba en el horizonte de unos y otros se parecía más a la expectativa
de una rendición que a una construcción conjunta del futuro. Aunque parezca
paradójico, la posibilidad de hacer la paz empezó a depender cada vez más de la
capacidad de mover fuerza bélica y de propinarle golpes militares al enemigo para
obligarlo a negociar. Pero, al mismo tiempo, ninguno de los actores en conflicto
estuvo dispuesto a cerrar definitivamente ese espacio de diálogo y su apertura ha
permitido la recuperación del discurso político y situar las agendas en el horizonte
de lo que se podría llamar un proceso de construcción nacional.
Para principios de la década de los noventa del siglo XX, de las viejas guerri-
llas societales quedaba muy poco. Éstas habían ampliado de manera significativa
el número de frentes y de efectivos; habían conformado verdaderos ejércitos dis-
ciplinados y bien armados, incursionaron en nuevos territorios de alta productivi-
dad económica o de interés estratégico para el desarrollo nacional y, al amparo de
los cambios en el régimen político, especialmente el de la descentralización, re-
orientaron su accionar político militar hacia el control y la dirección de la vida en
las localidades y municipios39 .
La nueva estrategia de las organizaciones armadas las vinculó con florecien-
tes economías exportadoras como la del petróleo, el banano, el café, la palma
africana, la minería del oro y del carbón, y los desarrollos hidroeléctricos. Además
los acercó a municipios con economías comerciales en expansión, a polos de de-
sarrollo regional y a las cuatro grandes ciudades del país40 . Esta expansión terri-
torial, acompañada del incremento en el número de frentes, efectivos, armas y
ampliación de su sistema de impuestos extorsivos, significó, al mismo tiempo, el
deslizamiento de la guerra de guerrillas o guerra de movimientos a la guerra regu-
lar o guerra de posiciones sin que se abandonaran del todo las tácticas originales.
Las nuevas estrategias guerrilleras ponían frente a frente y en batallas cam-
pales al ejército nacional, acosado en sus cuarteles, y a unos ejércitos guerrille-
ros, disciplinados y bien armados, con capacidad de infringirle derrotas signifi-
cativas a sus enemigos, tomar rehenes y mantenerlos indefinidamente bajo con-
trol soberano. Esta conjugación de escenarios entre diplomacia prolongada y
guerra generalizada significó también la expansión del paramilitarismo a nuevas
zonas y territorios. Según estudios recientes “en 1985, la presencia de estas or-
ganizaciones se localizaba básicamente en algunos municipios del Magdalena
Medio boyacense, Urabá y en el sur de los Llanos Orientales pero para 1993
estaban presentes en 272 municipios, esto es en el 27% de los municipios co-

39. LEAL Buitrago, Francisco. Las utopías de la paz. Op. cit. Págs. 127-136.
40. ECHANDÍA, Camilo. La evolución reciente del conflicto armado en Colombia. Seminario ta-
ller: El estado del conflicto político armado y su solución negociada. Melgar, junio de 1996.

289
lombianos”41 . Cinco años después su presencia en las localidades puede ser
doble.
Estos grupos ,cuyo origen es múltiple y sus alianzas abarcan conjuntos muy
heterogéneos de población, han tenido patrocinios y apoyos sociales de muy di-
verso carácter: algunos están vinculados con la fuerza pública dado que tienen un
enemigo común, otros obedecen más a las estrategias del narcotráfico, los hay de
origen claramente campesino y autodefensivo, y la mayoría corresponden a la
iniciativa de grandes y pequeños propietarios urbanos y rurales, legales e ilegales42 .
Pero lo que define su accionar es su vocación contrainsurgente que crece y se
multiplica en la medida en que declina y se opaca la soberanía estatal y se dismi-
nuye la capacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas militares.
El gobierno nacional, que tiene el poder constitucional para definir el enemi-
go interno, ha tenido con estos grupos contrainsurgentes una postura ambivalente.
Los desautoriza públicamente, sobre todo cuando las presiones internacionales por
masacres y violaciones de los derechos humanos lo obligan a ello. En ocasiones,
realiza con las autodefensas operaciones conjuntas; dice combatirlos y eventual-
mente lo hace, pero, al mismo tiempo, y por largos períodos, legaliza formas ci-
viles de contrainsurgencia.
Si para el gobierno los grupos paramilitares no constituyen un enemigo inter-
no, para muchos miembros de la sociedad civil, desarmados y supuestamente res-
petuosos de la ley, la presencia bélica de estos grupos significa una solución viable
y pragmática para la garantía de su seguridad individual y la de sus bienes, con lo
cual se los sitúa como los principales protagonistas de la guerra contra las guerri-
llas, otorgándole al conflicto armado una dimensión cada vez más civil y más opaca.
Los grupos paramilitares, a su vez, han optado en su accionar contrainsurgen-
te por una estrategia de guerra de movimientos, similar en su forma a las prácticas
de sus enemigos43 , lo que les ha permitido ejercer control sobre algunas zonas de
significativa presencia guerrillera, obstaculizar avances, responder acciones, des-
vertebrar corredores de movilización, centros de abastecimiento, áreas de refugio
y retaguardia. De esta manera construyen un enemigo total en las regiones donde
tienen presencia, lo que anula en la práctica la diferencia entre armados y desar-
mados, obligando a la población residente y no confiable —según su criterio— a
la diáspora y al éxodo.

41. ZULUAGA Nieto, Jaime. Op. cit. Pág. 8.


42. MELO, Jorge Orlando. Los paramilitares y su impacto en la política. Op. cit. GALLEGO Medi-
na, Carlos. Op. cit. CUBIDES, Fernando. Op. cit. VÁSQUEZ, Teófilo. Una nueva etapa del pa-
ramilitarismo. Ponencia presentada en el foro: Violencia e inseguridad en Antioquia. IPC. Mede-
llín, 1998.
43. CASTRO Caycedo, Germán. En Secreto. Planeta. Bogotá 1996. Pág. l57.

290
La guerra que hoy libran paramilitares y guerrilleros se define en torno a es-
trategias de conquista y reconquista de territorios, es decir, a propósitos esencial-
mente militares de acuerdo con la lógica de la guerra como acción. Lo que intere-
sa ahora es la liquidación del enemigo, el exterminio o el desplazamiento defini-
tivo de su población de apoyo, el control absoluto y no compartido de recursos
económicos, y la disputa a muerte por las zonas de abastecimiento y por las áreas
susceptibles para el cobro de impuestos de guerra. De esta manera, la gramática
de los conflictos con sus perfiles privados, opacos, y la definición mecánica y au-
tomática de enemigos, está redefiniendo las territorialidades bélicas, poniendo en
vilo las soberanías alternativas y transformando los paralelos y los meridianos
demográficos y económicos del país, así como la geopolítica de la confrontación
que tiende a su internacionalización progresiva.
La conjunción de escenarios de diplomacia prolongada y guerra generalizada
ha tenido repercusiones significativas en las poblaciones de apoyo y en los diferen-
tes sectores que componen la sociedad civil. La guerrilla mantiene la simpatía en
sus zonas de presencia tradicional, los paramilitares han logrado concitar apoyo
tanto en algunos grupos económicos poderosos como en pequeños propietarios ur-
banos y rurales. Pero, lo más novedoso es la aparición de un grupo importante de
personas y organizaciones sociales y no gubernamentales, de fuerte arraigo en los
sectores profesionales, medios y populares de las grandes ciudades, que constitu-
yen un polo de opinión con capacidad de movilización y de discurso, orientado hacia
la crítica de la guerra como estrategia de acción política; que se opone de manera
racional y ética a los métodos violentos y autoritarios de los diversos actores arma-
dos y que se define por la defensa de los derechos ciudadanos, de la dimensión de
lo público y de la construcción de procesos de democratización progresiva.
Esto quiere decir que la conjunción de escenarios de diplomacia prolongada
y guerra generalizada ha producido efectos significativos en la redefinición de los
diversos sectores que conforman la sociedad civil, que ya no pasan por las viejas
sociabilidades o por simpatías de corte clasista, ideológico o clientelar sino por
realinderamientos cuyo sentido sólo puede encontrarse en la gramática de la gue-
rra como acción.

Las perspectivas del conflicto armado


Lo que devela y pone de manifiesto el tránsito de los estados de guerra a la
guerra como acción es que la soberanía del Estado Nacional está opacándose,
diluyéndose y es puesta en cuestión desde una triple perspectiva: como dominio
territorial, que hoy se disputan guerrilleros y paramilitares; como referente insti-
tucional, ya que ha perdido hasta su eficacia simbólica para mantener, así fuera vir-

291
tualmente, alguna forma de orden público o colectivo; y como representación de
la autonomía de la Nación frente al exterior que garantice la no intervención de
otras naciones en los asuntos internos.
El Estado, representante legal de la soberanía, ha perdido la primacía en la
conducción de la guerra que ahora va por cuenta de los civiles. También encuentra
grandes dificultades para definir como enemigos internos a los paramilitares y para
negociar la paz, porque no controla sus burocracias y porque sectores importantes
de la sociedad civil, a los cuales formalmente representa el gobierno, le siguen
apuntando a la guerra privada como solución pragmática a sus situaciones particu-
lares de inseguridad.
El tránsito hacia la guerra como acción ha puesto de manifiesto, también, que
las soberanías alternativas o los poderes de facto, tanto aquellos que dicen repre-
sentar las guerrillas como las territorialidades paramilitares, no son ni absolutas ni
permanentes. Se mantienen en disputa y el control que se ejerce en una coyuntura
puede cambiar radicalmente en otra, manteniéndose estas cuasirregiones someti-
das a guerras de conquista y reconquista, lo que hace frágiles y transitorios los
dominios allí establecidos, así como el apoyo que pudiesen tener en los sectores
sociales, augurando por tiempo indefinido la prolongación de los conflictos.
Los cambios cualitativos que induce la guerra como acción ponen de mani-
fiesto que estaríamos frente a una confrontación por la construcción nacional, por
un orden justo y, ante todo, público y colectivo, por la garantía de los derechos
civiles, políticos, sociales y culturales, por la vigencia de una autoridad con capa-
cidad de concitar obediencia y acato por parte de los gobernados. En fin, una guerra
por la construcción de la soberanía, guerra aparentemente arcaica, librada en el
mundo occidental en los siglos XVIII y XIX, y supuestamente extemporánea en el
siglo XX.
Por eso no es extraña la seducción que el pensamiento hobbesiano puede te-
ner sobre los analistas de un conflicto con estas características. Sin embargo, vale
la pena examinar sucintamente si las fórmulas hobbesianas serían viables y prac-
ticables en la Colombia de hoy y si, en tiempos de globalización, sigue teniendo
vigencia el propósito de construir soberanía nacional.
Si de lo que se trata es de la construcción nacional, resulta lógico pensar en
las soluciones hobbesianas. En el retorno de un Leviatán todopoderoso y quizá
también paternal que pudiera estar asociado, bien con la transferencia de sobera-
nía del Estado hacia un grupo o una coalición de grupos insurgentes o hacia la
restauración del orden, la autoridad y la seguridad por parte de las fuerzas arma-
das del Estado, pero siempre en el horizonte de la guerra y de triunfos militares
contundentes que derroten al enemigo o lo dobleguen de tal manera que no le dejen
más alternativa que la negociación.

292
Sin embargo, las formulas hobbesianas que para muchos analistas políticos
en Colombia siguen teniendo vigencia se topan con realidades históricas que las
hacen impracticables. En primera instancia, las guerras que condujeron a la con-
formación de soberanías nacionales estatales se libraron en contextos históricos bien
diferentes, cuando declarar y hacer la guerra era honorífico y una gran muestra de
valor y patriotismo. Hoy las guerras resultan motivos de vergüenza para las nacio-
nes que las mantienen o declaran y los organismos supranacionales intentan evi-
tarlas desde 1945.
Era más fácil y más honorífico cometer todo tipo de atropellos y derramar
sangre en nombre de la patria, cuando no existía la ONU, las convenciones de
Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario, las organizaciones no gubernamen-
tales de derechos humanos, las veedurías ciudadanas y, sobre todo, cuando no se
habían configurado polos de opinión, tanto en el interior como en el exterior, que
demuestren activamente su creciente rechazo y repugnancia por la guerra como
alternativa a la solución de los conflictos de diversa naturaleza.
Los Estados Nacionales modernos, las poliarquías, surgieron en el silencio, la
invisibilidad y la impunidad con que actuaban los guerreros. Al amparo de estas
dimensiones propias de las sociedades premodernas y domésticas, de la guerra, de
sus horrores y de sus costos, poco se conocía. Los relatos sobre las gestas nacio-
nales poco develaban sobre su verdadera naturaleza pero, en un mundo globaliza-
do e hipercomunicado, donde los medios masivos de comunicación hacen públi-
cos y divulgan para públicos muy diferenciados y complejos los desmanes y des-
afueros de las guerras, las fórmulas hobbesianas se vuelven impracticables y se
abren otros caminos para la construcción nacional.
La globalización y la internacionalización del derecho, esa mundialización del
mundo que aceleradamente se pone de manifiesto en el último decenio del siglo
XX, la nueva agenda internacional que mantiene en primer plano la defensa de los
derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la naturaleza,
limitan el espacio de maniobra que cada país en particular pueda tener para mane-
jar situaciones de guerra interna y en nombre de la humanidad se le marcan límites
al accionar de los gobiernos y de los grupos insurgentes.
Pero no son sólo consideraciones referidas al anacronismo o al destiempo
histórico las que hacen impracticables las fórmulas hobbesianas, siendo tan acer-
tadas sus interpretaciones sobre el significado de los estados de guerra. Se trata tam-
bién, y primordialmente, de la naturaleza de las confrontaciones armadas en Co-
lombia, cuyos desenvolvimientos en arcos de tiempo indefinidos y en espacios
diferenciados desataron dinámicas bélicas que escapan al control de los diferentes
actores armados y del gobierno mismo y disminuyen tanto el poder que éstos pueden
tener como los apoyos sociales que concitan, dando al traste con las pretensiones
soberanas de todos los actores.

293
Por eso no parece razonable suponer que de una guerra de perfiles opacos,
privados y diferenciales pueda surgir algún Leviatán que imponga un orden colec-
tivo y público con la fuerza de su espada y a la sombra de su báculo protector. Por
el contrario, lo que cabe esperar es que una guerra como esta continúe prolongán-
dose y recomponiéndose, cambiando sus gramáticas y sus emplazamientos como
hasta ahora, y que sigan creciendo las estadísticas de muertes violentas, masacres
y violaciones de los derechos humanos sin que se vea en el horizonte una derrota
militar contundente o un doblegamiento del enemigo, para llevarlo con la cabeza
baja a la mesa de diálogos.
En condiciones de predominio privado y de ampliación de las estructuras de
patronazgo y clientela, y dada la vulnerabilidad de todos frente a la violencia, las
tesis de la negociación del conflicto pueden abrirse paso; y no necesariamente
porque se aprecie el valor de la paz, las bondades éticas del consenso o las venta-
jas comparativas de la democracia, sino porque ante la debilidad política y pública
de los implicados en una guerra con estos perfiles, el uso de la fuerza se vuelve
ineficiente para casi todos e inconducente en términos de los resultados esperados,
y la inclinación a negociar puede sustituir la hostilidad y el animus belli.
Lo que no parece razonable es abandonar la idea de la construcción nacional,
así los vientos de la globalización parezcan cambiar los rumbos de la historia y
algunos contenidos de las soberanías decimonónicas. Lo que se puede esperar de
la negociación del conflicto es la conformación de un verdadero orden político,
público, colectivo e institucionalizado, con capacidad de sancionar los delitos y
de garantizar los derechos ciudadanos; tarea que, pese a casi doscientos años de
vida republicana, no se ha podido realizar. La construcción nacional tiene que des-
embocar en un nuevo orden soberano, pues sin soberanía no hay ciudadanía y sin
ley los derechos de todos serían frágiles y vulnerables.
Hoy, la vía para la construcción nacional es más compleja y el reto para esta
sociedad no está únicamente en llevar a los actores armados a firmar un acuerdo
de cesación de hostilidades. El reto tiene que ver con la transformación de las
prácticas patrimonialistas y clientelistas, con el uso privado de los recursos pú-
blicos y bélicos para garantizar intereses particulares que han conducido a la pro-
funda debilidad de lo público, y al despliegue del autoritarismo en la vida social.
El reto está en construir un orden nacional soberano como condición necesaria y
previa al desarrollo de la democracia y a la inserción del país en un mundo glo-
balizado.

294
Antioquia: entre la guerra y la paz
en la década de los 90*
El balance sobre la situación de guerra y paz en la región antioqueña durante
los últimos años es bien desconsolador, no sólo porque las cifras y las estadísticas
de la violencia muestran incrementos considerables sino, ante todo, porque a par-
tir de 1995 se observan giros significativos en las dinámicas bélicas. Estos giros
modifican los escenarios de los conflictos, redefinen los lugares y las acciones de
los sujetos sociales —tanto armados como desarmados—, transforman los propó-
sitos y los objetivos de las luchas y desdibujan, haciéndolo ineficiente y retórico,
el discurso sobre el diálogo y la paz.
El interés al presentar estas reflexiones es el de mostrar las variaciones y
modificaciones que han tenido en Antioquia los conflictos armados, pues éstas
resultan imprescindibles a la hora de discutir nuevas estrategias de paz y de con-
ciliación.
Los cambios en los últimos años se pueden concretar en cuatro puntos: el giro
civil de la confrontación armada, el giro en la política institucional, el giro merce-
nario y el giro en los propósitos de la guerra.

El giro civil de la confrontación armada


La expansión de las acciones y las nuevas estrategias puestas en marcha por
las diferentes agrupaciones de civiles armados (legales o ilegales) en el departa-

* Publicado en: Estudios Políticos Nº 10. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Medellín, enero-junio de 1997.

295
mento de Antioquia, han generado un cambio significativo en los protagonistas de
la contrainsurgencia. En la actualidad, los civiles armados parecen ser los princi-
pales enemigos de las guerrillas, los encargados de enfrentar sus avances, de recu-
perar sus viejos y nuevos territorios de influencia y de llevar la iniciativa en la
conducción de la guerra, mientras que los aparatos armados del Estado mantienen
su accionar en los marcos tradicionales de los últimos treinta años y su eficacia
pasa a ser cuestionada por actores sociales que tradicionalmente les han brindado
su apoyo incondicional.
En tanto que las agrupaciones privadas —paramilitares y Asociaciones Rura-
les de Vigilancia (Convivir)— adquieren protagonismo en la guerra, los militares
lo ganan en el espacio del debate jurídico a través de la enunciación de propuestas
legales y de gestión pública en diversos campos de la vida social.
Son bien conocidas las iniciativas de la cúpula militar para modificar el códi-
go penal suprimiendo el delito político; para defender el fuero militar, considera-
do como fuente de impunidad por organismos nacionales e internacionales de
derechos humanos; para proponer la suspensión de elecciones en algunos munici-
pios del país y, en fin, para difundir una imagen pública de las organizaciones
insurgentes que si bien pueden tener asidero en los dramas cotidianos que ocurren
en Colombia, poco ayudan a crear climas favorables al diálogo y a la conciliación.
Esta aparente paradoja, en la que la guerra parece ir por cuenta de los civiles
y la opinión por cuenta de los militares, trastoca, principalmente en Antioquia, los
meridianos y los paralelos del conflicto armado y produce de hecho un desplaza-
miento en la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad.
La seguridad, que es la función pública por excelencia del Estado, el núcleo
y la única responsabilidad de la cual no puede prescindir, pasa a ser considerada
como asunto de particulares. De actores privados, de organismos paraestatales que
parecerían ser más eficientes para garantizar mínimos márgenes de seguridad a los
ciudadanos corrientes, que han sido presionados y aterrorizados por las acciones
vandálicas de la guerrilla y de la delincuencia común.
El imaginario de la seguridad en Antioquia ya no viste el uniforme de soldado
o de policía; no evoca al Estado o a los cuerpos armados de seguridad; no pasa por
los cuarteles, los juzgados o las inspecciones de policía sino que aparece bajo la
forma de un particular armado que, legal o ilegalmente, se encarga de erradicar del
entorno a los indeseables de toda condición.
Esta estrategia privada de seguridad lleva varias décadas de aplicación en
Antioquia. La han practicado las guerrillas en sus zonas de influencia; las milicias
y más recientemente las bandas juveniles en los barrios de Medellín; los parami-
litares y hasta los narcotraficantes. Lo novedoso de este momento es que la estra-

296
tegia de seguridad privada ha sido asumida legalmente por el Estado colombiano
y puesta en ejecución sistemáticamente por el gobierno de Antioquia, que la ha
convertido en programa de gobierno.
Las asociaciones Convivir, creadas formalmente por el decreto 356 de febre-
ro de 1994, están conformadas por civiles y, según informan las autoridades regio-
nales, su función sería la de brindar apoyo a los organismos de seguridad; tarea
sobre la que se ejercería vigilancia y supervisión por parte de los organismos
públicos de control.
La aceptación que en Antioquia han tenido estas asociaciones, y su rápido
incremento, dan cuenta de la preferencia de los ciudadanos corrientes por estrate-
gias privadas de seguridad; desde varios sectores sociales se aplaude con entusias-
mo esta iniciativa, hecho que demuestra cómo la seguridad privada es no sólo una
política oficial sino que cuenta con amplios consensos entre la población.
Lo que no está muy claro con el accionar de estas agrupaciones es el lugar
donde se traza la línea entre lo defensivo y lo ofensivo; entre las acciones de vigi-
lancia y los operativos propiamente contrainsurgentes; entre las prácticas legales
y las abiertamente delincuenciales; entre los objetivos públicos y las venganzas per-
sonales o de grupo; entre el orden colectivo y común y el orden privado para be-
neficio de grandes propietarios, de poderes locales, de intereses electorales o cor-
porativos.
Para los sectores gubernamentales parece estar muy clara la diferencia entre
las Convivir (legales) y los paramilitares (ilegales), mas para el ciudadano corriente
ambas proyectan la misma imagen: civiles armados que son ahora los encargados
de enfrentar a la guerrilla y a la delincuencia común y, lo que es más grave aún, de
otorgar la garantía constitucional de la seguridad pública.
El giro civil de la confrontación armada pone al frente del conflicto a las or-
ganizaciones privadas —legales e ilegales—, desplazando a un segundo plano las
instituciones públicas, con lo cual éstas van perdiendo capacidad, tanto para diri-
gir la guerra como para negociar la paz. El giro civil de la confrontación transfor-
ma el escenario del conflicto, redefine el lugar de los actores, degrada aún más las
prácticas bélicas, pero lo más significativo es su efecto deslegitimante y desestruc-
turante del Estado y de la administración pública.
El protagonismo de los civiles armados en la guerra abre un interrogante a
la hora de determinar quiénes serían los convocados a una mesa de negociacio-
nes. Además, valdría la pena preguntarse si no es necesario realizar un proceso
de diálogo en el interior del propio Estado y de la sociedad mayor para llegar a
acuerdos mínimos sobre las condiciones de negociación con las agrupaciones
guerrilleras.

297
El giro en la política institucional
La privatización de la seguridad y el protagonismo de los civiles armados en
la confrontación están señalando un giro significativo en las políticas públicas. Estas
políticas, desde principios del decenio de 1990, se orientaron a fortalecer el Esta-
do, a relegitimarlo y a otorgarle mayor capacidad en la conducción de la vida social,
en el manejo negociado de los conflictos y en el desarme de la población.
Este propósito tenía su contrapartida en la esfera de la sociedad civil. Se tra-
taba de fortalecer sus organizaciones, de reconstruir el tejido social roto por las
turbulencias de los años ochenta y de restablecer los canales institucionales entre
el Estado y la sociedad, no sólo como condición para el desarrollo de la democra-
cia sino, ante todo, como garantía de legitimidad del Estado y de fortalecimiento
del aparato público.
Si bien este fue el clima que se vivió en todo el país como resultado de la
promulgación de la Constitución de 1991, en Antioquia llegó a convertirse en un
propósito colectivo en torno al cual se articularon muy diversos sectores sociales
y políticos, incluso algunos grupos de tradición contestataria, reacios a colaborar
con políticas estatales y a confiar en las posibilidades de la democracia para cam-
biar situaciones de desigualdad social y de asimetría política.
El ethos dominante fue el de la participación, la ciudadanía, el respeto a la
diferencia y la defensa y protección de la vida y demás derechos humanos. Este
discurso se generalizó de manera sorprendente y contribuyó no sólo a deslegiti-
mar la lucha armada sino a crear un ambiente favorable para la negociación polí-
tica con los actores de la guerra.
A partir de 1994, las acciones del Estado empezaron a mostrar un giro signi-
ficativo que alteraba el inestable equilibrio de la balanza en favor de la guerra. Los
paros armados y las escaladas guerrilleras para buscar mejores condiciones de
negociación llevaron tanto al endurecimiento en el manejo del orden público, como
a la opción por los civiles en la lucha contrainsurgente, haciendo cada vez más difícil
el retorno a la mesa de negociaciones; al tiempo, se debilitaba el Estado y se di-
fundía un imaginario que ponía la guerra en primer plano como estrategia para
liquidar nuevos y viejos conflictos.
La predominancia de la lógica de la guerra se expresa en un escenario de
deslegitimación del Estado y de fracturas internas entre sus niveles territoriales.
El gobierno nacional, profundamente debilitado por los efectos del proceso 8.000
y desbordado por los acontecimientos bélicos, disminuyó sensiblemente su capa-
cidad para liderar un proceso de tantas y tan variadas implicaciones como el de la
construcción integral de la paz y perdió la capacidad para mantener el orden vi-
gente y para negociar uno nuevo.
Si en el ámbito nacional el giro institucional hacia la guerra ha sido más di-

298
fuso y más determinado por los avatares de la coyuntura que por la voluntad de los
gobernantes, otra es la situación de Antioquia. En esta región predomina una po-
lítica de guerra a la guerrilla que cuenta con el apoyo entusiasta no sólo de la di-
rigencia política y social sino de diversos sectores de opinión; pero, a la vez, con
muy escasos y eventuales críticos públicos.
En los contextos locales es donde se expresa de manera más dramática la frac-
tura territorial y el giro hacia la guerra, no necesariamente por voluntad de los
alcaldes sino porque éstos han perdido pie en la institucionalidad pública y su
accionar administrativo ha pasado a depender de las presiones encontradas de
guerrilleros y paramilitares, los que se disputan por la fuerza de las armas la ins-
cripción de estos funcionarios en sus circuitos de poder armado.
Este giro institucional hacia la guerra y la confrontación directa significa, en
la práctica, el desdibujamiento del anterior ethos de la democracia y del discurso
participativo, tolerante y ciudadano, y —aunque su validez no está en cuestión—
cada vez se vuelve más anodino, más insulso, pura retórica: manipulable por to-
dos, dejó de ser aglutinante y perdió hasta su eficacia simbólica como cohesiona-
dor de propósitos colectivos. En cambio, lo que ahora parece convocar y articular
los sectores organizados de la sociedad civil es el contradiscurso de la confronta-
ción directa y de la guerra a la subversión y a la delincuencia.
Ante este evidente giro institucional hacia la guerra, valdría la pena que los
académicos, los demócratas y las organizaciones no gubernamentales se pregun-
taran sobre la validez de trabajar para gobiernos que, por diferentes razones, ex-
travían sus propósitos de paz negociada; o si, por el contrario, sería más produc-
tivo establecer una distancia crítica y, ante la predominancia de las políticas béli-
cas, trabajar por el propósito de la paz integral desde los múltiples espacios de la
sociedad civil.

El giro mercenario
Los movimientos guerrilleros que operan en Colombia también presentan
incrementos significativos en el número de hombres, frentes y acciones, así como
mayor capacidad ofensiva y de control sobre diversas zonas del país, lo que ha
contribuido a reforzar la imagen de una inseguridad creciente sólo subsanable a
través de la estrategia de control civil, que parecería ser más eficiente que la otor-
gada por las fuerzas militares.
Sin embargo, este crecimiento no significa mayor organicidad ni centraliza-
ción de mando, por el contrario, se mantiene una relativa autonomía regional y la
tradicional hostilidad —que a veces se desata en guerras— entre agrupaciones de
distinta adscripción guerrillera que comparten un mismo territorio.

299
A esta situación habría que añadirle el surgimiento, a partir de los años ochenta,
de otras organizaciones armadas, delincuenciales o societales que se yuxtaponen
o se confrontan con ellas: paramilitares, grupos de justicia privada, milicias, ban-
das juveniles, delincuencia organizada, ejércitos del narcotráfico; organizaciones
que hacen más abigarrado y complejo el escenario de la violencia en el país, que
ocasionan una cierta porosidad y flujo de actores de unas agrupaciones a otras.
Las acciones urbanas de las guerrillas de alguna manera las involucraron en
experiencias delincuenciales, cada vez más alejadas de los propósitos políticos
enunciados desde sus cúpulas. Algo similar parece haber ocurrido con la presen-
cia guerrillera en las zonas cocaleras o de dominio del tráfico de drogas. A su vez,
se transitó también de las bandas juveniles hacia organizaciones milicianas o gue-
rrilleras y, lo que es más paradójico, de la guerrilla a los paramilitares o a las fuer-
zas de seguridad del Estado, como ocurrió en Urabá y Córdoba.
Otro campo de porosidad y de flujo es el relacionado con los procesos incom-
pletos y precarios de reinserción de guerrilleros y milicianos amnistiados, que solos,
sin recursos y librados a su propia suerte, terminan convirtiéndose en un recurso
disponible para otras organizaciones armadas de muy diferente signo. Algo simi-
lar ha sucedido con los grupos armados del cartel de Medellín o de otras organi-
zaciones de la delincuencia ya desaparecidas o descompuestas.
Las coexistencias y las yuxtaposiciones de varios cuerpos armados en territo-
rios específicos contribuyen a formar lazos, alianzas, tramas y circuitos inexplica-
bles desde sus posturas públicas y sus objetivos estratégicos, pero coherentes,
eficaces y perfectamente explicables desde las lógicas bélicas y las prácticas de
supervivencia.
En este contexto son frecuentes las alianzas transitorias contra un enemigo
común y los amigos de ayer pueden ser los enemigos de mañana. Además, en la
dimensión regional no son descartables lazos de vecindario y parentesco entre
actores de diferentes grupos armados, que en ciertos momentos pueden resultar más
fuertes que los compromisos que los unen a las organizaciones a las que pertene-
cen, fenómeno que propicia porosidades y flujos de una gran complejidad.
A este proceso no escapan las fuerzas de seguridad del Estado, que terminan
involucrándose con cuerpos paraestatales de justicia privada y hasta delincuencia-
les, si así lo amerita el desarrollo de acciones contrainsurgentes.
Los flujos y las porosidades afectan también otros campos de la confronta-
ción armada, y se observa con preocupación cómo acciones que fueron típicas del
narcotráfico o de los paramilitares en la década de los ochenta, como el terrorismo
indiscriminado, las masacres de civiles y la práctica de llamado a lista de las víc-
timas, pasan a ser asumidas acríticamente por las organizaciones guerrilleras. A
su vez, los paramilitares utilizan estrategias guerrilleras no sólo en la esfera de la

300
guerra, como secuestros y solicitudes de financiación, sino en el campo de lo so-
cial, para articular poblaciones enteras a su proyecto de dominio.
Estas porosidades y flujos contribuyen a acentuar la turbulencia social, a degra-
dar la guerra, pero lo más preocupante es quizá que la confrontación va perdiendo
paulatinamente su carácter público y político, diluyéndose por los incontables
canales por donde fluyen las relaciones privadas o domésticas. Los intereses par-
ticulares regionales o de grupo parecen sobreponerse a los intereses colectivos y
públicos a nombre de los cuales se estaría desarrollando la guerra, abriéndose paso
prácticas mercenarias a las cuales resultaría difícil contrarrestar.
La predominancia de la lógica de la guerra y el giro mercenario de la confron-
tación armada, con sus múltiples flujos y porosidades, ha conducido a la pobla-
ción a buscar soluciones imaginativas como las de la neutralidad activa, un campo
que habría que explorar para el desarrollo de una agenda de paz integral.

El giro en el objetivo de la guerra


Tradicionalmente se ha visto a la población civil de las zonas de guerra como
una víctima aprisionada entre dos fuegos cruzados, que termina pagando los cos-
tos de una guerra ajena por el sólo hecho de residir en un territorio de violencia.
Sin embargo, a partir de 1995 se observa un giro dramático en este campo: la
población civil ha pasado a convertirse en el objetivo principal y central de la guerra,
en el propósito de la confrontación, o si se quiere, en el botín más preciado de la
disputa.
Hoy, los diversos actores armados luchan entre sí por conservar o conquistar
la población residente en sus zonas de influencia o de expansión, y esta disputa se
extiende hacia las organizaciones sociales, los grupos cívicos, las acciones comu-
nales, los concejos, los alcaldes, los personeros y demás instituciones de la vida
local.
Esta lucha sin cuartel por la sociedad civil, este giro poblacional y territorial
de la confrontación militar, implica la homogeneización de los territorios conquis-
tados, para lo cual se extermina sistemáticamente a los actores sociales que pudie-
sen tener vínculos de alguna naturaleza con el enemigo y se desarraiga a quienes,
sin tenerlas, no se someten al orden impuesto por el grupo dominante, así como a
los indiferentes o pasivos que no colaboran con las diversas tareas bélicas sociales
que el nuevo orden exige.
Este proceso, sistemáticamente desarrollado por los paramilitares, no es del
todo ajeno a las prácticas guerrilleras y está en la base de los éxodos masivos que
hoy se producen en el país, donde Antioquia es un caso paradigmático.

301
Se estima que la población desplazada en Colombia se acerca a un millón de
personas, cifra aproximada a los desplazados en Uganda, que ha estado en el pri-
mer plano de las noticias mundiales y en el campo de preocupación de los grupos
internacionales humanitarios mientras que en el país este drama no ha trascendido
de la simple denuncia.
El despoblamiento y el desarraigo que esta estrategia conlleva se complementa
con el repoblamiento de territorios con personas de otras regiones o localidades
que se definen por su respaldo al orden dominante en la zona conquistada. El
contrapunto entre despoblamiento y repoblamiento está poniendo de presente que
para las fuerzas bélicas los civiles son tanto o más importantes que los armados,
y que los primeros, así no lleven armas, pueden hacer parte de operaciones mili-
tares propiamente dichas en el campo de la inteligencia, que es quizá el más sen-
sible en una guerra de esta naturaleza.
Además, los civiles podrían constituir focos de resistencia al orden impuesto
o puntas de lanza del orden opuesto, con la particularidad de que ninguno de los
dos es el orden del Estado legítimo. Los civiles, disputados por dos órdenes ilega-
les, pasan a constituirse en objetivos prioritarios de esta guerra de conquistas te-
rritoriales. En esta confrontación de décadas, el Estado colombiano ha venido
perdiendo cada vez más terreno; no sólo carece del monopolio de las armas sino
también de la posibilidad de mantener la ficción de un orden institucional.
Este giro de la guerra hacia la población civil tiene entre sus objetivos a las
organizaciones sociales y a los poderes municipales, bien para eliminarlos o des-
arraigarlos cuando existen dudas sobre sus preferencias políticas, bien para coop-
tarlos e incorporarlos en las estrategias del poder dominante. Lo que no se tolera
en ningún caso es la autonomía o independencia de organizaciones y funcionarios.
Los frecuentes crímenes contra alcaldes, personeros, concejales y líderes sindica-
les o comunales se enmarcan en esta disputa por lo local.
La guerra por la población civil tiene pues una faceta de mayor impacto a largo
plazo. Supone un aniquilamiento de liderazgos y de tramas locales y vecinales de
larga tradición con capacidad de cohesión y de desarrollo político y social, preci-
pitando un proceso de molecularización que va en contravía de cualquier intento
de consolidación regional.
A su vez, estos procesos de aniquilamiento, desarraigo o cooptación de orga-
nizaciones y funcionarios, amplían el espectro de la guerra a otros campos dife-
rentes a los de la insurgencia y la contrainsurgencia. Por esta vía se involucran los
poderes armados en la cotidianidad de la administración local, del ejercicio insti-
tucional o judicial, de los poderes electorales, de la distribución de recursos públi-
cos, de la inversión estatal y de la organización social. Así, cualquier acción po-
lítica, organizativa o administrativa pasa a ser percibida como una acción de gue-

302
rra que favorece o perjudica a amigos o enemigos y sobre la cual podría recaer el
uso de la fuerza para demandarla o impedirla.
De esta manera, la guerra por la población civil es, también, la guerra por las
localidades, por los municipios, por las inspecciones de policía, por los barrios y
las veredas campesinas, es decir, por los espacios donde discurre y se desarrolla la
vida normal de los ciudadanos. Estos pasan a constituirse en el objeto de la dispu-
ta, de ahí que la mayor parte de las víctimas sean civiles y que en muy pocas opor-
tunidades se enfrentan entre sí los actores armados.
El propósito de enunciar sintéticamente estos cuatro giros en la dinámica de
los conflictos armados en Antioquia busca, ante todo, poner unos puntos de debate
para contribuir a pensar, en el contexto de los nuevos escenarios de la guerra y la
paz, cuáles serían las acciones y las estrategias para lograr —como lo propone la
oficina del Alto Comisionado para la Paz— un diálogo útil y duradero, y para se-
guir reivindicando, aunque nos vamos quedando solos, el derecho irrenunciable a
diseñar la paz en torno a una mesa de negociaciones.

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